REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


PODER JUDICIAL

Tribunal de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida
Mérida, 16 de Octubre del 2013
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2008-005137
ASUNTO : LP01-P-2008-005137

IMPOSICIÓN DE ORDEN DE APREHENSIÓN
Y OTORGAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA.

Visto que en fecha: 13-10-2013, este Tribunal de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, realizó la Audiencia Oral de Imposición de la Orden de Aprehensión (Audiencia de Conformidad con el Artículo 236 del COPP), dictada por este mismo Despacho en fecha: 26-10-2012, en contra del imputado de autos en la presente causa, ciudadano: RAMÓN GARCIA PARRA, titular de la cédula de identidad N° V-17.456.793, de conformidad con lo previsto expresamente en los artículos 232 y 236 del Código Orgánico Procesal Penal, se procede a fundamentar por Auto Separado la decisión pronunciada en la referida audiencia.

EL IMPUTADO.

El Tribunal de Juicio procedió a imponer al imputado de autos, ciudadano: RAMÓN GARCIA PARRA, venezolano, mayor de edad, nacido en Mérida Estado Mérida, en fecha: 24-12-1984, de 27 años de edad, hijo de Ana García y Francisco Parra, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, titular de la cedula de identidad N° V-17.456.793, domiciliado en el Sector La Ranchería, Vía La Mesa de los Indios, de la Capilla hacía abajo, al terminar la carretera, la segunda casa bajando, casa sin número, color azul, Municipio Campo Elías del Estado Mérida, teléfono: 0414-7563836, del contenido del Precepto Constitucional, previsto en el artículo 49 numeral 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también de la Advertencia Preliminar, establecida en el artículo 133 del Código Orgánico Procesal Penal y los artículos 132 y 134 ejusdem, referentes al derecho y oportunidad para rendir declaración, explicándole debidamente el hecho por el cual fue dictada la orden de aprehensión en su contra, y seguidamente el referido ciudadano manifestó de manera libre y voluntaria lo siguiente:

“...a mi me dieron a cuidar una finca, me mudé lejos y se me olvido venir a firmar, yo vivo con mis hijas y mi mujer, pido una nueva oportunidad. Es todo.”

SOLICITUD FISCAL.

La ciudadana Fiscal del Ministerio Público, abogada: MARÍA DIAZ, actuando en representación de la Fiscalía Primera, una vez que le fue concedido el derecho de palabra en el curso de la Audiencia Oral anteriormente señalada, manifestó lo siguiente:

“...esta representante Fiscal ratifica la solicitud de Orden de Aprehensión en contra del ciudadano Ramón García Parra, en tal sentido solicito se mantenga la medida a los fines de garantizar la culminación de este proceso y solicito se fije a la prontitud la audiencia de juicio. Es todo.”

LA DEFENSA PÚBLICA.

De igual forma, en el curso de la misma audiencia oral se le concedió el derecho de palabra a la ciudadana Defensora Pública, que se encontraba en funciones de guardia, abogada: BEATRIZ ARAUJO, quien al respecto manifestó lo siguiente:

“la defensa solicita se le de una nueva oportunidad, solicito medida cautelar de presentación cada quince (15) días, mi defendido está dispuesto a cumplir con la presentación impuesta, tomando en cuenta el delito cometido. Es todo.”

EL TRIBUNAL.

Con respecto a la Medida de Coerción Personal (Orden de Aprehensión), dictada por este mismo Tribunal de Juicio, se observa que la misma tuvo como fundamento el hecho cierto de que el imputado de autos no dio estricto cumplimiento a la obligación de presentarse periódicamente por ante la sede del Tribunal, tal como estaba obligado, ni tampoco acudió a las Audiencias de Juicio Oral y Público, fijadas por este Despacho, no obstante, luego de revisar detenidamente las actuaciones, así como la solicitud presentada por la Defensa Pública, este Tribunal de Juicio llega a la conclusión de que en la presente causa No Existe Una Presunción Razonable de Peligro de Fuga por parte del imputado, también llamada Periculum In Mora, tal como lo establece el Articulo 236 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el Articulo 237 Ejusdem, debido a que la pena que pudiera llegarse a imponer en el presente caso por el delito imputado por el Ministerio Público, no es considerada como grave, y además, también puede celebrarse un Acuerdo Reparatorio entre las partes, o imponerle una Medida de Suspensión Condicional del Proceso, así mismo, el referido imputado señaló su domicilio actual con su número de teléfono, para recibir las correspondientes boletas de citación, una vez que el Tribunal de Juicio le advirtió sobre tal situación, circunstancias que lo hacen perfectamente ubicable o localizable por parte de los órganos del Estado, aparte de que dicho ciudadano no presenta una mala conducta pre-delictual, elementos estos que permiten pensar que el imputado de autos no se evadirá del proceso que se le sigue, eludiendo de esta forma la acción de la justicia, para lo cual se toma en consideración lo dispuesto en el artículo 44 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dispone lo siguiente: “…Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti ... Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…” (subrayado y negrillas del Tribunal), por lo tanto, este Tribunal de Juicio, procediendo de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 236 y 237 del referido Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el Artículo 44 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le impone al ciudadano: RAMÓN GARCIA PARRA, titular de la cédula de identidad N° V-17.456.793, una Medida Cautelar Sustitutiva, de conformidad con lo previsto en el Artículo 242 ordinales 3°, 4° y 9° del Código Adjetivo Penal, consistentes en la presentación periódica una vez cada Ocho (8) días por ante la sede del Circuito Judicial Penal, la prohibición de salida del Estado Mérida sin autorización expresa del Tribunal de la Causa, así como también, la obligación de presentarse por ante el Tribunal de Juicio cada vez que sea citado para la realización de la Audiencia de Juicio Oral y público.

Finalmente, se deja sin ningún efecto legal la Orden de Aprehensión dictada en fecha: 26-10-2012, en contra del imputado de autos ut supra señalado, y se acuerda oficiar a los organismos de seguridad respectivos, a fin de que el mismo sea excluido del Sistema de Información Policial (SIIPOL). Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA.

Por todas las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas este Tribunal de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132, 133, 134, 236, 237 y 242 del Código Orgánico Procesal penal, Decreta:-----------

PRIMERO: Se deja sin efecto la orden de aprehensión dictada en fecha: 26-10-2012, en contra del imputado de autos, ciudadano: RAMÓN GARCIA PARRA, titular de la cédula de identidad N° V-17.456.793, para lo cual se acuerda oficiar al C.I.C.P.C., Delegación Mérida, con la finalidad de que se deje inmediatamente sin efecto en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL) la referida orden de aprehensión y se actualice el mismo.

SEGUNDO: Por cuanto se observa que se trata de un delito en el cual es procedente la Medida de Suspensión Condicional del Proceso, prevista en el artículo 46 del Código Orgánico Procesal Penal, el Tribunal estima que lo procedente es imponerle al imputado de autos, ut supra señalado, una Medida Cautelar Sustitutiva de conformidad con lo establecido en el articulo 242 numerales 3°, 4° y 9° del Código Orgánico procesal Penal, concretamente la presentación personal por ante la sede del alguacilazgo del Circuito Judicial Penal, una vez cada Ocho (08) días, por ante la sede del Circuito Judicial Penal, la prohibición de salida del Estado Mérida sin autorización expresa del Tribunal de la Causa, así como también, la obligación de comparecer por ante el Tribunal de Juicio cada vez que sea citado para la realización del debate oral y público. Líbrese la correspondiente Boleta de Libertad.

Ofíciese y Cúmplase.

ABG. VICTOR HUGO AYALA.
JUEZ DE JUICIO No. 03.

ABG. MARYSOL MOLINA.
SECRETARIA.