TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito
de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en Tovar.
202º y 153º

ASUNTO: 8553

MOTIVO: DIVORCIO 185 CAUSAL SEGUNDA.

PARTE DEMANDANTE: BENEDICTO ABRAHAM ORTEGA VELASCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.111.130, domiciliado en la población de Mesa Bolívar, calle La Candelaria, casa s/n, Parroquia Mesa Bolívar, Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Mérida.

ABOGADO ASISTENTE: ENRIQUE MÉNDEZ, inscrito bajo el Nº 169.020, domiciliado en el sector Santa Rosa, casa s/n, de la población de Santa Cruz de Mora, Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Mérida.

PARTE DEMANDADA: OMAIRA JOSEFINA PANTOJA YANES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 6.475.545, domiciliada en las Costaneras Palmar Oeste, calle Acapulco, callejón Vargas Carapalito, Caraballeda Estado Vargas y hábil.

PARTE NARRATIVA

En fecha diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012) (folios 01 al 03), el ciudadano BENEDICTO ABRAHAM ORTEGA VELASCO, asistido por el abogado en ejercicio ENRIQUE MÉNDEZ, introdujo por ante este Tribunal, demanda en contra de la ciudadana OMAIRA JOSEFINA PANTOJA YANES, por Divorcio 185 causal segunda; expresando que en fecha 30 diciembre de 1986, por ante la Prefectura Civil del Municipio San Juan de Colón del Estado Táchira según acta inserta bajo el Nº 145, contrajo matrimonio civil con la ciudadana OMAIRA JOSEFINA PANTOJA YANES, estableciendo su domicilio conyugal en la población de Mesa Bolívar, Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Mérida, y durante su vida en común, todo funcionó a la perfección, existía respeto, socorro y fidelidad mutua, solidaridad de cónyuges, hasta el mes de junio de 1996, cuando la mencionada ciudadana decidió abandonar el hogar, y sin medir alguna discusión o disgusto, le manifestó que se iba para la ciudad de Carora, Estado Lara, porque en esa ciudad tenía su familia y que no quería vivir más con su persona, lo abandonó y se marchó.

Manifestó que su cónyuge incurrió en un abandono voluntario, que procrearon hijos, siendo éstos mayores de edad, al igual que adquirieron bienes de fortuna, el cual serán repartidos, una vez quede firme la sentencia.

Alegó que por cuanto su cónyuge incurrió en abandono voluntario, procede a demandar como en efecto lo hace, por divorcio de conformidad con la causal segunda del artículo 185 del Código Civil, a la ciudadana OMAIRA JOSEFINA PANTOJA YANES y que el Tribunal declare disuelto el vínculo matrimonial que los une.

Solicitó al Tribunal se sirva citar a la demandada OMAIRA JOSEFINA PANTOJA YANES, a la dirección antes mencionada y notificar al Fiscal del Ministerio Público.

Finalmente solicitó al Tribunal que la demanda sea admitida, sustanciada de acuerdo a derecho y declarada con lugar con los pronunciamientos legales.

En fecha dieciocho (18) de julio de dos mil doce (2012) (folio 06), por auto el Tribunal admitió la demanda, ordenando el emplazamiento de la demandada de autos y remitir con oficio al Juzgado Distribuidor de los Municipios de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, igualmente se acordó la notificación del ciudadano Fiscal del Ministerio Público.

En fecha veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012) (folios 10 y 11), corren agregadas actuaciones relacionadas con la notificación de la ciudadana Fiscal del Ministerio Público, en materia de Instituciones Familiares y de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Estado Mérida, en la que se dio por notificada del proceso.

PARTE MOTIVA

Como puede desprenderse de la lectura emprendida a estos autos, se evidencia que desde el día 18 de julio de 2012, fecha en que se libraron los recaudos de citación, la parte accionante no ha dado impulso procesal para lograr la citación de la demandada; por lo que transcurrió más de los treinta (30) días, establecidos en la norma sin que la parte interesada proporcionara lo exigido en la misma, a los fines de llevar a cabo la citación ordenada, evidenciándose con ello una actitud poco diligente que no puede dejar pasar desapercibida esta Juzgadora, dado que ello demuestra una posible pérdida del interés del accionante en sostener el juicio por él incoado, y deja a esta Jurisdicente en un estado de incertidumbre, que en vista del tiempo transcurrido, debe ser sancionado.

Ahora bien, la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 436 de fecha 06/07/2004 (Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VELEZ), dejó sentado lo siguiente:

“... que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación.” (Énfasis del Tribunal)

En este orden de ideas, considera este Tribunal pertinente transcribir en forma parcial la Sentencia N° 991-04 del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas de fecha 28 de junio de 2004, expediente N° 02-8642, en el caso del ciudadano E. Quintero contra el ciudadano D. Valera, con ponencia del Juez Frank Petit Da Costa, la cual es del tenor siguiente:

…“La perención breve prescrita por el artículo 267 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, no es una disposición abrogada por el principio constitucional de la gratuidad.”...

Resulta claro que el citado criterio judicial está en contradicción sobrevenida con lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional del año 1999, específicamente en su artículo 26, que establece la gratuidad de la justicia. Sin embargo, no puede entenderse que esta disposición, constitucional abroga la disposición legal del artículo 267, numeral 1°, del Código de Procedimiento Civil, por cuanto es bien sabido que son muchas las demandas que se interponen sin que el actor se ocupe de la citación. En criterio de quien sentencia, las obligaciones que le impone la Ley, a que alude el artículo 267, ordinal 1°, no debía limitarse a entenderlas como el solo pago de aranceles judiciales, sino que debería interpretarse como la actividad que realiza el actor, para que se expida la compulsa y le sea entregada al Alguacil. Se dice que esa actividad es propia del tribunal y resulta cierto, pero quienes han actuado en foro judicial, como jueces y/o abogados litigantes saben muy bien que si la parte actora no se moviliza para la obtención de las copias que han de certificarse para la compulsa, la citación no se adelanta. Luego así se hable, de la gratuidad del proceso, el actor tiene la carga de (i) proveer las copias del libelo que se han de certificar o compulsar y (ii) de indicar la dirección o lugar de ubicación del demandado para citarlo (st. 24-03-2003, caso: Corp. Bila Parise, Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Caracas). Estas son cargas del actor, so riesgo de la aplicación de la perención breve a que alude el ordinal 1° del artículo 267. Da mayor fuerza a esta afirmación, el supuesto de suspensión del proceso a que alude el artículo 228, previendo dicha disposición que el proceso estará suspendido hasta que el actor solicite nuevamente la citación de todos los demandados. Por la consecuencia que tiene, dejar sin efecto todas las actuaciones, significa que se retrotrae a la admisión de la demanda y expedición de nuevas compulsas, por lo que si el actor no impulsa la citación, diligenciando en ese sentido, su inacción pudiera dar lugar a la aplicación de la perención del ordinal 1° del artículo 267. En conclusión, la perención breve prescrita por el articulo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, no es una disposición abrogada por el principio constitucional de la gratuidad, ya que mantiene su vigencia si se entiende que la carga del actor no es sólo el pago de los aranceles judiciales, sino el dejar constancia de haber proveído las fotocopias del libelo e indicando el lugar de ubicación del demandado.

Por otra parte, se debe admitir que es verdad que en materia laboral no se aplica esta disposición y se niega en forma absoluta la posibilidad de este tipo de perención breve, esto es, la que se da por el hecho de impago de aranceles judiciales en un lapso de tiempo determinado, -treinta días después de la admisión de la demanda-, sin que, como lo ha dicho la sentencia citada del 10-03-1998 de la Sala Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, pueda reabrirse dicho lapso de perención breve. Sin embargo, las muy respetables razones que han sostenido los jueces laborales, tienen que ceder frente a la implementación de los juicios orales laborales en los que no se puede dejar que una acción interpuesta quede sin impulso y se haya de esperar el año para aplicar la perención anual. Igual habrá de suceder cuando se implementen los juicios orales civiles.

Bajo tales parámetros se observa: Que habiendo sido admitida la demanda el 18 de julio de 2012, se ordenó el emplazamiento de la ciudadana Omaira Josefina Pantoja Yanes. Así las cosas, se observa que entre el 18 de julio de 2012, oportunidad en que se estampa la constancia secretarial de haber librado y remitido al Juzgado comisionado la compulsa, desde esta fecha de inicio del cómputo del lapso de perención, transcurrió más de treinta días sin que las partes hubieran impulsado el proceso ante el comisionado. Lapso éste, que como lo ha establecido la Sala Constitucional en su fallo aclaratorio del 09 de marzo de 2001, se computan por días continuos y no por días de despacho.

Este Tribunal observa que la parte actora no dio impulso al proceso y que esa falta de impulso excede el lapso de treinta días que la ley exige para que se produzca la perención de la instancia, contados a partir del 18 de julio de 2012 fecha en que se libraron los recaudos de citación para los demandados, trascurrió 01 año, 02 meses y 12 días. Así se declara.

Del mismo modo, es útil precisar por esta sentenciadora que en caso de comisionarse a otro Juzgado para la práctica de la citación de la parte accionada, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 13 de diciembre de 2007, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, estableció lo siguiente:

“…Ahora bien, la Sala no puede pasar por alto el razonamiento efectuado por el juzgador ad quem para declarar la perención de la instancia en la presente causa, por lo que considera pertinente pronunciarse sobre las obligaciones de los demandantes en aquellos casos en los que para la práctica de algunas de las citaciones de los accionados sea necesario comisionar a otro Juzgado, mediante el libramiento del despacho de comisión respectivo, como sucedió en el caso de marras, en el que los otros co-demandados están domiciliados en jurisdicciones distintas a la del Tribunal de la causa; situación muy diferente a la referida en su sentencia de fecha 6 de abril de 2004, transcrita en el cuerpo de este fallo, en la que se trató de citaciones personales efectuadas en la misma jurisdicción del Tribunal del mérito. Lo primero que la Sala debe destacar es que, a diferencia de lo sostenido por el ad quem en su sentencia, no es posible equiparar el auto de admisión de la presente demanda por el retracto legal arrendaticio, con el auto mediante el cual el Tribunal comisionado deja constancia de haber recibido del Tribunal comitente el despacho de la comisión para la citación del demandado o co-demandados que residan fuera de la jurisdicción del Tribunal de la causa, porque el primero es un auto decisorio en el que el juzgador revisa que la petición no sea contraria al orden público, las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley para que se tramite, como lo prescribe el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil y, el segundo, es un auto de mero tramite o sustanciación que, a diferencia del auto de admisión, puede ser revocado o reformado de oficio o a petición de parte por el Tribunal que lo haya dictado. Por tanto, el lapso de 30 días previsto por el Legislador en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sólo puede ser contado a partir del auto de admisión de la demanda y no como erradamente se hace en la sentencia impugnada, vale decir, a partir del auto en el que el Tribunal comisionado deja constancia de haber recibido el despacho de comisión para la citación, puesto que este último lapso no está previsto el la Ley. Así se declara. De tal manera que, en los casos en los cuales existan alguno o algunos co.-demandados que estén residenciados fuera de la jurisdicción del Tribunal de la causa, el demandante, dentro de los 30 días siguientes contados a partir del auto de admisión de la demanda, deberá dejar constancia, mediante diligencia consignada en el expediente que cursa en el Tribunal de la causa, de haber puesto a la orden del Alguacil del Tribunal comisionado los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de la parte demandada; y dicho Alguacil, mediante diligencia consignada en el expediente que se abra en el Tribunal comisionado, con ocasión de la comisión para la citación, dejará constancia de que la parte demandante le proporcionó lo exigido por la Ley, a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Así, cuando el Tribunal comisionado devuelva la comisión al Tribunal comitente, el Juez de la causa podrá verificar si el actor dio realmente cumplimiento a la obligación legal prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial y, de no ser así, declarará la perención de la instancia de conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual se verificará de derecho y no es renunciable por las partes, según lo dispone el artículo 269 ejusdem...”

En el caso de autos se evidencia la omisión de actuación por la parte demandante durante más de treinta (30) días, desde que se admitió la demanda hasta la presente fecha no cumplió con la obligación de darle impulso a la citación de los demandados.

En armonía con lo anterior y siendo visible de manera protuberante el decaimiento del interés del actor por la inacción suya prolongada más allá del término señalado en la ley adjetiva, ocasionó, sin ningún género de dudas, la perención de este procedimiento, y así debe declararse.

DISPOSITIVA

Por lo anteriormente expuesto, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, con sede en esta ciudad de Tovar, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 267 ordinal primero ejusdem. Así se decide.
Notifíquese a la parte actora de la presente decisión, para tal efecto se comisiona al Juzgado del Municipio Antonio Pinto Salinas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA.
DADA, FIRMADA Y REFRENDADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, con sede en esta ciudad. Tovar, tres (03) de octubre del año dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

La Jueza Provisoria,

Abg. Carmen Yaquelin Quintero Carrero.
La Secretaria Titular,

Abg. Sandra L. Contreras
En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 10:30 am. Se dejó copia en el archivo del Tribunal y la original se le agregó al expediente Civil Nº 8553. Se libró boleta de notificación para la parte demandante y se envió con oficio Nº 328 a la ciudadana Abg. Enid Ramírez, en su carácter de Jueza del Juzgado del Municipio Antonio Pinto Salinas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

La Secretaria Titular,

Abg. Sandra L. Contreras

Exp.: 8553 CYQC/SLC/ms