LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO MÉRIDA

203º y 154º


PARTE NARRATIVA


El presente juicio por simulación de contrato de compra-venta, fue interpuesto por la ciudadana ESPERANZA QUINTERO CALDERÓN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8.044.100, domiciliada en la población de San Rafael de Tabay del estado Mérida y civilmente hábil, asistida por el abogado en ejercicio ARTURO CONTRERAS SUÁREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 20.592, titular de la cédula de identidad número 4.327.476, domiciliado en esta ciudad de Mérida estado Mérida y jurídicamente hábil, en contra de los ciudadanos MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA y DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad números 9.187.343, 15.922.556 domiciliados la primera en San Rafael de Tabay de estado Mérida y el segundo en la ciudad de Mérida, estado Mérida y civilmente hábiles.

La parte actora en su escrito libelar narró entre otros hechos los siguientes:

• Que en fecha 5 de mayo de 2.008, la ciudadana MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA, venezolana mayor de edad, divorciada, titular de la cédula de identidad número 9.187.343, de este domicilio y civilmente hábil, procedió a vender, según lo indica la parte actora, en forma ficticia a su nieto ciudadano DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ QUINTERO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad número V-15.922.556, domiciliado en esta ciudad de Mérida estado Mérida, un inmueble consistente de un lote de terreno y la vivienda sobre él construida, ubicado en la Aldea de San Rafael de Tabay, jurisdicción del Municipio Autónomo Santos Marquina del estado Mérida; tal y como se desprende del documento protocolizado por ante la oficina de Registro Público del Municipio Libertador del estado Mérida, en esa misma fecha (05-05-2.008), bajo el numero 33, folios 232 al 236, protocolo primero, tomo 11, segundo trimestre de 2.008.

• Que el inmueble en mención estaba conformado por las siguientes dependencias: Un (1) patio, un (1) porche, una (1) sala, cocina- comedor, seis(6) habitaciones , tres (3) baños y una habitación con piso de caico y demás con piso de cemento, techo de platabanda, encerrado en bloque de arcilla, en una extensión de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS (242 mts 2), ubicado en la Aldea San Rafael de Tabay, Jurisdicción del Municipio Autónomo Santos Marquina del estado Mérida y cuyos linderos son los siguientes: FRENTE: En una extensión de ONCE METROS (11 MTS) limita con terrenos que son o fueron propiedad del señor LEOVIGILSO VILLARREAL, separa calle principal El Refugio. FONDO: En una extensión igual a la anterior, es decir ONCE METROS (11 MTS), limita con terrenos que son o fueron propiedad del ciudadano RICARDO LEÓN, separa servidumbre de paso. COSTADO IZQUIERDO: En una extensión de VEINTIDOS METROS (22 MTS) limita con terreno que es o fue propiedad de MARGARITA SULBARÁN MOGOLLÓN. COSTADO DERECHO: En una extensión de VEINTIDOS METROS (22 MTS), Limita con terreno que es o fue propiedad de MARGARITA TORRES, separa camino vecinal.

• Que su madre MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA, por un precio irrisorio de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. F. 30.000,00), dio en venta simulada el único bien inmueble de su propiedad, a su nieto quien carecía de recursos económicos para realizar tal adquisición; inmueble éste que aún sigue en posesión de la ficta vendedora.

• Hizo referencia al tratadista GIORGI “La lógica del Juez hace hablar los indicios” en donde la prueba indiciaria y las presunciones homini juegan un papel preponderante y en el Juzgador goza de una genuina facultad de asimilación e interpretación del proceso.

• Advirtió sobre la vileza del precio, toda vez que el indicado inmueble tiene un valor equivalente a la cantidad de SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 700.000,oo) el cual será comprobado mediante experticia en la oportunidad legal correspondiente.

• Señaló que es público y notorio la continuidad en la posesión de dicho inmueble por parte de la vendedora del inmueble objeto de la supuesta “venta” en el cual reside desde hace ocho (8) años, tal y como se evidencia de la carta de residencia expedida el 9 de enero de 2.012, por el Consejo Comunal Sector Don Pablo, San Rafael de Tabay, estado Mérida; la constancia de residencia expedida el 19 de diciembre de 2.011, por la Prefectura del Poder Popular del Municipio Santos Marquina del estado Mérida, de la constancia de buena conducta, expedida por el Consejo Comunal, Sector Don Pablo San Rafael de Tabay, estado Mérida, en fecha 20 de octubre de 2.009 y de la constancia de fe de vida, expedida el 19 de diciembre de 2.011, por la Oficina de Bienestar Social de la Alcaldía del Municipio Santos Marquina, Tabay estado Mérida, las cuales anexo.

• Señaló que todas las persona que conocen de vista, trato y comunicación al ficto comprador (según lo afirma la parte), saben y les consta que en una persona de limitados recursos y con poca capacidad económica, como para realizar negociaciones de este tipo, pues ni siquiera tiene una profesión u oficio definido.

• Advirtió sobre la exigüidad de recursos económicos de la vendedora con posterioridad a la venta fraudulenta, siendo que la ciudadana MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA, después de haber realizado la venta simulada del inmueble (según lo dice la parte), no obtuvo ni percibió ningún ingreso económico que se hubiere reflejado en su patrimonio personal, tales como depósitos bancarios, compra de bienes etc., lo cual demostrará dentro del lapso probatorio.

• Señaló la inejecución material del contrato de compra venta advirtiendo que el ficto comprador DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ QUINTERO, nunca ha solicitado judicialmente o extrajudicialmente, la entrega material del inmueble objeto de la supuesta venta ni ha ejercido o ejerce sobre el mismo ningún acto posesorio.

• Que entre el comprador y la vendedora existe un parentesco de consanguinidad, siendo que el comprador es hijo de la ciudadana MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA, quien a su vez es hija de la vendedora ciudadana CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO CALDERÓN. Que este indicio de simulación es lo que doctrina jurídica se denomina “Conjuntio Sanguinis et affectio contrahentium”

• Señaló la falta de causa congrua; para que los intereses de la ficta vendedora ciudadana MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA, no era oportuna o conveniente la venta del inmueble que servía y aún le sirve de residencia familiar, pues no posee no poseía ningún otro bien inmueble que pueda cumplir tal función, menos aún si se toma en consideración que para la fecha de la supuesta venta, contaba con 71 años de edad, siendo inusual e ilógico que una persona de tal avanzada edad haga venta del único bien inmueble que conforma su patrimonio personal. Que esta circunstancia específica es la que la doctrina jurídica denomina “Falta de causa congrua”

• Señaló la causa simulandi; advirtiendo que todo obedeció a un plan previamente concebido y trazado, totalmente deliberado por parte de la ficta vendedora y del ficto vendedor, con la finalidad de que el segundo de nombrados pudiera tramitar un crédito bancario, para lo cual se requería que el mismo fungiera como propietario del bien inmueble ya descrito.

• Que estas ocho (8) presunciones homini e indicios adminiculados a los elementos probatorios producidos, hacen procedente la acción que se intenta.

• Que en autos está acreditada, lo que la doctrina denomina la prueba de la identidad lógica entre la persona a quien la Ley concede abstractamente la acción y el actor concreto (LEGITIMATIO AD CAUSAM ACTIVA) y entre la persona contra quien la Ley otorga abstractamente la acción y el demandado concreto (LEGITIMATIO AD CAUSAM PASIVA), ya que es hija de la ficta vendedora.

• Que conforme a lo pautado en los artículos 1.281 y 1.399 del Código Civil, demandó a los ciudadanos MARÍA GLADYS CALDERÓN y DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ QUINTERO, para que convengan o así sea declarado por este Tribunal, en que está viciado de SIMULACIÓN RADICAL O TOTAL el contrato de compra venta contenido en el documento que fue registrado el 5 de mayo de 2.008, por ante el Registro Público del Municipio Libertador del estado Mérida, bajo el número 33, folio 232 al 236, Protocolo Primero, Tomo Undécimo, Segundo Trimestre del referido año.

• Solicitó se decrete medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble objeto en la presente demanda el cual describió de manera pormenorizada.

• Estimó la demanda en la cantidad de SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.600.000,oo) equivalente a (6,66 U. T).

• Finalmente indicó su domicilio procesal.

Del folio 09 al 25 corren anexos documentales que acompañan el escrito libelar consignado.

Al folio 68 corre acto en virtud del cual el abogado DANIEL HUMBERTO SÁNCHEZ MALDONADO, fue designado en el cargo de Defensor Judicial, aceptando el mismo tal y como se desprende al folio72.

Del folio 79 al 81 obra escrito de contestación a la demanda suscrito por defensor judicial designado, en virtud del cual entre otros hechos fueron señalados los siguientes:

- Advirtió que fue imposible contactar al ciudadano DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ QUINTERO.

- Rechazó, negó y contradijo en todas y cada una de sus partes la demanda incoada tanto en los hechos como en el derecho, estableciendo la siguiente fundamentación:

- Que el instrumento público registrado cuya simulación se pretende, fue expedido conforme a la Ley por un funcionario público, y el mismo no fue tachado ni impugnado en forma alguna por la parte demandante, así como tampoco adolece de requisitos formales o sustanciales que le resten eficacia, motivos por los cuales, de conformidad con los artículos 1.359, 1.360 y 1.384 del Código Civil, en concordancia con los artículos 1.920, ordinal 1° y 1.924 eiusdem, debe ser apreciado con todo el mérito probatorio que dichas disposiciones legales le atribuyen a los instrumentos públicos registrados, para dar por comprobado que la co- demandada, MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA, vendió al co- demandado, ciudadano DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ QUITNERO, el bien inmueble objeto de este juicio por la cantidad de TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs. 30.000,oo).

- Señaló que los hechos narrados por la actora, para sustentar la acción de simulación de venta, no es posible subsumirlo en el supuesto normativo contemplado en el artículo 1.360 del Código Civil.

- Que además no se evidencia disposición alguna que permita presumir que el contrato de compra venta era simulado, que aún el precio fue aceptado por el Registrador Subalterno, sin haberlo señalado como irrisorio, deber que le correspondía de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Registro Público y Notariado vigente para dicha fecha que reza: “En caso de que el Registrador rechace o niegue la inscripción de un documento o acto, el interesado podrá intentar el recurso jerárgico (…)”.

- Así mismo, hizo referencia a la obra “Curso de Obligaciones” del Dr. Eloy Maduro Luyando; que advierte: “La prueba por excelencia de la simulación es la prueba escrita o contra- documento, no advirtiéndose la prueba de testigo, porque se considera que las partes han tenido oportunidad de reducir a escrito el acto verdadero o real…”.

- Igualmente hizo alusión a la sentencia de fecha 06 de julio del 2.000, que señala: “ Sobre el asunto de la simulación, es oportuno puntualizar, que ella puede configurarse: a) entre las partes que realizan un negocio jurídico, el cual aún cuando posee todas las características de veracidad, vale decir, que en el se cumplen todas las formalidades inherentes a su perfeccionamiento, se efectúa con intención de falsear una realidad, pues no está en el ánimo de los contratantes celebrar tal negocio; b) frente a terceros, quienes no han tomado parte en la relación simulada, más pueden resultar afectados por su ejecución. Este sería, por ejemplo, el caso de una heredero cuyo causante celebre una venta aparente, con la intención de excluir del acervo hereditario, bienes que serían afectados a él”.

- Señaló que en los casos señalados y a los fines de establecer la simulación puede utilizarse todos los medios de prueba que la Ley contempla, salvo evidentemente aquellos que ella misma limita. Que así el artículo 1.387 del Código Civil, establece la inadmisibilidad de la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o extinguirla, cuando el valor del objeto del contrato o convención, excede de dos mil bolívares, no para desvirtuar o modificar una convención contenida en documento público o privado, aún cuando se trate en ellos de una valor menor al señalado”.

- Que es por ello que considera que en el caso de autos no se encuentran comprobados los requisitos de procedencia de la pretensión de simulación de venta deducida a que se contraen las disposiciones legales antes enunciadas.

- Finalmente, señaló que no existiendo prueba de los hechos que configuran los requisitos de procedencia de las pretensiones de simulación de venta, de conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, la demanda propuesta sea declarada sin lugar, con la correspondiente condenatoria en costas.

Del folio 85 al 94 corre escrito de pruebas promovidas por la parte actora. Y del folio 95 al 96 riela escrito de pruebas producidas por la parte codemandada ciudadano DAVID ALEJANDRO GÓNZALEZ QUINTERO. Las cuales fueron admitidas tal y como se desprende del folio 99 al 101.

Se infiere al folio 103 nota emitida por este Juzgado en virtud de la cual advierte que habiendo tenido lugar el acto de nombramiento de expertos para la realización de la experticia solicitada por la parte actora, la misma no compareció la parte demandante ni la parte demandada por lo cual el acto se declaró desierto.

De folio 109 al 118 riela escrito de informes promovidos por la parte actora.

El Tribunal para decidir hace previamente las siguientes consideraciones:

PARTE MOTIVA

PRIMERA: TEMA DECIDENDUM: El presente juicio por simulación de contrato de compra venta, fue interpuesto por la ciudadana ESPERANZA QUINTERO CALDERÓN, asistida por el abogado en ejercicio ARTURO CONTRERAS SUÁRES, en contra de los ciudadanos MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA y DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ. Ahora bien, tanto los hechos narrados por la parte actora en el escrito libelar, como los argumentos señalados por la parte demandada en su contestación de la demanda, fueron debidamente explanados en la parte narrativa del presente fallo. Corresponde al Tribunal determinar, la procedencia o no de la acción incoada. Así quedó trabada la litis.

SEGUNDA: DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA.

1) Valor y mérito jurídico probatorio de la copia certificada de la partida de nacimiento de la ciudadana ESPERANZA QUINTERO CALDERÓN.

Del folio 9 al 11 corre partida de nacimiento signada con el número 1.464 emitida por el ciudadano PABLO ADONAY VEGA BELANDRIA, Primera autoridad del Municipio el Llano, Distrito Libertador del estado Mérida, mediante la cual hace constar que en fecha 10 de agosto de 1.970, ha sido presentada de manos del interesado una partida de nacimiento para su debida inserción, la cual copiada textualmente dice: El notario Tercero del Circuito Bogota, D. E hace constar: Que al folio 318 del libro Nº 69 de Registro Civil de nacimientos figura una partida que dice: ESPERANZA QUINTERO CALDERÓN. En la República de Colombia, Departamento de Cundinamarca, Municipio de Bogotá D. E; inherente a la ciudadana ESPERANZA QUINTERO CALDERÓN, hija legítima del ciudadano LAURENCIO QUINTERO y MARÍA GLADYS CALDERÓN.

2) Valor y mérito jurídico probatorio de la copia certificada del documento de compra venta.

Observa el Tribunal que del folio 12 al 16 corre documento en virtud del cual la ciudadana MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA, vende al ciudadano DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ QUINTERO, el inmueble objeto en controversia, consistente en un terreno y la vivienda ubicado en la Aldea San Rafael de Tabay, jurisdicción del Municipio Autónomo Santos Marquina del estado Mérida.

Tales documentos públicos este Tribunal les asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dichos documentos no fueron tachados de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

3) Valor y mérito jurídico probatorio de la carta de residencia de la codemandada MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA expedida por el Consejo Comunal del Sector Don Pablo, San Rafael de Tabay, estado Mérida, en fecha 9 de enero de 2.012. Así como, el valor y mérito jurídico probatorio de la constancia de residencia emitida a la misma ciudadana, expedida por la Prefectura del Poder Popular del Municipio Santos Marquina del estado Mérida, de fecha 19 de diciembre de 2.011.

Constata el Tribunal que al folio 18 corre la indicada carta expedida por el Consejo Comunal del Sector Don Pablo, San Rafael de Tabay, del estado Mérida, en virtud de la cual se hace constar que la ciudadana MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA, reside en la comunidad de San Rafael de Tabay sector Mi Refugio, Casa Nº 16, desde hace 8 años.

Observa igualmente el Tribunal que al folio 19 corre la referida carta de residencia expedida por la Prefectura del Poder Popular del Municipio Santos Marquina del estado Mérida, mediante la cual se hace constar que la ciudadana MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA, reside en San Rafael de Tabay, Sector Don Pablo, Casa Mi Refugio del Municipio Santos Marquina del estado Mérida.

A este respecto, el Tribunal advierte que las referidas constancias emanadas por los entes en mención “Consejo Comunal” y Prefectura, tienen dentro de sus funciones el emitir constancias de residencia, por tanto las mismas tienen valor probatorio de conformidad con el ordinal 10 del artículo 29 de la Ley Orgánica de los Concejos Comunales.

4) Valor y mérito jurídico probatorio de la constancia de buena conducta de la co- demandada MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA, expedida por el Consejo Comunal del Sector Don Pablo, San Rafael de Tabay, estado Mérida.

Observa el Tribunal que al folio 20 corre la indicada constancia emanada por el “Consejo Comunal” del Sector Don Pablo, San Rafael de Tabay, estado Mérida, mediante la cual se señala que la co-demandada MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA, reside en esa comunidad, manteniendo una actitud incuestionable con los demás miembros de la comunidad. Este Tribunal le asigna a la mencionada constancia, valor jurídico probatorio de conformidad con el ordinal 10 del artículo 29 de la Ley Orgánica de los Concejos Comunales.

5) Valor y mérito jurídico probatorio de la constancia de fe de vida, expedida por la oficina de Bienestar Social de la Alcaldía del Municipio Santos Marquina, Tabay, estado Mérida, de fecha 19 de diciembre de 2011, inherente a la ciudadana MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA.

Observa el Tribunal que al folio 20 corre la precitada constancia de buena conducta, emitida por el ente en cuestión. El Tribunal advierte que se trata de un documento público administrativo que se valora como tal, este Tribunal señala que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en reciente sentencia número 0499, de fecha 20 de marzo de 2.007, contenida en el expediente número AA60-S-2006-001870, con ponencia del Magistrado Dr. JUAN RAFAEL PERDOMO, al valorar el documento público administrativo, señaló:

“…Partiendo del contenido del acto en cuestión y del órgano del cual emanan, la Sala estima que tales documentos deben reputarse como documentos públicos administrativos, que gozan de una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad, desvirtuable mediante prueba en contrario.
La Sala Constitucional, al referirse a los documentos públicos administrativos en sentencia Nº 1307, de fecha 22 de mayo de 2003, expediente Nº 02-1728, ratificada en sentencia Nº 4992, de fecha 15 de diciembre de 2005, expediente Nº 05-0465, y que hizo suya esta Sala en sentencia Nº 1015 de fecha 13 de junio de 2006, señalo lo siguiente:
… El concepto de documento público administrativo ha sido tratado ampliamente por la jurisprudencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Político – Administrativo, y se fundamenta en que los actos escritos emanados de la Administración Publica gozan de una presunción de veracidad y legitimidad, lo que es característico de la autenticidad; formalmente para que un acto sea auténtico se requiere que esté firmado por el funcionario competente para otorgarlo, y que lleve el sello de la oficina que dirige …
Por su parte la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 00209 de fecha 16 de mayo de 2003, señaló que:
… Los documentos públicos administrativos son aquellos realizados por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurídicos de los particulares, sino que tratan de actuaciones de los referidos funcionarios que versan, bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos constitutivos
(concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etc.), o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones, verificaciones, registros, etc.), y que por tener la firma de un funcionario administrativo están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el articulo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y por lo tanto deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario.”

Por lo que se valora como cierto, por estar revestido del principio de ejecutividad y ejecutoriedad, por haber sido realizado por funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones y por no existir en los autos prueba en contrario, además por no tratarse de una certificación de mera relación.

6) Valor y mérito jurídico probatorio de la partida de nacimiento N° 716, correspondiente al co-demandado DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ QUINTERO, expedida por el Registrador Civil de la Parroquia Juan Rodríguez Suárez, Municipio Libertador del estado Mérida, de fecha 23 de abril de 2012. Así como, el valor y mérito jurídico probatorio de la partida de nacimiento de la ciudadana CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO CALDERÓN.

Observa el Tribunal que al folio 22 corre la indicada partida de nacimiento correspondiente al codemandado ciudadano DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ QUINTERO. En virtud de la referida acta el Tribunal pudo constatar que el ciudadano en cuestión es hijo legítimo de la ciudadana CLAUDIA DE PILAR QUINTERO CALDERÓN y del ciudadano VICTOR HUGO GONZÁLEZ RONDÓN. Igualmente al folio 23 el Tribunal advierte que se hace constar partida de nacimiento de la ciudadana CLAUDIA DE PILAR QUINTERO CALDERÓN, mediante la misma el Tribunal constata que la ciudadana en cuestión es hija legítima del ciudadano LAURENCIO QUINTERO y la ciudadana MARÍA G. CALDERÓN.
El Tribunal advierte que las partidas nacimiento son documentos públicos, este Tribunal les asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dichos instrumentos no fueron tachados de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

7) DE LA PRUEBA DE EXPERTICIA: La parte actora promovió la denomina prueba a fin de que los expertos determinen el valor del inmueble objeto del presente litigio.

Observa el Tribunal que en autos no se hace constar la experticia solicitada, toda vez que, al folio 103 el referido acto de nombramiento de expertos fue declarado desierto en virtud de la no comparecencia de las partes; por lo tanto siendo inexistente la indicada prueba, la misma no es objeto de valoración.

8) Valor y mérito jurídico de la CONFESIÓN FICTA, en la que según la parte actora incurrió la co- demandada MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA, al no haber dado contestación a la demanda pese a haber sido citada.

Advierte el Tribunal que la confesión ficta como tal, no es una prueba, por lo tanto no es objeto de valoración, no obstante, el Tribunal se pronunciara mediante una motiva a posteriori.

9) DE LA PRUEBA DE INFORMES: La parte demandada solicitó oficiar a la entidad financiera Banco Mercantil, a los fines de informar a este Tribunal respecto al movimiento (Depósitos y Retiros) de la cuenta de ahorros signada con el número 01030065657065032469 a nombre de la ciudadana MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA.

Observa el Tribunal que al folio 104 corre la precitada respuesta emitida por la entidad bancaria Banco Mercantil, mediante la cual señaló que de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial número 39.627 de fecha 2 de marzo de 2.011, los requerimientos de información deben ser canalizados a través de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, por lo cual lamentaban no poder suministrar la información solicitada.

TERCERA: DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR EL CO-DEMANDADO DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ QUINTERO:

A) Valor y mérito jurídico probatorio de la copia certificada del documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Libertador del estado Mérida, en fecha 05 de mayo de 2008, anotado bajo el N° 33, folios 232 al 236, del Protocolo Primero, Tomo Undécimo, Segundo Trimestre.

Observa el Tribunal que el mencionado documento es el instrumento fundamental de la presente acción, fue valorado ut supra tal y como se desprende de la pruebas promovidas por la parte actora enumerada 2). Tal documento este Tribunal le asignó el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que el mismo no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

B) Valor y mérito jurídico probatorio de la copia certificada del acta de nacimiento signada con el Nº 716, folio 230, correspondiente al ciudadano DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ QUINTERO, otorgada por el Registro Civil Juan Rodríguez Suárez. Así como, del acta de nacimiento N° 1370, correspondiente a la ciudadana CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO CALDERÓN, otorgada por el Registro Civil de la Parroquia El Llano.

Observa el Tribunal que las mencionadas actas de nacimiento fueron valoradas ut supra tal y como se infiere de las pruebas promovidas por la parte actora, específicamente la enumerada 06. Tales documentos públicos, el Tribunal les asignó el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que los mismos no fueron tachados de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

CUARTA: LA PARTE CO-DEMANDADA CIUDADANA MARÍA GLADYS CALDERÓN, NO PROMOVIÓ NINGÚN GENERO DE PRUEBAS.

QUINTA: DE LA CONFESIÓN FICTA.

Establece el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, que si la parte demandada no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en el referido texto legal, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante ni nada probare que le favorezca. En el caso in comento la parte co-demandada ciudadana MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA, ni dio contestación a la demanda ni probó nada que le favoreciera. Ahora bien, como quiera el co-demandado ciudadano DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ QUINTERO, si contestó la demanda y promovió escritos de pruebas; advierte el Tribunal que su contestación de demanda aprovecha a la condemandada ciudadana MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA, no así con relación a las pruebas, esto en virtud del artículo 148 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto es improcedente declarar que la parte codemandada ciudadana MARÍA GLADYS CALDERÓN SILVA, haya incurrido en confesión ficta. ASÍ DEBE DECIDIRSE.

SEXTA: DE LA SIMULACIÓN:
EN PRIMER LUGAR: DE LA SIMULACIÓN Y SUS PRUEBAS:

En las acciones judiciales por simulación en contra de terceros que no han sido parte de la misma, pueden promover y utilizar todos los medios probatorios que contempla la Ley incluso la prueba de presunciones previsto en el artículo 1.394 del Código Civil en concordancia con el artículo 1.399 eiusdem.

Así lo ha admitido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia de fecha 6 de julio de 2.000, en la que se expresa:

“...el sentenciador Ad quem, realizó un detenido análisis de los presupuestos e indicios hechos valer por la demandante, indagación que lo llevó a concluir que tales hechos eran lo suficientemente graves para configurar la simulación de marras.

Sobre el asunto de la simulación, es oportuno puntualizar, que ella puede configurarse: a) entre las partes que realizan un negocio jurídico, el cual aún cuando posee todas las características de veracidad, vale decir, que en él se cumplen todas las formalidades inherentes a su perfeccionamiento, se efectúa con intención de falsear una realidad; pues no está en el ánimo de los contratantes celebrar tal negocio; b) frente a terceros, quienes no han tomado parte en la relación simulada, mas pueden resultar afectados por su ejecución. Este sería, por ejemplo, el caso de un heredero cuyo causante celebre una venta aparente, con la intención de excluir del acervo hereditario, bienes que serían afectados a él.

En los casos señalados y a los fines de establecer la simulación pueden utilizarse todos los medios de prueba que la ley contempla, salvo, evidentemente, aquellos que ella misma limita, así el artículo 1.387 del Código Civil, establece la inadmisibilidad de la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o extinguirla, cuando el valor del objeto del contrato o convención, exceda de dos mil bolívares, ni para desvirtuar o modificar una convención contenida en documento público o privado, aún cuando se trate en ellos de un valor menor al supra señalado.

En este orden de ideas, es oportuno señalar que la legislación vigente acepta y reconoce las presunciones, como medio de prueba, así lo establece el artículo 1.394 del Código Civil, y ellas, cuando no están previstas en la ley, quedarán a la prudencia del juez, por mandato expreso del artículo 1.399 eiusdem, quien deberá apreciarlas siempre que las presunciones o indicios reúnan los requisitos de gravedad, precisión y concordancia...”

Ha sido criterio reiteradamente sostenido por la Sala de Casación Civil, que con relación al artículo 1.362 del Código Civil, que algunos interpretes han entendido que ésta norma obliga forzosamente a los autores del acto fícto y sus sucesores a título universal, a probar la simulación únicamente con el respectivo contra documento, lo que ha sido considerado como no acertado a juicio de dicha Sala, porque en realidad el dispositivo legal no dice que entre tales sujetos el contra documento sea la única prueba de simulación, pues el que allí se establece en realidad es que el contra documento, cuando exista, tiene efectos limitados a los autores del acto y a sus sucesores a título universal, sin que estos efectos se hagan valer contra terceros, cuya protección constituye en verdad la razón de la norma. Las personas que ha intervenido como contrapartes pueden valerse naturalmente del contra documento como prueba por excelencia para demostrar la simulación, pero también deben valerse de la confesión y del juramento, porque ninguna norma del derecho les veda el uso de esos últimos medios de prueba. De igual manera es cierto que los artículos 1.399 y 1.387 del Código Civil señala que la prueba testimonial no es admisible para contrariar la fe y efecto de documentos públicos o privados y estima la Sala que, por regla general, la prueba de testigos y presunciones no les están permitidos a los sujetos que intervinieron como contratantes en el acto simulado, ya que por sus relaciones de mutua confianza y por tener pleno conocimiento del mismo, no puede pensarse que estuvieron en la imposibilidad material o moral de procurarse la prueba literal. Sin embargo, tal prohibición no funciona de modo alguno, pues se trata de concurrir alguna de la excepciones consagradas en los artículos 1.392 y 1.393 del Código Civil, sería procedente la admisión de la prueba testimonial y la conjetural, como ocurre, según dichos artículos cuando existe un principio de prueba por escrito, cuando ha existido imposibilidad material o moral de preconstituir la prueba escrita, y cuando ha ocurrido la perdida del título que servía de prueba como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, casos en que cuya apreciación la instancia deberá proceder con extremada cautela para no permitir que sin plena evidencia de esas situaciones excepcionales se menoscabe la fe probatoria que la Ley otorga a los instrumentos públicos. Debe precisarse, por otra parte, que cuando la Ley exija la prueba escrita como solemnidad del acto, ninguna prueba distinta de la escrita será admisible para demostrar el acto real que se pretenda escondido en la simulación relativa.

Por lo respecta a las personas que no han intervenido como otorgantes en el acto simulado, categoría en la cual están comprendidos los herederos a título universal contra los cuales se urdió el engaño, gozan dichas personas de plena libertad probatoria para demostrar en el proceso la simulación que haya vulnerados derechos, ya que tales personas por el desconocimiento en que se encuentran del acto ficto, están siempre en la imposibilidad material del procurarse la prueba escrita, pues los autores del acto fingido no van a tener la candidez de revelar el secreto a quienes precisamente pretender sorprender con la simulación , ni mucho menos la entregarían , actuando contra su propio interés, el contra documento que diera al traste con la trama simulatoria. En tales condiciones como otorgantes en el negocio simulado, están amparadas por lo dispuesto en el ordinal primero del artículo 1.393 del Código Civil, a cuyo tenor es admisible la prueba de testigos, y consecuentemente la conjetural, cuando ha existido imposibilidad material o moral de obtener la prueba escrita.

De tal manera, que en los juicios de simulación tanto los juristas patrios y extranjeros, la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República y la más acreditada doctrina han señalado que en materia de simulación se puede promover todo tipo de pruebas y se hace siempre una especial deferencia a las presunciones en este tipo de juicio.

EN SEGUNDO LUGAR: CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA SIMULACIÓN.

El Dr. Gert Kummerow en su libro “Bienes y Derechos Reales”, dice:

“La comunidad nace: a) De un hecho o de una situación accidental y temporal (Communio Incidens) Ejemplo: La sucesión hereditaria. b) De un hecho voluntario. Ejemplo: Adquisición de un bien mueble o inmueble hecha conjuntamente por varios sujetos; igualmente, si un titular hace partícipe a otras personas de su propio derecho. c) De la voluntad de la Ley (Comunidad Legal). Ejemplo: Comunidad de bienes entre concubinos”.

De lo planteado por el Dr. Gert Kummerow, se infiere que el caso de la demandante y el demandado encuadran perfectamente en la hipótesis que dan origen a la comunidad.

El Dr. Silvestre Tovar Lange, en su texto “El Cuasicontrato de Comunidad en el Concubinato”, señala que:

“Para que el Cuasicontrato de Comunidad, creado en 1.942 por el legislador con el artículo 767 del Código Civil, surta efectos a favor de una persona y contra otra. Es menester, según se desprende del mismo artículo, la concurrencia de tres circunstancias de hecho pasadas a enumerar. 1) Que la persona reclamante haya vivido permanentemente en unión no matrimonial con la otra persona; 2) Que la persona reclamante haya contribuido con su trabajo, durante esa convivencia no matrimonial, a la formación del patrimonio de esa persona, o a su aumento; y, 3) La contemporaneidad de las dos circunstancias de hecho anteriores, es decir, que es menester haya concordancia en el tiempo de esas dos primeras circunstancias para que ellas surtan efectos: si existe esa contemporaneidad, no nace el derecho reclamado”.

Y el autor venezolano Dr. Víctor Luis Granadillo C., en su “Tratado Elemental de Derecho Civil”, expresa:

“Dos requisitos esenciales son establecidos para que exista realmente unión concubinaria: 1) Que exista un estado de unión no matrimonial. Es decir, que dos personas cohabiten públicamente, en el sentido de tener una casa común; y que si no fuera porque no han contraído matrimonio, se tendrían que considerar como marido y mujer; que analizada al fondo la cuestión los hechos demuestran una cohabitación natural análoga a la proveniente de una unión legal”.
El autor Francisco Ferrara en su obra la “Simulación de los Negocios Jurídicos” señala que:
“...Los fines que determinan la interposición de persona varían según los casos. O el contratante quiere ocultarse de la otra parte, o quiere ocultarse de la Ley para burlar una incapacidad o una prohibición. Considerada en sí misma, la interposición es indiferente desde el punto de vista jurídico, y se caracteriza como licita o ilícita, según la finalidad que con ella se quiere lograr en cada caso concreto. En el segundo supuesto constituye siempre un fraus legis en sentido técnico. En efecto, se da entonces una violación indirecta de la Ley, mediante la combinación de varios actos jurídicos reales y verdaderos que, en conjunto, producen un resultado análogo al que la Ley prohíbe”.

Por su parte el procesalista Federico de Castro y Bravo, en su obra “El Negocio Jurídico” al conceptualizar la simulación enseña que:
“La simulación negocial existe cuando se oculta bajo la apariencia de un negocio jurídico normal otro propósito negocial; ya sea éste contrato a la existencia misma (simulación absoluta), ya sea el propio de otro tipo de negocio (simulación relativa) (...) Cuando la declaración falsa no encubre otra cosa que la carencia de causa (“Colorem habet, subtantiam vero nullam”). En este caso de habla de simulación absoluta o en sentido propio. (...) El otro supuesto ocurre cuando la declaración falsa viene de incurrir otro contrato, el que, ese sí, tiene una causa verdadera (“colorem habet, substantiam vero alterum”), y es la llamada simulación relativa...”. Al referirse al carácter de la simulación este autor expresa que: “ la simulación lleva dentro de sí misma la idea del ocultamiento o del engaño ( ingannare = burlar, ocultar, recognoscible o sospechable), si no que se haya procedido a la ocultación. Se ha pensado que también lleva consigo finalidad de fraude. Más la opinión común se inclina a considerar simulación cualquier operación que oculta la verdadera causa del negocio celebrado, aunque se haga con un fin lícito de mantener en secreto lo que nada obliga a revelar. Se ha dicho también que no es la apariencia engañosa lo que caracteriza la simulación, sino “la capacidad fraudulenta de la forma usada, representada intencionalmente como tal”. (...) Levantada la máscara de la simulación queda al descubierto la carencia de causas o la causa típica o atípica que se disimulara; pero, además, no podrá conocer la causa concreta de la simulación, la cual vendrá a caracterizar la simulación o al mismo negocio simulado. (...) La simulación absoluta.- El concepto de la simulación absoluta.- Es la forma más simple de la simulación ( “ simulatio nuda” ). Supone a veces creado la apariencia de un negocio y, en verdad resulta que no se quiso dar vida a tal negocio, sino tan solo a su apariencia engañosa. Se oculta la carencia de causa. La denuncia de esta simulación lleva a que se declare la inexistencia o nulidad del negocio, por carencia o falsedad de causa (...) la simulación relativa como anomalía de la causa; es decir, como la expresión de una causa falsa, como el resultado contractual querido y ocultado se funda en otra causa verdadera, suficiente ilícita.(...) La acción de simulación va dirigida a que se ponga al descubierto mediante sentencia firme, lo que se oculta bajo la apariencia de un negocio(...)la amplitud de pruebas utilizables y su entrega a la apreciación de Juez da al procedimiento una gran agilidad y permite prescindir de reglas fijas sobre el valor de conjeturas y signos de sospecha. Por lo que no está falto de razón el viejo dicho de que en esta materia domina la cuestión de hecho sobre la cuestión de derecho”.

Por su parte el tratadista Luis Muñoz, en su Obra “Doctrina General del Contrato”, cita a Betti, para quien hay simulación cuando las partes acuerda una reglamentación de intereses distinta de la que piensan observar en realidad, persiguiendo con el contrato un fin disimulado que diverge de su causa o función típica”.
De igual manera el autor Guillermo Ospina Fernández en su obra “Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico”, expresa:
“La simulación siempre crea una situación aparente, susceptible de precipitar el funcionamiento de las normas jurídicas que determinan los efectos pertinentes, como si tal situación fuese real. En presencia de un simulacro de contrato que las partes entiende que habrá de ser totalmente ineficaz entre ellas, o en presencia de un verdadero contrato celebrado entre ellas, pero camuflado bajo una declaración ostensible que adultera su naturaleza, por sus condiciones, por la identidad de sus contratantes”.

Con relación a la prueba de simulación la autora Lina Bigliazzi Geri, en su obra “Derecho Civil” se pronuncia por lo siguiente:
“ También en materia de prueba de la simulación la Ley se muestra orientada con la doble finalidad de tutelar eficazmente a los terceros y acreedores y de reaccionar de la manera más incisiva contra la eventual ilicitud del negocio disimulado” y con respecto a los efectos de la declaración de simulación el procesalista Julio César Rivera en su obra “ Instituciones de Derecho Civil” señala que: “ De acuerdo con el criterio que hemos adoptado, la sentencia que hace lugar a la simulación, debe declarar la nulidad del acto aparente”.

En ese orden de ideas el jurista Juan Carlos Garibotto, en su obra “Teoría General del Acto Jurídico”, indica:
“La causa simulandi, como hemos visto, la simulación importa necesariamente un acuerdo entre quienes celebran el negocio jurídico. Ese acuerdo consiste en el concierto para producir una manifestación de voluntad ostensible divergente de la voluntad real, obedece a una razón determinante, o, si se prefiere persigue un fin determinado. Esa razón determinante es lo que se conoce como “causa simulandi” y puede ser caracterizada como el fin que persiguen las partes para celebrar un acto aparente con engaño a terceros. Este engaño, como también se ha dicho, puede estar destinado a perjudicar a terceros o a quebrantar el ordenamiento jurídico, o bien puede ser perfectamente inocente o inocuo, lo que reviste importancia para distinguir la simulación ilícita de la que es lícita”.


De igual manera el autor CARLOS CIFUENTES en su obra “Negocio Jurídico”, refiriéndose a la prueba de la acción de los terceros, a la causa simulandi y a las presunciones, señala:
“Una de las principales consecuencias de la peculiar caracterización de tercero que en este negocio, se refleja en el promedio de los medios de la acreditación del acto simulado. El punto de vista es mucho más amplio. Los terceros no están constreñidos a la exigencia que, en principio, se impone para la acción entre las partes acerca de contra-documento. Pueden, sin cortapisa, acudir a todos los medios de prueba, pues han sido ajenos al acuerdo simulatorio que se realizó para dañarlos.
Sin embargo, suele ponerse de relieve la importancia que tiene demostrar la causa simulandi. Las razones que indujeron a las partes a celebrar el negocio ficticio, las cuales son variadas y múltiples, dan explicación de la actitud asumida por ellas y de sus verdaderos propósitos. Pese a que esa demostración revela el porqué o el posible porqué de la simulación, lo que viene a constituirse en una de las presunciones más claras de la maniobra, no es de absoluto rigor acreditarlo, y hasta se puede prescindir de la causa simulandi cuando su aprobación sea difícil. Aunque esta ausencia, desde luego, impone mayor análisis y rigor en el estudio de la prueba del carácter ficticio del acto. Como ha dicho BORDA, muchas veces los móviles de la simulación son inciertos, imprecisos, ambiguos, de contornos indefinidos; es muy difícil penetrar en la intimidad del pensamiento humano, en especial cuando las partes han tratado de ocultarlo. Por ello, basta que pueda haber un motivo razonable, que la ficción no sea ilógica y carente de todo sustento. Puede sostenerse que la admisión, según el tipo de negocio, sus modalidades y el contorno jurídico que lo rodea, de la hipotética razón o fin inmediato posible para concretarlo, llena un vacío que es la verdadera clave para comprender y sustentar la búsqueda del investigador. Si no es demostrable la causa simulandi, basta, sin embargo, que no haya una incoherencia de fundamentos en la configuración de la apariencia; pero entonces el Juez debe extremar la prudencia en la valoración de las otras presunciones, que se presentan sin un apoyo espiritual justificador de la maniobra”.


Por su parte el tratadista COMPAGNUCCI en su obra “El Negocio Jurídico”, al referirse a la naturaleza del acto simulado, dice lo siguiente:
“Naturaleza.- Saber la naturaleza del acto simulado nos brindará el conocimiento sobre la sanción que corresponde aplicar.
La doctrina nacional responde a este interrogante de dos maneras: a) es un acto inexistente, y b) es un acto nulo.

a) Acto inexistente. La tesis de la inexistencia ha sido sostenida para juzgar la naturaleza de los actos simulados. Por ello se considera al negocio simulado como inexistente en razón de que no hay una “manifestación de voluntad” de quienes intervienen, ni mucho menos consentimiento, ya que el acuerdo fue para constituir la apariencia, no para realizar un acto eficaz. La falta de voluntad o el pretender quitar un mero disfraz para mostrar el acto verdadero, hacen que se considere al negocio simulado como inexistente. Si se considera el acto simulado como inexistente hay que pensar que él no resulta prescriptible y que puede ser declarado sin eficacia de oficio por el juzgador.

b) Acto nulo. La segunda tesis considera al acto simulado como nulo. Es el criterio que sigue la mayoría de la doctrina nacional: SALVAT, LÓPEZ OLACIREGUI, MOSSET ITURRASPE, SALAS, CIFUENTES, BORDA, CORTES, LLERENA, CAMARA, SEGOVIA, ETC.


Por su parte el jurista ARTURO VALENCIA ZEA, en su obra “CURSO DE DERECHO CIVIL COLOMBIANO”, al referirse a la prueba que deben acreditar los terceros, enseña:

“Todos los medios probatorios están al alcance de los terceros, a diferencia de la prueba restringida a que están sometidas las partes y que generalmente solo lo es la prueba literal y la confesión. Entre las clases de pruebas que pueden suministrar los terceros se encuentran los indicios o pruebas indiciarias (...) Normalmente, según la reiterada jurisprudencia de la Corte, sobre este particular, de apreciar las pruebas esgrimidas por los terceros, son soberanos los jueces.

En este orden de ideas el autor FRANCESCO MESSINEO, en su obra “DOCTRINA GENERAL DEL CONTRATO”, dice lo siguiente:

“Cuando ha sido observado, entre los dos adquirientes (efectivo y fingido) se presenta una situación análoga a la de la simulación absoluta de negocio, esto es, el adquirente fingido no ha adquirido nunca y para nada; el adquirente efectivo es el único que ha adquirido (ex tunc). Pero para que este principio obre con eficacia respecto de todos, es necesario que se pronuncie la pertinente sentencia de declaración de certeza (que, por lo general, será solicitada por el adquirente efectivo), que declare que la adquisición se ha realizado sólo a nombre del contratante efectivo, y no a nombre del contratante (adquirente) simulado.

Pero para que el juicio encaminado a declarar la certeza de la interposición ficticia pueda desarrollarse, es necesario demostrar que todos los sujetos han participado en el acuerdo simulatorio; y, por tanto, es necesario que todos éstos se presenten en el juicio”.

EN TERCER LUGAR: ELEMENTOS INDICIARIOS Y PRESUNTIVOS DE LA SIMULACIÓN ALEGADA.

1) La carencia de necesidad económica que condujera al vendedor a enajenar la casa.

2) La existencia, a todas luces, del evidente parentesco de los contratantes.
3) La inejecución total del contrato.
4) La falta de capacidad económica del comprador.
En efecto un acto jurídico es simulado cuando no corresponde a la realidad, cuando es ficticio y debe distinguirse la denominada simulación absoluta de la simulación relativa; en la primera de ellas los interesados no celebran ningún acto y en la segunda celebran en realidad un acto pero lo disfrazan con otro que es solo una apariencia entre las partes contratantes y si bien como antes se indicó puede probarse por medio de un contra documento en vista de la prohibición del artículo 1.387 del Código Civil, podemos señalar que en el caso de los terceros, la simulación es un hecho y para probarla, se pueden valer los mismos de todos los medios probatorios. Es así, como las presunciones constituyen entonces las pruebas por excelencias de que puedan valerse los terceros para demostrar la simulación del acto; tales presunciones deben ser graves, precisos y concordantes.
En ese orden de ideas la Doctrina más acreditada establece como presunciones graves el vínculo de parentesco entre las partes contratantes, pues para realizar un negocio de carácter simulado se buscan personas de confianza, pues los extraños no constituyen garantía suficiente;
Establece el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, que los Jueces apreciarán los indicios que resulten de autos en su conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre si y en relación con las demás pruebas de autos en el entendido de que esa apreciación conlleva la indicación precisa y concreta de dichos indicios; y por su parte el artículo 1.399 del Código Civil establece que las presunciones que no estén establecidas en la Ley quedarán a la prudencia del Juez, quien no debe admitir sino las que sean graves, precisas y concordantes, y solamente en los casos en que la Ley admite la prueba testimonial, teniendo igualmente claro que las presunciones son las consecuencias que la Ley o el Juez saca de un hecho conocido para establecer uno desconocido, tal como lo establece el artículo 1.394 del mencionado Código Civil.

5) La causa simulando.

La simulación, tal como lo conceptúa el jurista HÉCTOR CÁMARA, en su obra “Simulación de los Actos Jurídicos” es:

-“Un acuerdo de voluntades (vendedor y comprador) de dar una declaración de voluntad o designio divergentes de sus pensamientos íntimos con el fin de negociar...en perjuicio de... terceros”.

Y es correcta tal apreciación pues se trata de un contrato que no posee existencia real sino que aparenta una venta que no existe.

El jurista MUÑOZ SABATÉ en su obra “La Prueba de la Simulación”, indica:
“La simulación ha sido reputada como una ficción de la realidad y el negocio simulado como aquél que tiene una apariencia contraria a la realidad, bien porque no existe en lo absoluto, o bien porque es distinto como aparece(...) Es decir, la simulación negocial existe cuando se oculta bajo la apariencia de un negocio jurídico normal otro propósito negocial ya sea éste contrario a la existencia misma ya sea el propio de otro tipo de negocio”.


EN CUARTO LUGAR: DEL EFECTO DE LA DECLARATORIA DE SIMULACIÓN:

Como consecuencia de declarar con lugar una acción de simulación, el efecto que se produce es la nulidad de la venta objeto de tal acción. En efecto, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 10 de mayo de 2.000, señaló lo siguiente:

“Al respecto observa esta Sala que, la demanda de simulación según lo enseña el Profesor ELOY MADURO LUYANDO en su “Curso de Obligaciones. Derecho Civil III”, tiene como efecto la nulidad del acto ostensible o ficticio para prevalecer el acto real o verdadero. El acto ostensible desaparece en caso de simulación parcial o absoluta y lo mismo ocurre en el caso de simulación parcial o relativa”

En el caso bajo estudio se demandó la simulación de unas ventas, por tanto al ser declarada con lugar, el efecto de dicha declaratoria, como asó lo estableció en su fallo el Tribunal de alzada, fue la nulidad de las mismas. Siendo así no resultan infringidos por errónea interpretación los artículos arriba denunciados, pues, si bien es cierto que como lo indica el formalizante, dichas normas no consagran los efectos de la simulación, es decir, no establecen en su contenido normativo la declaratoria de nulidad del acto simulado, el efecto de tal figura como precedentemente se indicó, aún cuando no se indique en las mismas es la nulidad del acto ficticio para que prevalezca el real.
Por lo demás, si bien dicha norma (art. 1.281 del Código Civil) establece que los terceros que han procedido de mala fe quedan sujetos a la acción de daños y perjuicios, no es menos cierto que dicho artículo indica también que dichos terceros están sujetos de la acción de simulación. Es decir, no sólo el referido a