TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida
Mérida, 16 de Septiembre de 2013
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : LP02-S-2013-000075
ASUNTO : LP02-S-2013-000075

AUTO DECRETANDO LA NULIDAD DEL ACTA DE IMPUTACION

En fecha 10/07/2013 se recibió declinatoria de competencia del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 04 de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la causa penal signada bajo la nomenclatura Nº LP01-P-2011-011265, en donde funge como imputado el ciudadano: JEAN JAQUE RYCKAERT, recaída en este Tribunal Primero en funciones de Juicio, con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, bajo la nomenclatura LP02-S-2013-000075 esta juzgadora procede a decretar de Oficio la nulidad absoluta del acta de imputación y como consecuencia de ello, los actos subsiguientes, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal, conforme a las siguientes consideraciones:

Visto el pronunciamiento emitido por la Corte de Apelaciones del Estado Mérida, en fecha 23-08-2013 mediante la cual declaro Sin Lugar la inhibición planteada por esta juzgadora, se observa que obra a los folios 124 al 127, acta de imputación de hechos realizado en fecha 11/10/2011, por la Fiscalia Vigésima del Ministerio Público de esta entidad Federal, contra el ciudadano JEAN JAQUE RYCKAERT, plenamente identificado en autos, en virtud de las denuncia formulada en fecha 18/03/2011 por las ciudadana Yamile Margarita Jiménez Altamiranda; precalificó la representación fiscal el delito de Violencia Física Agravada, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana Yamile Margarita Jiménez Altamiranda, informando que reposan como diligencias que conforman el expediente fiscal: 1.- Denuncia de fecha 11/03/2011, interpuesta por la ciudadana Yamile Margarita Jiménez Altamiranda, ante la Fiscalia Superior del Estado Mérida; 2.- Acta de Imposición de medidas de protección y seguridad impuestas al agresor, de fecha 25/03/2011; 3.- Escrito interpuesto por la víctima de fecha 25/03/2011, en el cual manifiesta el desacuerdo con las medidas interpuestas por ese Despacho Fiscal; 4.- Reconocimiento médico legal Nº 9700-154-0583, de fecha 15/03/2011, suscrita por el experto profesional Dr. Arcadio Payares, realizado a la víctima; 5.- Acta de audiencia de fecha 07/04/2011, rendida por la ciudadana Yamile Margarita Jiménez Altamiranda; 6.- Acta Policial de fecha 07/04/2011, suscrita por los funcionarios Sgto 2do 182 Albarran Misael y los Agentes (PM) 810 Vera Jairo, adscrito a la Estación de Seguridad Policial Nº 19, Tabay ; 7.- Acta de entrevista de fecha 07/04/2011, rendida por la ciudadana Yamile Jiménez Altamiranda; 8.- Escrito mediante de fecha 08/04/2011 interpuesto por la ciudadana Yamile Jiménez Altamiranda; 9.- Acta Policial de fecha 11/04/2011, suscrita por el sub inspector (PM) Reinoza Estaper Carlos; 10.- Escrito interpuesto por la víctima Yamile Jiménez Altamiranda; 11.- Escrito interpuesto por la victima, ciudadana Yamile Jiménez Altamiranda de fecha 16/05/2011, en el cual manifiesta que continua las agresiones por parte del ciudadano Jean Jaque Ryckaert; 12.- Acta de entrevista de fecha 25/07/2011, rendida por el ciudadano Ferry De Jesús Pastor Pacheco; 13.- Acta de entrevista de fecha 16 de agosto de 2011, rendida por el ciudadano José Luís Mosquera Rondon; 14.- Experticia Psiquiatrica Nº 9700-154-P-1085 de fecha 09/09/2011, realizada por el Dr. Piñero, adscrito a la Medicatura Forense del estado Mérida, a la victima ciudadana Yamile Jiménez Altamiranda; 15.- Experticia Psiquiatrica Nº 9700-154-P-1096, de fecha 13/09/2011 realizada por el Dr. Piñero , adscrito a la Medicatura Forense del estado Mérida, al imputado ciudadano Jean Jaque Ryckaert; 16.- Acta de Investigación Penal, de fecha 05/10/2011, realizada por la Sub Inspectora Yeny Albornoz adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, sub. Delegación Mérida; 17.- Inspección Técnica de fecha 05/10/2011, realizada de fecha 05/10/2011, realizada por la Sub Inspectora Yeny Albornoz y Agente de Investigación Yoly Pabon adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, sub. Delegación Mérida 18.- Acta de Entrevista Penal de fecha 0610/2011, realizada al ciudadano José Luís Mosquera Rondon; 19.- Acta de Entrevista Penal de fecha 07/10/2011, realizada al ciudadano Alfonzo Descamps Beatriz Maria Margarita.

Ahora bien, observa el Tribunal que para la resolución del asunto planteado de oficio, conviene precisar qué debe entenderse por acto de imputación formal de investigado. Al efecto, el acto de imputación o instructiva de cargos como se le conoce en doctrina, implica necesariamente la notificación directa y personal de los cargos fiscales existentes, a la persona que está siendo sometida a investigación penal, es decir, que tiene la condición de investigado solamente hasta ese momento. Tal acto es realizado por el director de la investigación penal, sin que pueda ser delegada tal imputación en funcionario distinto al antes señalado. Tan importante acto se produce (y debe producirse) únicamente dentro de la fase de investigación, como es obvio, para que la persona investigada y/o su defensor cuenten con la oportunidad de ejercer a plenitud la defensa material y/o técnica del caso, solicitando las diligencias de investigación que estimen pertinentes o haciendo las solicitudes en general, que a bien tengan hacer, durante esa fase del proceso penal, lo que aplica por igual al proceso penal ordinario, como a todo aquel otro de carácter especial, como es el caso de autos.

En cuanto a la función instrumental del acto de imputación, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha precisado que mediante dicho acto “se informa al imputado de manera clara y precisa de los hechos que se le atribuyen, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo. Así como las disposiciones legales aplicables al caso…” (Sentencia N° 226 del 23 de mayo de 2006).

También estableció la Sala en el referido fallo que,

“el acto de imputación formal en el proceso penal venezolano no está definido en el Código Orgánico Procesal Penal, no obstante, dicho acto emerge de un sistema de derechos constitucionales y garantías procesales interrelacionadas entre sí… artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela… “Toda persona tiene el derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se investiga; acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…”; la presunción de inocencia contenido (sic) en el numeral 2; y el derecho a ser oída en cualquier clase de proceso comprendido en el numeral 3 del mismo artículo y el derecho a no confesarse culpable o declarar contra sí misma incluido en el numeral 5. De igual forma se desprenden del Código Orgánico Procesal Penal lo sucesivo: el respeto a la dignidad humana contenido en el artículo 10; el principio de contradicción incluido en el artículo 18; el principio de buena fe de las partes en el artículo 102; derechos del imputado ubicado en el artículo 125; el derecho a declarar durante la investigación contenido en el artículo 130; la advertencia preliminar para la declaración del imputado comprendido en el artículo 131; la garantía de que el acto de imputación y declaración del imputado conste en un acta en el artículo 133; el nombramiento de un defensor y su juramentación incluido en el artículo 137; y por último la congruencia entre la sentencia y la acusación contenida en el 363, como garantía que el proceso penal iniciado en contra de un ciudadano que fue previamente imputado en la fase de investigación culminará con una sentencia congruente con aquella imputación y la acusación”… y por ello el acto de imputación formal es considerado formalidad esencial e irrenunciable en el proceso penal venezolano.” (Negrillas del Tribunal).

Con sujeción a la doctrina jurisprudencial transcrita y de la atenta revisión se evidencia que el representante de la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público no refrendó o convalidó con su rubrica el acta formal de imputación de la persona investigada en la presente causa (Jean Jaque Ryckaert); y se trata, pues, como se colige sin mayor esfuerzo, de un acto que corresponde única y exclusivamente al Fiscal del Ministerio Público, de obligatorio cumplimiento para el referido funcionario; pues con el acto formal de imputación se le atribuye a una persona la comisión de delito determinado, y por tanto su existencia y validez depende de la suscripción de los participes del acto y/o de la constancia de su no firma.

Así las cosas, considera necesario esta juzgadora, recordar el contenido del artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece, entre otras cosas lo siguiente:

“Artículo 179: Cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate de casos, de convalidación, el Juez o Jueza deberá declarar su nulidad por auto razonado o señalará expresamente la nulidad en la resolución respectiva de oficio o a petición de parte...”. solo podrán anularse las actuaciones fiscales o diligencias judiciales del procedimiento que ocasionaren a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaratoria de nulidad…”. (subrayado propio del tribunal).

Al carecer de firma el acta de imputación, por el órgano rector de la fase investigativa y titular de la acción penal como lo es la Representación Fiscal, considera este tribunal que no se le puede otorgar valor jurídico-penal alguno, pues el mismo se encuentra viciado, y estando el presente caso en fase de juicio, mal pudiese éste Juzgado celebrar audiencia oral y pública, pues, no se puede determinar como saneable el vicio a que se contrae la falta de firma en el acta de imputación formal, por parte de la representación fiscal por cuanto se trata de violación a los derechos fundamentales, que en ningún momento pueden ser calificados como “meros formalismos“, ya que se trata precisamente del irrespeto no solo de normas constitucionales sino también de principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico y que son la columna vertebral del Estado venezolano.

Es necesario destacar, el contenido del artículo 132 de la citada norma; el cual señala: “El imputado o imputada declarara ante el funcionario o funcionaria del Ministerio Público encargado o encargada de ella, cuando comparezca espontáneamente y así lo pida, o cuando sea citado por el Ministerio Público”.

De la norma transcrita se determina que la instructiva de cargos, es exclusiva de la fase investigativa la cual es dirigida por la representación fiscal, y para que sea incorporada en el proceso de manera licita, es necesario que cumpla con todas las formalidades de ley, una de ellas es la debida suscripción por parte de las personas que asistieron a dicho acto, pues a través de su rubrica convalidan el contenido y la realización del mismo; y la carencia de alguna de ellas vicia la actuación de nulidad.

En el caso de marras, como ya se dijo, no quedó refrendado por el órgano rector (ministerio público), creando una inseguridad jurídica en el proceso, la cual no puede convalidar este tribunal; pues de hacerlo se verían afectadas garantías procesales, trascendiendo a la violación del derecho de una de las partes, rompiendo la estructura básica del proceso, específicamente las contenidas en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir lesionaría el Debido Proceso, la Tutela Judicial Efectiva y Finalidad del Proceso, ya que se configura un vicio procedimental que afectó al Imputado como sujeto procesal, cuya violación hace necesario anular el acta de imputación realizada por el representante fiscal en la presente causa en contra del ciudadano Jean Jaque Ryckaert, pues dicha acta con la omisión antes señalada, se erige en un acto viciado de nulidad absoluta, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual expresa:

“Artículo 175: Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, en los casos y formas que éste Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela”.

Coetáneamente y conforme a lo dispuesto en el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal, debe advertir quien decide, que los actos de investigación efectuados conservan su vigencia, pues siendo anteriores al acta de imputación, la nulidad de esta, no comprende las diligencias de investigación efectuadas.

En tal virtud y por fuerza de la presente declaratoria de nulidad es dable la reposición de la causa al estado de que el Ministerio Público proceda a la formal imputación del investigado de autos y dé conclusión a la referida fase, mediante la presentación del acto conclusivo que estime pertinente, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, como director de la fase preparatoria y titular de la acción penal en los delitos perseguibles de oficio.

La nulidad que acá se declara tiene como fundamento adicional la necesidad de preservar la seguridad jurídica en la actuación de las partes, lo que implica cuando menos, la debida suscripción de las actuaciones escritas que emanan de las partes; máxime cuando una de ellas –como en el caso del Ministerio Público- representa los intereses de la colectividad y ejerce actos de persecución dentro del proceso penal. Aparte de ello, la nulidad acá resuelta de oficio, persigue precaver posteriores nulidades que afecten la celeridad del proceso y la tutela judicial eficaz –artículo 26 constitucional- en protección además, de la buena marcha del proceso.

Como corolario de los razonamientos antes expuestos, éste Juzgado de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Mérida administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Anula el Acta de Imputación de fecha 11/10/2011 realizada por la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público en contra del ciudadano JEAN JAQUE RYCKAERT en la presente causa, obrante a los folios 124 al 127. SEGUNDO: Repone la causa al estado de que el Ministerio Público realice nuevamente el acto de imputación formal del ciudadano JEAN JAQUE RYCKAERT, cumpliendo con todas las formalidades y concluya la fase de investigación. TERCERO: Remítase la causa al despacho fiscal de procedencia en su oportunidad. La presente decisión tiene fundamento legal en los artículos 25 y 49 Constitucional; 12, 64, 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a todas las partes. Remítase lo ordenado. Cúmplase.

LA JUEZA DE JUICIO

ABG. YEGNIN TORRES ROSARIO

EL SECRETARIO;

ABG. LIZANDRO VALERO QUINTERO

En fecha____________se cumplió con lo ordenado mediante boletas de notificación N°________________________, y en fecha____________se libro oficio N°__________________.

conste. Srio.-