TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA

204° y 155º

I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

EXPEDIENTE Nº: 10.606

PARTE ACTORA: BENITO ANTONIO MORENO GALLARDO, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad número V-2.301.110, domiciliado en Mérida, estado Mérida y civilmente hábil.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abg. RÓMULO FIDEL MORALES BAUDINO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-5.720.772, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 35.259, domiciliado en Mérida estado Mérida y jurídicamente hábil.
PARTE DEMANDADA: PETRA CELESTINA CARABALLO, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad número V-2.931.350, de este domicilio y civilmente hábil.

MOTIVO: DIVORCIO ORDINARIO.
II

RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

En fecha 01 de octubre de 2.013, correspondió por distribución demanda de DIVORCIO ORDINARIO, que obra a los folios 01 y 02 del presente expediente, interpuesta por el abogado en ejercicio RÓMULO FIDEL MORALES BAUDINO, antes identificado, en su condición de apoderado judicial del ciudadano BENITO ANTONIO MORENO GALLARDO, supra identificado, en contra de la ciudadana PETRA CELESTINA CARABALLO, ya identificada.
El día 01 de octubre de 2.013, se recibió la demanda del Órgano Distribuidor, constante de dos (02) folios útiles y ocho (08) anexos en trece (13) folios, y fue admitida por auto de fecha 01 de octubre de 2.013 (folios 17, 18 y sus vueltos). Este auto que dio inicio al trámite procesal emplazó a ambos cónyuges para que comparecieran personalmente acompañados o no de dos parientes o amigos, el cuadragésimo sexto día siguiente a aquel en que conste en autos la citación de la demandada, a fin de que tenga lugar el primer acto conciliatorio del proceso.
En el mismo auto de admisión, para la emisión de los recaudos de citación de la demandada y de notificación a la Fiscal de Familia del Ministerio Público del Estado Mérida, se exhortó a la parte actora para que sufragara ante el órgano del Alguacil los emolumentos necesarios para la reproducción fotostática del libelo, hecho lo cual lo debería acreditar mediante diligencia.
III

MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

Tal y como se indicó anteriormente, desde la fecha de admisión de la demanda de DIVORCIO ORDINARIO, interpuesta por el abogado en ejercicio RÓMULO FIDEL MORALES BAUDINO, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano BENITO ANTONIO MORENO GALLARDO, parte actora, contra la ciudadana PETRA CELESTINA CARABALLO, esto es, desde el día 01 de octubre de 2.013, hasta el día de hoy, 22 de abril de 2.014, la representación judicial de la parte actora, no actúo en el presente expediente; pues no consta gestión alguna de su parte para impulsar la citación de la demandada de autos, antes que transcurriera el tiempo exigido en la ley para lograr la citación de la parte demandada.
Por otra parte, de un simple vistazo que se haga al almanaque judicial llevado en este despacho durante los años 2.013 y 2.014, es posible constatar que desde el día 01 de octubre de 2.013 ---fecha de la admisión de la demanda cabeza de autos--- hasta el día 23 de abril de 2.014, fecha en que se dicta el presente fallo, ha transcurrido con creces el tiempo ---de 30 días--- estipulado en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, máxime cuando del cómputo que antecede a la presente decisión, ordenado con esta misma fecha (folio 22) se constató que desde el día 01 de octubre de 2.013, exclusive, fecha en que este Tribunal admitió la demanda cabeza de autos [ver folio 17 su vuelto y 18], hasta el día 23 de abril de 2.014, inclusive, fecha en que se dicta el presente fallo, transcurrieron en este Tribunal CIENTO SESENTA Y UN DÍAS CONTINUOS; por lo que, se encuentra consumada la perención de la instancia, y estarían configurados los supuestos legales para su declaratoria. Siendo ello así, es oportuno hacer las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se consagró la gratuidad, como principio rector de la justicia, al señalar en el artículo 26, lo siguiente:
“Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” [Cursivas y negritas puestas por el Tribunal].
De modo que, partiendo de esta nueva visión de la justicia, la doctrina había considerado y llegó a plantear formalmente que no había lugar a la perención breve por incumplimiento de las obligaciones [cargas pecuniarias] que impone la Ley al demandante para la citación del demandado en el lapso de treinta [30] días continuos, contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o de su reforma, como hasta ahora está establecido en el ordinal 1° del artículo 267 del Código Adjetivo.
Así, esa tesis se vio materializada por las tendencias jurisprudenciales, desarrolladas a la luz de las novedosas garantías y orientaciones constitucionales, edificaron una nueva concepción de la justicia que relevaba al demandante de sus cargas tradicionales y dejaba en manos del Estado la obligación de impulsar el proceso en todas sus etapas y grados hasta su definitiva conclusión, que incitaba prácticamente a la no aplicabilidad de la norma in comento.
SEGUNDA: Empero, mediante sentencias Nros. 00537 y 01324, de fechas seis [06] de julio y quince [15] de noviembre del año 2004, respectivamente, ambas proferidas por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo ponente fue el Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, quedó modificado el criterio con respecto a la desaplicación del ordinal 1° de la citada norma, expresando lo siguiente:
…Omisis…
“(Sic)… Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley, a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. (…)”. [Cursivas de este Tribunal].
De acuerdo a la jurisprudencia parcialmente transcrita, vuelven a recaer en cabeza del demandante las obligaciones relacionadas con la indicación de la dirección del lugar donde se encuentra el domicilio del demandado, o su negocio, morada u oficina, así como el suministro de las expensas necesarias para la reproducción fotostática del libelo y/o su reforma, además de los gastos económicos implícitos al traslado del Alguacil del Tribunal para hacer efectiva la citación, cuando el lugar donde éste se encuentre diste a más de 500 metros de la sede donde funciona el Tribunal, siendo obligatorio igualmente para el Alguacil dejar constancia en el expediente, que la parte accionante le proporcionó lo exigido en la ley a fin de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la materialización de la citación.
TERCERA: De forma tal que, aunque la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, sí quedaron con plena aplicación las contenidas en el artículo 12 de la precitada ley, obligaciones estas que deben ser satisfechas estricta y oportunamente por los accionantes de la tutela jurídica del Estado dentro de los treinta días calendarios siguientes a la admisión de la demanda o su reforma, en orden a lo pautado en el artículo 267, ordinal 1° del Código de Trámite; pues de otro modo, su omisión o incumplimiento, acarreará la extinción de la instancia por efecto de la perención breve.
CUARTA: Debe partirse, para arribar a la conclusión que se pretende, que la institución de la perención de la instancia, comporta la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso. Por lo tanto, tomando en cuenta que el interés procesal se expresa en la pretensión inicial del actor que plasma en su demanda y requiere subsistir en el curso del proceso, resulta concluyente que la inactividad que denota desinterés procesal se manifiesta precisamente por la falta de interés en intervenir e impulsar el proceso hasta su fin, por lo que se presume que la persona que ha accionado realmente no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al Tribunal a tal fin. Y tal falta de interés y diligencia es sancionable con la perención de la instancia como lo indica la norma tantas veces aludida, perención que puede declararse de oficio y no pueden renunciarla las partes, según lo expresa el artículo 269 del mismo Código:
“Artículo 269.-La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” [Cursivas del Tribunal].
De acuerdo a la citada disposición legal adjetiva, la perención de la instancia se verifica ope legis, al discurrir el tiempo dispuesto por el legislador [los treinta (30) días o el año] de inactividad procesal, por circunstancias atribuibles a las partes. Cuando el Juez la declara, se entiende que los efectos de la perención operan desde que se cumplió la paralización, esto es, se retrotrae, al momento en que el plazo de la perención quedó cumplido, y los efectos de los actos procesales realizados por las partes, después de cumplidos los treinta [30] días continuos o el año, tiempo que dispone la ley, de ninguna manera van a significar convalidación o subsanación de la perención.
CONCLUSIONES PERTINENTES. Con fundamento en las motivaciones que anteceden y con miras a mantener la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, este Tribunal se adhiere al criterio Jurisprudencial señalado y lo hace suyo para aplicarlo al caso sub iudice por considerar que, habiéndose admitido la demanda de divorcio ordinario, el día 01 de octubre de 2.013, la parte actora no cumplió con sus cargas de orden económico, dentro del lapso perentorio de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, relacionadas con la citación de la parte demandada en el proceso, y es constatable que de las actas del presente expediente no emerge ninguna evidencia del cumplimiento de la obligación de la parte actora de impulsar el proceso, verificándose entonces, que desde el día 01 de octubre de 2.013, es decir, desde que se admitió la demanda, y hasta el día de hoy 23 de abril de 2.014, fecha en que se dicta el presente fallo, discurrieron más de 30 días de despacho, y por ende, sobradamente los 30 días continuos, exigidos por nuestro legislador; motivo este suficiente para que este jurisdicente infiera que se ha producido el efecto previsto en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como es la extinción de la instancia, por haber transcurrido los treinta (30) días continuos, que le impone la ley a la parte actora, para promover la citación en el juicio, por lo que este Tribunal, en virtud de la omisión o incumplimiento de la carga procesal de la parte accionante, debe, indefectiblemente, declarar la perención de la instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial adminiculado con el ordinal primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO, fue incoado por el abogado RÓMULO FIDEL MORALES BAUDINO, apoderado judicial de la parte actora ciudadano BENITO ANTONIO MORENO GALLARDO, en contra de la ciudadana PETRA CELESTINA, todos ut supra identificados, y así será lo decidido.
IV
DISPOSITIVA

En mérito a las consideraciones que anteceden, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DICTA SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA en los términos siguientes:

PRIMERO: DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el juicio de DIVORCIO ORDINARIO, seguido por el abogado en ejercicio RÓMULO FIDEL MORALES BAUDINO, en su condición de apoderado judicial del ciudadano BENITO ANTONIO MORENO GALLARDO, en contra de la ciudadana PETRA CELESTINA CARABALLO, todos ut supra identificados, de conformidad con el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO: Notifíquese a la actora de la presente decisión en su domicilio procesal, todo conforme a lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, haciéndole saber que el lapso para que interponga el recurso que considere pertinente, contra la presente decisión comenzará a correr una vez que conste en autos su notificación. Ahora bien, como quiera que de la actuación que cursa al folio 02 del presente expediente, se evidencia que allí la parte actora, señaló su domicilio procesal, esto es, “Barrio Campo de Oro, Calle 3, Casa Nº 5-1, Parte Alta, Parroquia Domingo Peña, punto de referencia entrando por la Avenida 16 de septiembre, donde se ubica Blindados Zulia u Escuela 5 de Julio”, líbrese la respectiva boleta con las inserciones pertinentes, y entréguese al Alguacil de este Tribunal para que la haga efectiva, en la dirección indicada por la parte actora, como su domicilio procesal, de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 174 eiusdem. Líbrese boleta.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil y dada la naturaleza del fallo, NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS.-

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.

Déjese copia de esta sentencia en el archivo del Tribunal de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2.014).

LA JUEZA TEMPORAL,

Abg. MILAGROS FUENMAYOR GALLO.
LA…
…SECRETARIA TITULAR,

SULAY QUINTERO QUINTERO.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las tres de la tarde. Igualmente, se libró boleta de notificación a la parte actora y para su efectividad se entregó al Alguacil de este Tribunal. Conste,

LA SECRETARIA TITULAR,

SULAY QUINTERO QUINTERO.

MFG/SQQ/dsf.-