REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA TRIBUNAL 1° DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIP IOS ALBERTO ADRIANI, ANDRES BELLO, OBISPO JUAN RAMOS DE LORA Y CARACCIOLO PARRA OLMEDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA EXTENSION EL VIGIA El Vigía, 10 de abril de 2.014.-. 203º y 155° Se inicia el presente juicio seguido por el abogado Gonmar Gonzalo Pérez Mendoza, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.505.764, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 83.721, actuando como apoderado judicial de la empresa Seventeen Collection C. A., contra los ciudadanos Víctor Manuel Rincones y Jesuína Matute, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.860.736 y V-12.193.534, por Cobro de Bolívares Vía Intimatoria. Mediante auto de fecha 10 de marzo de 2011, se admitió la presente demanda y se anotó su entrada bajo el Nº 2334-11. Se libraron recaudos de intimación a la parte demandada y se decretó medida de embargo y se formó cuaderno. Mediante diligencia de fecha 1º de abril de 2011, el abogado Gonmar Pérez, con el carácter acreditado en autos, (folio 47) consigna los emolumentos para que el Alguacil para la elaboración de los fotostátos para la intimación del demandado. A los folios 48 al 59 obran insertas actuaciones relacionadas con la intimación de los demandados Víctor Manuel Rincones y Jesuína Matute, remitidas por el Juzgado Tercero del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a quien se comisionó para la práctica de las intimaciones, por cuanto la parte actora no impulsó el cumplimiento de la misma. Ahora bien, observa este Tribunal que desde la última actuación de la parte actora, que obra al folio 47 de fecha 1º de abril de 2011, del presente expediente, no ha habido ninguna otra actividad procesal, por lo que, se hace necesario analizar si ha procedido la perención o no de la instancia. Ante tal situación, resulta necesario para este Tribunal advertir el efecto que causa la inactividad procesal de las partes frente al normal desenvolvimiento del proceso, ya que para declararse la Perención se requiere que la paralización de la causa que le sirve de origen, deba contarse a partir del último acto de procedimiento, sin que para ello deba interpretarse interrumpida la inactividad de la causa, por actos procesales realizados por el Juez para la tramitación de la misma. Son las partes las que tienen la obligación de impulsar el aparato jurisdiccional para que sean tutelados sus derechos, y son precisamente tales actos (diligencias y escritos consignados por las partes o terceros intervinientes en el proceso), los que efectivamente interrumpen la actividad procesal de la causa. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un (01) año, sin haberse efectuado ningún acto de procedimiento por las partes…” En regla general en materia de perención, la Sala de Casación Civil en su sentencia Nº 211 de fecha 21 de junio del 2000, ha expresado: “La regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las parte hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la Perención y se verifica de derecho y puede declararse de Oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil”… Ahora bien, siendo la perención un modo de extinguir la relación procesal, se puede afirmar que esta es de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden publico. Para su declaratoria, basta que se produzcan dos condiciones: la falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes y por otro lado, la paralización de la causa por el transcurso de un (01) año, una vez efectuada el último acto de procedimiento, entendiéndose, además que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución. Tenemos en el presente caso la falta de interés del accionante de impulsar la presente causa por cuanto desde el día 1º de abril de 2011, hasta la presente fecha, han transcurrido TRES (3) AÑOS y NUEVE (9) DIAS, sin que haya instado la intimación de la parte demandada y demás actos para la continuación que el proceso requiere, de manera tal, que encuadra dentro de lo que preceptúa lo establecido en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 267, por cuanto no se ha ejecutado ningún acto de procedimiento durante ese lapso, aunado al hecho de que tampoco consta que se haya ejecutado la medida de embargo decretada sobre bienes muebles e inmuebles propiedad del demandado, habiéndose recibido del Tribunal comisionado el respectivo cuaderno por cuanto la parte actora no impulsó la práctica de la medida de embargo. Cabe destacar como ha sido señalado en diferentes oportunidades por Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que el fin último de todo proceso es la resolución de una determinada controversia conforme a derecho; por cuanto el estado en todo momento deberá estar obligado a impartir justicia, so pena de incurrir en responsabilidad. Sin embargo existen casos en los que el acto final del proceso no contiene un pronunciamiento respecto al fondo o reclamación subjetiva presentada por las partes y más bien, responde a una situación formal que desemboca en una terminación anormal del proceso y debe por tanto el órgano jurisdiccional, tal y como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, una vez verificada la inactividad de las partes, declarar la perención de oficio, todo lo cual resalta su carácter imperativo. En consecuencia y en atención a lo antes señalado, resulta evidente que al haber transcurrido el lapso establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, debe este Tribunal declarar consumada la PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el presente juicio seguido por el abogado Gonmar Gonzalo Pérez Mendoza, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.505.764, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 83.721, actuando como apoderado judicial de la empresa Seventeen Collection C. A., contra los ciudadanos Víctor Manuel Rincones y Jesuína Matute, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.860.736 y V-12.193.534, por Cobro de Bolívares Vía Intimatoria. Así se decide. Notifíquese a la parte demandante, para ponerlo en conocimiento que en el día de Despacho siguiente al día en que conste agregada su notificación, en este expediente, comenzará a transcurrir el lapso para que ejerza el recurso de apelación en contra de la presente decisión y para la práctica de la misma se comisiona amplia y suficientemente al Juzgado Distribuidor del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a quien se acuerda remitir con oficio la respectiva boleta de notificación, concediéndosele al demandante tres (3) días como término de la distancia. Líbrese la correspondiente boleta de notificación. DADO, SELLADO, FIRMADO Y REFRENDADO EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS ALBERTO ADRIANI, ANDRES BELLO, OBISPO RAMOS DE LORA Y CARACCIOLO PARRA OLMEDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA. El Vigía, diez (10) de abril de dos mil catorce (2.014). AÑOS 203° DE LA INDEPENDENCIA Y 155° DE LA FEDERACION. LA JUEZ, ABG. CARMEN E. RINCON RUBIO LA SECRETARIA, Abg. DAIREE J. MARIN RANGEL En la misma fecha se boleta de notificación y se remitió con oficio Nº 5.838 al Juzgado comisionado. LA SECRETARIA ABG. DAIREE J. MARIN RANGEL Exp. Nº 2334-11.- CERR/afdem.