TSJ Regiones - Decisión

Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la
Circunscripción Judicial del estado Mérida
204º y 155º
Exp. Nº LE41-G-2011-000034

Mediante escrito presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, en fecha 15 de marzo de 2006, por los abogados CARLOS CASTRO BAUZA y BRUNILDA CAROLINA MARÍN BAUZA, titulares de las cédulas de identidad Nº V- 10.067.709 y 10.938.3144, en su orden, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nº 52.985 y Nº 50.218, respectivamente, actuando con el carácter de coapoderados judiciales de la ciudadana FABIOLA NATACHA LOPEZ MARÍN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.104.700, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial contra la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA), por la nulidad de la decisión dictada el día 23 de noviembre de 2005, por el Consejo de Apelaciones de la Universidad de Los Andes, por auto de fecha 21 de marzo de 2006, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación de esa Corte para los fines legales consiguientes, sustanciado el expediente la referida Corte a través de sentencia interlocutoria de fecha 23 de marzo de 2010, se declaró incompetente en razón de la materia para conocer de la demanda, posteriormente en vista de la declinatoria de competencia y una vez firme la sentencia se ordena remitir el expediente al entonces Juzgado Superior en lo Civil y lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, con sede en Barinas, estado Barinas, quien es competente para decidir la causa, siendo recibida la misma en fecha 19 de septiembre de 2011, y así mismo se le dio ingreso al expediente quedando anotado bajo el Nº 8596-2011.

El 14 de marzo de 2014, se inauguró el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, a cargo de la abogada Moralba del Valle Herrera, quien fue designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en sesión de fecha 18 de noviembre de 2013, en virtud de la creación de dicho tribunal según resolución Nº 2013-0019 de sala plena de fecha 03-07-2013, como Juez Provisoria del aludido Tribunal, en virtud de lo cual se remitió el presente asunto a este Órgano Jurisdiccional, quien se abocó al conocimiento del expediente el 09 de Abril de 2014, quedando signado bajo la nomenclatura Nº LE41-G-2011-000034, dejando transcurrir el lapso de tres (3) días de despacho a que se contrae el artículo 90 del código de procedimiento civil para que las partes ejerzan o no el recurso correspondiente.

Realizado el estudio de las actas procesales, corresponde a este Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano Mérida el pronunciamiento correspondiente, sobre la base de las siguientes consideraciones:

I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL
Mediante escrito presentando en fecha 15 de marzo de 2009, los abogados CARLOS CASTRO BAUZA y BRUNILDA CAROLINA MARÍN BAUZA, actuando con el carácter de coapoderados judiciales de la ciudadana FABIOLA NATACHA LOPEZ MARÍN, identificados en autos, presentaron escrito libelar y sus anexos, con base a los siguientes alegatos:
Argumentó que en fecha 6 de diciembre de 1995, el entonces ciudadano Rector de la Universidad de Los Andes (ULA), en la persona del Dr. Miguel Rodríguez V. “fundamentado en la Resolución del Consejo Universitario de fecha 15/11/1995” (sic) le otorgó a la ciudadana querellante “beca para seguir estudios de Administración de Empresas con la finalidad de que obtuviera el Título de Doctor en la Universidad de Barcelona España”, (sic).
Arguyó que en fecha 08 de abril de 2003, a la ciudadana profesora Fabiola Natacha López Marín se le concedió por la misma Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la universidad querellada, un permiso no remunerado por el lapso de un (1) año comprendido desde el 01 de septiembre de 2003, hasta el 01 septiembre de 2004 (sic). Asimismo agregó que tal permiso no remunerado fue reducido por el Consejo Universitario, a un lapso de seis (6) meses contados a partir del 01 de septiembre de 2003 al 01 de marzo de 2004 (sic) y posteriormente en fecha 02 de diciembre de 2003, la misma Universidad de Los Andes le prorrogó dicho permiso no remunerado por seis (6) meses mas, que se vencieron el 31 de agosto de 2004, (sic).

Alegó que vencido el permiso no remunerado en fecha 01 de septiembre de 2004, la Universidad recurrida se encontraba en receso de docentes hasta el día 6 de septiembre de ese mismo año y antes de vencerse el tiempo del permiso no remunerado, la recurrente informó en fecha 12 de julio de 2004, por vía telefónica desde la ciudad de Barcelona, España, al departamento de Administración de Empresas, “su intención de renunciar a partir del mes de Septiembre del mismo año a su cargo de Profesora Universitaria en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes”, igualmente arguyó que el día 10 de septiembre de 2004 fue recibida por el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el escrito contentivo de renuncia al cargo de Profesora en la referida Universidad por razones familiares y personales señaladas en el mencionado oficio.

Señaló que en el escrito contentivo del Recurso Jerárquico interpuesto ante el consejo de Apelaciones de la Universidad de Los Andes se señaló como defensas de fondo, que la “renuncia al cargo de profesora por [su] mandante a disposición del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la expresada Universidad el día 10 de Septiembre del año 2004 constituía un derecho establecido tanto en los artículos: 87, 88, 93 de la Constitución Bolivariana de Venezuela cuya violación por parte de la Universidad hacía que el acto violatorio de tal fuese nulo y sin efecto alguno, como en los artículos 31, 98 y 100 de la ley Orgánica del Trabajo en donde la renuncia como medio de extinción unilateral de la relación de trabajo, no estaba ni esta prevista como motivo o causa legal de sanción alguna por el artículo 110 de la Ley de Universidades,(…)” (corchetes de este Juzgado Superior).
Manifestó que alegó y probó como defensa de fondo, la incompetencia del consejo de la facultad antes mencionada, para conocer del presente caso en virtud de que la profesora Fabiola Natacha López Marín se encontraba amparada, a su decir, por una situación jurídica excepcional derivada del contrato de beca que la relevaba transitoriamente del ordenamiento universitario en general al cual estaría sometida en primer lugar, si no existiera tal contrato en su relación con la Universidad de los Andes y de que, el conocimiento sobre la no continuación en la ejecución de dicho contrato era competencia exclusiva del Consejo Universitario de conformidad con el texto mismo del contrato de beca y a lo establecido en el articulo 77 ordinales 8, 9 y 10 del Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la mencionada casa de estudios.
Concluyó que por las razonas expuestas es por lo que acudió ante el Órgano Jurisdiccional para demandar por “la violación por parte del Consejo de Apelaciones de los artículos 9 y 18 numeral 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como los Artículos 110 en sus numerales 6 y 7; y 111 de la Ley de Universidades en concatenación con lo establecido en el artículo 242 ordinales 4º y 5º del Código de Procedimiento Civil por extensión, por la demostrada nulidad de la decisión impugnada emanada del Consejo de Apelaciones de la Universidad de los Andes de fecha 23 de Noviembre del 2005(…)”, de igual manera señalo que fue notificada por medio de su apoderada judicial en fecha 1º de diciembre de 2005, de la decisión del Consejo de Apelaciones de la mencionada universidad mediante la cual se ratificó la sanción de destitución del cargo de Profesora Asistente, adscrita al Departamento de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la cual a su decir es nula de nulidad absoluta por la violación de las disposiciones legales y constitucionales citadas, y solicitó que se ordene el pronunciamiento sobre su renuncia.
II
DE LA COMPETENCIA
Estando dentro del lapso para pronunciarse sobre su competencia, ésta Juez observa que la causa de marras se circunscribe a la Querella Funcionarial por la nulidad de la decisión dictada el día 23 de noviembre de 2005, por el Consejo de Apelaciones de la Universidad de Los Andes, interpuesta por los abogados CARLOS CASTRO BAUZA y BRUNILDA CAROLINA MARÍN BAUZA, titulares de las cédulas de identidad Nº V- 10.067.709 y 10.938.3144, en su orden, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nº 52.985 y Nº 50.218, respectivamente, actuando con el carácter de coapoderados judiciales de la ciudadana FABIOLA NATACHA LOPEZ MARÍN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.104.700, contra la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA).

Al respecto, el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dispone que los funcionarios “gozarán de los mismos beneficios contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo y en su Reglamento, en lo atinente de prestación de antigüedad y condiciones para su percepción”.

Así pues, el artículo 93 ejusdem, establece que son los tribunales competentes en materia contencioso administrativa, los que deben tramitar y decidir todas las controversias que se susciten por las reclamaciones que formulen los funcionarios públicos cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública, lo cual viene a ser confirmado por lo preceptuado en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, al señalar que los funcionarios públicos nacionales, estadales y municipales se regirán por las normas sobre la función pública en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad, jubilaciones, pensiones, régimen jurisdiccional; y los beneficios acordados por esta Ley en todo lo no previsto en aquellos ordenamientos. De allí que, por remisión expresa de la norma laboral sustantiva corresponde el conocimiento del presente asunto a este Tribunal, así se declara.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.
Declarada la competencia de este Juzgado Superior para entrar a conocer el caso de autos, y precisadas las anteriores consideraciones que sirven de fundamento a la parte querellante para ejercer el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, se observa del escrito libelar que se pretende obtener un pronunciamiento judicial sobre por la nulidad de la decisión dictada el día 23 de noviembre de 2005, por el Consejo de Apelaciones de la Universidad de Los Andes, mediante la cual se ratificó la sanción de destitución del cargo de Profesora Asistente, adscrita al Departamento de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a la ciudadana FABIOLA NATACHA LOPEZ MARÍN, Corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre la admisibilidad de la querella funcionarial interpuesta, respecto de lo cual observa.
En materia funcionarial el tiempo para intentar las reclamaciones de los funcionarios de los órganos o entes de la administración pública se encuentra sometido a lapso de caducidad y no de prescripción, como ocurre en el derecho privado.

Entre otras, la diferencia entre caducidad y prescripción es el lapso previsto para la primera, de acaecimiento fatal, no susceptible de interrupción. La prescripción se encuentra sujeta a diversas modalidades de interrupción, de conformidad con el Código Civil. La caducidad, es de orden público, a diferencia de la prescripción, y es causal de inadmisibilidad de la pretensión, declarada de oficio en cualquier estado de la causa.

Expresado el anterior señalamiento corresponde a este Tribunal analizar las circunstancias particulares de la presente querella. En este sentido, observa quien decide que de lo narrado en el escrito libelar, se deduce que la actuación que dio origen a la reclamación se produjo en fecha 23 de noviembre de 2005, oportunidad en la que se ratificó la decisión del Consejo de Apelaciones de la Universidad de Los Andes, mediante la cual se ordenó la destitución del cargo de Profesora Asistente, adscrita al Departamento de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, siendo notificada la querellante el día 1º de diciembre de 2005. En esa fecha se produce el supuesto hecho lesivo a sus derechos e intereses. De acuerdo a la nota de presentación estampada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, la querella fue interpuesta el 15 de marzo 2006, de lo cual se evidencia que transcurrió, entre la fecha del hecho que origina la querella y la interposición del recurso, tres (3) meses y catorce (14) días.
Así las cosas, tratándose el presente asunto de contenido funcionarial, cuya aplicación normativa e inmediata es la contenida en la Ley del Estatuto de la Función Pública, por ser ésta la encargada de regular todo lo relativo a la condición de funcionarios públicos, tanto en su aspecto sustantivo como adjetivo, salvo las excepciones que la misma Ley establece, es que sus disposiciones deben ser correctamente desarrolladas y aplicadas por los Órganos Jurisdiccionales a todas aquellas controversias que se originen en marco de esta especial materia; la anterior precisión se hace en razón de que observa este Juzgado Superior de la revisión del expediente que la ciudadana FABIOLA NATACHA LOPEZ MARÍN manifestó que la demanda tiene por finalidad obtener un pronunciamiento judicial sobre la nulidad de la decisión dictada el día 23 de noviembre de 2005, por el Consejo de Apelaciones de la Universidad de Los Andes, mediante la cual se ratificó su destitución del cargo de Profesora Asistente, adscrita al Departamento de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, debe este Órgano Jurisdiccional señalar que en el contencioso administrativo funcionarial existe un condicionamiento en el tiempo para ejercer determinada acción por disposición expresa del artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, norma ésta que es de obligatoria observancia, y que establece siguiente:
“Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro del lapso de tres meses contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto”.

Dicha norma está dirigida al Juez, quien en acatamiento de la Ley negará la admisión de la demanda, pues de lo contrario le estaría dando curso al proceso en contra de los presupuestos legales, lo cual no puede entenderse como una prohibición al ejercicio de la acción ni a la correspondiente tutela judicial efectiva, ya que la cuestión procesal consiste en exigir el cumplimiento de estos requisitos legales que permiten la tramitación y curso de acción o recurso interpuesto, pero en modo alguno implica un pronunciamiento sobre el mérito del asunto. Por interpretación en contrario, la inadmisibilidad de la pretensión se produce por la insatisfacción de esas exigencias que impiden la continuación del proceso, cuya implicación directa en el orden procesal lo estatuye como de orden público.

Contempla el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que el lapso de tres (3) meses, se computará a partir del día en que se produjo el hecho que da lugar a la interposición del recurso contencioso administrativo funcionarial, o desde que se produzca la notificación al interesado del acto administrativo correspondiente.

En este orden, es menester para este Tribual Superior señalar que ha sido criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que toda acción o reclamo que surja como consecuencia de una relación de empleo público no puede hacerse valer por disposiciones normativas ajenas a la especialidad de la materia y a la ley respectiva, ya que los lapsos procesales son materia de orden público; y ello supondría una violación al principio de legalidad y especialización que podría derivar en una situación de anarquía jurídica.

Por lo tanto, tal y como fuera señalado precedentemente, el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que toda acción que se ejerza con ocasión a la existencia de una relación de empleo público, sólo podrá ser ejercida válidamente dentro del lapso de tres (3) meses, contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a ello, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto; es por ello que la caducidad prevista en materia contencioso administrativa es un lapso que no admite interrupción ni suspensión, sino que el mismo transcurre fatalmente y cuyo vencimiento implica la extinción de la acción para ejercer el derecho que se pretende hacer valer y por ende, tal acción debe ser interpuesta antes de su vencimiento.

Es este sentido, es importante resaltar que la acción procesal es concebida como el medio por excelencia para acceder a los órganos jurisdiccionales cuando existe la necesidad de satisfacer ciertas pretensiones jurídicas; por lo tanto, si se entiende la acción como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho para lograr por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos.

Este especial derecho de la acción procesal está previsto y garantizado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses; sin embargo, a pesar de existir la garantía de acceso a la administración de justicia, en algunos casos la Ley somete a ciertas condiciones o requisitos previos, la tutela judicial de las pretensiones que los justiciables deseen resguardar, entre ellos, condicionamientos de admisibilidad y que por lo general constituyen requisitos legales de orden público.

En consecuencia, la caducidad es por disposición legal, una condición cuya verificación debe ser procesada por el Tribunal ante el cual se interpone el recurso y una vez constatada la operación de la misma, deberá ser declarada la consecuencia jurídica prevista en la Ley, todo ello en virtud de que el Estado necesita por razones de estabilidad y seguridad jurídica, que las actuaciones de la administración pública adquieran firmeza en un momento dado, y por ello impone al recurso que pueda intentarse una doble limitación, la legitimación activa y la caducidad, en estudio para el caso de autos.

Respecto a la institución de la caducidad en materia funcionarial, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia, mediante sentencia Nº 1643, de fecha 03 de octubre de 2006, precisó lo siguiente:
“Asimismo, debe indicarse que en materia contencioso-funcionarial, cuando el trabajador considera que la actuación de la Administración Pública lesiona sus derechos o intereses, puede proponer la acción ante el respectivo órgano jurisdiccional; acción ésta que, por tratarse de una materia especial, se le denomina querella. La interposición de esta querella es motivada por un ‘hecho’ –que no necesariamente consiste en la emanación de un acto administrativo-, que posiblemente perjudica la esfera jurídica del funcionario.
Este ‘hecho’ que ocasiona o motiva la interposición de la querella es el que debe tomarse en cuenta a los efectos del cómputo del lapso de caducidad, al cual hace referencia el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Entonces, para determinar la caducidad de una acción, siguiendo las pautas establecidas en la norma comentada, es necesario establecer, en primer término cuál es el hecho que dio lugar a la interposición de la querella; y, en segundo lugar, una vez determinado lo anterior, es imprescindible establecer cuando se produjo ese hecho”.

De tal manera, observando esta Juzgadora los anexos aportados así como también de lo señalado por el propio querellante, en el sentido de que la ciudadana FABIOLA NATACHA LOPEZ MARÍN, adujo que fue notificada por medio de su apoderada judicial en fecha 1º de diciembre de 2005, de la decisión del Consejo de Apelaciones de la mencionada universidad de fecha 23 de noviembre de 2005, mediante la cual se ratificó la sanción de destitución del cargo de Profesora Asistente, adscrita al Departamento de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Por ende, se constata la existencia de un hecho y fecha cierta a partir de los cuales se debe computar el lapso para la interposición del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, a saber en fecha 15 de marzo de 2006, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, por auto de fecha 21 de marzo de 2006, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación de esa Corte para los fines legales consiguientes, sustanciado el expediente la referida Corte a través de sentencia interlocutoria de fecha 23 de marzo de 2010, se declaró incompetente en razón de la materia para conocer de la demanda, posteriormente en vista de la declinatoria de competencia y una vez firme la sentencia se ordena remitir el expediente al entonces Juzgado Superior en lo Civil y lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, con sede en Barinas, estado Barinas, quien es competente para decidir la causa, siendo recibida la misma en fecha 19 de septiembre de 2011, y le dio ingreso al expediente quedando anotado bajo el Nº 8596-2011. En corolario a lo anterior, es a partir de la fecha de interposición del recurso, a saber el 15 de marzo de 2006, que se debe atender a lo previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, relativo al lapso de caducidad para interponer el recurso contencioso administrativo funcionarial.

Por lo tanto, se estima que al ser interpuesta la presente acción en fecha 15 de marzo de 2005, según se desprende del comprobante de recepción de asunto nuevo en Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, cursante al folio uno (1) del presente expediente, se constata que transcurrió con creces el lapso previsto para ejercer el recurso contencioso administrativo funcionarial; por lo que este Juzgado Superior debe imperativamente aplicar lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, en virtud de que transcurrieron más de tres (3) meses como se dejó establecido.

En consecuencia, visto que en el caso de autos se deduce la caducidad de la acción, resulta forzoso para quien aquí decide declarar INADMISIBLE el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y así se decide.

IV
DECISIÓN.
Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer y decidir el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de nulidad de acto administrativo, interpuesto por los abogados CARLOS CASTRO BAUZA y BRUNILDA CAROLINA MARÍN BAUZA, titulares de las cédulas de identidad Nº V- 10.067.709 y 10.938.3144, en su orden, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nº 52.985 y Nº 50.218, respectivamente, actuando con el carácter de coapoderados judiciales de la ciudadana FABIOLA NATACHA LOPEZ MARÍN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.104.700, contra la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA), de conformidad con la motiva del presente fallo.

SEGUNDO: INADMISIBLE el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, por haber operado la caducidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la ley del estatuto de la función pública.
Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en Mérida, a los veinticinco (25) días del mes de Noviembre del año dos mil catorce (2014). Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

LA JUEZA

ABG. MORALBA HERRERA
LA SECRETARIA

ABG. ANA FIGUEROA

En esta misma fecha, se registró y publico la presente decisión.
Exp. Nº LE41-G-2011-000034
MH/maab.-