TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero Superior del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida
Mérida, veintitrés (23) de abril de 2015
205º y 156º

SENTENCIA Nº 29

RECURSO DE AMPARO: LP21-O-2015-000005

SENTENCIA INTERLOCUTORIA
CON FUERZA DEFINIVA

-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Presuntos Agraviados: Rafael Ángel Rondón González y Joer Abdias Briceño Sosa, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad números V-14.107.718 y V-15.923.154, en su orden; con domicilio procesal en: Avenida 3, entre calles 27 y 28, N° 27-27, Casa de los Trabajadores Carlos Marx, Central Unitaria de los Trabajadores del Estado Bolivariano de Mérida (CUTEM), Parroquia El Llano, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida.

Apoderados Judiciales de los Presuntos Agraviados: Iván Oswaldo Castillo Santaella y Cruz Elizabeth Labrador Márquez, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nos. V-5.218.613 y V-9.125.398, en su orden, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 169.018 y 169.017, respectivamente; domiciliados en la Avenida 3, entre calles 27 y 28, Sede de la Central Unitaria de los Trabajadores del Estado Mérida (CUTEM), Primer Piso, Oficina 01, Mérida, jurisdicción del Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida.

Actuación Judicial Presuntamente Lesionadora: Auto de fecha 19 de noviembre de 2014, sustanciado por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, donde se tiene como no notificada a la empresa Constructora Sur del Lago, C.A., en la causa identificada con el alfanúmerico LP21-L-2014-000053.

Motivo: Amparo Constitucional contra actuación judicial.
-II-
SÍNTESIS PROCESAL

El escrito del recurso de amparo constitucional fue presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en data seis (06) de abril del año que discurre (f. 13), por el profesional del derecho Iván Oswaldo Castillo Santaella, actuando con el carácter de Apoderado Especial de los ciudadanos Rafael Ángel Rondón González y Joer Abdias Briceño Sosa (presuntos agraviados), en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5.453 (Extraordinaria), de fecha 24 de marzo de 2000), en concordancia con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales (Publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 34.060, de fecha 27 de septiembre de 1988).

Este Tribunal Primero Superior del Trabajo lo recibió mediante auto fechado 08 de abril de 2015, como costa al folio 15 de las actuaciones procesales.

En data 14 de abril de 2015 (f. 16), se dictó auto mediante el cual se ordenó al querellante, subsanar la demanda de conformidad con el artículo 19 Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, vale decir, procediera la parte accionante a consignar: copia fotostática del auto de fecha 17 de noviembre de 2014, además de las copias fotostáticas de aquellas actuaciones procesales que fuesen necesarias y sobre las que menciona son lesionadoras de sus derechos constitucionales, en virtud que no se acompañó ningún auto judicial al escrito de demanda, y que son necesarios para el pronunciamiento de la admisibilidad o inadmisibilidad del presente recurso extraordinario, conforme al artículo 6 eiusdem; y en auto, fechado 15 de abril de 2015 (f. 17), se acuerda librar la boleta de notificación del profesional del derecho Iván Oswaldo Castillo Santaella, siendo notificado ese mismo día, como consta a los folios 19 y 20 del presente expediente.

Posteriormente a la notificación, el Abogado presentó el 17 de abril de 2015, en tiempo hábil, el escrito que consta agregado a los folios del 21 al 23, acompañando las copias fotostáticas solicitadas en el despacho saneador y las que consideró pertinentes. Consignó: (1) Auto recurrido de data 19 de noviembre de 2014 (no es el de fecha 17 de noviembre de 2014), marcado con la letra “A” (f. 24); (2) Cartel de notificación librado a la empresa Constructora Sur del Lago C.A., identificado “B” (f. 25); (3) Diligencia suscrita por el abogado Iván Oswaldo Castillo Santaella, en data 20 de noviembre de 2014, señalado “C” (f. 26); (4) Auto de fecha 25 de noviembre de 2014, distinguido con la letra “D” (fs. 27 y 28); (5) Copia simple del folio 33 de la causa identificada con el número LP21-L-2014-000053, destacado “E” (f. 29); (6) Oficio emitido por el Tribunal Décimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, singularizado “F” (f. 30); (7) Diligencia del Alguacil del Juzgado del Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, señalada “G” (f. 31); y, (8) Oficio emitido por el Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, identificado con la grafía “H” (f. 32).

Estando dentro de la oportunidad procesal, pasa esta Juzgadora a pronunciarse sobre la competencia y la admisibilidad del recurso constitucional en los términos que siguen.

-III-
DE LA COMPETENCIA

En este orden, le corresponde (previamente) a este Tribunal Primero Superior del Trabajo, determinar su competencia para conocer del presente Recurso de Amparo Constitucional que fue interpuesto por el profesional del derecho Iván Oswaldo Castillo Santaella, actuando como mandatario especial de los ciudadanos Rafael Ángel Rondón González y Joer Abdias Briceño Sosa (presuntos agraviados), contra el Auto dictado por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en data diecinueve (19) de noviembre del año dos mil catorce (2014), en la causa signada con la nomenclatura LP21-L-2014-000053.

Manifiesta el apoderado especial de los quejosos, en el escrito de demanda, que los fundamentos que condujeron a la interposición de la acción de amparo constitucional son:

“(omisis)

CAPÍTULO II
VIOLACION DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES PRODUCIDA COMO
CONSECUENCIA DEL AUTO DECRETADO POR LA JUEZA A QUO

Respetada Ciudadana Jueza Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado [Bolivariano de] Mérida, mis poderdantes tienen el derecho constitucional de acceder a los tribunales laborales, como órganos de administración de justicia que son, para hacer valer su derecho, protegido por el artículo 92 de la Constitución Nacional, de recibir sus prestaciones sociales de manera inmediata; sin que de parte de los tribunales se presenten dilaciones indebidas, ni formalismos o reposiciones inútiles, tal como lo establece el artículo 26 constitucional; igualmente, mis poderdantes tienen derecho a obtener la justicia de parte de estos tribunales, quienes son los responsables de evitar el peligro de que del retraso producido por la tramitación de al (sic) notificación se derive un daño para los intereses de mis mandantes, al quedar ilusorio el cobro de sus prestaciones sociales; cuya derecho no debe sacrificarse por la omisión de formalidades no esenciales, según se encuentra consagrado en el artículo 257 ejusdem; siendo que en este caso, el objeto de la notificación se cumplió suficientemente.
Sucede, honorable ciudadana Jueza Superior del Trabajo, que en virtud de que la persona jurídica y una de las personas codemandadas en la referida causa, tienen su residencia situada fuera de la jurisdicción del Estado [Bolivariano de] Mérida, específicamente en la ciudad de Maracaibo y en el municipio Sucre del Estado Zulia respectivamente; procedió el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Estado [Bolivariano de Mérida] a comisionar al Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Zulia, a quien correspondiese por distribución, para que practicase las debidas notificaciones a la parte demandada; y siendo que al no ser ubicado el domicilio de la persona jurídica en la dirección especificada en el libelo de la demanda, por no encontrarse debidamente identificada la referida sede con el nombre de la empresa en cuestión; procedió dicho tribunal comisionado, a subcomisionar al Tribunal Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Sucre del Estado Zulia, para que practicase la notificación de la restante codemandada, en la dirección especificada para tal fin; a cuyo efecto, le fue remitido a este último tribunal, por el tribunal laboral comisionado, los carteles de notificación; tanto el de la persona jurídica demandada, así como el de la persona natural codemandada, indicándosele la dirección de esta última; por cuya razón, el alguacil procedió a practicar la notificación de la persona natural en dicha dirección, así como también la notificación de la persona jurídica, en virtud de que en la referida dirección se encontraba presente el apoderado de la empresa demandada CONSTRUCTORA SUR DEL LAGO C.A., el ciudadano YOANDER DE JESÚS MORENO PEÑA, quien se identificó como tal y procedió a firmar ambos carteles de notificación, estampando en ellos el sello húmedo de la referida empresa, como evidencia de haber recibido la notificación de la persona natural codemandada, ciudadana SILSA ESTHER ANDRADE PEREZ, y de darse por notificada la persona jurídica, CONSTRUCTORA SUR DEL LAGO C.A.,. A pesar de lo cual, la referida ciudadana Jueza, Doctora YAJAIRA ROJAS DE RAMÍREZ, se abstuvo de admitir la notificación practicada a la persona jurídica in comento, alegando que el ciudadano alguacil se había extralimitado al practicar la notificación de la persona jurídica, CONSTRUCTORA SUR DEL LAGO C.A., en la dirección ya mencionada; siendo que el mencionado Tribunal Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Sucre del Estado Zulia fue tácitamente habilitado para realizar esta notificación al enviársele los Carteles de notificación in comento; por lo que obvió la referida jueza lo establecido por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia No. 0714 de fecha 22/06/2005, en ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero quien dijo:

(omisis)

Cuyos requisitos, especificados en los párrafos precedentes, fueron cumplidos en la notificación realizada a la empresa demandada CONSTRUCTORA SUR DEL LAGO C.A., en la persona del ciudadano YOANDER DE JESÚS MORENO PEÑA, por el alguacil del Tribunal Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Sucre del Estado Zulia, según se evidencia en el referido Cartel de notificación, debidamente firmado y sellado.

(omisis)

CAPÍTULO V
DEL PETITORIO
En atención a las consideraciones, tanto de hecho como de derecho anteriormente explanadas en los capítulos precedentes, es por lo que ocurro ante este honorable Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los efectos de garantizar los derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la correcta administración de justicia, para interponer en nombre de mis poderdantes la presente Acción de Amparo, en contra del auto dictado por la Jueza Segunda de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Estado [Bolivariano de] Mérida; y con la petición de que en la oportunidad procesal, se sirva DECLARAR CON LUGAR los pedimentos que a continuación se enumeran:
Primero: Se ADMITA, la presente ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL en contra del Auto de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil catorce (2014), interpuesta en este mismo acto y a través del presente escrito.
Segundo: Se ACUERDE la REVOCATORIA, del auto recurrido, proferido por la Jueza Segunda de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Estado [Bolivariano de] Mérida, y contenida en la Causa número LP21-L-2014- 000053 de las llevadas por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Estado [Bolivariano de] Mérida.
Tercero: Se ORDENE que se ADMITA LA CITACIÓN realizada a la empresa CONSTRUCTORA SUR DEL LAGO C.A., y que se proceda sin más dilación en la presente causa.” (Negrillas propias del texto y el subrayado es de este Tribunal Superior).

Del contenido del escrito introductivo y de la subsanación, se evidencia que la acción propuesta, es un recurso de amparo constitucional contra un acto judicial publicado en la causa identificada con el número LP21-L-2014-000053, en fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil catorce (2014). Exponen los quejosos que el agravió cometido por la Jueza del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, se patentiza en esa actuación judicial, al negar la aceptación de la notificación realizada a la empresa Constructora Sur del Lago, C.A., en la causa identificada con el alfanumérico LP21-L-2014-000053.

En armonía con lo anterior, al observarse que la presente acción de amparo está dirigida a restituir una situación jurídica, que según los quejosos, fue infringida por una actuación judicial, dictado por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, se hace imprescindible citar el contenido del artículo 4 eiusdem, que establece:

“Artículo 4.- Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.” (Destacado de este Tribunal Superior).

Así las cosas, teniendo certeza en la pretensión constitucional dirigida contra el Auto de data 19 de noviembre de 2014, y se pide que “Se ACUERDE la REVOCATORIA, del auto recurrido, proferido por la Jueza Segunda de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Estado [Bolivariano de] Mérida (...)”. Es evidente, que está enmarcada en el supuesto de hecho de la norma citada y por ende, al tratarse de una actuación efectuada por la Jueza del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, le corresponde conforme a la estructura organizativa del Poder Judicial, la competencia funcional, material y territorial a este Tribunal Primero Superior del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, por ser el Juzgado jerárquico superior al del Tribunal que emitió el auto impugnado por vía constitucional y es el que presuntamente produce la situación jurídica que lesiona los derechos constitucionales de los quejosos. Y así se declara.

-IV-
DE LA ADMISIBILIDAD
DEL AMPARO CONSTITUCIONAL

Observados los fundamentos en el escrito y la subsanación del recurso de amparo constitucional, procede esta Juzgadora en sede estrictamente Constitucional a pronunciarse sobre la admisión o inadmisibilidad de dicho medio extraordinario de impugnación. Para ello, considera -previamente- necesario hacer mención sobre el criterio pacífico y reiterado de la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República, referido al carácter residual del amparo. La Sala asentó que la acción de amparo constituye un “mecanismo extraordinario” cuya finalidad es de restablecer los derechos y las garantías de rango constitucional que hubiesen sido vulnerados o amenazados, considerando la Sala que se trata de una vía sumaria, breve y eficaz, cuyo empleo no está permitido si el quejoso dispone de otros medios ordinarios idóneos para proteger sus derechos.

En este sentido, es de precisar, que el objeto del procedimiento de amparo está determinado por una pretensión de carácter constitucional, por la violación de derechos o garantías tutelados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, correspondiendo al Juez Constitucional, examinar el escrito contentivo de la solicitud y los documentos aportados al caso concreto a los fines de verificar si la exigencia no está incursa en alguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que es del siguiente tenor:

“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:
1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla;
2) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, no sea inmediata, posible y realizable por el imputado;
3) Cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales, constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida.
Se entenderá que son irreparables los actos que, mediante el amparo, no puedan volver las cosas al estado que tenían antes de la violación;
4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres.
Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido.
El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación.
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado;
6) Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia;
7) En caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales conforme al artículo 241 de la Constitución, salvo que el acto que se impugne no tenga relación con la especificación del decreto de suspensión de los mismos;
8) Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta.”

Seguidamente, procede esta Sentenciadora, a analizar el contenido del auto recurrido, proferido por la Jueza a cargo del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en data 19 de noviembre de 2014 (f. 24), con el propósito de verificar sí contra la mencionada actuación, era oponible otro medio de revisión por la vía ordinaria. De esa actuación judicial, se desprende lo siguiente:

“Por recibido por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Coordinación, en fecha 18 de noviembre de 2014, oficio No. 3430-465, constante de 1 folio útil y 18 anexos, contentivo de los recaudos provenientes del Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante el cual remite las actuaciones del exhorto conferido junto con oficio Nº SME2-324-2014, referente a la práctica de la notificación ordenada mediante cartel a las co-demandadas, CONSTRUCTORA SUR DEL LAGO, C.A., así como de la ciudadana SILSA ESTHER ANDRADE PEREZ, en su condición de responsable solidaria y co-propietaria, agréguese al expediente a los fines legales pertinentes.

Ahora bien, observa esta operadora de justicia que el Juzgado Subcomisionado, vale decir, Juzgado del Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, se extralimitó al practicar la notificación de la co-demandada CONSTRUCTORA SUR DEL LAGO, C.A., en razón de no haber sido ordenada su práctica por el Tribunal Comisionado, esto es, Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, máxime cuando la referida notificación fue practicada en una dirección distinta a la indicada en el cartel de notificación librado a la CONSTRUCTORA SUR DEL LAGO, C.A., por tanto, resulta forzoso para este Tribunal tener como no practicada la notificación en comento, con fundamento a los vicios delatados.

Aunado a ello evidencia esta jurisdicente que al folio 103 de la única pieza del expediente, el alguacil adscrito al Juzgado Comisionado antes identificado, devolvió por el motivo allí indicado los carteles de notificación librados a la co-accionada CONSTRUCTORA SUR DEL LAGO, C.A., por no ser posible su práctica, motivo por el cual quien aquí suscribe, insta a la parte demandante para que señale a la brevedad posible nueva dirección que se corresponda con la sede, sucursal o agencia de la CONSTRUCTORA SUR DEL LAGO, C.A., a los fines de materializar su notificación de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Se hace la salvedad que la notificación de la co-accionada, ciudadana SILSA ESTHER ANDRADE PEREZ fue positiva. Y así se establece.

Y en virtud de alterar la foliatura la agregación ordenada se acuerda corregir el error material de la misma en lo que respecta a los folios 96 al 112 ambos inclusive. Cúmplase.-“ (Negrillas de este Tribunal Superior).

En el auto citado, se observa que el Tribunal A quo recibe las resultas del exhorto de la notificación encomendada al Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual, a su vez sub-comisionó al Juzgado del Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Asimismo, se lee en la referida actuación, que el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, declaró que tenía como no practicada la notificación efectuada a la empresa Constructora Sur del Lago, C.A., actuación efectuada por el Alguacil adscrito al Tribunal subcomisionado (Juzgado del Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia), en virtud que el referido juzgado, según el Tribunal A quo, se extralimitó en la delegación conferida al practicarla en una dirección distinta a la señalada en el cartel de notificación. Además, el Alguacil adscrito al Tribunal Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, había devuelto los carteles de notificación librados a la sociedad mercantil Constructora Sur del Lago, C.A., en virtud que no fue posible la práctica de la notificación. Por tal razón, instó a la parte demandante de la causa LP21-L-2014-000053 a consignar nueva dirección de la referida sociedad mercantil, a los fines de materializar la notificación de conformidad con el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 37.504, de fecha 13-08-2002).
En este orden, se constata de las actuaciones procesales consignadas en copias fotostáticas simples por la representación especial de los quejosos, que el mismo, a los fines de dar cumplimiento con lo solicitado por la sentenciadora de primera instancia en el auto de data 19 de noviembre de 2014, presentó diligencia el 20 de noviembre de 2014 (f. 26), mediante la cual indica lo que a continuación se transcribe:

“(…) Sucede, que tal como se evidencia en autos, el Juzgado sub-comisionado para practicar la notificación de la parte demandada, el Juzgado del Municipio Sucre del Estado Zulia, se extralimitó, al practicar la notificación de la parte co-demandada, Constructora Sur del Lago C.A., en la siguiente dirección: Caja Seca, Sector 4 de la Conquista, Urbanización que queda frente al Liceo “Creación Quinta”, calle San Benito, casa blanca de piso verde S/N (diagonal a la placita del Sector), Parroquia R[ó]mulo Gallegos, Municipio Sucre del Estado Zulia; (…) evidenciando así, que la dirección referida corresponde a una agencia de dicha empresa, por lo que solicito que sea cambiada la dirección para la notificación de la empresa Constructora Sur del Lago C.A. para la dirección ya mencionada: (…); en consecuencia solicito que se dé por notificada a la empresa Constructora Sur del Lago C.A. (…)” (Agregado de este Tribunal).

A lo requerido por la representación judicial de los presuntamente agraviados, el Tribunal supra mencionado, dio respuesta en auto de data 25 de noviembre de 2014 (fs. 27 y 28), en los siguientes términos:

“Vista la diligencia y su vuelto presentados en fecha 20 del corriente mes y año, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Coordinación del Trabajo, obrante al folio 115, suscrita por el abogado en ejercicio IVAN OSWALDO CASTILLO, titular de la cédula de identidad No. V-5.218.613, inscrito en el IPSA bajo el No. 169.018, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual, solicita se tenga como válida la notificación practicada de la empresa co-demandada, CONSTRUCTURA SUR DEL LAGO, C.A., en la siguiente dirección; Caja Seca, Sector 4 de la Conquista, Urbanización que queda frente al Liceo Creación Quinta, calle San Benito, casa blanca de piso verde S/N (diagonal a la placita del Sector), Parroquia Rómulo Gallegos del Municipio Sucre del Estado Zulia, alegando que la citada dirección corresponde a una agencia de la empresa demandada.

Ahora bien, por cuanto, la notificación en referencia, fue practicada por el Tribunal comisionado, Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Bobures, según se desprende de la diligencia del alguacil encargado de practicar la misma, que obra inserta al folio 108 del presente expediente, el cual fue comisionado por el Tribunal exhortado por este Tribunal, vale decir; Tribunal Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines de practicar la notificación de la persona jurídica co-demandada en el presente juicio, CONSTRUCTURA SUR DEL LAGO, C.A., y siendo que de las resultas del referido exhorto, las cuales fueron consignadas por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Coordinación del Trabajo en fecha 18 de noviembre de 2014 y recibidas por esta instancia judicial en fecha 19 del corriente mes y año, que rielan a los folios 94 al 112, quien aquí suscribe, observa que el Tribunal comisionado se extralimito en los términos de la comisión, por cuanto practico la notificación encomendada en una dirección distinta a la indicada en el cartel de notificación librado por este Tribunal para tales efectos, y siendo que la comisión no es una derogatoria de la competencia, sino el auxilio que le presta el juzgado comitente al tribunal de la causa, para practicar una diligencia encomendada por éste, por lo que mal podría este Tribunal tener como válida la notificación de la co-demandada como persona jurídica practicada por el Tribunal comitente, resultando improcedente tal solicitud.

En este orden de ideas, tratándose la diligencia encomendada, de la practica de la notificación del co-demandado como persona jurídica en el presente juicio laboral, esta operadora de justicia debe ser garante de que se cumplan los requisitos formales y esenciales para la validez de la notificación según criterio establecido por vía jurisprudencial por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia No. 1.299, expediente No. AA60-S2004-000685, de fecha 15 de octubre de 2004, con ponencia del Magistrado Dr. Omar Alfredo Mora Díaz, caso: Daniel Herrera Zubillaga Vs. Metalúrgica Star, C.A., requisitos de orden público, y siendo que el apoderado actor indico que se trata de una sucursal de la empresa demandada, esta administradora de justicia, en aras de garantizar el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, ordena librar nuevo cartel de notificación a la empresa co-accionada; CONSTRUCTURA SUR DEL LAGO, C.A., en los mismos términos aludidos en el auto de admisión de la demanda proferido en fecha 26 de marzo de 2014, que obra inserto a los folios 62 y 63, en la dirección que indica el apoderado actor como agencia de la empresa, señalando la siguiente; Caja Seca, Sector 4 de la Conquista, Urbanización que queda frente al Liceo Creación Quinta, calle San Benito, casa blanca de piso verde S/N (diagonal a la placita del Sector), Parroquia Rómulo Gallegos del Municipio Sucre del Estado Zulia. A tal efecto, se comisiona amplia y suficientemente amplia y suficientemente al Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Bobures, para que haga efectiva la notificación aquí ordenada. Cúmplase.-“ (Subrayado propio del texto, negrillas de esta sentenciadora).

Vistas las actuaciones, es de advertir, que cuando las partes intervinientes en un proceso judicial se encuentran inconformes con un pronunciamiento emitido por el operador de justicia, las mismas, tienen el derecho de activar en principio la vía común, es decir, pueden hacer uso de los medios ordinarios idóneos para proteger sus derechos, tal como lo es recurso ordinario de apelación, que procede en contra de aquellos autos que no sean de mero trámite y de los fallos proferidos por los diferentes órganos jurisdiccionales. Con ello, lo que se persigue es que la parte que difiere de la resolución proferida por el sentenciador, agote la vía ordinaria contemplada en el ordenamiento jurídico, en virtud de ser un medio procesal breve y eficaz, para la resolución del conflicto planteado.

Ahora bien, de las transcripciones de los autos de data 19 y 25 de noviembre de 2014, del expediente identificado con la nomenclatura LP21-L-2014-000053, se evidencia que la Jueza, emitió pronunciamiento, en cuanto a la validez de la notificación practicada por el Alguacil del Juzgado del Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a la empresa Constructora Sur del Lago, C.A. (en fecha 13-06-2014), lo cual, el hoy querellante no objetó por la vía ordinaria, como se constata de las copias fotostáticas simples de las actuaciones procesales que consignó, no recurriendo de los autos en comento, vale decir, no interpuso el recurso ordinario de apelación contra el auto que en esta acción de amparo constitucional pide su REVOCATORIA, por haber tenido como no practicada la notificación en comento, ni contra el auto fechado 25 de noviembre de 2012.

Como se evidencia, el hoy demandante de amparo disponía del recurso ordinario de apelación, para objetar y solicitar ante el Tribunal Superior la revisión del auto de data 19 de noviembre de 2014, a los fines de que este determinará si efectivamente el Alguacil se había extralimitado en sus funciones al practicar la notificación, lo cual no hizo, es decir, no ejerció en tiempo hábil el medio ordinario establecido por la Ley sino por el contrario, aproximadamente cinco meses después de emitido el mismo, interpone recurso extraordinario de amparo constitucional.

Es por ello, que esta Juzgadora determina que para impugnar el contenido del auto objetado, existía la vía procesal ordinaria (recurso de apelación) que pudo ser interpuesta oportunamente por el quejoso. Advirtiendo, que dicha acción no debe suplirse con el medio extraordinario de recurso de amparo, porque sería una acción que desvirtuaría la naturaleza del mismo. Así se decide.

Sobre este punto, la Sala Constitucional en la sentencia N° 4.140, publicada en fecha 09 de diciembre de 2005, bajo la ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, señaló:

“(omisis)

De lo anterior la Sala concluye que el quejoso tuvo a su alcance la oposición a la entrega forzosa, medio que pudo emplear hasta el momento mismo de su ejecución, circunstancia que, para el momento de la interposición de recurso no había tenido lugar. Tal situación conduce a la inadmisibilidad de la pretensión, en virtud de que se le exige al demandante el agotamiento de las vías procesales preexistentes. Al respecto esta Sala Constitucional señaló, en sentencia n° 1496 del 13.08.01 (Caso Gloria América Rangel Ramos), lo siguiente:
"Es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:
a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.
La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo...".

De igual forma, respecto de la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6, cardinal 5 de la Ley Especial, esta Sala, en sentencia n° 2369 del 23.11.01, caso Mario Téllez García, estableció lo siguiente:

"...la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve)". (Subrayado propio del texto, negritas de quien suscribe).

Abundando en lo anterior, es oportuno citar el contenido de la sentencia N° 190, emitida por la Sala Constitucional en data 11 de marzo de 2015, bajo la ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, la cual asentó:

“(omisis)

Al respecto, se advierte que el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que:

“No se admitirá la acción de Amparo:
(…)
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. (…)”.

La norma antes citada fue interpretada por esta Sala en sentencia número 2369 del 23 de noviembre de 2001, Caso: Mario Téllez García y otro, en el siguiente sentido:

“(...) la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo. Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales. No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad. En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (…)”.

En efecto, la doctrina reiterada de esta Sala ha establecido el carácter especial de la acción de amparo y el problema que constituiría el otorgarle un carácter sustitutivo de los demás mecanismos judiciales, los cuales, al ser parte de un sistema jurídico homogéneo, se presentan igualmente como garantizadores y protectores de los derechos constitucionales, razón por la cual, cuando estos medios sean idóneos para satisfacer la pretensión planteada, debe declararse inadmisible la acción de amparo constitucional.”(Negrillas de quien decide).

De la transcripción parcial de las sentencias, se deduce que el operador de justicia al cual se le interpone un recurso de amparo constitucional, debe verificar si el quejoso agotó la vía ordinaria, antes de la interposición del medio extraordinario a objeto de pronunciarse sobre su inadmisibilidad o no. Asimismo, estableció que el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no solo es para la declaratoria de la inadmisibilidad de las pretensiones de amparo cuando se haya acudido a una de las vías judiciales preexistentes, sino por vía jurisprudencial interpretó en forma extensiva esta causal de inadmisibilidad cuando el quejoso disponga de algún medio judicial ordinario y el mismo no lo ejerza. En este último caso, igualmente deberá declararse inadmisible la acción de amparo constitucional.

Por todos los argumentos antes expuestos, este Tribunal Primero Superior declara inadmisible la pretensión de amparo constitucional que fue interpuesta, por cuanto la misma esta incursa en la causal de inadmisibilidad a que se refiere el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

-V-
DISPOSITIVO

Por las consideraciones expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el profesional del derecho Iván Oswaldo Castillo Santaella, actuando como apoderado especial de los presuntos agraviados, ciudadanos Rafael Ángel Rondón González y Joer Abdias Briceño Sosa, contra el Auto de data 19 de noviembre de 2014, proferido por la Dra. Yajaira Rojas de Ramírez, en su condición de Jueza del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, conforme a la causal prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Segundo: No hay condenatoria en costas, por la naturaleza del fallo.

Se ordena publicar, registrar y dejar copia certificada de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, con sede en la ciudad de Mérida, a los veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil quince (2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

La Juez Titular

Glasbel del Carmen Belandría Pernía

La Secretaria

Norelis Escalona Carrillo.

En igual fecha y siendo la una y diecinueve minutos de la tarde (01:19 p.m.) se publicó y agregó la presente sentencia a las actas del expediente. De igual manera, se hizo su inserción en el Sistema Juris 2000 (Libro Diario Digitalizado) por parte de la ciudadana Juez Titular, y la correspondiente publicación en el portal informático http://merida.tsj.gov.ve/. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente.

La Secretaria

Norelis Escalona Carrillo.
GBP/SDAM/kpb