TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

204º y 155º

I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

EXPEDIENTE Nº: 10.782

PARTE DEMANDANTE: GLADDY MARÍA ROJAS DE ZAMBRANO, venezolana, mayor de edad, casada, ama de casa, titular de la cédula de identidad número V-10.101.752, domiciliada en Ejido, estado Mérida y civilmente hábil.

PARTE DEMANDADA: OSCAR ENRIQUE ZAMBRANO DÁVILA, titular de la cédula de identidad número V-4.489.624, de este domicilio y civilmente hábil.

MOTIVO: DIVORCIO ORDINARIO (Cuaderno de Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar)
II
RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

Se inicia la presente causa mediante libelo de demanda, intentada por la ciudadana GLADDY MARÍA ROJAS DE ZAMBRANO, debidamente asistida por el abogado en ejercicio FORTUNATO SERGIO RICCI BERMUDEZ, contra el ciudadano OSCAR ENRIQUE ZAMBRANO DÁVILA, anteriormente identificados, por DIVORCIO ORDINARIO.
En el escrito libelar la parte actora señaló para la solicitud de medida cautelar lo siguiente: …”acudo muy respetuosamente ante su digna autoridad y competente investidura, con el debido acatamiento de ley y conforme a derecho, a fin de presentarle ESCRITO DE RATIFICACIÓN Y FUNDAMENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, en pro del beneficio de la comunidad conyugal…”
Asimismo, la demandante en el presente juicio, solicitó a este Tribunal se decretará medida de prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble constituido por dos lotes de terreno con su casa en construcción ubicado en el sitio denominado el salado, jurisdicción de la parroquia Montalbán, del Municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida, cuyos linderos y medidas son: PRIMER LOTE: POR EL FRENTE: Con la carretera que conduce a la ciudad de Ejido; POR EL FONDO: Con terrenos que son o fueron de Marcelino Puentes; POR EL COSTADO DERECHO: Con terrenos que son o fueron de José Sánchez Uzcategui; POR EL COSTADO IZQUIERDO: Con terrenos que son o fueron de Marcelino Puentes, en una extensión de cinco (05) metros de frente y catorce metros con cincuenta centímetros (14,50) de fondo; SEGUNDO LOTE: POR EL FRENTE: Con la carretera que conduce a la ciudad de Ejido; con una extensión de cuatro metros con treinta y cuatro centímetros (4,34 mts), formando un ángulo de noventa grados (90º) cruzando hacia el fondo, con una extensión de catorce metros (14 mts), luego cruza a la derecha en cinco metros (5 mts) de ancho y finalmente hacia el frente con catorce metros con cincuenta centímetros (14,50 mts); POR EL FONDO: Con terrenos que son o fueron de Gonzalo Rangel y en parte de Jesús Zambrano y Severiano Rodríguez con inclinación prolongada con pie de montaña que circunda la carretera panamericana; POR EL COSTADO DERECHO: Con terrenos que son o fueron de Severiano Rodríguez, hoy propiedad de la Sucesión Barrios, en línea recta hasta el punto denominado Cava, separa cerca de piedras y alambre de púas y POR EL COSTADO IZQUIERDO: Con terrenos que son o fueron de Marcelino Puentes Puentes, en una extensión de treinta y ocho metros lineales (38 mts). Todo forma una unidad dichos lotes de terrenos con un área aproximadamente de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO METROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMETROS CUADRADOS (798,34 mts), tal como consta en documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida, bajo el Nº 2009.203, Asiento Registral 1, con el inmueble matriculado con el Nº 371.12.4.5.593, del libro de folio real del año 2009 y bajo el Nº 2009.204, Asiento Registral 1, con el inmueble matriculado con el Nº 371.12.4.5.594, del libro del folio real del año 2009, de fecha 02 de marzo de 2.009.
Mediante auto que obra al folio 01 del presente cuaderno, este Tribunal ordenó abrir cuaderno separado de medida y exhortó a la parte actora a sufragar los gastos a través del Alguacil de este Tribunal, para la reproducción fotostática del libelo de la demanda y sus anexos a los fines de sustanciar el presente cuaderno.

En fecha 29 de enero del presente año, diligenció la ciudadana GLADDY MARÍA ROJAS DE ZAMBRANO, parte actora en el presente juicio, debidamente asistida por el abogado en ejercicio FORTUNATO SERGIO RICCI BERMUDEZ, dejando constancia que sufragó ante el Alguacil los emolumentos necesarios para los fotostatos a los fines de formar el cuaderno, siendo sustanciado en fecha 03 de febrero de 2.015.

III
MOTIVOS DE HECHO Y DERECHO PARA DECIDIR

Para el caso de las medidas preventivas siempre se apertura un cuaderno separado en orden a lo consagrado en el artículo 604 del Código de Procedimiento Civil, cuaderno éste se encuentra totalmente vinculado al juicio principal que le dio origen, aún cuando el mismo tiene una autonomía relativa, pues se desprende del proceso que se encuentra en curso.
Para pronunciarse sobre la medida, este Tribunal debe escudriñar la naturaleza del proceso cautelar, y de las medidas precautelativas, que como bien lo enseña el maestro FRANCESCO CARNELLUTTI, en su obra: Instituciones del Proceso Civil, sirven para garantizar las resultas del proceso, “Constituyen una cautela”, para el buen fin de otro proceso (Definitivo), y, dada la naturaleza propia de las providencias cautelares, las cuales como expresa el autor PIERO CALAMANDREI, proveen a eliminar el peligro mediante la constitución de una relación provisoria, pre-ordenada al mejor rendimiento práctico de la futura providencia principal.

Al respecto, advierte este Juzgado que las medidas cautelares son parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la defensa, teniendo su base en la propia función del Juez de juzgar y ejecutar lo juzgado y pueden ser utilizadas, siempre que cumplan los dos requisitos esenciales del periculum in mora y del fumus boni iuris, de la forma más amplia para garantizar la eficacia de la sentencia que decida sobre el fondo de la controversia.

En efecto, la emisión de cualquier medida cautelar, tal como lo disponen los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, está condicionada al cumplimiento concurrente de dos (02) requisitos: que se presuma la existencia del buen derecho que se busca proteger con la cautelar, como del riesgo manifiesto de que pueda quedar o hacerse ilusoria la ejecución del fallo estableciendo la norma que el solicitante de la medida, tiene la carga de acreditar ante el Juez, haciendo uso de los medios de prueba que confiere el ordenamiento, la señalada presunción.

En lo que respecta a ésta presunción del buen derecho, la jurisprudencia venezolana ha considerado que esa “apariencia del buen derecho”, se determina a través de un preventivo cálculo o juicio sumario de verosimilitud sobre el derecho del demandante y sobre las probabilidades de éxito de la demandada, sin que tal análisis suponga un pre-juzgamiento del fondo del asunto, por cuanto las medidas cautelares son instrumentales, provisionales y dictadas con base a un conocimiento incompleto, siendo que la sentencia definitiva podría confirmar o revocar lo estimado por vía cautelar. En este sentido, no puede exigirse la certeza del derecho invocado, justamente porque, tal como lo indica la doctrina nacional, ello “es un atributo del juicio pleno, cuestión que no se da en los procesos cautelares, donde el Juez, por más que lo intente, -si se atiende a los breves plazos legales-, solo podrá alcanzar una fuerte presunción”. Tal apreciación del fumus boni iuris, en principio, debe estar fundamentada en un medio de prueba y en la argumentación presentada por el accionante y debe surgir objetivamente de los autos, no de la convicción subjetiva, de la parte solicitante.

Este presupuesto requiere prueba del derecho que se reclame, la cual debe acompañarse como base del pedimento, si no constare ya del propio expediente, pero no vale cualquier clase de prueba; no exige la Ley que sea plena, pero sí que constituya por lo menos presunción grave de aquél derecho. La presunción, según ha sido definida universalmente por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, es la consecuencia que la Ley o el Juez deducen de un hecho conocido para llegar a otro desconocido. Es la definición de Poithier y de Domat; el primero dijo, que era “el juicio que la Ley o el hombre efectuaba acerca de la verdad de una cosa mediante la consecuencia deducida de otra”, y el segundo, que: “era la consecuencia que se deduce de un hecho conocido para poder conocer la verdad de uno incierto de que se busca la prueba”.

El carácter de gravedad de la presunción por cuanto, como lo señala la doctrina italiana, es materia mejor sentible que definible, corresponde a la soberana apreciación del Juzgador. Una jurisprudencia italiana ha considerado graves, las presunciones “capaces de hacer impresión sobre una persona razonable”, pero, a nuestro ver, la gravedad estriba en que la presunción tenga tal grado de probabilidad que lleve al ánimo del Juez suficiente certeza como para obligarle a creer, que para el momento, está probado el derecho que se reclama en el proceso. La Ley, pues, solo exige un mínimum de probanza, por lo que huelga todo comentario cuando la obligación demandada o “el derecho que se reclame” esté plenamente probado.

Aplicando tal doctrina al caso de autos, y en relación a la presunción del buen derecho, se observa que la pretensión del presente proceso, es divorcio ordinario, acompañándose al escrito libelar la copia certificada del documento de propiedad del bien objeto de la medida solicitada, que obra del folio 05 al 06.

Siendo que la referida documental soporta el derecho reclamado, es por lo que es lógico que se decrete la medida de prohibición de enajenar y gravar, como medida precautelativa, para evitar cualquier acto por parte de los excepcionados que pretenda hacer ilusoria la ejecución del fallo, quedando así satisfecho el carácter de gravedad de la presunción que hace impresión sobre una persona razonable de la necesidad de decretar tal cautelar a los fines de impedir que el derecho que le corresponde a la parte demandante del referido inmueble salga de su patrimonio, por lo cual, surge de la instrumental la presunción del buen derecho, tal como se expresó ut supra, lo que aunado a la existencia del periculum in mora, es decir, lo que la doctrina nacional ha denominado “el criterio de la tardanza o de la morosidad” que presupone un proceso judicial, lo cual trae insito un peligro que unido a otras condiciones propias de la litis tramitada, constituye lo que se a dado en llamar efectivamente Periculum In Mora.

Así, la jurisprudencia ha señalado que: “el peligro en la demora a los efectos de la medida precautoria, surge de la sola duración del proceso; la prolongación de un lapso más o menos largo siempre le crea un riesgo a la justicia”. De manera, que se encuentra acreditada fehacientemente, la posibilidad de enajenar el inmueble por parte de la parte accionada, lo cual genera la presunción del buen derecho y existe el periculum in mora, con la notoria tardanza de los procesos ordinarios, por todo lo cual, este Tribunal encuentra completos estos dos presupuestos para el decreto de la cautelar solicitada. Y así se decide.

IV

DISPOSITIVA

En orden a lo antes expuesto este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR solicitada por la ciudadana GLADDY MARÍA ROJAS DE ZAMBRANO, parte demandante en el presente juicio, debidamente asistida por el abogado en ejercicio FORTUNATO SERGIO LEONARDO RICCI BERMUDEZ, sobre: Un inmueble constituido por dos lotes de terreno con su casa en construcción ubicado en el sitio denominado el salado, jurisdicción de la parroquia Montalbán, del Municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida, cuyos linderos y medidas son: PRIMER LOTE: POR EL FRENTE: Con la carretera que conduce a la ciudad de Ejido; POR EL FONDO: Con terrenos que son o fueron de Marcelino Puentes; POR EL COSTADO DERECHO: Con terrenos que son o fueron de José Sánchez Uzcategui; POR EL COSTADO IZQUIERDO: Con terrenos que son o fueron de Marcelino Puentes, en una extensión de cinco (05) metros de frente y catorce metros con cincuenta centímetros (14,50) de fondo; SEGUNDO LOTE: POR EL FRENTE: Con la carretera que conduce a la ciudad de Ejido; con una extensión de cuatro metros con treinta y cuatro centímetros (4,34 mts), formando un ángulo de noventa grados (90º) cruzando hacia el fondo, con una extensión de catorce metros (14 mts), luego cruza a la derecha en cinco metros (5 mts) de ancho y finalmente hacia el frente con catorce metros con cincuenta centímetros (14,50 mts); POR EL FONDO: Con terrenos que son o fueron de Gonzalo Rangel y en parte de Jesús Zambrano y Severiano Rodríguez con inclinación prolongada con pie de montaña que circunda la carretera panamericana; POR EL COSTADO DERECHO: Con terrenos que son o fueron de Severiano Rodríguez, hoy propiedad de la Sucesión Barrios, en línea recta hasta el punto denominado Cava, separa cerca de piedras y alambre de púas y POR EL COSTADO IZQUIERDO: Con terrenos que son o fueron de Marcelino Puentes Puentes, en una extensión de treinta y ocho metros lineales (38 mts). Todo forma una unidad dichos lotes de terreno con un área aproximadamente de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO METROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMETROS CUADRADOS (798,34 mts). Dicho inmueble es propiedad del ciudadano OSCAR ENRIQUE ZAMBRANO DÁVILA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 4.489.624, de este domicilio y civilmente hábil, tal y como consta en documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida, bajo el Nº 2009.203, Asiento Registral 1, con el inmueble matriculado con el Nº 371.12.4.5.593, del libro de folio real del año 2009 y bajo el Nº 2009.204, Asiento Registral 1, con el inmueble matriculado con el Nº 371.12.4.5.594, del libro del folio real del año 2009, de fecha 02 de marzo de 2.009.
SEGUNDO: Por la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas.

TERCERO: La presente decisión, contenida en el cuaderno de medida, es apelable.

CUARTO: Publíquese la decisión en el portal web del Tribunal Supremo de Justicia.

QUINTO: Por cuanto la parte actora se encuentra a derecho no se requiere la notificación de la misma.

V

Publíquese, regístrese y déjese copia, cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Mérida, doce (12) de febrero de dos mil quince (2.015). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

LA JUEZA TEMPORAL,

Abg. MILAGROS FUENMAYOR GALLO.

LA SECRETARIA TEMPORAL,

Abg. SONIA AVENDAÑO.

En la misma fecha, conforme a lo ordenado, se dictó y publicó el fallo que precede, siendo las dos y diez minutos de la tarde (02:10 p.m.), se expidió la copia certificada a los fines de su registro y archivo en el copiador de sentencias llevado por este Juzgado y se ofició al Registro Público del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, bajo el número 88-2.015. Conste.

LA SECRETARIA TEMPORAL,

Abg. SONIA AVENDAÑO.

Exp. Nº 10.782. Cuaderno de medida de prohibición de enajenar y gravar.

MFG/SA/dsf.