JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Mérida, diez de julio del año dos mil quince.-

205º y 156º

Visto el contenido de la diligencia presentada en fecha 30 de junio del año en curso (folios 134 al 136), por el profesional del derecho OMAR ALBERTO CORREDOR VILLAMEDIANA, en su condición de coapoderado judicial de la parte demandada, ciudadanos JOAQUÍN ENRIQUE HERNÁNDEZ y CARMEN DARLINDA GUTIÉRREZ DE HERNÁNDEZ, y los abogados ALOIS CASTILLO y LUIS ALFONSO CHOURIO, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la parte actora, ciudadana ELVA ROSA CALDERÓN a través de la cual producto del “acuerdo transaccional al que hemos llegado hoy respecto a este juicio solicitamos respetuosamente a este tribunal se sirva suspender la Medida [sic] de Prohibición [sic] de Enajenar [sic] y Gravar [sic] que pesa sobre el inmueble sub litis constituido por un lote de terreno ubicado en la Avenida Urdaneta N° 48-53, frente al Parque Rafael Urdaneta, Jurisdicción [sic] del Municipio Libertador del Estado [sic] Mérida […] Esta solicitud la realizamos con el firme propósito de de facilitar la ejecución de los términos contemplados en la transacción alcanzada (autocomposición procesal)” (sic); asimismo solicitaron que “conforme a lo dispuesto en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, la medida suspendida de Prohibición de Enajenar y Gravar sea sustituida por una medida cautelar innominada que hemos denominado de “Anotación Marginal”, mediante la cual, pedimos se inserte a modo de nota marginal, en el texto que contenga el oficio de suspensión de la referida medida dirigido a la Registradora Pública del Municipio Libertador del Estado [sic] Mérida, se le ordene a la ya citada funcionaria, a modo de Anotación Marginal, que en el protocolo respectivo correspondiente al inmueble sobre el que se suspende la medida, se estampe una nota marginal de advertencia a terceros cuyo contenido sea el siguiente: ‘Se advierte a cualquier tercero que sobre este inmueble será registrado por sus propietarios JOAQUIN ENRIQUE HERNÁNDEZ Y CARMEN DARLINDA GUTIERREZ DE HERNÁNDEZ venezolanos, mayores de edad, cónyuges, domiciliados Mérida Estado [sic] Mérida y titulares de las cédulas de identidad número V-650.461 y V-2.453.565, respectivamente, un documento de condominio en el que simultáneamente se les adjudicará en plena propiedad, dominio y posesión: A) A ELVA ROSA CALDERÓN ABREU, venezolana, mayor de edad, divorciada, domiciliada en la ciudad de Mérida, Estado [sic] Mérida y titular de la cédula de identidad número V- 3.034.180, el apartamento identificado con el numero [sic] N° 1-4 del primer piso del Conjunto Residencial ‘RESIDENCIAS HERNANDEZ’. B) A la la [sic] empresa INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. (IARSA), entidad mercantil de este domicilio, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado [sic] Mérida, en fecha 14/11/2002, inserto bajo el N° 66, tomo A-19, el apartamento distinguido con el N° 1-1 del 1er piso del Conjunto Residencial ‘RESIDENCIAS HERNANDEZ [sic]’. C) A los ciudadanos JORGE LUIS MARQUEZ CHACON y BEATRIZ DEL CARMEN MORENO VOLCANES, mayores de edad, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad N° V-10.109.144 y V-10.713.748 respectivamente, el apartamento distinguido con el N° 1-2 ubicado en el primer piso del Conjunto Residencial ‘RESIDENCIAS HERNANDEZ [sic]’, y D) A BELKIS BEATRIZ VOLCANES DE MORENO y JOSE GUIDO MORENO UZCATEGUI mayores de edad, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad N° V-3.497.066, y V-2.459.328, respectivamente, un local comercial distinguido con el N° 3 situado en planta baja del Conjunto Residencial ‘RESIDENCIAS HERNANDEZ, sin perjuicio de cualesquiera otras adjudicaciones que los mencionados propietarios deseen efectuar a otros adquirientes en el mismo texto de dicho documento de condominio’”(sic).

Esta Superioridad, a los efectos de emitir pronunciamiento sobre dicho pedimento, considera pertinente efectuar las siguientes consideraciones:

La característica esencial de las providencias cautelares, tal y como es la naturaleza de la que fuere decretada en el presente cuaderno separado de medida de prohibición de enajenar y gravar, es su instrumentalidad, cuyo fin es la anticipación de los efectos de una providencia principal, al que su eficacia está preordenada; instrumentalidad ésta que según el doctor Ricardo Henríquez La Roche, en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil, significa que ellas no son nunca fines en sí mismas ni pueden aspirar a convertirse en definitivas, siendo una ayuda y auxilio a la providencia principal; agregando dicho autor en tal sentido, que el concepto de instrumentalidad dado por Calamandrei, en su obra Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, puede definirse como “ayuda de precaución anticipada y provisional” (sic); entendiendo ésta instrumentalidad como hipotética, “porque solo existe en la hipótesis que el contenido de la providencia principal sea a favor del que ampara la medida cautelar” (sic).

Las medidas cautelares, tienen conexión vital con el proceso y la terminación de éste obvia su existencia, pudiendo aún estando ejecutoriadas, ser modificadas, en la medida que cambie el estado de las cosas para el cual se dictaron, dado su efecto asegurativo a las exigencias de la providencia definitiva, entendiendo con ello que, si cambian los requerimientos del proceso principal, en orden a los cuales el Juez acordó la medida cautelar, no debe impedirse una reconsideración de la necesidad de su vigencia, dada la facultad discrecional en el poder cautelar general, conferida al Juez por el Código de Procedimiento Civil, en el parágrafo primero de su artículo 588, que le permite su prudente determinación de lo equitativo en cada caso.

Sentadas las anteriores premisas y efectuada la revisión de las actas que conforman el presente cuaderno separado, este oficio jurisdiccional observa que la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar, cuyo levantamiento se peticiona, fue decretada --previa instancia de la parte actora--, por el Tribunal de la causa, JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, mediante auto proferido en fecha 20 de noviembre de 2012 (folio 73), “sobre un lote de terreno y las mejoras sobre el [sic] construida propiedad de la parte demanda [sic], ubicado en Jurisdicción del Municipio Libertador del estado Mérida, y comprendido dicho inmueble dentro de los siguientes linderos: POR EL NORTE: Avenida Urdaneta en una extensión de quince metros lineales (15mts); por el SUR: terrenos que fueron de la municipalidad y hoy propiedad que es o fue de Americo [sic] Corredor Tancredi en una extensión igual a la anterior; por el ESTE: terreno que fue de Ramón Parra hoy es o fue propiedad que es o fue de Lubin Maldonado, en una extensión de diecisiete metros (17) con cincuenta centímetros. Por el OESTE: terrenos de Abdel Fuenmayor, en una extensión de cuarenta y ocho metros (48) con cincuenta centímetros (50). Según consta en documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Publico [sic] del Municipio Libertados [sic] del Estado [sic] Mérida, ven fecha 31 de marzo de 1966 bajo el N° 152, Folio [sic] 326, Protocolo [sic] Primero [sic], Tomo [sic] 2°, Primer [sic] Trimestre [sic]” (sic); oficiándose en los términos acordados, con oficio número 904-2012, de la misma fecha, al Registrador Inmobiliario del Municipio Libertador del estado Mérida, órgano registral quien a su vez, mediante oficio número 7170-466, fechado 30 de noviembre de 2012, que fuere recibido y agregado a los autos el 15 de marzo del mismo año (folio 90), acusó el recibo, y le manifestó al a quo, haber tomado la debida nota del mismo.

Ahora bien, del mismo modo evidencia el juzgador que el peticionante del levantamiento de la medida preventiva de marras, lo constituye el mismo sujeto procesal que solicitó primigeniamente su decreto por ante la primera instancia, esto es, la parte demandante ciudadana ELVA ROSA CALDERÓN, quien a su vez, es la titular de los intereses amparados por dicho decreto cautelar, y así se observa.

En tal sentido, es menester dejar en claro que conforme al criterio imperante y reiterado en diversas oportunidades por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Órgano Administrador de Justicia, la cual es compartida íntegramente por el sentenciador, en cuanto a la figura del interés procesal, se considera que:

[omissis]
“La vigente Constitución, en su artículo 26, garantiza a toda persona el acceso a la administración de justicia. Este acceso se ejerce mediante la acción.
Sea cual fuere el concepto de acción, en sentido amplio o en sentido estricto, la acción requiere de elementos constitutivos, siendo uno de ellos, el interés procesal, el cual en el accionante debe ser activo (el interés de obrar judicialmente). Según el maestro Italiano Piero Calamandrei, en su obra ‘Instituciones de Derecho Procesal Civil’ (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973) ‘El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional’. El interés procesal surge así, de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El autor argentino Roland Arazi, en su trabajo ‘La Legitimación como Elemento de la Acción’ (publicado dentro de la obra ‘La Legitimación’. Libro Homenaje al profesor Lino Enrique Palacio. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1996), enseña: ‘El interés como requisito de la acción exige, en primer lugar, que la finalidad que el solicitante se propone lograr mediante el ejercicio de la acción, no puede ser alcanzada sino por medio de la sentencia judicial. En segundo lugar, que la decisión judicial no mantenga a las partes en la misma situación jurídica en que se encontraban antes del proceso’, y agrega: ‘Para que sea admisible la acción, debe invocarse un interés egoísta, o sea, que tenga su base en la propia ventaja del peticionario: el deseo de cooperar al triunfo de la justicia no constituye un interés tutelado por la ley. Además, en principio, debe ser un interés actual, porque la esperanza no está protegida por el Derecho; y jurídico, ya que no basta el interés moral’. Conforme a tal definición, el interés procesal responde a una situación jurídica real que se encuentra lesionada en alguna forma, y no a razones políticas, publicitarias o personales de alguien, ajenas al derecho; por lo tanto, el interés procesal de alguna forma debe dimanarse de la demanda o solicitud, y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción.
La necesidad del interés procesal, entendido en el sentido señalado por los autores citados, como requisito indispensable de la acción, llevó al Maestro Hugo Alsina (Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Tomo I, Segunda Edición. Buenos Aires. 1956, pág. 393), a afirmar: ‘sin interés no hay acción, y el interés es la medida de la acción’.
La ausencia de ese interés procesal, tradicionalmente en nuestro derecho procesal podía ser declarado tanto in limine litis o en la decisión de fondo, tal como sucedía en el derogado Código de Procedimiento Civil de 1916, artículo 257; o solo como cuestión de fondo, como ocurre en el vigente Código de Procedimiento Civil, donde la falta de interés se opone en la contestación al fondo de la demanda (artículo 361), para ser resuelto en la sentencia definitiva. Sin embargo, siendo un requisito de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe. (Ver Sentencia de la Sala del 23 de mayo de 2000 con voto concurrente del Magistrado doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero Exp. 00-0679, sentencia 445).” (sic)

De la jurisprudencia transcrita se dimana, que habrá interés jurídico actual cuando el interés sustancial no pueda conseguirse sin la intervención del órgano jurisdiccional a los fines de tutelar una situación jurídica que de alguna forma se encuentra lesionada, es decir, cuando sea menester acudir a la vía judicial para que se reconozca una situación fáctica a favor del demandante, lo cual apareja, que de ser innecesario el pronunciamiento judicial no se configuraría la acción.

Subsumiendo el criterio jurisprudencial citado supra a la materia que nos ocupa, esto es, a la incidencia cautelar contenida en el presente cuaderno separado de medida, sin pretender prejuzgar sobre los hechos litigiosos o de mérito contenidos en la pieza principal, se concluye que el peticionante de la tutela cautelar, ha perdido el interés jurídico actual en la protección aquí contenida, en virtud de ser el propio beneficiario de la medida, el que solicita su levantamiento; razonamientos en virtud de los cuales, esta alzada, invocando su facultad discrecional en materia cautelar, considera conforme a derecho la solicitud de levantamiento de la medida de prohibición de enajenar y gravar, a que se contraen las presentes actuaciones, y así se declara.

Con respecto a la solicitud de medida innominada de “anotación marginal”, consistente en que se inserte una nota marginal, en el texto que contenga el oficio de suspensión de la referida medida dirigido al Registro Público del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, ordenándose, que en el protocolo respectivo correspondiente al inmueble sobre el que se suspende la medida, se estampe una nota marginal de advertencia a terceros; este sentenciador, acuerda conforme a lo solicitado, por considerar que la misma consiste en una participación al Registrador con el objeto de permitir a los demandados dar pleno cumplimiento a los términos de la transacción celebrada y dar seguridad jurídica a la demandante.

En mérito de las consideraciones que anteceden, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, ACUERDA el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar decretada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, en fecha 20 de noviembre de 2012; asimismo se ORDENA que se estampe una nota marginal de advertencia a terceros cuyo contenido sea el siguiente: ‘Se advierte a cualquier tercero que sobre este inmueble será registrado por sus propietarios JOAQUIN ENRIQUE HERNÁNDEZ Y CARMEN DARLINDA GUTIERREZ DE HERNÁNDEZ venezolanos, mayores de edad, cónyuges, domiciliados Mérida Estado [sic] Mérida y titulares de las cédulas de identidad número V-650.461 y V-2.453.565, respectivamente, un documento de condominio en el que simultáneamente se les adjudicará en plena propiedad, dominio y posesión: A) A ELVA ROSA CALDERÓN ABREU, venezolana, mayor de edad, divorciada, domiciliada en la ciudad de Mérida, estado Mérida y titular de la cédula de identidad número V- 3.034.180, el apartamento identificado con el numero [sic] N° 1-4 del primer piso del Conjunto Residencial ‘RESIDENCIAS HERNANDEZ’. B) A la empresa INGENIERIA y ARQUITECTURA S.A. (IARSA), entidad mercantil de este domicilio, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, en fecha 14/11/2002, inserto bajo el N° 66, tomo A-19, el apartamento distinguido con el N° 1-1 del 1er piso del Conjunto Residencial ‘RESIDENCIAS HERNÁNDEZ’. C) A los ciudadanos JORGE LUIS MÁRQUEZ CHACÓN y BEATRIZ DEL CARMEN MORENO VOLCANES, mayores de edad, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad N° V-10.109.144 y V-10.713.748 respectivamente, el apartamento distinguido con el N° 1-2 ubicado en el primer piso del Conjunto Residencial ‘RESIDENCIAS HERNÁNDEZ’, y D) A BELKIS BEATRIZ VOLCANES DE MORENO y JOSE GUIDO MORENO UZCÁTEGUI mayores de edad, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad N° V-3.497.066, y V-2.459.328, respectivamente, un local comercial distinguido con el N° 3 situado en planta baja del Conjunto Residencial ‘RESIDENCIAS HERNÁNDEZ’, sin perjuicio de cualesquiera otras adjudicaciones que los mencionados propietarios deseen efectuar a otros adquirientes en el mismo texto de dicho documento de condominio”. Comuníquese por oficio la presente decisión a la Oficina Subalterna Inmobiliaria de Registro del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, y remítasele copia fotostática certificada de la misma.
El Juez,

José Rafael Centeno Quintero
La Secretaria,

Yosanny Cristina Dávila Ochoa