JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA.- El Vigía, primero de junio de dos mil quince. 205º y 156º Vista la solicitud de homologación de convenimiento y sus recaudos anexos, formulada mediante escrito presentado en fecha 27 de mayo de 2015 (folios 1 al 3), por el abogado SALVADOR BENITEZ CADENAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.499.674, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 142.402, en su carácter de Defensor Público Agrario Nº 02 de la Extensión de la Unidad de Defensa Pública El Vigía del Estado Mérida, actuando previo requerimiento expreso de la ciudadana MARIA DOLORES GUTIERREZ VERA, mayor de edad, de ocupación agricultora, titular de la cédula de identidad Nº V-9.023.888, procedente de ZEA, KM. 07, DETRÁS DE LACTEOS SAN ANTONIO, PARROQUIA CAÑO EL TIGRE, MUNICIPIO ZEA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA, fórmese actuaciones y désele el curso de Ley. En cuanto a la admisión de dicha solicitud, el Tribunal admite la misma cuanto ha lugar en derecho. Expone el apoderado judicial de la solicitante, en el escrito de homologación, parcialmente lo siguiente: “…, que la ciudadana: MARIA DOLORES GUTIERREZ VERA, …, acudió el día Lunes veinte (20) de Abril del año 2015, quien manifestó: “Acudo el día de hoy a los fines de solicitar la intervención de este despacho público defensoril, por cuanto conviví con el ciudadano CARLOS RAMON RUIZ, titular de la cédula de identidad Nº 1.879.777, por más de doce años, mantengo una posesión pacifica, publica, ininterrumpida desde hace aproximadamente dos (02) años, de una parcela de vocación y uso agrícola mediante el establecimiento de: MANDARINA, LECHOZA, destinados para autoconsumo así como la comercialización y distribución en el mercado local lo que representa mi oficio y ocupación principal para el sustento de mi grupo familiar. Solicito que dicho lote de terreno sea partido en partes iguales ya que no mantengo en los actuales momentos ninguna relación con el ciudadano CARLOS RAMON RUIZ, …, y de esta manera resolver el conflicto de manera pacifica. Consigno en este acto Copia de la cédula de identidad, Carta de Residencia, Fe de Vida, Aval del Consejo Comunal “CAÑO TIGRE PARTE ALT”, copia del plano y copia del documento de Registro Público de los Municipios Zea y Tovar, Nº 2012-200, Asiento Registral 01 Inmueble Matriculado con el Nº 378.12.23.2.267, Libro Folio Real Año 2012.” Es todo. Ante tales alegatos el defensor público segundo en materia agraria, acordó: 1.- Aperturar y foliar el respectivo expediente judicial, signándole la nomenclatura MER-ZEA-235-2015. PARTICION. 2. Se fijo convocatoria con el ciudadano CARLOS RAMON RUIZ, antes identificado, para el día seis (06) de Mayo de 2015. 2.- Agregar la presente acta al Expediente MER-ZEA-235-2015. Se leyó y conforme firma. Fue todo. El día Lunes dieciocho (18) de Mayo del año 2015, compareció por ante este Despacho de la Defensa Pública Agraria Nº 2, adscrita a la Delegatura El Vigía de la Unidad de Defensa Pública del Estado Bolivariano de Mérida, la ciudadana: MARIA DOLORES GUTIERREZ VERA, …, usuaria de este despacho según Expediente Interno Nº MER-ZEA-235-2015. Así mismo estuvo presente el ciudadano CARLOS RAMON RUIZ, … Los cuales asistieron de acuerdo a convocatoria fijada con las partes. Seguidamente se le explicó a los presentes sobre el motivo de la presente reunión referente a perturbación a la posesión, planteado por la usuaria de este despacho y la necesidad de buscarle una solución pacifica al conflicto, se otorgo el derecho de palabra a nuestra usuaria MARIA DOLORES GUTIERREZ VERA, …, quien manifestó: “Acudo el día de hoy, de acuerdo a convocatoria fijada y del mismo modo manifiesto en este acto libre de toda coacción y apremio haber llegado a un acuerdo con el ciudadano: CARLOS RAMON RUIZ, …, donde el se queda con el lote de terreno y yo me quedo con la casa ubicada dentro del lote de terreno, por lo que desisto del Expediente llevado por ante este Despacho Agrario Defensoril. Es todo”. Seguidamente se dio el derecho de palabra al ciudadano: CARLOS RAMON RUIZ, …”, quien libre de toda coacción y apremio manifiesta estar de acuerdo con la propuesta realizada por nuestra usuaria, MARIA DOLORES GUTIERREZ VERA, …”, Es todo. Ante tales alegatos el Defensor Público Segundo en materia Agraria extensión el Vigía, acordó: 1.- Agregar la presente acta al expediente MER-ZEA-235-2015. 2.- Las partes libre de toda coacción y apremio acordaron respetarse mutuamente, así como no ejercer actos de perturbación por si o por interpuestas personas sobre la propiedad del otro. 3.- Libres de toda Coacción y Apremio las partes involucradas ponen fin al conflicto planteado para lo cual se solicitara la Homologación por Ante el Tribunal de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, sometiéndose a las consecuencias jurídicas devenidas una vez sea incumplido el presente acuerdo por parte de algunos de los involucrados. Fue todo. … En consecuencia, esta Defensa Pública Segunda Agraria, solicita muy respetuosamente a este digno Tribunal, previo cumplimiento de las formalidades de Ley que el caso amerite, HOMOLOGUE el presente convenimiento, de conformidad con el Capítulo II del Código de Procedimiento Civil …” (folios 1 y 2). El Tribunal para decidir sobre la homologación solicitada por el referido abogado observa: Los métodos o medios alternativos de solución de conflictos son mecanismos que surgen como una herramienta paralela a la administración de justicia estatal para resolver los conflictos que se presentan en la sociedad. Para Mario Jaramillo, la justicia por consenso es: “…aquella capacidad que surge entre individuos para resolver sus propios conflictos libre y pacíficamente. Ello puede ocurrir con o sin la intervención de un tercero. Cuando sucede mediante la voluntad de acatar la decisión de un tercero, solicitado y consentido por las partes, se está ante el arbitraje. Cuando sucede mediante la simple y llana búsqueda de un compromiso, a través de alguien que ayude a resolver la disputa, se está ante la mediación. Y la búsqueda de un acuerdo que sólo involucra a las partes del conflicto se define como negociación” (1996: 31-32). La implementación de tales métodos o medios surgen en Venezuela con la finalidad de agilizar la justicia y permitir el acceso a ella del mayor número de personas; encontrando su fundamentación en una serie de artículos con rango constitucional y legislativo, siendo estos: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Arts. 253 y 258), Ley Orgánica de Justicia de Paz (Arts. 36-40 y 45-46), Ley de Arbitraje Comercial, Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (Arts. 308-317), Ley Orgánica Procesal del Trabajo (Arts. 129, 133, 135 y 138-149), Reglamento de la Ley del Trabajo (Arts. 194 y 202) Ley Orgánica de Protección al Consumidor (Arts. 134-141), Código Orgánico Procesal Penal (Arts. 409 y 411), Código de Procedimiento Civil (Arts. 257-260-262, 388, 799-800) Código Civil (Art. 1982) y el Código de Comercio (Arts. 540, 962, 1005, 1104, 1110), entre otras. Y otros tratados suscritos por Venezuela, como por ejemplo: la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (New York, 1958), Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Panamá, 1975), Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Internacional. La UNCITRAL posee reglas de conciliación, recomendadas por la Asamblea General de la ONU de 1980, y la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y Convención para la solución de disputas de inversión entre Estados ciudadanos de otros Estados (Cfr. Franco, 2002). Ley de Tierra y Desarrollo Agrario (artículo 206). Ley de Defensa Pública (artículos 51 y 52). Así pues, la Jurisdicción Agraria Venezolana posee medios de resolución de conflictos tales como la conciliación, la mediación y arbitraje. Cuando hablamos de conciliación estamos en presencia de un acto donde se pone de manifiesto el acuerdo de voluntades entre las partes en conflicto incitados por el Juez o un mediador. La mediación consiste en la búsqueda de una solución al conflicto existente con la ayuda de un tercero; el cual funge como facilitador no pudiendo éste intervenir directamente. Al hablar del arbitraje nos referimos a la capacidad que tienen los individuos de resolver sus propios conflictos con la intervención de un tercero solicitando y consentido por ellos acatando la decisión del mismo. Ahora bien, en la disposición finales de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ordinal tercero dispone de la creación de la Defensoría Especial Agraria, la cual es ejercida por la Defensa Pública, Institución ésta que defiende los derechos del campesino y campesina y que entre sus atribuciones de conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública permite a dichos funcionarios ejercer actividades de mediador para a través de este mecanismo lograr la solución de los problemas del sector campesino de una manera pacífica y extrajudicial permitiendo la agilización de la justicia y el acceso a la misma de un mayor número de personas. De lo antes expuesto, la sentenciadora observa que la petición realizada por el Defensor Público Segundo Agrario, pretende es la homologación de un acto conciliatorio realizado por las partes en conflicto en presencia de él o de ella actuando como mediador y, en virtud que de conformidad con los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, esta juzgadora observa que las partes tienen la capacidad para disponer del objeto de controversia y que dicho convenimiento no trata sobre materia sobre las cuales están prohibidas las transacciones es por lo que en consecuencia, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, homologa el convenimiento efectuado mediante ACTA DE COMPARECENCIA de fecha 18 de mayo de 2015, la cual obra agregada al folio 16 de la presente solicitud, efectuada en el Despacho de la Defensa Pública Agraria Nº 2, adscrita a la Delegatura El Vía de la Unidad de Defensa Pública del Estado Bolivariano de Mérida, por los ciudadanos MARIA DOLORES GUTIERREZ VERA y CARLOS RAMON RUIZ, impartiéndole el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y, consecuencialmente, da por terminada dicha solicitud. Así se decide. De conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase por Secretaría, para su archivo, copia fotostática certificada de la presente decisión. La Juez Provisoria, Dra. Agnedys Hernández La Secretaria, Ab. Ana Thais Núñez Contreras Sol. Nº 790.- Bcn.-