REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida. Sede Alterna El Vigía.
El Vigía, veintisiete de mayo de dos mil q+uince
205º y 156º
ASUNTO: LP31-L-2015-000054
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA
- I –
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
PARTE DEMANDANTE: JOSÉ AMABLE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.472.873, domiciliado en la Población de Santa Cruz de Mora, Municipio Pinto Salinas del Estado Bolivariano de Mérida.
ABOGADOS ASISTENTES DE LA PARTE DEMANDANTE: Abg. Efrén Darío Ortiz Zerpa y Cesar Humberto Serrano Ramírez, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V- 3.962.811 y V- 4.469.148 respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 35.258 y 69.823, domiciliados en la Ciudad deEl Vigía, Estado Bolivariano de Mérida.
PARTE DEMANDADA: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS, DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en la persona del Ciudadano Oscar Garrido, en su carácter de Alcalde y representante legal del municipio.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.
- II-
ANTECEDENTES PROCESALES
En fecha catorce (14) de mayo de 2015, se presentó por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, presentada por el ciudadano JOSÉ AMABLE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.472.873, domiciliado en la Población de Santa Cruz de Mora, Municipio Pinto Salinas del Estado Bolivariano de Mérida, asistido por los Abg. Efrén Darío Ortiz Zerpa y Cesar Humberto Serrano Ramírez, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V- 3.962.811 y V- 4.469.148 respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 35.258 y 69.823, domiciliados en la Ciudad de El Vigía, Estado Bolivariano de Mérida, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS, DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en la persona del Ciudadano Oscar Garrido, en su carácter de Alcalde y representante legal del municipio; recibiéndose por este Tribunal en fecha 18 de mayo del 2015, librándose auto a los fines de pronunciarse sobre su admisión de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; en fecha 20 de mayo de 2014, este Tribunal se abstuvo de admitir la demandada y ordenó Despacho Saneador, por no llenar los requisitos establecido en los numerales 3 y 4 el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenando así al demandante con apercibimiento de PERENCIÓN, subsane el libelo de demanda en los términos señalados a los fines de su admisión.
- III -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Este Tribunal para decidir observa lo siguiente:
- Al folio 16 de fecha 20 de mayo de 2015, consta boleta de notificación librada al demandante.
- A los folio 17 y 18, consta consignación de la boleta de las notificaciones realizadas por el alguacil adscrito a esta Sede judicial Ciudadano Luís Castellano, el día 21 de mayo de 2015, se encuentra firmada por la persona que la recibió.
- Al folio 19, consta certificación de la secretaria de haberse cumplido con las notificaciones comenzando a transcurrir a partir del 22 de mayo de 2015, los dos (2) días hábiles de despacho siguientes para subsanar la demanda.
Ahora bien, la Ley Orgánica procesal del Trabajo su artículo 124, establece que:
“Si el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, comprueba que el escrito libelar cumple con los requisitos exigidos en el artículo anterior, procederá a la admisión de la demanda, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a su recibo. En caso contrario, ordenará al solicitante, con apercibimiento de perención que corrija el libelo de la demanda, dentro del lapso de los dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación que se le practique…” (Negrilla y subrayado de este Tribunal).
Así las cosas, es importante señalar que la doctrina ha establecido que:
“El Despacho Saneador no se encuentra enmarcado en una frontera minúscula, por el contrario y a tenor de lo establecido en la Exposición de motivos de la Ley, se le atribuyó al operador de justicia la facultad de examinar la demanda antes de decidir sobre su admisión, permitiéndole al Juez que ordene la subsanación de aquellos defectos que impiden darle a la demanda el trámite de ley o decidir apropiadamente. El despacho saneador tiene por norte, vigilar y erradicar las impurezas que afecten el proceso, respondiendo así a la idea de la economía procesal, debe tenerse en cuenta que este nuevo proceso prohíbe la interposición de las cuestiones previas, por lo que la participación del Juez cobra vida a través del despacho saneador.”
Por su parte, la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 12 de abril de 2005, indicó lo siguiente:
“En conclusión, el Despacho Saneador, debe entenderse como un instituto procesal de ineludible cumplimiento, que impone al juez –se insiste- la depuración de la demanda y de los actos relativos al proceso, conforme a los presupuestos procesales y a los requisitos del derecho de acción, de modo que permita y asegure al juez que ha de conocer y decidir sobre el fondo, dictar una sentencia conforme al derecho y la justicia (…)”.
De lo antes transcrito, se deduce que el Despacho Saneador, es una institución procesal de ineludible cumplimiento, que se le impone al juez de sustanciación a los fines de una efectiva depuración de posibles vicios que pudieran contener el escrito libelar presentado.
En términos generales el despacho saneador, constituye una manifestación contralora encomendada al juez competente, a través de la facultad de revisar la demanda in limine litis, con el fin de obtener un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar el proceso.
La naturaleza jurídica de esta institución puede ser establecida a partir del objeto de la misma, que es, como se dijo, depurar el ulterior conocimiento de una demanda cuando adolece de defectos en el libelo o vicios procesales. Por ello, se le ha atribuido al juzgador, como director del proceso y no como espectador, no sólo la facultad sino también la obligación, de controlar que la demanda y la pretensión en ella contenida, sean adecuadas para obtener una sentencia ajustada a Derecho. Comúnmente esta actividad contralora del juez es exigida en la primera etapa del proceso, dependiendo del defecto que la motive.
En tal sentido, cuando se ordena librar un Despacho Saneador a los libelos o solicitudes, no es por capricho del Juez o por retardar u ocasionar dilaciones inútiles en el proceso, todo lo contrario, los Jueces son garantes de la normativa legal, aun mas de cuando son de orden público, por ello, al aplicar la figura jurídica del despacho saneador se esta garantizando la aplicación de la norma, por lo cual, deben los ciudadano, usuario, abogados, entre otros quienes forman parte del sistema de administración de justicia; tal como lo establece el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acatar las ordenes emanadas por los Tribunales de República.
Ahora bien, en el caso de marras, esta Juzgadora, observa que el accionante no subsanó, por medio de su abogado de confianza el libelo de demanda; por lo que a juicio de quien Sentencia, se le debe aplicar el contenido de la norma, establecida en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con relación a la declaratoria de la perención de la instancia por no haber corregido el libelo de la demanda en el lapso indicado. Y así se establece.
Por las razones antes expuesta, esta Juzgadora debe salvaguardar el derecho a la defensa y al debido proceso a las partes, siendo que en este caso se le esta causando un estado de indefensión a la parte demandada y en virtud, que la finalidad del despacho saneador en el proceso laboral es corregir aquellos defectos formales o vicios procesales que obstaculicen o impidan el ejercicio a la defensa de la contraparte por lo que, al no cumplir con la subsanación en el lapso indicados en la ley, resulta forzoso para esta juzgadora declarar: la Perención de la instancia. Y así se decide.
- IV-
DISPOSITIVA
Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN de la instancia de conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en el juicio que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES; sigue el ciudadano: JOSÉ AMABLE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, contra ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS, DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, por no haber subsanado el escrito de la demanda.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada por Secretaria del presente fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la ciudad de El Vigía, a los veintisiete (27) días del mes de mayo del dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
La Juez Temporal
Abg. Andreína del Valle Fernández
La Secretaria
Abg. Ivett Nathalie Aristimuño López
En la misma fecha, siendo las doce y diez minutos del mediodía (12:10 m.), se publicó la anterior decisión y se cumplió con lo ordenado. De igual manera, se hizo su inserción en el Sistema Juris 2000 por parte de la ciudadana Juez Temporal, así como su correspondiente publicación en el portal informático http://merida.tsj.gov.ve/. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente.
La Secretaria
Abg. Ivett Nathalie Aristimuño López
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