REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida Mérida, veintisiete (27) de octubre de 2015 204º y 156º SENTENCIA Nº 88 ASUNTO PRINCIPAL: LP31-L-2015-000239 ASUNTO: LP21-R-2015-000066 SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA - I - IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Demandante: Alexis Germán Chacón Bellorini, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-17.632.049, domiciliado en la ciudad de Mérida Estado Bolivariano de Mérida. Apoderados Judiciales del demandante: Nancy Josefina Calderón Trejo, Ronald Eduardo Calderón Jerez, Carmen Rosa Contreras Peña, Nelly Josefina Ramírez Carrero, Maria Mercedes Ramírez Méndez, Luis Alberto Caminos Angulo, Mercedes Margarita Salguero Rivas, Renzo Benavides Lizarazo, Elias Benigno Chirinos Querales, Yorledy Jusley Zerpa Fernández y Jerymar Estupiñan Andrade, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad Nos. V-9.475.833, V-14.204.472, V-12.815.171, V-8.083.778, V-15.235.515, V-15.032.767, V-10.507.028, V-10.146.414, V-12.447,082, V-14.963.252 y V-17.794.026, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 91.089, 108.464, 101.915, 60.952, 120.899, 115.306, 133.678, 48.448, 98.920, 160.336 y 174.367, en sus caracteres de Procuradores Especiales de los Trabajadores y Trabajadoras. Demandado: Entidad de Trabajo “Clinisalud Medicina Prepagada, S.A.”, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en fecha 02 de septiembre de 2015, bajo el N° 25, Tomo A-25, en la persona del ciudadano Antonio José Guerrero Quintero, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.994.553, en su condición de Presidente de la mencionada entidad de trabajo. Apoderado Judicial del demandado: Juan Carlos Flores Tapias, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.528.176 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 141.404, domiciliado en la ciudad de Mérida Estado Bolivariano de Mérida. Motivo: Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales (Recurso de Apelación). -II- SÍNTESIS PROCESAL SEGUNDA INSTANCIA Se recibió en este Tribunal Superior, el expediente original, mediante auto fechado catorce (14) de octubre de 2015, que consta agregado al folio 37. El asunto fue remitido por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, junto al oficio Nº SME2-934-15, por el recurso de apelación que ejerció el profesional del derecho Juan Carlos Flores Tapias, en su condición de apoderado judicial de la sociedad demandada (fs. 28-32), por no estar conforme con la decisión publicada en data trece (13) de agosto de 2015, por el referido Tribunal, que declaró: ”(omissis) PRIMERO: CON LUGAR, la demanda que por Cobro de Prestaciones Sociales y otros Conceptos Laborales tiene incoada la Ciudadana: ALEXIS GERMAN CHACON BELLORIN.” (Negritas propias del texto). Una vez de la recepción del asunto, se procedió inmediatamente a la sustanciación, aplicando lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo1, en efecto, se fijó la audiencia oral y pública de apelación para el quinto (5to) día hábil de despacho siguiente a las nueve de la mañana (09:00 a.m.), cuya celebración correspondía el día martes, veintisiete (27) de octubre de 2015. Llegada la oportunidad de la audiencia oral y pública de apelación, a la hora establecida, el Alguacil en la puerta de la Sala de Audiencias anunció el acto, informando al Tribunal que no se encontraba presente la parte demandada-recurrente; circunstancia que fue verificada por la Juez Titular y la Secretaria del Tribunal. En consecuencia, se ordenó levantar el acta donde se dejó constancia de la incomparecencia del apelante, quien no asistió ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno. Cumplidas las formalidades legales, se publica el fallo, previa las consideraciones que siguen: -III- MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Observada la incomparecencia de la compañía demandada a la audiencia oral y pública de apelación, es de destacar que, el proceso laboral venezolano contenido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece en el artículo 2, la oralidad, la inmediación y la concentración, como principios fundamentales del procedimiento. Estos postulados, implícitamente, contienen la carga procesal para los interesados en el juicio de comparecer a los actos que fijen los Tribunales en el transcurso del procedimiento. El no acatamiento produce los efectos jurídicos previstos en varias disposiciones, por ejemplo: El desistimiento del procedimiento cuando inasiste el o la demandante (artículo 130 eiusdem); la presunción de la admisión de los hechos si la conducta de incomparecencia es del demandado (artículo 131 ibídem); el desistimiento o la confesión, dependiendo, cuál de las partes no asistió a la audiencia oral y pública de juicio (artículo 151 ídem); y, el desistimiento del recurso de apelación por la inasistencia del recurrente (artículos 125, 130, 131, 137, 151, 164, 186, Ley Orgánica Procesal del Trabajo). Por ende, la conducta para no soportar las consecuencias de Ley, es asistir el día y la hora que fije el Tribunal Superior del Trabajo, cuando se está en presencia de un recurso ordinario de apelación. En el presente caso, se verificó que el día martes 27 de octubre de 2015, la demandada de autos, no compareció por si, por intermedio de algún representante legal o apoderado judicial, al acto fijado por este Tribunal Superior para escuchar los motivos de hecho y derecho que condujeron la empresa accionada a impugnar la sentencia de primera instancia. Por tal razón, procede esta Sentenciadora a aplicar lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que prevé: “Artículo 131. Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal sentenciará en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día, contra la cual, el demandado podrá apelar a dos efectos dentro de un lapso de cinco, (5) días hábiles a partir de la publicación del fallo. El Tribunal Superior del Trabajo competente decidirá oral e inmediatamente y previa audiencia de parte, dentro de las cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del día de recibo del expediente, pudiendo confirmar la sentencia de Primera Instancia o revocarla, cuando considerare que existieren justificados y fundados motivos para la incomparecencia del demandado por caso fortuito o fuerza mayor plenamente comprobables, a criterio del tribunal. La decisión se reducirá a forma escrita y contra la misma será admisible el recurso de casación, si alcanzare la cuantía a la que se refiere el artículo 167 de esta Ley, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha decisión. En todo caso, si el apelante no compareciere a la audiencia fijada para decidir la apelación, se considerará desistido el recurso intentado.” (Subrayado y negrillas de este Tribunal Superior). En este orden, se menciona que, del contenido de la disposición adjetiva se desprende el efecto que se produce en el supuesto de hecho de la inasistencia a la audiencia oral y pública de apelación; advirtiendo, que dicha incomparecencia constituye una anomalía del procedimiento, por ser las partes sujetos necesarios y útiles en el proceso cuyo interés debe estar evidenciado desde el momento en que se inicia, debiendo subsistir inexcusablemente durante el desarrollo de éste. Tal conducta, evidencia una pérdida del interés procesal en la consecución del procedimiento iniciado con la interposición del recurso de apelación. Y así se establece. Finalmente, por las razones de hecho y de derecho antes esgrimidas, este Tribunal, declara: Desistido el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho Juan Carlos Flores Tapias, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad demandada, contra la decisión proferida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en data trece (13) de agosto de 2015, conforme a la disposición 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se decide. -IV- DISPOSITIVO Por las consideraciones expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: DESISTIDO el recurso de apelación, interpuesto por el profesional del derecho Juan Carlos Flores Tapias, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-13.528.176 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 141.404, en su carácter de apoderado judicial de la entidad de trabajo “Clinisalud Medicina Prepagada, S.A” (demandada), en contra de la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en data trece (13) de agosto de dos mil quince (2015), en la causa principal signada con la nomenclatura Nº LP21-L-2015-000239, de conformidad con la disposición 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. SEGUNDO: Se confirma el fallo recurrido, que declaró: ”(omissis) PRIMERO: CON LUGAR, la demanda que por Cobro de Prestaciones Sociales y otros Conceptos Laborales tiene incoada la Ciudadana: ALEXIS GERMAN CHACON BELLORIN. SEGUNDO: Se condena a la Sociedad Mercantil “CLINISALUD MEDICINA PREPAGADA S.A”, a pagar la cantidad de CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS BOLIVARES CON VEINTICUATRO CENTIMOS (Bs. 40.186,24), por todos y cada uno de los conceptos ut supra cuantificados y discriminados que corresponden al trabajador. TERCERO: Se ordena el pago de los intereses sobre la prestación de antigüedad a través de una experticia complementaria del fallo, de conformidad a lo establecido en el literal “f” del artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo. Realizada mediante experto, el cual deberá al efectuar el cálculo de dichos intereses, considerar desde la fecha en que nace el derecho a la antigüedad en la relación laboral, hasta la fecha de terminación de la misma, el cual deberá considerar para ello, las tasas de interés publicadas por el Banco Central de Venezuela, a fin de que estas tasas se apliquen sobre el monto que en definitiva corresponda pagar al trabajador por cada mes laborado. CUARTO: Se ordena la indexación sobre la cantidad condenada a pagar, cómputo éste que se realizará desde la notificación del demandado, hasta que la sentencia quede definitivamente firme. Dicha indexación será calculada por el mismo experto designado en la experticia ordenada en el particular anterior. QUINTO: En caso de que la demandada no cumpliere voluntariamente con el pago de lo sentenciado, se procederá al pago de intereses de mora sobre la cantidad condenada a pagar, con fundamento en lo previsto en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo, dichos intereses deberán ser calculados a través de una experticia complementaria del fallo, mediante la designación de un experto designado por el Tribunal, desde el día del retiro voluntario que fue el 19 de noviembre de 2.014, hasta la ejecución de la sentencia, conforme a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela. SEXTO: Se condena en costas dada la naturaleza del presente fallo. Dada, sellada y firmada en la Sala de Audiencias del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los trece (13) días del mes de agosto de 2.015. No se deja copia certificada de la presente sentencia en virtud de no contar la Coordinación del Trabajo con los insumos para el servicio de fotocopiado.” (Negrillas propias del texto). TERCERO: Se condena en costas a la parte accionante recurrente de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Se ordena publicar, registrar y dejar copia certificada del presente fallo. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, con sede en la ciudad de Mérida, a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil quince (2015). Años 204º de la Independencia y 156º de la Federación. La Juez Titular, Glasbel del Carmen Belandría Pernía La Secretaria Abg. Norelis Carrillo Escalona. En igual fecha y siendo las diez y veintisiete de la mañana (10:27 a.m.) se publicó y agregó la presente sentencia a las actas del expediente. De igual manera, se hizo su inserción en el Sistema Juris 2000 (Libro Diario Digitalizado) por parte de la ciudadana Juez Titular, y la correspondiente publicación en el portal informático http://merida.tsj.gov.ve/. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente. La Secretaria Abg. Norelis Carrillo Escalona. 1. Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2002). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 37.504, de fecha 13-08-2002. GBP/kpb.