TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida. Sede Alterna El Vigía.
El Vigía, veinticuatro de septiembre de dos mil quince
205º y 156º
ASUNTO: LP31-L-2015-000086

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA

- I –
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

DEMANDANTE: FRANCISCO ANTONIO CALDERÓN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 10.395.766, domiciliado en Arapuey, sector el paraíso, calle 1, casa Nº 16, frente a la Carretera panamericana, Municipio Julio Cesar Salas del Estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábil.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: Abg. Luís Antonio Pernia García, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 8.000.855, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 67.092.

DEMANDADO: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS, en la persona del Alcalde ciudadano Silvio Luis Torres Vásquez, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Arapuey.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.
- II-
ANTECEDENTES PROCESALES

Se inicia el presente procedimiento en fecha nueve (09) de julio de 2015, por la demanda presentada por el ciudadano FRANCISCO ANTONIO CALDERÓN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 10.395.766, asistido por el abogado Luis Antonio Pernia García venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 8.000.855, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 67.092, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS, en la persona del Alcalde ciudadano Silvio Luis Torres Vásquez, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Arapuey; recibiéndose por este Tribunal en fecha 10 de julio de 2015, librándose auto a los fines de pronunciarse sobre su admisión de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; en fecha 13 de julio de 2015, este Tribunal se abstiene de admitir la demanda y dicta Despacho Saneador, por no llenar los requisitos establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenando así al demandante con apercibimiento de perención, subsane el libelo de demanda en los términos señalados a los fines de su admisión.

- III –
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Este Tribunal, para decidir hace las siguientes consideraciones:

- En fecha 13 de julio de 2015, este Juzgado se abstuvo de admitir la demandada en los siguientes términos:

“(…) Visto el libelo de demanda, presentado en fecha 09 de julio de 2015 por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, suscrito por la parte demandante, ciudadano Francisco Antonio Quintero Calderón, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.395.766, asistido en este acto por el Abogado en ejercicio Luis Antonio Pernia García, titular de la cédula de identidad Nº 8.000.855, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 67.092, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, se abstiene de admitirla por no llenar el mismo los requisitos establecidos en los numerales 03 y 04 del artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en tal sentido, este Tribunal, le ordena subsanar lo siguiente:

1.- Indique discriminadamente la operación aritmética utilizada para calcular cada uno de los conceptos que reclama.

2.- Indique las razones de modo, tiempo y lugar en que termino la relación laboral.

3.- Indique claramente el domicilio procesal exacto de la parte demandante, toda vez que al folio 03, se observa que indicó dos direcciones distintas como domicilio procesal.

En consecuencia, la parte actora, deberá corregir, aclarar o SUBSANAR, lo antes requerido, dentro del lapso de dos (02) días hábiles de despacho siguientes a que conste en autos la certificación por Secretaría de haberse cumplido la notificación que a tal fin se le practique y bajo apercibimiento de PERENCIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 124 eiusdem. (…)”.

- Al folio 16, consta certificación de secretaría de haberse cumplido con la notificación comenzando a transcurrir a partir del 21 de septiembre de 2015, los dos (2) días hábiles siguientes para realizar el despacho saneador.

- En fecha 23 de septiembre de 2015, la parte actora, consigna escrito de subsanación constante de un (1) folio útil el cual, obra al folio 18 del presente expediente.

Ahora bien, esta Juzgadora para decidir hace las siguientes consideraciones:

En relación al primer punto, referido a que indicara discriminadamente la operación aritmética utilizada para calcular cada uno de los conceptos que reclama; observa esta juzgadora del escrito de subsanación lo siguiente: 1) Que, en lo referido al concepto de Antigüedad, al multiplicar el numero de días indicados de 240, por el salario diario de Bs. 144,70, no coincide el resultado, con el monto de Bs. 37.622. 2) En los intereses sobre prestaciones Sociales, la parte sólo se limitó a indicar que fueron calculados mes por mes, según los parámetros establecido por el Banco Central de Venezuela, resultando la cantidad de Bs. 5.861,89, no evidenciándose operación aritmética alguna. 3) En cuanto a las vacaciones fraccionada y el Bono vacacional fraccionado, se observa que reclama 10 días por cada concepto, sin indicar discriminadamente la operación aritmética que utilizó para calcular el numero de días, aunado al hecho que no coincide el numero de días que reclama con la fracción que pudiere corresponderle durante el periodo (2012-2013); Razón por la cual, no se puede tener como subsanado lo referido a este punto. Y así se establece.

En cuanto al segundo punto, referido a que indicara las razones de modo, tiempo y lugar en que terminó la relación laboral, observa quien sentencia que no están claras las mismas, en virtud, que no coincide lo expuesto en el libelo, con lo manifestado en la subsanación, cuando en el libelo (vuelto del folio 1) indicó que: el ciudadano Silvio Luis Torres Vásquez, en su condición de Alcalde lo despidió injustificadamente y sin tener una causa justa para hacerlo, simplemente por el hecho de no aceptar el cambio de sitio de trabajo porque consideraba que en ese sitio no le ofrecían las condiciones para laborar. Y en la subsanación señala que: fue llamado por el ciudadano Alcalde del Municipio Julio Cesar Salas, Silvio Luis Torres, a su oficina quien le hizo ver que lo había traicionado a nivel político y le dijo que pasara por la oficina de Recursos Humanos para que firmara la carta de renuncia y fue así cuando fue a hablar con el ciudadano Juan Carlos Arandia quien le dijo que tenia que firmar la renuncia porque no era de su partido. Siendo razones de modo diferente; En consecuencia, no puede quien Juzga tener como subsanada correctamente la demanda en virtud, que, el libelo de la demanda debe bastarse por si solo para no causar indefensión a la parte dentro del proceso; porque podría lesionar el derecho a la defensa y al debido proceso de la parte demandada; es por ello que, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece en su artículo 124, que si el demandante no subsana en el lapso indicado o la subsanación es deficiente o insuficiente, deberá entonces declarar el Juez, inadmisible la demanda. Y así se establece.

En tal sentido, es de resaltar que el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considera al proceso como un instrumento fundamental para la realización de la justicia, y para que pueda cumplir su cometido, debe ofrecer garantías formales y sustanciales, cuya efectividad es atribuida a los órganos judiciales, es por ello, que los artículos 124 y 134 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, consagran, la institución del Despacho Saneador.

El artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es claro al establecer que:

“Si el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, comprueba que el escrito libelar cumple con los requisitos exigidos en el artículo anterior, procederá a la admisión de la demanda, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recibo. En caso contrario, ordenará al solicitante, con apercibimiento de perención, que corrija el libelo de demanda, dentro del lapso de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación que a tal fin se le practique. En todo caso, la demanda deberá ser admitida o declarada inadmisible dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del libelo por el Tribunal que conocerá de la misma. La decisión sobre la inadmisibilidad de la demanda deberá ser publicada el mismo día en que se verifique”.

Así las cosas, es importante señalar que la doctrina ha establecido que:

“El Despacho Saneador no se encuentra enmarcado en una frontera minúscula, por el contrario y a tenor de lo establecido en la Exposición de motivos de la Ley, se le atribuyó al operador de justicia la facultad de examinar la demanda antes de decidir sobre su admisión, permitiéndole al Juez que ordene la subsanación de aquellos defectos que impiden darle a la demanda el trámite de ley o decidir apropiadamente. El despacho saneador tiene por norte, vigilar y erradicar las impurezas que afecten el proceso, respondiendo así a la idea de la economía procesal, debe tenerse en cuenta que este nuevo proceso prohíbe la interposición de las cuestiones previas, por lo que la participación del Juez cobra vida a través del despacho saneador.”

Por su parte, la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 12 de abril de 2005, indicó lo siguiente:

“En conclusión, el Despacho Saneador, debe entenderse como un instituto procesal de ineludible cumplimiento, que impone al juez –se insiste- la depuración de la demanda y de los actos relativos al proceso, conforme a los presupuestos procesales y a los requisitos del derecho de acción, de modo que permita y asegure al juez que ha de conocer y decidir sobre el fondo, dictar una sentencia conforme al derecho y la justicia...”

De lo antes transcrito, se deduce que el Despacho Saneador, es una institución procesal de ineludible cumplimiento, que se le impone al juez de sustanciación a los fines de una efectiva depuración de posibles vicios que pudieran contener el escrito libelar presentado.

En términos generales el despacho saneador, constituye una manifestación contralora encomendada al juez competente, a través de la facultad de revisar la demanda in limine litis, con el fin de obtener un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar el proceso.
La naturaleza jurídica de esta institución puede ser establecida a partir del objeto de la misma, que es, como se dijo, depurar el ulterior conocimiento de una demanda cuando adolece de defectos en el libelo o vicios procesales.

Por ello, se le ha atribuido al juzgador, como director del proceso y no como espectador, no sólo la facultad sino también la obligación, de controlar que la demanda y la pretensión en ella contenida, sean adecuadas para obtener una sentencia ajustada a Derecho. Comúnmente esta actividad contralora del juez es exigida en la primera etapa del proceso, dependiendo del defecto que la motive.

Del escrito de subsanación, se puede constatar que la parte actora no dio estricto cumplimiento al despacho saneador ordenado en fecha 13 de julio de 2015, específicamente, en lo que respecta a los particulares 1 y 2; donde se le solicitó entre otras cosas que indicara discriminadamente la operación aritmética utilizada para calcular cada uno de los conceptos que reclama; así como las razones de modo, tiempo y lugar en que termino la relación laboral; en consecuencia, la parte actora no subsanó la demanda en los términos señalados por este Tribunal, aspecto que deben ser determinado en esta fase del proceso y no en otra, puesto que el demandado debe conocer los conceptos que le reclaman para realizar su defensa. Y así se establece.

Por las razones antes expuesta, esta Juzgadora debe salvaguardar el derecho a la defensa y al debido proceso a las partes, siendo que en este caso se le esta causando un estado de indefensión a la parte demandada y en virtud, que la finalidad del despacho saneador en el proceso laboral es corregir aquellos defectos formales o vicios procesales que obstaculicen o impidan el ejercicio a la defensa de la contraparte por lo que, al no cumplir con la subsanación en los términos indicados por este Tribunal, resulta forzoso para esta juzgadora declarar: la inadmisibilidad de la presente demanda. Y así se decide.

- IV-
DISPOSITIVA

Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE LA DEMANDA, intentada por el ciudadano FRANCISCO ANTONIO CALDERÓN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 10.395.766, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS, en la persona del Alcalde ciudadano Silvio Luis Torres Vásquez, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Arapuey, por motivo de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

SEGUNDO: No se condena en costas a la parte demandante.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada por Secretaria del presente fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la ciudad de El Vigía, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

La Juez Temporal

Abg. Andreína del Valle Fernández
La Secretaria

Abg. Ivett Nathalie Aristimuño López

En la misma fecha, siendo la una de la tarde (1:00 pm.), se publicó la anterior decisión y se cumplió con lo ordenado. De igual manera, se hizo su inserción en el Sistema Juris 2000 por parte de la ciudadana Juez Temporal, así como su correspondiente publicación en el portal informático http://merida.tsj.gov.ve/. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente.
La Secretaria

Abg. Ivett Nathalie Aristimuño López