REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida Mérida, 04 de septiembre de 2015 205° y 156° Asunto Principal : LP11-P-2015-000285 Asunto : LP01-R-2015-000285 PARTES RECURRENTE: Abogado MIGUEL DUGARTE, Fiscal Séptimo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial. IMPUTADOS: ALBERT JOSÉ GARCÍA SALAZAR. DEFENSORA: Abogada CARMEN YURAIMA CHACÓN. DELITO: POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO. Corresponde a esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, conocer y decidir el recurso de apelación en la modalidad de efecto suspensivo, interpuesto en fecha 23 de agosto de 2015, durante la celebración de la audiencia de presentación de imputados, conforme a lo establecido en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, por el Abogado MIGUEL DUGARTE, en su condición de Fiscal Séptimo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, contra la decisión dictada en esa misma fecha, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control N° 02 del Circuito Judicial Penal, Extensión El Vigía, mediante la cual se impuso en contra del imputado ALBERT JOSÉ GARCÍA SALAZAR, la medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad a que se contrae el numeral 3º del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentación periódica cada quince días ante la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal, Extensión El Vigía, acordando la prosecución del proceso, según lo peticionado por el Ministerio Público y por disposición de la ley, a través del procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves. Recibidas las actuaciones a la 07:22 p.m. del día 02/09/2015, se les dio entrada en fecha 03/09/2015, asignándose la ponencia al Juez GENARINO BUITRAGO ALVARADO. Habiéndose realizado los actos procedimentales pertinentes, esta Corte de Apelaciones para decidir, observa lo siguiente: I. DE LA ADMISIBILIDAD Que en cuanto a la admisibilidad o no, del recurso de apelación con efecto suspensivo interpuesto, se constata lo siguiente: Que dispone el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente: “Artículo 374. Recurso de Apelación. La decisión que acuerde la libertad del imputado es de ejecución inmediata, excepto, cuando se trate de delitos de: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, o cuando el delito merezca pena privativa de libertad que exceda de doce años en su límite máximo, y el Ministerio Público ejerciere el recurso de apelación oralmente en la audiencia, en cuyo caso se oirá a la defensa, debiendo el Juez o Jueza remitirlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la Corte de Apelaciones. En este caso, la corte de apelaciones considerará los alegatos de las partes y resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir del recibo de las actuaciones.” Desde esta perspectiva, en cuanto a la legitimación para ejercer el presente recurso de apelación, esta Alzada verifica, de conformidad con lo establecido en el artículo 374 en comento, que el mismo fue interpuesto por el representante del Ministerio Público, que según la aludida disposición legislativa, es el único legitimado para ejercerlo. Que en cuanto a la tempestividad del recurso, el mismo fue interpuesto en tiempo hábil, es decir, durante la realización de la audiencia oral de presentación de imputados, inmediatamente después de dictado el pronunciamiento judicial que decretó la medida cautelar sustitutiva de privación de libertad contra los imputados de autos, tal y como lo requiere la referida norma. En cuanto a la impugnabilidad del auto recurrido se observa, que en los actuales momentos, la patria venezolana y sus autoridades, en el marco de lo preceptuado en el capítulo I del Título VII de la Constitución Nacional, realiza esfuerzos titánicos para garantizar la seguridad nacional frente al acecho que intereses foráneos y potencias imperiales, en connivencia con élites nacionales y países hermanos, despliegan contra nuestra patria, enfrentando una guerra económica y mediática sin precedentes, para lo cual se utilizan elementos y sujetos dedicados a la delincuencia organizada, para crear caos y desesperanza en nuestro pueblo con el objeto de socavar y desestabilizar nuestras instituciones democráticas. Es así como se ha detectado la presencia en nuestro territorio de paramilitares pertenecientes a las denominadas “Autodefensas Unidas de Colombia”, quienes en contubernio ilícito con bandas delincuenciales venezolanas, incrementan la comisión de delitos comunes y se ejecutan otros con el sello característico del paramilitarismo, tales como el asesinato con desmembramiento de las víctimas y adicionalmente se organizan estructuras criminales para acaparar y extraer de nuestras fronteras, alimentos de primera necesidad, combustibles y lubricantes, insumos agrícolas y otros productos estratégicos, subsidiados por el Estado Venezolano, lo cual genera escasez a lo interno y desesperanza en la sociedad con el objeto de crear caos, anarquía y desorden, por lo que a los fines de enfrentar la conjura en referencia, entre otras acciones, se han desplegados los denominados “OPERATIVOS PARA LA LIBERACIÓN DEL PUEBLO” (OLP), desarrollados y ejecutados en aquellas zonas más sensibles y necesitadas, donde la acción delincuencial ha desbordado los límites de la racionalidad, previo análisis profundo de la información acopiada por los órganos de inteligencia del Estado. Por ello resulta evidente, que las personas aprehendidas en el marco de dichos operativos, en principio se encuentran vinculados con delitos que atentan contra la seguridad de la nación, independientemente de la pena que se asigne al mismo, por lo que a juicio de esta Alzada, procede en tales casos, la apelación en la modalidad de efecto suspensivo. Así se decide. Una vez verificado por esta Alzada, que no concurre ninguna de las causales de inadmisibilidad a que se contrae el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, lo procedente y ajustado en derecho, es declarar la ADMISIBILIDAD del recurso de apelación bajo la modalidad de efecto suspensivo, interpuesto por el Abogado MIGUEL DUGARTE, en su condición de Fiscal Séptimo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, contra la decisión dictada en fecha 23/08/2015, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control N° 02 del Circuito Judicial Penal, Extensión El Vigía, mediante la cual se impuso en contra del imputado ALBERT JOSÉ GARCIA SALAZAR, la medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad a que se contrae el numeral 3º del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentación periódica cada quince días ante la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal, Extensión El Vigía, acordando la prosecución del proceso, según lo peticionado por el Ministerio Público y por disposición de la ley, a través del procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves. Así se decide. II. ANTECEDENTES DEL CASO Por escrito de fecha 23 de agosto de 2015, correspondió conocer al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 02 del Circuito Judicial Penal, Extensión El Vigía, el Fiscal Séptimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, abogado Miguel Andrés Dugarte Cardona, colocó a la orden de dicho Juzgado, al ciudadano ALBERT JOSÉ GARCIA SALAZAR, celebrándose en consecuencia, en fecha 23/08/2015, la correspondiente audiencia de presentación de detenidos, en la cual la representación fiscal le atribuyó al preindicado ciudadano, la presunta comisión del delito de Posesión Ilícita de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio del Orden Público. En la referida audiencia, la Juez de Control calificó como flagrante la aprehensión de los referidos ciudadanos y a los fines de sujetarlos al proceso, les impuso la medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad, consistente en presentación periódica, cada quince días, por ante la Oficina de Alguacilazgo de la referida Extensión, acordando la prosecución del proceso, según lo peticionado por el Ministerio Público y por disposición de la ley, a través del procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves. III. DE LA DECISIÓN RECURRIDA Por decisión de fecha 23 de agosto de 2015, fundamentada el 24/08/2015, el Juez de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 02 del Circuito Judicial Penal, Extensión El Vigía, impuso en contra de los imputado ALBERT JOSÉ GARCIA SALAZAR , la medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad a que se contrae el numeral 3º del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentación periódica cada quince días ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, Extensión El Vigía, acordando la prosecución del proceso, según lo peticionado por el Ministerio Público y por disposición de la ley, a través del procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves, fundamentándose para ello, en lo siguiente: “…Omissis… PRIMERO: DECLARA:Califica la APREHENSIÓN EN SITUACIÓN DE FLAGRANCIA, en contra del imputado ALBERT JOSÉ GARCÍA SALAZAR, supra identificado, por el delito de POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio de EL ORDEN PÚBLICO; todo de conformidad con el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y artículos 234 y 373 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Por solicitud del Ministerio Público, se acuerda la aplicación del Procedimiento para el Juzgamiento de los Delitos Menos Graves, con fundamento en el artículo 354 del mencionado Decreto-Ley. En consecuencia, una vez vencido el lapso legal, remítase las actuaciones a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público. TERCERO: Por cuanto se estima que no existe peligro de fuga se e impone medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad, conforme a lo establecido en el artículo 242 numeral 3 del Decreto con rango, Valor y Fuerza de ley del Código Orgánico Procesal Penal. “Dejo constancia que revisado los supuesto táctiles establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal y sus supuestos concurrentes, al no estar acreditado el peligro de fuga ni de obstaculización en la búsqueda de la verdad, en virtud de la naturaleza jurídica del delito y de su penalidad, por cuanto es uno de posdelitos catalogados como menos grave, el tribunal resolvió en cumplimiento al Principio de Presunción de Inocencia, oí Principio de Legalidad, al Debido Proceso y al Principio de Proporcionalidad en la Aplicación en la Medidas de Coerción Personal, aplicar una medida menos gravosa en sintonía con todos esos principios". En este estado. el fiscal del Ministerio Público solicitó el derecho de palabra y expuso: "Ejerzo en este acto el recurso de apelación con Efecto Suspensivo conforme a lo establecido en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, fundamento el mismo en el Plan de Estado de Seguridad que se esto desplegando en todo el territorio Nacional como medida para contrarrestar la inseguridad, en apoyo a la colectividad para combatir la gran cantidad de delincuencia que se encuentra en el territorio Nacional, como lo es el operativo de liberación desplegado la madrugada del viernes 21-08-2015 en la ciudad de El Vigía", Es todo. …”. IV. DEL RECURSO DE APELACIÓN El Abogado MIGUEL DUGARTE, en su condición de Fiscal Séptimo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, fundamentó su recurso de apelación en la modalidad de efecto suspensivo, en los siguientes términos: “(…omissis…"Ejerzo en este acto el recurso de apelación con Efecto Suspensivo conforme a lo establecido en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, fundamento el mismo en el Plan de Estado de Seguridad que se esto desplegando en todo el territorio Nacional como medida para contrarrestar la inseguridad, en apoyo a la colectividad para combatir la gran cantidad de delincuencia que se encuentra en el territorio Nacional, como lo es el operativo de liberación desplegado la madrugada del viernes 21-08-2015 en la ciudad de El Vigía", Es todo” (omissis…)” Por su parte, la defensa expuso lo siguiente: “…omissis…Visto el recurso de apelación con efecto suspensivo que invoca el representante fiscal, considera esto defensa improcedente e inconstitucional por ser contrario a derecho, yendo en contra de lo norma Adjetiva Penal, ya que no es procedente ni por norma, ni por delito ni por el quantum de la pena". Es todo” (…omissis…)” V. MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Corresponde a esta Corte de Apelaciones resolver el recurso de apelación en la modalidad de efecto suspensivo bajo análisis, evidenciándose, por una parte, que el juzgador impone la medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad, por considerar que en el caso de autos, no se configura el peligro de fuga, dada la pena que comporta el delito imputado, posición o criterio al cual se opone la representación fiscal, al considerar que existe un plan nacional de combate a la delincuencia y que por ello deben privarse de libertad a los aprehendidos en los operativos desarrollados dentro del marco de dicho plan, observándose igualmente, que la defensa rebate la tesis fiscal, por considerar que no es procedente el recurso de apelación en la modalidad de efecto suspensivo, “ni por norma, ni por el delito, ni por el quantum de la pena”. Ante tales argumentos, se impone la necesidad de contextualizarlos y confrontarlos entre sí, a los fines de verificar, cuál de ellos, de acuerdo a las previsiones legales debe prevalecer, observándose al respecto, lo siguiente: Que resulta inexacta la apreciación jurídica del juzgador, al considerar que solo la circunstancia del quantum de la pena atribuida al delito de especie, a saber, de cuatro a seis años de prisión, desvirtúa el peligro de fuga, lo cual constituye una de las varias circunstancias que deben ser tomadas en cuenta por el juzgador a los fines de determinar si se materializa o no el riesgo de que la persona se sustraiga de la persecución penal ordenada en su contra, tal como lo señala el contenido del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, que expresa: “Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente las siguientes circunstancias: 1.- Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. 2.- La pena que podría llegarse a imponer en el caso. 3.-La magnitud del daño causado. 4.- El comportamiento del imputado o imputada durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. 5.- La conducta predelictual del imputado o imputada. …” De la norma parcialmente transcrita se colige, que uno de los elementos más importantes que deben ser atendidos por el juzgador a los fines de pronunciarse acerca del peligro de fuga, se encuentra constituido por el arraigo del imputado en el país, lo que deberá ser determinado a través de la debida acreditación de su domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo en un lugar determinado de la geografía nacional, así como la acreditación que no posee los medios que le faciliten el abandono definitivo del país o le permitan permanecer oculto. En el caso de autos se constata que el imputado de autos, al ingresar sus datos de identificación ante el sistema de información e investigación policial enlace (SAIME), así como también del arma recuperada arrojó como resultado que a dicha persona le corresponden los datos aportados y que presenta la comisión de diferentes delitos por ante ese despacho, en cuanto al arma recuperada la misma se encuentra requerida por ante la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, según expediente signado con el numero K-15-0230-00609 de fecha 16/04/2015 por la comisión del delito de Hurto Genérico Común, lo cual involucra al imputado en la comisión del delito de Aprovechamiento de Cosas o Bienes Provenientes del Delito, esto aunado a que presenta conducta predelictual, lo hace una persona de sumo cuidado y peligrosidad para el colectivo y justamente lo que el estado venezolano persigue con la implementación del operativo para liberación del pueblo (O.L.P), justamente es buscar depurar la sociedad de personas con conductas ilícitas que la mantienen azotada escudadas en el garantismo de nuestras leyes y la complicidad de muchas personas bien sea por que son amenazadas o por su silencio omisivo, en tal sentido, debemos apoyar este gigantesco esfuerzo que hace el gobierno nacional para traer paz tranquilidad y seguridad a todas la personas que habitan en esta hermosa patria; observando esta Alzada que tales circunstancias fueron obviadas en la valoración que efectuó el a quo, al momento de pronunciarse acerca del peligro de fuga en el caso de autos, pues debió haber advertido la situación de la comisión de los diversos delitos en los cuales se encuentra involucrado el imputado, así como el estatus legal del arma incautada lo cual obviamente, hacía improcedente la imposición de una medida cautelar sustitutiva, pues solo la medida de privación judicial preventiva de libertad, resulta idónea para garantizar el sometimiento del encartado al proceso seguido en su contra, más allá de la pena que pudiera llegar a imponérseles, observando la objetivización del peligro de fuga de dicho imputado, lo que obliga a declarar con lugar, aunque por razones distintas a las aducidas por la representación fiscal el recurso de apelación en la modalidad de efecto suspensivo interpuesto. Así se decide. VI. DISPOSITIVA Por las consideraciones antes expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se ADMITE el recurso de apelación en la modalidad de efecto suspensivo, interpuesto en fecha 23 de agosto de 2015, durante la celebración de la audiencia de presentación de imputados, conforme a lo establecido en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, por el Abogado MIGUEL DUGARTE, en su condición de Fiscal Séptimo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, contra la decisión dictada en esa misma fecha, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control N° 02 del Circuito Judicial Penal, Extensión El Vigía, mediante la cual se impuso en contra del imputado ALBERT JOSÉ GARCIA SALAZAR, la medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad a que se contrae el numeral 3º del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentación periódica cada quince días ante la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal, Extensión El Vigía, acordando la prosecución del proceso, según lo peticionado por el Ministerio Público y por disposición de la ley, a través del procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves, imputados a quienes se les sigue causa por la presunta comisión del delito de Posesión Ilícita de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio del Orden Público. SEGUNDO: Se declara CON LUGAR el referido recurso de apelación. TERCERO: SE REVOCAla decisión apelada. CUARTO: Se Decreta Medida Privativa Judicial Preventiva De Libertad, en contra del imputado ALBERT JOSÉ GARCIA SALAZAR. Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia, trasládese al imputado a objeto de imponerlo de la presente decisión y verificada la misma, remítanse las actuaciones al Tribunal de procedencia, a los fines de la ejecución de lo aquí resuelto. LOS JUECES DE LA CORTE DE APELACIONES ABG. ERNESTO JOSÉ CASTILLO SOTO. PRESIDENTE ABG. GENARINO BUITRAGO ALVARADO. (PONENTE) ABG. ADONAY SOLÍS MEJÍAS. LA SECRETARIA, ABG. MIREYA QUINTERO GARCÍA. Seguidamente se cumplió lo ordenado en autos y se libraron boletas Nos. _______ _________________traslado Nº_______________ y oficio Nº ____________. Conste. La Secretaria.