TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida
Mérida, 25 de Abril de 2016
205º y 156º

CASO PRINCIPAL : LP02-S-2013-001545
CASO : LP02-S-2013-001545

AUTO DECLARANDO IMPROCEDENTE LA SOLCITUD DE FIJACIÓN DE AUDIENCIA INCOADA POR EL ABG. RAMON ENRIQUE BALZA EN REPRESENTACION DEL CIUDADNO RIGOBERTO JOSÉ URBINA FUENTES

Vista las actas procesales que conforman el presente asunto, específicamente a los folios del 85 al 89, se encuentra agregado poder penal especial conferido por el ciudadano imputado RIGOBERTO JOSÉ URBINA FUENTES, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 18.989.596, al abogado Ramón Enrique Balza, autenticado por ante la notaria pública tercera de éste entidad Federal; observándose que no ha sido debidamente juramentado, requisito que es esencial de acuerdo a criterio reiterado por la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la Republica, mediante sus sentencias números 969 del 30 de abril de 2003 (caso: Roberto Carlos Montenegro Gómez); 1340 del 22 de junio 2005 (caso: Mireya Ripanti De Amaya) y 1108 del 23 de mayo de 2006 (caso: Eliécer Suárez Vera), la importancia y el alcance del juramento del defensor del imputado a los efectos de su cabal defensa técnica, señalando a tales efectos lo siguiente:
“...A la luz de estos postulados, el Código Orgánico Procesal Penal ha desarrollado a lo largo del proceso todo un abanico de posibilidades de acceso a la justicia y de defensa para el imputado en concordancia con sus derechos fundamentales. Sin duda, los artículos 125, numerales 2 y 3, 137, 139 y 149 eiusdem, estatuyen en particular el derecho a la defensa técnica mediante la asistencia jurídica de un abogado de confianza, facilitando al máximo y por cualquier medio la designación de defensor sin sujeción a ninguna clase de formalidad, salvo la prestación del juramento de ley, es decir, de cumplir bien y fielmente con los deberes del cargo que está asignada imperativamente al Juez como formalidad esencial para ser verificada dentro del término de veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud del defensor o, en su defecto, en el lapso más perentorio posible. Al efecto, la defensa del imputado, cuando recae sobre un abogado privado, es una función pública y para poder ejercerla es impretermitible la prestación del juramento como solemnidad indispensable al objeto de alcanzar la plenitud de su investidura dentro del proceso penal. Como función pública inviste al defensor de un conjunto de poderes que están atribuidos al propio imputado como arte, salvo que la autodefensa de éste, permitida ampliamente por la normativa procesal, perjudique la eficacia de la defensa técnica que desarrolle el profesional del derecho, en una relación de coexistencia de sujetos procesales que va más allá de la simple representación que implica un mandato, en aras de la efectividad del derecho mismo a la defensa que garantiza la norma fundamental y los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la República…”

Siendo que la Juramentación del Defensor, es un requisito esencial, para que la abogado antes señalada proceda a realizar las peticiones correspondientes en beneficio de su representado judicial, sobre este particular la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 866 de fecha 2 de julio de 2009 (caso: William Saud Álvarez y otros), estableció que:
“…En efecto, de la revisión de las actas que conforman el expediente, esta Sala observa que no aparece el acta que deje constancia de que el abogado Francisco Sierra Corrales haya prestado el juramento de ley como defensor privado del accionante, de conformidad con el artículo 136 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece lo siguiente: ‘Artículo 136. Limitación. El nombramiento del defensor no está sujeto a ninguna formalidad. Una vez designado por el imputado, por cualquier medio, deberá aceptar el cargo y jurar desempeñarlo fielmente ante el juez, haciéndose constar en acta. El imputado no podrá nombrar más de tres defensores, quienes ejercerán sus funciones conjunta o separadamente, salvo lo que se dispone en el artículo 143 sobre defensor auxiliar’.

En el caso bajo análisis, no cursa acto mediante el cual el Abogado Ramón Enrique Balza, haya prestado el juramento al cargo de Defensor del imputado de autos ciudadano RIGOBERTO JOSÉ URBINA FUENTES, lo que obliga a éste Juzgado declarar improcedente, su solicitud por carecer de legitimidad para actuar en la presente causa. Y ASI SE DECIDE.

En este mismo orden de ideas, se observa que en fecha 01-08-2014 éste Juzgado dictó orden de aprehensión contra el ciudadano RIGOBERTO JOSÉ URBINA FUENTES, sin que hasta la presente fecha se haya materializado la misma, lo que evidencia que en la actualidad no se encuentra a derecho y ello imposibilita la prosecución del proceso penal seguido en su contra.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº No. 938 del 28 de abril de 2003, CON PONENCIA DEL Magistrado Iván Rincón Urdaneta señaló:
‘Otra circunstancia que evidencia esta Sala es que en el proceso penal existen una serie de actos que necesariamente requieren la presencia del imputado, no siendo delegable en mandatarios tal facultad, cuyo origen es precisamente garantizar el derecho a ser oído y a la defensa del imputado. Uno de esos casos, es la apelación del auto de aprehensión, pues tal condición se desprende del párrafo segundo del artículo 250 y del párrafo único del artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales requieren la presencia del imputado para resolver sobre modificarla o revocarla, pudiendo recurrir de ella el defensor, pero ‘en ningún momento en contra de su voluntad expresa’, refiriéndose al imputado.
(…)
Para concluir, a juicio de esta Sala, la apelación del auto de aprehensión es un acto que requiere la presencia del imputado, por lo que el juzgado accionado actuó ajustado a derecho al declarar la ilegitimidad de los defensores del ciudadano Andrés Dielinger Lozada, quien a todas luces estaría realizando estrategias tendientes a burlar la justicia venezolana para no someterse a un proceso en su contra, que está en una fase intermedia y donde se le han respetado sus derechos constitucionales a conocer de los motivos de su acusación, a nombrar defensores, a acceder a las actas, a rendir declaración y a impugnar las decisiones previas que le fueron desfavorables, motivo por el cual se declaran improcedentes in limine litis las denuncias de violación al derecho a la defensa esgrimidas y así se declara’.

Así las cosas, a los fines de resolver cualquier solicitud con ocasión al presente asunto penal, debe necesariamente el imputado RIGOBERTO JOSÉ URBINA FUENTES, ponerse a derecho de la justicia venezolana; razón por la cual, se declara improcedente la solicitud obrante en escrito inserto a los folios 85 al 89 de las actuaciones. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: UNICO: Declara IMPROCEDENTE, la solicitud realizada por el Abogado Ramón Enrique Balza, en representación del ciudadano RIGOBERTO JOSÉ URBINA FUENTES. Notifíquese a la Representación Fiscal, a la víctima y al Abogado Ramón Enrique Balza. Cúmplase.

LA JUEZA DE CONTROL Nº 02.

ABG. YEGNIN TORRES ROSARIO

EL SECRETARIO;

ABG. JOSÉ DÁVILA

El ______________, se cumplió con lo ordenado: ______________________________ El Srio