TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Mérida, tres de agosto del año dos mil dieciséis.-
206º y 157º
I
DE LAS PARTES:
PARTE ACTORA: ANA JOAQUINA CAMACHO CAMACHO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.993.522, de este domicilio y hábil.
MOTIVO: PARTICIÓN DE BIENES.-
SENTENCIA INTERLOCUTORIA.-
II
SINTESIS PREVIA
Visto el escrito de demanda recibido en fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, que obra agregado a los folios 01 y 03 del presente expediente, interpuesta por la ciudadana ANA JOAQUINA CAMACHO CAMACHO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.993.522, de este domicilio y hábil, a través de su abogado ANTONIO D´ JESUS MALDONADO, titular de la cédula de identidad N° V-2.450.914 e inscrito en el Inpreabogado bajo los N° 1.757, y que en dicho escrito expuso lo siguiente:
… Omisis” Yo, Dr. ANTONIO D' JESÚS M, mayor de edad, venezolano, casado, titular de la cédula de identidad N° V-2.450.914, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 1.757, de este domicilio y civilmente hábil actuando en este acto en mi carácter de Coapoderado Judicial de la Ciudadana ANA JOAQUINA CAMACHOCAMACHO quien es mayor de edad, soltera, venezolana, titular de la cédula de identidad NQ V-3.993.522, domiciliada en esta Ciudad de Mérida y civilmente hábil, conforme consta del respectivo documento-poder que fuera otorgado el día 28 de Junio del 2.016 ante el Notario Público Tercero de Mérida, anotado bajo el NQ 34, Tomo 64, Folios de 111 al 113 que en copia de su original consigno con este escrito marcado con la letra "A" a los fines legales correspondientes, ante Usted con todo respeto ocurro para exponer: PRIMERO. Mi prenombrada representada es propietaria del 60% del valor del inmueble identificado como el Apartamento NQ13 ubicado en el Bloque H, Planta Baja que forma parte de la Urbanización Juan XXIII, ubicado en la Av. 16 de Septiembre, Jurisdicción de la hoy Parroquia Domingo Peña del boy Municipio El Llano del Estado Bolivariano de Mérida cuyos linderos son: NOR-ESTE, En parte con el apartamento 14 del Edificio H-4, Bloque H, fachada del mismo Edificio H-3 que mira al estacionamiento y al edificio G-2 del Bloque G y a los terrenos que son o fueron de la Universidad de los Andes; SUR-ESTE, Con la fachada del mencionado Edificio H-3 que mira a la zona del estacionamiento adyacente del Edificio H-2 del mismo Bloque H ya los terrenos que son o fueron de la Universidad de los Andes; NOR-OESTE, En parte con el apartamento NQ 14 del Edificio H-4 del Bloque H y la Torre de Escaleras de los apartamentos mencionados del Bloque H; SUR-OESTE, Con la fachada del mismo Edificio H-3 que mira a la zona del estacionamiento al Edificio H-2 del Bloque H y en parte con la Torre de Escaleras del Bloque H, todo con un área de construcción de 63,30mts2, constante de un recibo, un comedor, tres habitaciones, un baño, cocina con lavaplatos, lavadero dotado de batea y espacio para el secado de la ropa, con un porcentaje de condominio del 0,735.294%. SEGUNDO. Mi poderdante hubo el 60% de los derechos y acciones antes señalados de la siguiente manera: A).El 10% por herencia de su fallecido padre MANUEL ANTONIO CAMACHO conforme a la Planilla de Declaración Sucesoral N° 000681 de fecha 4 de Agosto de 1.995 y especificados en el Anexo 1 de la Misma la cual se acompaña en fotocopia marcada con el NQ 1;B). Otro 10% por compra que le hiciera a su hermana y comunera en dicho apartamento de nombre MARÍA ANA DELIA CAMACHO entonces de ZAMBRANO conforme al documento debidamente registrado en la Oficina de Registro Público del Municipio Libertador de este Estado Mérida el día 26 de Junio del 2.008, anotado bajo el N° 8, Folio del 45 al 50, Protocolo 1 er., Tomo 39 que se acompaña en fotocopia marcado con el N° 2 a esta Demanda; C). Otro 10% por compra que le hiciera a su hermana y comunera DULCE ELINA CAMACHO DE GUTIÉRREZ conforme al documento registrado en la Oficina de Registro Público del hoy Municipio Libertador de este Estado Mérida el día 26 de Junio del 2.008, bajo el N° 10, Folios del 57 al 62, Protocolo Primero, Tomo 39 que en fotocopia se acompaña a esta Demanda marcado con el N° 3;D). Y el resto del 30%, por compra que le hiciera a sus tres hermanos JUAN GERMÁN CAMACHO CAMACHO, EMIRO ALBERTO COROMOTO CAMACHO CAMACHO y MARÍA DORALICIACAMACHO DE PÉREZ conforme al documento registrado en la misma Oficina de Registro Público antes citada con fecha 5 de Junio del 2.014, anotado bajo el N° 141, Folio 51, Tomo 19 del Protocolo de Transcripción de ese año 2.014 que en fotocopia se anexa a este Escrito marcado con el N° 4. TERCERO. El documento primigenio de adquisición del mencionado apartamento realizado por la madre de todas las vendedoras antes indicadas LORENZA CAMACHO DE CAMACHO fue registrado en la misma Oficina Subalterna de Registro citada el día 21 de Diciembre de 1,989 anotado bajo el N° 22, Protocolo Primero, Tomo 24, Cuarto Trimestre de ese año que en fotocopia se anexa marcada con el N° 5. CUARTO. Entre los hermanos que conservan sus derechos y acciones en el citado apartamento, cada uno en la proporción del 10%, son los siguientes: CARMEN AÍDA CAMACHO hoy viuda de MURZI, titular de la cédula de identidad Ns V-3.031.959, domiciliada a los fines de la citación en la Urbanización La Floresta, Edificio Torre "B", Apartamento B4-1 Mérida; MARIAHAYDE CAMACHO, titular de la cédula de identidad NQ V-3,036.209 domiciliada a los fines de la citación en la Avenida Los Proceres, Sector El Rincón, Casa S/N Mérida; ADA NALVIS CAMACHO, titular de la cédula de identidad N° V-3.991.162 domiciliada a los fines de la citación en esta Ciudad de Mérida en la Avenida 2 Lora, Cruce con la Calle 33, Edificio Italmerida, donde funciona la Farmacia Lora, Apartamento 2-2; y, LUIS ERNESTO CAMACHO, titular de la cédula de identidad N° V-5.202.571 domiciliado a los fines de la citación en la Población de Santo Domingo, Casa Villa Lorenza del Municipio Pampanito del Estado Trujillo, originados en el mismo título hereditario de su fallecida madre LORENZA CAMACHO DE CAMACHO. Es decir, que el 40% de dicho Apartamento pertenece en la proporción del 10% a cada uno de estos cuatro prenombrados hermanos, todos mayores de edad de este domicilio a excepción del ultimo quien esta domiciliado en la Ciudad de Trujillo del Estado Trujillo y civilmente hábiles. QUINTO. De estos cuatro últimos copropietarios del 40% de dicho apartamento, especialmente LUIS ERNESTO CAMACHO le hace a mi representada la vida imposible creyéndose dueño de todo el apartamento se apersona en el mismo cada vez que quiere e irrumpe en su interior en forma amenazante y grosera para con Mí cliente; se apoderó de una habitación ubicada en el interior del mismo despojándola de todo su moblaje: cama, sillas, adornos, ropa, calzados entre otros, que pertenecían a su hija LOREHANA TRINIDAD MÁRQUEZ CAMACHO para introducir en el mismo a la fuerza a su hija DANIELA CAMACHO porque venía a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de los Andes y dicha sobrina le hace la

vida imposible a mí representada no respetando los consejos que se le dan, abusa de los horarios normales de reposo y de convivencia, además, LUIS ERNESTO CAMACHO hermano de mí representada y copropietario únicamente del 10% abusa de la convivencia pacífica que debe existir en el apartamento utilizando el moblaje y los aparatos de línea blanca propios de mi cliente sin su permiso y de manera irresponsable. Todo esto hace que mí representada no pueda resistir ni aceptar la presencia de estos dos familiares antes identificados en ese apartamento. En cuanto a las restantes tres hermanas de mi representada antes nombrada e identificada, la amenazan constantemente de que si no le compran sus derechos la van a demandar por Partición. Ante estas circunstancias y temiendo mí cliente que las relaciones intrafamiliares se agraven y de que el hermano LUIS ERNESTO CAMACHO endurezca sus malos tratamientos para con mí representada, me ordenó estudiar el caso para proceder a pedir la Partición de la Comunidad en dicho Apartamento conforme lo dice el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, así "a nadie puede obligarse a permanecer en comunidad y siempre puede cualquiera de los partícipes demandar la partición"; esta norma en concatenación con el artículo 770 ejusdem, permiten aplicar a la partición entre comuneros las reglas concernientes a la División de la Herencia y las Especiales que, establezca el Código de Procedimiento Civil. A los fines de hacer cesar tal Comunidad en la forma legal como se ha mencionado. SEXTA. Cada uno de los hermanos vendedores de mi cliente era propietario de un 10% sobre la totalidad del inmueble antes identificado por las siguientes razones: heredaron del papá MANUEL ANTONIO CAMACHO el 4,55% del valor total del inmueble y adquirieron por compra a su madre LORENZA CAMACHO DE CAMACHO cada uno el 4,45% del valor de dicho inmueble. La venta de los hermanos antes mencionados a mi cliente más los derechos y acciones hereditarias de mí representada antes explicadas le dan a la Misma un total del 60% del valor de dicho Apartamento; SÉPTIMO. Por las razones anteriormente señaladas recibí expresas instrucciones de mi Poderdante para Demandar la Partición del inmueble antes identificado conforme a lo establecido en los artículos 777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y para el caso de que el inmueble mencionado no pueda dividirse físicamente porque perdería su naturaleza para el cual está destinado, entonces que se ordene previo el avalúo correspondiente la venta del mismo en pública subasta y realizar sobre su valor su liquidación. Fundamento esta Demanda en los artículos del Código Civil antes citados y en los artículos que van del 777 al 788 del Código de Procedimiento Civil, Valoro la presente Demanda de Partición en la suma de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,°°) equivalentes a 56.497,17 UT. Indico como dirección procesal de mí representada a la Avenida 5 ( Zerpa) entre Calles 23 y 24, Edificio Imperio, Primer Piso "B" Mérida Estado Marida. Finalmente solicito que la presente Demanda sea admitida, sustanciada conforme a Derecho y declarada Con Lugar en la definitiva con expresa Condenación en Costas”… Omisis
III
EXAMEN DE LOS REQUISITOS DE
ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA
De la revisión exhaustiva del libelo de demanda observa este Juez que el procedimiento Incoado por ANA JOAQUINA CAMACHO CAMACHO debidamente asistido por su co - apoderado judicial abogado ANTONIO D´ JESUS MALDONADO, en fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, cuyo procedimiento ordinario esta comprendido en el Código de Procedimiento Civil, en el libro segundo, cuyas normas rectoras de este procedimiento comprenden desde el artículo 338 al 584 y la norma rectora que consagra los requisitos de admisibilidad para ejercer la acción por este procedimiento ordinario esta prevista en el artículo 340 y 341 del Código de Procedimiento Civil, de tal manera que la norma estipula lo siguiente:
Artículo 340 del Código de Procedimiento Civil:
“El libelo de la demanda deberá expresar:
1º La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda.
2º El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene.
3º Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.
4º El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores o distintivos, si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales.
5º La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones.
6º Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.

7º Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas.
8º El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder.
9º La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174.

Por su parte el artículo 341 ejusdem, consagra: “Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos”.
El procedimiento ordinario, al igual como ocurre con cualquier otro procedimiento especial, está legalmente sometido a ciertas condiciones que determinan su pertinencia o aplicabilidad, las cuales en la moderna dogmática procesal se denominan "condiciones de admisibilidad" o "presupuestos procesales". Se trata pues, de ciertos requisitos especiales, expresa o implícitamente previstos por la Ley que condicionan la existencia jurídica y validez formal del proceso que se trate, cuya falta obsta la admisión de la demanda para su sustanciación y decisión por ese procedimiento monitorio.
Por otra parte, importa señalar que a la demanda de PARTICION DE BIENES, tiene un procedimiento especial previsto en los artículos 777 al 786 del Código de Procedimiento Civil, para este tipo de acciones, por lo que de conformidad con el artículo 338 ejusdem, a ésta acción se le debe aplicar entonces las normas relativas a los procedimientos ordinarios, y por ende le resultan aplicable las causales genéricas de inadmisibilidad de la demanda (rectius: acción) que da origen al procedimiento ordinario, previstas en forma negativa, en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, en los términos siguientes: “Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negara su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente en ambos efectos”.
En sentencia de fecha 18 de mayo de 2001, dictada bajo ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con pleno asidero, expuso algunas consideraciones respecto al derecho de acceso a la jurisdicción y a la inadmisibilidad de la acción. En efecto, en dicho fallo se expresó lo siguiente:
“El artículo 26 de la vigente Constitución establece como derecho constitucional el acceso de las personas a la justicia. Tal acceso, conforme a la letra del mismo artículo, se hace mediante el proceso (lo que se denota de la frase de la norma sin formalismos o reposiciones inútiles), por lo que se trata de un acceso doble, ya que él no sólo corresponde a los demandantes sino a los demandados. Siendo el camino el proceso, las personas ejercerán su derecho mediante la acción, por lo que si ésta no existe o es inadmisible, el acceso efectivamente tiene lugar, pero el órgano jurisdiccional inadmite la acción, por lo que no toca el fondo de la pretensión.
En consecuencia, tal rechazo de la acción no significa una negativa al derecho de acceso a la justicia, ya que es el resultado de una declaración jurisdiccional, y se trata de un juzgamiento sobre la existencia del derecho de acción.
La acción está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez, que al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable. Algunos de ellos los señala la ley, mientras que otros provienen de los principios generales del derecho.
En sentido general, la acción es inadmisible:
1) Cuando la ley expresamente la prohíbe, tal como lo prevé el artículo 346, ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil .
2) Cuando la ley expresamente exige determinadas causales para su ejercicio, y éstas no se alegan (artículo 346 ordinal 11º ya señalado).
3) Cuando la acción no cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los principios generales del derecho procesal le exigen. Ante estos incumplimientos, la acción debe ser rechazada. Ello sucede, por ejemplo, cuando en el demandante o en el demandado no existe interés procesal, y por tanto, no hay necesidad de acudir a la vía judicial, para que mediante la sentencia se reconozca un derecho; o para evitar un daño injusto, personal o colectivo; o cuando la decisión judicial no puede variar la situación jurídica que tenían las partes antes del proceso.
La falta de interés procesal puede provenir de diversas causas, y la cosa juzgada sobre el punto a litigarse es una manifestación de falta de interés, de igual entidad que las contempladas, por ejemplo, en los numerales 1, 2, 3, 5, y 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, que trata la inadmisibilidad en ese particular proceso.
El interés procesal varía de intensidad según lo que se persiga, y por ello no es el mismo el que se exige en quien incoa una acción popular por inconstitucionalidad, que el requerido en una acción por intereses difusos o para el cumplimiento de una obligación.
Ahora bien, es un requisito de la acción, ligada a la necesidad de que exista un interés procesal en el accionante, que él pueda estar realmente afectado en su situación jurídica, razón por la cual acude a la justicia, y, además, que el demandado puede causar tal afectación. Es igualmente exigencia necesaria, que el actor persiga se declare un derecho a su favor (excepto en los procesos anticipatorios, como el retardo perjudicial por temor fundado a que desaparezcan las pruebas, donde el interés se ventilará en el proceso al cual se integren las actuaciones del retardo).
Consecuencia de lo anterior, es que quien demanda (reconociendo la Sala que el escrito de demanda es una vía para ejercer el derecho de acción, pero que con ella no se confunde), utilizando el proceso para un fin diferente al que se administre justicia, carece de acción. Surge una apariencia de acción y de proceso, al poner en marcha la función jurisdiccional, pero ella (la acción) realmente no existe, ya que efectivamente no se está buscando la tutela judicial que debe brindar la actividad jurisdiccional, y que es el fin del proceso.
Es igualmente requisito de la acción la cualidad en las partes, tal como señalaba el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil de 1916 al tratar las excepciones de inadmisibilidad.
4) Dentro de la clasificación anterior (la del número 3), puede aislarse otra categoría, más específica, de causales de inadmisibilidad de la acción, y es que ella se utilice para violar el orden público o infringir las buenas costumbres.
El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, señala a estas causas como de inadmisibilidad de la demanda (del escrito), pero en realidad sus supuestos se convierten en causas de inadmisibilidad de la acción, ya que no podrá administrarse justicia, y ello ocurre cuando:
a) Se incoa la acción para crear un proceso que viene a obrar como un instrumento para cometer un fraude, bien se trate de un fraude procesal para perjudicar a alguien específicamente dentro del proceso o con motivo de él, o bien se trate de un fraude a la ley. Se está en presencia de acciones incoadas para alterar el orden público constitucional, al desvirtuar los fines del proceso, tal como lo ha expresado esta Sala en fallos de 9 de marzo de 2000 y 4 de agosto de 2000 (Casos: Sonia Saje de Zavatti e Intana C.A., respectivamente).
b) Por otra parte, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en el numeral 6 del artículo 84, contempla como causal para que no se admita ninguna demanda ni solicitud, el que ella contenga conceptos ofensivos e irrespetuosos. También se trata del rechazo del escrito, pero en el fondo, tal prohibición está ligada a la falta de interés procesal y a la protección de las buenas costumbres, ya que la acción no es un medio para injuriar, ofender o atacar a funcionarios o instituciones, su fin es que la jurisdicción actúe, se administre justicia y se resuelvan conflictos.
Si bien es cierto que el artículo 84 citado se refiere a la demanda (al escrito), también es un fraude a la ley que pesa sobre la acción, no expresa en la demanda, los conceptos ofensivos o irrespetuosos contra el Tribunal o la contraparte, y consignarlos públicamente en escritos de prensa o programas radiales o televisivos, o en documentos expuestos a la publicidad, como las actas procesales. Ello no es más que un proceder que contraría el numeral 6 del artículo 84 citado, y que no se puede amparar en la libertad de expresión, ya que ella no involucra la inobservancia de la ley, y menos, cuando sea utilizada para dejar sin efecto una prohibición legal, como la del citado artículo 84.
5) Por otra parte, la acción incoada con fines ilícitos necesariamente debe ser inadmisible, si ello lo alega una parte o lo detecta el juez, ya que el fin de la acción, en estos casos, no es sólo que se declare el derecho a favor de una parte, o se le repare al accionante una situación jurídica, sino que con deslealtad procesal se trata de enervar el derecho de defensa de la contraparte (lo que es fraudulento), y a la vez causarle daños, como sería aumentarle los gastos que genera la defensa.
Ello ocurre, por ejemplo, cuando una persona demanda a otra por los mismos hechos y causa de pedir ante varios tribunales y en diversas oportunidades, y aunque tal práctica desleal tiene el correctivo del alegato de la litispendencia, si aún no hay fallo de fondo dictado, de todas maneras el derecho de defensa del demandado se ve minimizado, al tener que atender diferentes procesos, donde se pueden decretar medidas cautelares en su contra, y es indudable que los gastos de la defensa aumentarán.
Puede argüirse, que tratándose de un abuso de derecho, el cual parte de la utilización de mala fe del derecho de acción, se hace necesario que la víctima oponga formalmente tal situación, ya que ella es la que puede calificar si la actividad de mala fe de su contraparte la perjudica; pero ello no es cierto, desde el momento que el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, convierte al juez en tutor de la lealtad y probidad que deben mantener las partes en el proceso, y además lo faculta para tomar de oficio las medidas tendentes a evitar la deslealtad. Una acción ejercida con fines ilícitos, no puede ser admitida y debe declararse de oficio su inadmisibilidad cuando se detecte el abuso de derecho.
6) Pero también existe ausencia de acción, y por aparente debe rechazarse, cuando el accionante no pretende que se le administre justicia, y a pesar que formalmente cumpla las exigencias, su petición es que un órgano no jurisdiccional, o de una instancia internacional ajena a la jurisdicción nacional, conozca y decida la causa. Se está accediendo a la justicia exactamente para lo contrario, para que no se administre. Se acude a la jurisdicción, para que ésta no actúe.
De nuevo estamos ante una manifestación de falta de interés, pero que por su connotación puede señalarse como una categoría propia de inadmisibilidad de la acción, ya que ésta, como otras de las situaciones ya señaladas, producen efectos que van más allá de la simple declaratoria de la falta de acción o de su inadmisibilidad.
7) Por último, y al igual que las de los números anteriores se trata de situaciones que señala la Sala a título enunciativo y que no impiden que haya otras no tratadas en este fallo, debe la Sala apuntar que los escritos de demanda que atenten contra la majestad de la justicia y contra el Código de Ética Profesional del Abogado (en cuanto a lo que suscribe el profesional del derecho), influyen también sobre el derecho a la acción. Una acción cuyo fin, así sea indirecto, es atentar contra la majestad de la justicia, injuriando a quien va a administrarla, poniendo en duda al juzgador, descalificándolo ab initio, o planteando los más descabellados y extravagantes pedimentos, es inadmisible, ya que en el fondo no persigue una recta y eficaz administración de justicia. Se utiliza al proceso con un fin distinto al que le corresponde, y para ello no es el acceso a la justicia que garantiza la Constitución vigente.
Tratándose la acción de un presupuesto procesal para acceder a la jurisdicción, su falta o su inadmisibilidad puede ser declarada en cualquier estado y grado del proceso, inclusive en casación, y estos ejercicios de la acción con fines ilícitos, el juez debe calificarlos, y máxime este Tribunal Supremo, en cualquiera de sus Salas, debido a la letra del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que le permite, al menos al Tribunal Supremo de Justicia, tomar medidas generales tendentes al cumplimiento del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil”

Conforme a lo anteriormente expuesto, presentada o recibida por distribución la demanda de PARTICION DE BIENES, dentro de los tres (3) días siguientes el Juzgado de la causa deberá emitir pronunciamiento sobre su admisibilidad, a cuyo efecto el Juez deberá hacer un cuidadoso examen de carácter sumario sobre si están o no llenos o satisfechas las condiciones de procedibilidad de este procedimiento ordinario, anteriormente enunciados, establecidos en los artículos 340 y 341 del Código de Procedimiento Civil, y a tal fin deberá analizar el libelo de la demanda y los documentos producidos con el mismo.
Este Tribunal a los fines de admitir o no la demanda incoada por la ciudadana ANA JOAQUINA CAMACHO CAMACHO debidamente asistido por su co - apoderado judicial abogado ANTONIO D´ JESUS MALDONADO, observa:
La parte demandante junto con el escrito libelar, consignó los siguientes documentos:
1.- Marcado con la letra “A”, documento poder de fecha 28 de junio del año 2016, otorgado por ante la Notaria Publica Tercero del Estado Mérida, bajo el N° 34, Tomo 64, folios 111 al 113.-
2.- Marcado con el N° 1, copia simple de la Planilla de Declaración Sucesorial N° 000681 de fecha 04 de agosto de 1995, del causante MANUEL ANTONIO CAMACHO-
3.- Marcada con el N° 2, documento de aclaratoria, debidamente registrado en la Oficina de Registro Publico del Municipio Libertador del Estado Mérida, de fecha 26 de junio del año 2008, bajo el N° 10, folio del 57 al 62, Protocolo 1 er., Tomo 39.
4.- Marcado con el N° 3, documento de compra y venta, registrado ante el Registro Publico del Municipio Libertador del Estado Mérida, el día 26 de junio del 2008, bajo el N° 08, folios del 45 al 50, Protocolo Primero, Tomo 39.
5.- Marcada con el Nº 4, copia simple del documento registrado por ante la Oficina de Registro Publico del hoy Municipio Libertador del Estado Mérida, con fecha 05 de junio del año 2014, anotado bajo el Nº 11, folio 51, Tomo 19 del Protocolo de Transcripción del año 2014.
6.- Marcado con el Nº 5, documento de adquisición registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Publico del hoy Municipio Libertador del Estado Mérida, del día 21 de diciembre del año 1989, bajo el Nº 22, Protocolo Primero, Tomo 24, Cuarto Trimestre.
Este Tribunal deja expresa constancia: Estos documentos fueron consignados junto con el libelo por la parte actora, no existen a los autos otros documentos que fueran acompañados por el actor en el momento de interponer la respectiva demanda, y tales anexos se verifican del sello de distribución que indica, el libelo constante de 03 folios útiles y 06 anexos en 19 folios.
Finalmente para resolver observa:
El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil establece los requisitos genéricos de la admisibilidad de cualquier acción, en cuya norma rectora se indica: “Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa...”. Partiendo de la norma citada ut supra, se observa que del estudio del contenido del escrito libelar se desprende que la parte accionante, en el libelo de la demanda acciona por PARTICIÓN DE BIENES.
Al Tribunal le resulta pertinente examinar exhaustivamente que el presente juicio incoado por la ciudadana ANA JOAQUINA CAMACHO CAMACHO, a través de su co-apoderado judicial abogado en ejercicio ANTONIO D` JESUS MALDONADO, interpuso juicio de PARTICION DE BIENES cuyo procedimiento ordinario exige el cumplimiento de las normas previstas dentro del Libro segundo del Código de Procedimiento Civil, y específicamente la norma del 340, que consagra los requisitos para interponer la demanda y de ella se desprende la necesaria indicación y determinación los sujetos pasivos de la acción interpuesta, es decir, para lograr el contradictorio en este procedimiento contencioso, de tal manera que la norma estipula lo siguiente: “El libelo de la demanda deberá expresar:
…. omisis
2º El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene.
3º Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.

De la norma supra indicada, en el presente procedimiento, debe este Juzgador previa a la revisión del libelo de demanda inserto en este expediente a los folios 01 al 03, verificar la necesidad del cumplimiento de esta norma en el presente juicio a los fines de determinar su pertinencia o aplicabilidad, las cuales en la moderna dogmática procesal se denominan "condiciones de admisibilidad" o "presupuestos procesales". Se trata pues, de ciertos requisitos especiales, expresos o implícitamente previstos por la Ley que condicionan la existencia jurídica y validez formal de este proceso, cuya falta obsta la admisión de la demanda, para su sustanciación y decisión por el tipo de exigencia formal en este procedimiento.
Considera este Juzgador, que el accionante omite por completo indicar la persona o personas contra quien requiere la exigencia de su derecho, es decir, el sujeto pasivo de la acción, cuyo presupuesto procesal es necesario para formar el contradictorio, y sin el cual obstaculiza e impide la entrada de la presente acción, puesto que tal incumplimiento hace que la demanda sea contraría a una norma expresa, como lo es, la prevista en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y por ende aplicable las condiciones de admisibilidad genéricas de la acción previstas en el artículo 341 ejusdem, por lo que es un deber ineludible del demandante cumplir con todos y cada uno de estos requisitos de admisibilidad, ya que los mismos son concurrentes a la hora de considerar la admisibilidad de dicha pretensión.
En caso análogo, con relación a una demanda de Prescripción Adquisitiva, se determinó la inadmisibilidad de la misma, por la falta de un requisito procesal necesario como lo es, la falta del sujeto pasivo de la acción, el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia dictada en fecha diez (10) de Septiembre del año dos mil tres (2003) y tomada de la página de Internet http//www.tsj.gov.ve, señaló para referirse a este criterio lo siguiente:
“… (omisis) son instrumentos indispensables a los efectos de establecer la cualidad pasiva de los demandados e integrar el litisconsorcio pasivo necesario, entre todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que aparezcan como propietarias o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble. Desde este punto de vista no cabe duda que cuando el Legislador estableció en el artículo 691 eiusdem que el demandante deberá presentar los referidos instrumentos, no es potestativo, sino un verdadero requisito procesal a los efectos del trámite posterior de la demanda.

La pretensión procesal, no sólo está conformada por los alegatos de hecho y derecho, y su objeto. También la integran los sujetos, actos y pasivos entre quienes se debate el juicio.
El Juez de instancia, debe ser estricto con la exigencia del cumplimiento del requisito impuesto por el Legislador al demandante en prescripción adquisitiva, establecido en los artículo 691 y 692 del Código de Procedimiento Civil para que de esta forma quede garantizada la participación en el juicio de todas aquellas personas que integraron el negocio jurídico o que ostentan algún derecho real sobre el inmueble en litigio.
Todos estos requisitos deben verificar a los efectos de que no se construya la cosa juzgada a espaldas de las partes interesadas, y en obsequio al derecho de defensa de ellas.
Entendiéndose así, estos documentos como factor procesal indispensable, a los actos de la determinación de la cualidad pasiva, no cabe duda que deben consignarse con el libelo, para así dar cumplimiento con lo exigido por los artículos 340 ordinal 6º y 434 del Código de Procedimiento Civil los cuales disponen lo siguiente:
Artículo 340:
El libelo de la demanda deberá expresar:
(…Omissis…)
6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.
Artículo 434:
Si el demandante no hubiere acompañado su demanda con los instrumentos en que la fundamenta, no se le admitirán después, a menos que haya indicado en el libelo la oficina o el lugar donde se encuentren, o sean de fecha posterior, o que aparezca, si son anteriores, que no tuvo conocimiento de ellos.
En todos estos casos de excepción, si los instrumentos fueren privados, y en cualquier otro, siendo de esta especie, deberán producirse dentro de los quince días del lapso de promoción de pruebas, o anunciarse en él de donde deban compulsarse; después no se le admitirán otros.
El Juez de primera instancia, al darse cuenta que el demandado reconvincente, no consignó los instrumentos exigidos por el artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, y que no se le admitirían después, dado que fue preciso el Legislador cuando indicó que éstos debían presentarse con la demanda, ha debido declarar inadmisible la referida reconvención, por no cumplirse con esa norma, ni con lo dispuesto en los artículos 340 ordinal 6º y 434 eiusdem …Omisis.
Observa la Sala que en caso bajo decisión no se hace necesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de lo debatido, por estar plenamente establecidos los hechos en las instancias, ya que el recurrente delató solamente vicios respecto a la declaratoria de la prescripción adquisitiva propuesta por vía de reconvención y la Sala determinó que dicha demanda reconveniente es inadmisible. (Subrayado propio).Omisis…”
La omisión en el cumplimiento de los requisitos de la norma del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, hace que se configure para el Tribunal la dificultad de determinar con certeza la relación jurídica procesal, cuyo presupuesto resulta importantísimo en la verificación de los presupuestos procesales, que le dan vida jurídica a cualquier acción interpuesta, y de obligatoria observancia para los jueces en resguardo al orden público.
Mediante sentencia de fecha 10 de abril de 2.002, con ponencia del Magistrado Antonio J. García García, la misma Sala Constitucional precisó como excepción al principio del impulso procesal, el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil permite al Juez de oficio cuando la ley lo autorice o cuando en resguardo del orden público o de la buenas costumbres sea necesario dictar alguna providencia legal, aunque no lo soliciten las partes, en los siguientes términos:
“… omisis la aplicación del principio de la conducción judicial al proceso no se limita a la sola formal condición del proceso en el sucederse de las diferentes etapas del mismo, sino que él encuentra aplicación provechosa en la labor que debe realizar el juez para evidenciar, sin que se requiera la prestancia de parte, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales, o cuando evidencie, también de oficio, la inexistencia del derecho de acción en el demandante en los casos en que la acción haya caducado, o respecto a la controversia propuesta se haya producido el efecto de la cosa juzgada o cuando para hacer valer una pretensión determinada se invoquen razones distintas a las que la ley señala para su procedencia o cuando la ley prohíba expresamente la acción propuesta. Todos estos actos están íntimamente ligados a la conducción del proceso, ya que si no satisfacen los presupuestos procesales no nace la obligación en el juez de prestar la función jurisdiccional para resolver la controversia propuesta.
En tal sentido, considera esta Sala que si nuestro ordenamiento jurídico establece que la relación jurídica

procesal debe constituirse válidamente satisfaciendo las formalidades que la ley determina, sólo después de que se haya depurado el proceso de cualquier vicio que afecte la válida constitución de la relación procesal o la haga inexistente, es que nace para el órgano jurisdiccional la obligación de conocer y resolver el fondo de la controversia. Por ello, para verificar el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, tanto las partes como el Juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso, advirtiendo los vicios en que haya incurrido el demandante respecto a la satisfacción de los presupuestos procesales (…) no obsta para que el Juez, que conoce el derecho y dirige el proceso verifique en cualquier estado de la causa, incluso en la alzada, el cumplimiento de los presupuestos procesales, aunque al momento en que fue admitida la demanda por el Juez de la causa no se hubiere advertido vicio alguno para la instauración del proceso…”. (Resaltado Propio)
Los presupuestos procesales han sido definidos tanto por la doctrina patria como por la extranjera como los requisitos indispensables que deben cumplirse para el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal culminación con la sentencia, “…sin que ésta deba decidir necesariamente en el fondo sobre la procedencia o fortuna de la pretensión y mucho menos que deba ser favorable de otra clase de presupuestos: los materiales o sustanciales… por lo que los presupuestos procesales tienen la características de ser revisables y exigibles de oficio por el Juez, en razón de estar vinculados a la validez del proceso…” (Compendio de Derecho Procesal Tomo I Hernando Devis Echendía, Pág., 273).
En este sentido, para que un órgano jurisdiccional pueda resolver el conflicto inter subjetivo de intereses (o litigio) que le ha sido sometido a su consideración, es absolutamente necesario que se haya constituido válidamente la “relación jurídica procesal”. Así las cosas, tenemos que, el sujeto activo, esto es, el actor, debe satisfacer una doble carga si aspira que su derecho subjetivo le sea reconocido formalmente por el sentenciador: la primera de ellas es instaurar una relación procesal que sea jurídicamente válida, de modo tal que el órgano jurisdiccional se encuentre habilitado para entrar a resolver el litigio que le ha sido planteado y, la segunda, demostrar durante el proceso, en la etapa dispuesta a tales fines, la existencia del derecho subjetivo del cual se afirma titular y su incumplimiento.
Para satisfacer la primera carga es necesario que se cumplan, a cabalidad, los requisitos constitutivos de la relación procesal, o lo que es igual decir: “los presupuestos procesales”, mientras que, para satisfacer la segunda, es impretermitible que se verifiquen los requisitos constitutivos de una sentencia favorable a la pretensión del actor.
Ahora bien, resulta que, en virtud de que están vinculados a la validez del proceso, los presupuestos procesales, en general, tienen la característica de ser revisables y exigibles de oficio por el juez.
Como corolario de lo expuesto y especialmente en el presente caso, en que la parte actora no indicó expresamente en el escrito libelar que obra inserta al vuelto del folio 02 del presente expediente contra quien incoa la presente acción, ya que afirmó que:
“…omisis Por las razones anteriormente señaladas recibí expresas instrucciones de mi Poderdante para Demandar la Partición del inmueble antes identificado conforme a lo establecido en los artículos 777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y para el caso de que el inmueble mencionado no pueda dividirse físicamente porque perdería su naturaleza para el cual está destinado, entonces que se ordene previo el avalúo correspondiente la venta del mismo en pública subasta y realizar sobre su valor su liquidación.…omisis (subrayado de este Juzgador)

De lo expuesto se deduce que la parte actora en el presente juicio NO TIENE PARTE DEMANDADA, ni INDICÓ tener CONTRAPARTE.
La presente acción de PARTICIÓN DE BIENES, no cumple si quiera con los requisitos establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, en relación al cumplimiento de uno de los presupuestos procesales como lo es, la determinación del sujeto pasivo de la acción, por lo que no existe en la presente acción la parte demandada, por lo que no se constituye en el presente caso, la existencia completa de los sujetos procesales para constituir la relación jurídica procesal necesaria en un cualquier juicio contencioso, por lo que existe una razón jurídica suficiente que hace inadmisible la presente acción, lo cual significa el incumplimiento de uno de los requisitos establecidos en la norma señalada ut supra, y con fundamento a la doctrina expuesta en el sub iudice considera quien aquí decide, que por cuanto, el presente juicio, no reunió los requisitos de admisibilidad establecidos por la ley, en concordancia con el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, cuya omisión de este elemento fundamental para interponer la presente acción, debe ser declarada INADMISIBLE la presente acción interpuesta de conformidad con la precitada norma. Y así se declara.
IV
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:
PRIMERO: INADMISIBLE la demanda de PARTICIÓN DE BIENES, interpuesta por la ciudadana: ANA JOAQUINA CAMACHO CAMACHO, a través de su co-apoderado judicial abogado ANTONIO D` JESÚS MALDONADO.
SEGUNDO: Por la índole del presente fallo, no hay especial pronunciamiento sobre costas. Y así se decide.
Cópiese, Publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala del despacho del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, a los tres días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.-
EL JUEZ TEMPORAL,

ABG. CARLOS ARTURO CALDERÓN GONZÁLEZ.
LA SECRETARIA TITULAR,

ABG. LUZMINY DE JESÚS QUINTERO RIVAS
En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las DOS DE LA TARDE (2:00 p.m.); se dejo copia certificada para la estadística del Tribunal. Consta en Mérida, a los tres días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.-
LA SECRETARIA TITULAR,
ABG. LUZMINY DE JESÚS QUINTERO RIVAS.
CACG/LDJQR/jp.-
Exp. 29.160.-