TSJ Regiones - Decisión

Exp. 23.734
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
204° y 155°
DEMANDANTE: MARIA LOURDES FERNANDEZ PACHECO.
DEMANDADO: MARIA AUXILIADORA FERNANDEZ PACHECO Y OTRAS.
MOTIVO: PARTICION DE BIENES.
NARRATIVA.
Visto el libelo de la demanda de PARTICION DE BIENES, promovido por la ciudadana MARIA LOURDES FERNANDEZ PACHECO, venezolana, mayor de edad, divorciada, domiciliada en la ciudad de Mérida, titular de la cedula de identidad Nº V-3.036.664 y hábil, asistida por la abogado LEYDA PARRA, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 45.014, en contra de las ciudadanas MARIA AUXILIADORA FERNANDEZ PACHECO, MARIA MERCEDES PACHECO y ANA CECILIA FERNANDEZ PACHECO, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad números V-3.156.337, V-3.497.022 y V-3.764.020.
Dicha demanda fue distribuida en fecha 25 de enero del dos mil dieciséis, correspondiéndole la misma a este Tribunal, según consta de la nota de recibo que obra agregada al folio 5 del expediente. Fue recibida la demanda mediante auto de fecha 26 de enero del dos mil dieciséis, hecho lo cual se resolverá lo conducente, estableciéndose que el Tribunal se pronunciaría por auto separado sobre la admisibilidad o no de la presente demanda.
El Tribunal para resolver observa:
Es obligación de este Tribunal, antes de pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la presente demanda de PARTICION DE BIENES, promovido por la ciudadana MARIA LOURDES FERNANDEZ PACHECO, titular de la cedula de identidad Nº V-3.036.664 y hábil, asistida en este acto por la abogado en ejercicio LEYDA PARRA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 45.014, en contra de las ciudadanas MARIA AUXILIADORA FERNANDEZ PACHECO, MARIA MERCEDES PACHECO y ANA CECILIA FERNANDEZ PACHECO, en su carácter de presidente, pasa analizar lo que indica en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
“Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá sino es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos”.
Este Tribunal a los fines de no infringir los artículos 15, 208, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil, debe verificar si en el caso bajo estudio operó una acumulación indebida de pretensiones, prohibida expresamente por el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, el cual estatuye:
Artículo 78: “No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquéllas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí. Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra, siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí”. (Negritas del tribunal).
En este sentido, el artículo 78 citado, prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí, además cuando por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal, y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles. Esto es lo que en doctrina se denomina “inepta acumulación de pretensiones”, que no puede darse en ningún caso, ni de forma simple o concurrente, ni de manera subsidiaria. Por tanto, la inepta acumulación de pretensiones en los casos en que éstas se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles constituye causal de inadmisibilidad de la demanda.
Sobre este aspecto, en sentencia de fecha 13 de marzo de 2006 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en el expediente N° AA20-C-2004-000361, con ponencia de la Magistrada Dra. Isbelia Pérez de Caballero, se dejó sentado:
“…esta Sala de Casación Civil ha establecido en diferentes oportunidades que la acumulación debe obedecer a la necesidad de evitar la eventualidad de fallos contrarios o contradictorios en casos que, o bien son conexos, o existe entre ellos una relación de accesoriedad o continencia. En este sentido, ha sostenido que ella tiene como objetivo influir positivamente en la celeridad, ahorrando tiempo y recursos al fallar en una sola sentencia asuntos en los que no hay razón para que se ventilen en diferentes procesos. (Ver, entre otras, sentencia de 22 de mayo de 2001, caso: Mortimer Ramón contra Héctor José Florville Torrealba). Sin embargo, debe verificarse si la acumulación se ajusta a derecho, esto es, que se trate de pretensiones compatibles, que no se contraríen o excluyan entre sí, y que puedan ser tramitadas en un mismo procedimiento. En efecto, el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el tribunal admitirá la demanda “si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley”. De lo contrario deberá negar su admisión expresando los motivos de su negativa. Por su parte, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal, y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles. Así pues, toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada Ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación. Se entiende, entonces, que la acumulación de pretensiones incompatibles, no puede darse en ningún caso, es decir, ni de forma simple o concurrente, ni de manera subsidiaria. Por tanto, la inepta acumulación de pretensiones en los casos en que éstas se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles, constituye causal de inadmisibilidad de la demanda…” (Negritas del Tribunal)
Igualmente la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 07 de junio de 2005, dejó sentado lo siguiente:
“La sala observa en el caso bajo decisión que el ad quem declara la inadmisibilidad de la demanda por existir inepta acumulación de acciones, con tal pronunciamiento el juez de la recurrida no subvirtió las formas procesales preestablecidas para la sustanciación de los juicios, por cuanto su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público, el cual “representa una noción que cristaliza todas aquéllas normas de interés público que exijan observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuando se está o no en el caso de infracción de una norma de orden público”.
“Por otra parte, los principios relativos a la defensa de orden constitucional y el debido proceso, imponen al juzgador dar aplicación a los conceptos procesales de saneamiento, relevancia o trascendencia, de nulidad esencial y el de obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley, …omissis”.
“Así pues, en aplicación a los criterios jurisprudenciales y doctrinales, anteriormente transcritos al caso sub iudice se evidencia que el Juez de la recurrida al declarar la inadmisibilidad de la demanda tal como lo hace de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del fallo, y al no haber permitido la acumulación de pretensiones que tienen procedimientos incompatibles, está garantizando lo establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil…….”
Se evidencia claramente que la parte demandante, solicita la partición de bienes y simultáneamente solicita el reconocimiento de un documento privado, es decir, acumula en su escrito libelar dos pretensiones, las cuales se excluyen una de la otra. En ese sentido, el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil establece el procedimiento para la partición de bienes y 450 para el reconocimiento de contenido y firma, teniendo estos procedimientos una fases o procedimientos primarios distintas para que una vez agotados estos se pase al procedimiento ordinario. Para determinar la procedencia o no del reconocimiento de contenido y firma indagar por otra via que escapa a la partición de bienes, como lo es determinar la cuantía de tal acción. En este sentido el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“Las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho, se ventilarán por el procedimiento ordinario, si no tienen pautado un procedimiento especial”.
De lo antes trascrito se evidencia que las normas procesales le otorgan un procedimiento especial a la partición de bienes y otro a la acción de reconocimiento de contenido y firma.
En el caso que nos ocupa, se observa que la parte actora en el libelo de la demanda acumuló dos pretensiones como lo es PARTICION DE BIENES, es una acción que debe regirse por el procedimiento establecido en el articulo 777 del Código de Procedimiento Civil; cumplir con una fase del proceso para luego convertirse en ordinario dependiendo de las defensas y actuaciones que interponga la parte demandada o proceder al nombramiento del partidor el cual es de orden publico y la otra acción es el reconocimiento de contenido y firma, que es un juicio ordinario en toda su naturaleza, por lo que son procedimientos autónomos entre sí, cuya fundamentación legal están preestablecida en el Código de Procedimiento Civil para cada una, violando el artículo 78, ejusdem, al acumular dos pretensiones en dicho libelo de demanda.
En apego a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos normas y jurisprudencia citados estima este Jurisdicente que la demanda, en los términos planteados, no debe admitirse, pues el actor hizo una inepta acumulación de pretensiones toda vez que la partición de bienes debe tramitarse por un juicio que no es compatible con la pretensión reconocimiento de contenido y firma que debe tramitarse por un juicio netamente ordinario. En tal sentido, es deber de este Juzgado, en respeto a las normas procesales de orden público, es indefectible declarar su inadmisibilidad, debido a la inepta acumulación de pretensiones decretada, tal y como será expuesto en la dispositiva de la presente decisión. Y así se decide.
DECISIÓN
Por las consideraciones que anteceden este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Constitución y sus Leyes declara:
PRIMERO: INADMISIBLE IN LIMINI LITIS la demanda de PARTICION DE BIENES, promovido por la ciudadana MARIA LOURDES FERNANDEZ PACHECO, venezolana, mayor de edad, divorciada, domiciliada en la ciudad de Mérida, titular de la cedula de identidad Nº V-3.036.664 y hábil, asistida en este acto por la abogado en ejercicio LEYDA PARRA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 45.014, en contra de las ciudadanas MARIA AUXILIADORA FERNANDEZ PACHECO, MARIA MERCEDES PACHECO y ANA CECILIA FERNANDEZ PACHECO, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad números V-3.156.337, V-3.497.022 y V-3.764.020 de acuerdo a lo establecido en articulo 341 y 78 del Código de Procedimiento Civil, por inepta acumulación de pretensiones y por ser la misma contraria a normas de orden público. Se da por terminado el presente juicio, y se ordena el archivo del expediente una vez quede firme la presente decisión. Y ASÍ SE DECIDE.-
SEGUNDO: Por la índole de la presente decisión no hay condenatoria en costas. Y ASÍ SE DECIDE.-
DADA, FIRMADA SELLADA Y REFRENDADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO MÉRIDA. En Mérida, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

EL JUEZ,

ABG/ M.S.c. JUAN CARLOS GUEVARA
LA SECRETARIA,

ABG. LII ELENA RUIZ TORRES