TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS, CON COMPETENCIA EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL ESTADO MÉRIDA.
Mérida, 04 de febrero de 2016
205º y 156º
CASO PRINCIPAL: LP02-S-2015-002518
CASO: LP02-S-2015-002518
AUTO FUNDADO IMPONIENDO MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL
Vista la celebración de la audiencia conforme al artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal celebrada en fecha tres (3) de febrero del año 2016, para oír al investigado, Leopoldo Alfredo Vásquez Montenegro (ampliamente identificado en autos); de conformidad con lo establecido en los artículos 127 y 236 del Código Orgánico Procesal Penal, para decidir se observa: De la revisión de las presentes actuaciones, este Tribunal observa:
1.- En fecha 02/02/2016, recibe este Tribunal de Control, Audiencias y Medidas Nº 01, de este Circuito Judicial, actuaciones junto a solicitud de Orden de Aprehensión por parte del C.I.C.P.C sub delegación Mérida, contra del ciudadano investigado Leopoldo Alfredo Vásquez Montenegro, que cursa inserta en los folios 276.
La Fiscala Vigésima del Ministerio Público Abg. María José Torres Angulo, manifestó: “…La referida orden de aprehensión se solicitó por la fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Publico en vista de la incomparecencia Injustificada al acto de imputación convocados por el Ministerio Público, Esta representación fiscal solicita que se imponga presentaciones cada 30 días ante el cuerpo de alguacilazgo y se fije la fecha de la audiencia preliminar…”
En el orden de las intervenciones, en la celebración de la audiencia, se le otorgó el derecho de palabra al ciudadano Leopoldo Alfredo Vásquez Montenegro, quien está plenamente identificado en autos y a quien se le leyeron todos sus derechos del Ley el mismo Manifestó “…yo fui a las tres veces que me citaron y siempre atendí el teléfono, tengo los pasajes de avión donde puedo demostrar que he venido a la ciudad para asistir a la audiencia de imputación, Es todo…”
Seguidamente se le otorgó el derecho de palabra a la defensora Privada Abg. Maglhey Margarita Gil Herrera, quien manifestó: “…solicito muy respetuosamente la libertad de i defendido y es cero que mi defendido tenia en su contra una orden de aprehensión, también es cierto que se presento al C.I.C.P.C a los fines para solventar su situación ante este tribunal, asimismo dejo constancia que el día viernes 29-01-2016 mi defendido consigno ante este tribunal copia simple de los pasajes aéreos donde se puede verificar este tribunal que el mismo vino en las fechas pautadas por parte del ministerio Publico , no es meno cierto que en la primera cita comparece sin su defensor, a la segunda cita se presenta con mi persona hacer la designación a la tercera no estábamos debidamente juramentado por este tribunal toda vez que fue notificada en fecha 16-12-2015 para tomar el juramento de ley por lo cual no se pudo hacer el acto de imputación quedando la funcionaria fiscal que colocaría una posterior fecha si que por la distancia y la fecha decembrina fue imposible el traslado del mismo asta el despacho fiscal y una vez que el Ministerio publico verifica que se le va a vencer el lapso solicita orden de aprehensión, por todo lo ante expuesto se deje sin efecto la orden des aprehensión tal como lo establece el artículo 236 del C.O.P.P. y que se oficio a los órganos de seguridad para retirar del sistema así miso se le otorgue una medida cautelar…”
En primer lugar este juzgador debe señalar los presupuestos de la privación de libertad, ya que la misma se puede decir que es la privación de un bien jurídico de los imputados, más de las veces del preciado bien jurídico de la libertad, para garantizar la eficacia de la decisión recaída dentro del proceso, cuando se trate de delitos castigados con pena privativa de la libertad, necesita la presencia corporal de los imputados. Para ello y aunque el principio de ser juzgado en libertad constituye el principio general, se exceptúa en algunos casos dicha regla en las que previa la apreciación de determinados extremos, se genera la necesidad pragmática de privar a los imputados de su libertad para garantizar la aplicación corporal de la pena privativa de la libertad que pudiera imponérsele como el caso que nos ocupa. De manera que deben cumplirse los extremos clásicos de la medidas preventivas (incluyendo las cautelares) como lo son la presunción del derecho que se reclama y el peligro de la ilusoriedad en la ejecución del fallo (bonus fomus juris y periculum in mora). Lo anterior se evidencia del único aparte del artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece: "…La privación de la libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso…" (negritas y cursivas del Tribunal); relevándose el fin puramente instrumental de dichas medidas, que son asegurar lo que se resuelva, debiéndose cumplir y encontrarse plasmados en los extremos para su procedencia estipulados en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. La exigencia de acreditar una prueba que constituya una presunción grave del derecho que se reclama, o sea el bonus fomus juris, está dado en los primeros dos (2) ordinales que se contraen en la prueba del cuerpo del delito y de la autoría o participación del imputado (sin atender al grado de culpabilidad); lo cual hace que exista el peligro de que sea ilusorio la ejecución del fallo (periculum in mora) dado por la prueba, mediante las actas de la investigación, del peligro de fuga (lo que frustraría la ejecución de la pena corporal privativa de la libertad) o de la obstaculización de la investigación. Así mismo, al decretar la medida privativa de libertad se busca garantizar dos (2) de los fines fundamentales del proceso penal, cuales son la búsqueda de la verdad y la ejecución de la pena corporal privativa de la libertad mediante la privación provisional de la libertad.
Es por ello, que este tribunal luego de una revisión exhaustiva de las actuaciones, así como lo expuesto por las partes en al audiencia, impone Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa de libertad al ciudadano Leopoldo Alfredo Vásquez Montenegro, titular de la cédula de identidad Nº V-12.918.341, de conformidad con lo establecido en el artículo 242, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente a presentaciones periódicas cada treinta (30) días por ante el cuerpo de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal con competencia en delitos de Violencia contra La Mujer del Área Metropolitana concede en la ciudad de Caracas. Así se decide.
Por todas estas consideraciones este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial Penal Con Competencia en Delitos contra La Mujer del estado Bolivariano de Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: Primero: impone al ciudadano José Lacruz Sánchez Parra, titular de la cédula de identidad Nº V-13.013.634, de la orden de aprehensión acordada por este Tribunal en fecha 17/12/2015. Segundo: Se acuerda Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa de libertad al ciudadano Leopoldo Alfredo Vásquez Montenegro, titular de la cédula de identidad Nº V-12.918.341, de conformidad con lo establecido en el artículo 242, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente a presentaciones periódicas cada treinta (30) días por ante el cuerpo de Alguacilazgo de este Circuito Judicial. Tercero: Se acuerda oficiar a los diferentes organismos de seguridad con el fin de dejar sin efecto la orden de aprehensión en contra del imputado José Lacruz Sánchez Parra, ya identificado. Cuarto: Se ordena al investigado para que el día cinco de febrero del año dos mil dieciséis (05/02/2016) acuda a la sede de la Fiscalia Vigésima del Ministerio Público, al Acto de Imputación, remítase de manera inmediata la presente causa al respectivo despacho Fiscal. Quinto: se ordena oficial al Circuito Judicial Penal con competencia en delitos de Violencia contra La Mujer del Área Metropolitana concede en la ciudad de Caracas, para las presentaciones del prenombrado ciudadano. Quedan las partes presentes en sala debidamente notificados de la presente decisión. Y así se decide. Cúmplase.
Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencias y Medidas, en la ciudad de Mérida, a los cuatro (4) días del mes de febrero de 2016.

ABG. NARCISO ROMERO RUIZ
Juez Primero de Primera Instancia en Funciones de Control,
Audiencia y Medida
EL Secretario,

Abg. DAVID CASTILLO.

El _____________, se cumplió con lo ordenado: _______________________
El Srio.