Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida 205º y 156º EXP. Nº LE41-G-2013-000043 Mediante escrito presentado ante el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida en fecha 16 de Septiembre de 2015, el ciudadano CARLOS AUGUSTO BARRERA CHACON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 17.492.620, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nro.149.682, interpuso Querella Funcionarial, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. En fecha 16 de Septiembre de 2015, el ciudadano CARLOS AUGUSTO BARRERA CHACON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 17.492.620, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nro.149.682, interpuso Querella Funcionarial, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA con el carácter de querellante en la causa de marras; quien consigno diligencia mediante la cual desiste de la presente causa, y expuso lo siguiente “(…) “consigno en este acto diligencia para solicitar al tribunal; por lo que procedo en este acto a desistir de la presente querella, todo de conformidad con lo preceptuado en los artículos 263, 264 y 265 del Código de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente al caso de autos en alcance a lo previsto en el artículo 111 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; solicitando su homologación por no ser contrario a derecho y tener facultad para desistir”. ”. Ahora, bien encontrándose en la oportunidad procesal para emitir el debido pronunciamiento, éste Juzgado Superior entra a realizar las siguientes consideraciones: I CONSIDERACIONES PARA DECIDIR. Visto que la parte demandante manifestó libremente el desistimiento de la acción ejercida en la presente Querella Funcionarial, contra el acto administrativo corresponde establecer que el desistimiento es aquel acto unilateral de voluntad expresada por el actor ante el juez, por la que abandona el procedimiento iniciado, dando lugar a su extinción y en consecuencia, es un modo de conclusión del mismo. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la normativa aplicable se ubica en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, cuyos textos disponen lo siguiente: “(…) Artículo 263: En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. […] El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal. (…)” “(…) Artículo 264: Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones. (…)” (Destacado de éste Juzgado Superior Estadal). Para proceder a homologar el desistimiento realizado en la presente querella funcionarial, esta juzgadora debe analizar si se encuentran cumplidas las condiciones establecidas en el artículo 263 del Código del Procedimiento Civil, para que se pueda dar por consumado el mismo. Además deberá verificar la sentenciadora, si tiene capacidad para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia, si actuó representado o asistido por un abogado y por último, que se trate de materias en las cuales no estén prohibidos arreglos entre las partes y que por lo tanto, pueda la parte disponer libremente del derecho en litigio. En este orden de ideas, el criterio sostenido, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en torno a los requisitos de procedencia de la institución procesal del desistimiento, son los siguientes: “1.- Tener la capacidad o estar facultado para desistir y, 2.- Que el desistimiento verse sobre materias disponibles por las partes […]”. (Sentencia número 01998, de fecha 2 de agosto de 2006 dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Caso: Rosario Aldana de Pernía); criterio éste que en reiteradas oportunidades ha sido señalado por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, para la procedencia del desistimiento (Vid. Sentencia número 2008-663 de esta Corte en fecha 25 de abril de 2008 Caso: sociedad mercantil Distribuidora El Súper Pantalón) En el caso de marras, el desistimiento lo hizo la ciudadana y en consecuencia es quien ostenta la capacidad para disponer el ciudadano CARLOS AUGUSTO BARRERA CHACON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 17.492.620, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nro.149.682, interpuso Querella Funcionarial, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Del objeto de la controversia, siendo ello así, y visto que el desistimiento de la acción puede formularse en cualquier estado y grado del proceso, no existiendo razón alguna de orden público que se oponga o impida su tramitación y constando el cumplimiento de las partes para formalizar dicho recurso, cúmplase con lo establecido en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado Superior declara homologado el desistimiento planteado. Así se decide. II DECISIÓN. Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: HOMOLOGADO el desistimiento efectuado por el ciudadadno CARLOS AUGUSTO BARRERA CHACON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 17.492.620, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nro.149.682, interpuso Querella Funcionarial, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. De conformidad con los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: SE ORDENA el archivo y cierre definitivo de las actuaciones, así como su posterior remisión al Archivo Judicial. Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia certificada de la presente decisión. Archívese el expediente. Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en Mérida, a los veinticinco (25) días del mes de Febrero del año dos mil quince (2016). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación. LA JUEZ SUPERIOR, DRA. MORALBA HERRERA EL SECRETARIO, ABOG. DEIBY ROJAS En esta misma fecha, se registró y publico la presente decisión. EXP. Nº LE41-G-2013-000043 MH-