TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA, CON SEDE EN EL VIGÍA. EL Vigía, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.
205º y 156º
Visto el anterior escrito, presentado por la ciudadana NAYARIDT DEL VALLE QUINTERO GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, divorciada, Licenciada en Administración, cedulada con el Nro. 14.022.507, asistido por los profesionales del derecho KAVIER CELIPE SALAS VALECILLOS y KAVIER CELIPE SALAS DÍAZ, cedulados con los Nros. 5.512.997 y 22.662.022 respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los Nros. 32.327 y 248.739 en su orden, quien intenta formal demanda contra el ciudadano LUÍS UBALDO MEJÍAS LOBO, venezolano, mayor de edad, de profesión comerciante, divorciado, cedulado con el Nro. 10.713.234, residenciado en la urbanización Buenos Aires, avenida 2, casa Nro. 10-30 de esta ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano de Mérida, por liquidación y partición de la comunidad conyugal.
Antes de cualquier valoración, corresponde a este Tribunal pronunciarse en cuanto a la competencia para conocer y decidir la pretensión propuesta, para lo cual realiza las consideraciones siguientes:
I
De conformidad con el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil: “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan”.
De la interpretación literal de la norma antes transcrita, se consagra acumulativamente, dos criterios para la determinación de la competencia por la materia a saber: a) la naturaleza de la cuestión que se discute, y b) Las disposiciones legales que la regulan.
Según el artículo 78 de la Constitución de la República:

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la ley, la Convención sobre Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, la familia y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de las niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, de conformad con el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niños y Adolescentes, el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es competente para conocer en las materias siguientes: “Parágrafo Primero: Asuntos de familia de naturaleza contenciosa: (…) l) Liquidación y partición de la comunidad conyugal o de uniones estables de hecho, cuando haya niños, niñas y adolescentes comunes o bajo Responsabilidad de Crianza y/o Patria Potestad de alguno o alguna de los solicitantes...”.
Acerca de la competencia de los Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adeloescentes, en asuntos como el incoado ante este Tribunal, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 07 de marzo de 2012, con ponencia del Magistrado MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ, cambió el criterio que venía sosteniendo y al respecto estableció:

De otra parte, resulta pertinente destacar que la normativa jurídica destinada a la protección de los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, se ha venido desarrollando de forma autónoma e independiente del derecho civil, no sólo por el hecho de ser históricamente posterior a la regulación que sobre la misma materia se ubicaba inicialmente en el campo del mencionado derecho, sino en virtud de la nueva concepción que al respecto postula nuestra Ley Fundamental, lo que hace evidente, que el conjunto de normas jurídicas preconstitucionales, necesariamente deban interpretarse y armonizarse con el espíritu y mandato expreso del constituyente. En este contexto, el reconocimiento que realiza el texto constitucional en su artículo 77 de las uniones estables de hecho, y su equiparación, en cuanto a los efectos, a la unión matrimonial, representa un elemento de significativa importancia al momento de considerar todo lo relativo a la jurisdicción que debe conocer las controversias que puedan suscitarse en el mundo de la relaciones familiares en que estén involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes. Del mismo modo, lo consagrado en el artículo 78 de la constitución, en lo tocante a la Prioridad Absoluta y al Interés Superior de niños, niñas y adolescentes, desarrollados legislativamente en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, son elementos que concurren en la progresiva ampliación y fortalecimiento de la nueva concepción que sobre esta sensible materia estableció el constituyente del año 1999 y que, consecuentemente, ha venido desarrollando el Estado venezolano.
A mayor abundamiento acerca de esta cuestión, considera la Sala Plena pertinente destacar que como parte del progresivo desarrollo de la legislación que regula esta especial y compleja materia, observa que el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, representa un avance en comparación con lo estatuido en el artículo 177 de la reformada Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, en la perspectiva de la ampliación de la competencia de la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes, en lo tocante, a la expresa inclusión entre los asuntos de familia de naturaleza contenciosa, lo relativo a “…la liquidación y partición de la comunidad conyugal o de las uniones estables de hecho, cuando haya niños, niñas y adolescentes…”.
Ciertamente, a juicio de esta Sala Plena, no cabe la menor duda que en el literal l del parágrafo primero del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, reside el conferimiento a la jurisdicción especial de niños, niñas y adolescentes de la competencia para conocer y decidir lo tocante a las acciones mero declarativas de uniones concubinarias, pues, aún cuando en su texto no se contempla ni se alude expresamente a las citadas acciones mero declarativas, la interpretación progresiva de dicho dispositivo normativo a la luz de los valores, principios y preceptiva constitucional, así como su desarrollo legislativo y jurisprudencial, razonable y coherentemente conduce a tal conclusión. Tanto más cuanto que, la norma jurídica bajo análisis, contempla las uniones estables de hecho, las cuales fueron calificadas por la Sala Constitucional como equivalentes a las uniones matrimoniales, en sentencia número 1682 de fecha 15 de julio de 2005, a propósito de la interpretación que realizara sobre el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En dicho fallo, categóricamente afirmó el máximo órgano de interpretación constitucional, que “…en los procesos tendientes a que se reconozca el concubinato o la unión estable, se podrán dictar las medidas preventivas necesarias para la preservación de los hijos y bienes comunes.”. En suma, de la valoración de los lineamientos que se infieren de la interpretación del artículo 77 constitucional, conjuntamente con lo establecido en el precitado artículo 177, lo procedente conforme a lo contemplado y a la progresiva orientación humanista del sistema jurídico positivo patrio, es que la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes sea la que conozca de los juicios destinados al reconocimiento judicial de uniones concubinarias. (subrayado del Tribunal). (http://www.tsj.gov.ve/decisiones/tplen/Junio/34-7612-2012-2010-000138.html).

Según la doctrina, la competencia de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, está basada en el concepto de fuero subjetivo atrayente, por lo que, a más de la enumeración prevista en el artículo 177 de la ley, referida a las materias de familia, patrimonial (mercantil y civil) etc., la razón atributiva de competencia es la presencia de un interés jurídico digno de tutela jurisdiccional, identificado en cabeza de niños, niñas y adolescentes.
En el caso de la presente demanda, la pretensión perseguida por la demandante es la liquidación y partición de los bienes de la comunidad conyugal que existió entre ella y su excónyuge ciudadano LUIS UBALDO MEJÍAS LOBO.
Ahora bien, de la revisión detenida de los instrumentos producidos por la demandante junto con el libelo de la demanda, se puede constatar que obra agregada a los folios 11 al 18, copia certificada expedida por la secretaría del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial del Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, sede El Vigía, en fecha 20 de noviembre de 2015, de la sentencia proferida por dicho órgano jurisdiccional en fecha 16 de mayo de 2014, y del auto que la declara firme de fecha 22 de mayo de 2014, dictada en el expediente separado con la nomenclatura propia de ese Juzgado CP-JV-20121701, que disolvió el vínculo conyugal existente entre los ciudadanos LUIS UBALDO MEJÍAS LOBO y NAYARIDT DEL VALLE QUINTERO GÓMEZ.
De la lectura detenida de la referida sentencia, se puede constatar que los cónyuges antes identificados y partes en la demanda analizada, procrearon dos hijas quienes para el momento de la interposición de la solicitud de separación de cuerpos por mutuo consentimiento, en fecha 14 de enero de 2013, eran niñas.
Así las cosas, para la fecha de la interposición de la presente demanda, las hijas de los excónyuges LUIS UBALDO MEJÍAS LOBO y NAYARIDT DEL VALLE QUINTERO GÓMEZ, no han adquirido la mayoría de edad, y según se evidencia de la sentencia supra analizada, se encuentran bajo la Responsabilidad de Crianza y Patria Potestad de ambos progenitores.
Como se observa, la demandante pretende la liquidación y partición de la comunidad conyugal que estableció con el ciudadano LUIS UBALDO MEJÍAS LOBO, y en dicha unión conyugal hay una adolescente y una niña en común bajo la Responsabilidad de Crianza y Patria Potestad de ambos progenitores, por lo cual el juez natural para decidir el asunto es aquél con competencia en materia de niños, niñas y adolescentes.
En consecuencia, este Juzgado de Primera Instancia Civil, carece de competencia funcional para conocer y decidir la presente causa, toda vez que tal competencia corresponde al Juzgado especializado como lo es el Tribunal de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial del Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, sede El Vigía. ASÍ SE DECIDE.-
II
Por los razonamientos anteriores, este Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, con sede en El Vigía, de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se declara INCOMPETENTE FUNCIONALMENTE para el conocer y decidir la presente causa incoada por la ciudadana NAYARIDT DEL VALLE QUINTERO GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, divorciada, Licenciada en Administración, cedulada con el Nro. 14.022.507, contra el ciudadano LUÍS UBALDO MEJÍAS LOBO, venezolano, mayor de edad, de profesión comerciante, divorciado, cedulado con el Nro. 10.713.234, por liquidación y partición de la comunidad conyugal.
Como consecuencia de la anterior declaratoria,
DÉJESE COPIA Y REMÍTASE EN SU OPORTUNIDAD AL TRIBUNAL DECLARADO COMPETENTE.
EL JUEZ,
JULIO CÉSAR NEWMAN GUTIÉRREZ
LA SECRETARIA,

ABG. NORIS CLAYNETH BONILLA VARGAS.
En la misma fecha se publicó la anterior sentencia siendo las 3:15 de la tarde.-
La Secretaria,