TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida
Mérida, 02 de Mayo de 2016
204º y 156º

CASO PRINCIPAL : LP02-S-2016-000575
CASO : LP02- S-2016-000575

AUTO FUNDAMENTANDO DECISIÓN SOBRE NULIDAD DEL ESCRITO ACUSATORIO

Éste Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas en Materia de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y 314 del Código Orgánico Procesal Penal (en lo adelante COPP), publica el auto fundado del Auto de Nulidad de escrito acusatorio, efectuado en audiencia preliminar efectuada en fecha 28-04-2016, inserta al folio 62, en la presente causa seguida contra EDGAR ALEXANDER RIVAS, titular de la cedula de identidad Nº: 14.053.328, venezolano, soltero, nacido el 01-04-1977, de 39 años de edad, residenciado en: Ejido, sector San Martín, detrás de mercado artesanal Murachi, cerca del liceo o estanque de agua del sector del Estado Bolivariano de Mérida, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

Cursa a los folios 07 al 10 audiencia de presentación de imputados de fecha 19-02-2013, celebrada por ante el Tribunal de Primera instancia en funciones de Control Nº 06 (penal ordinario), contra el ciudadano EDGAR ALEXANDER RIVAS (ya identificado) precalificando el delito como VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA, previsto y sancionado en el artículo 50 de la Ley orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana VIRIGINIA DAVILA.

RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO EN QUE SE FUNDAMENTA LA PRESENTE DECISIÓN.
En el caso que nos ocupa éste Tribunal en audiencia preliminar celebrada en fecha 28-04-2016, declaró con lugar la solicitud de nulidad de escrito acusatorio incoado por la representación fiscal, motivado a la violación del derecho a la defensa y al debido proceso ocasionada por el Ministerio Público al encuadrar los hechos en un delito distinto al precalificado por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 06 (penal ordinario)en audiencia de presentación de imputado; pues de considerar que dichos hechos encuadraban dentro del tipo penal de Amenaza y Violencia Fisica Agravada, previstos y sancionados en los artículos 41 y 42 de la Ley Organica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debió realizar el respectivo acto de imputación.

Así las cosas, en relación a lo señalado se observa que no pueden ser apreciados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuesto de ella, los actos cumplidos en contravención o con inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales y de las formas previstas en el Código, Constitución y las demás leyes, pues el Ministerio Público al no tomar en cuenta las indicadas actuaciones como pruebas, vulneraron el debido proceso y el derecho de la defensa, lo que deviene indefectiblemente es la nulidad absoluta, según lo previsto en el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual prevé:

“Nulidades absolutas. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República.” (Subrayado tribunal).

Como puede observarse, la señalada nulidad absoluta constituye un medio de impugnación ordinaria, el cual permite que los juzgadores de instancia puedan restituir o reparar las situaciones jurídicas infringidas por violaciones de derechos o garantías constitucionales, dado que están obligados a asegurar la integridad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Para mayor abundamiento, el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitución, sentencia N° 05, de fecha 24-10-2001, (caso Supermercado Fátima, S.R.L., expediente 3184), dejó sentado que:
“(Omissis) Por otro lado, cabe destacar que la garantía del debido proceso debe ser entendida en el sentido de que en todo proceso, sea judicial o administrativo, deben cumplirse las garantía indispensables para que se escuchen a las partes, se les permita el tiempo necesario para presentar pruebas y ejercer plenamente la defensa de sus derechos e intereses, siempre de la manera prevista en la ley deforma tal, que la controversia sea resuelta conforme a derecho, en aras de una tu tela judicial efectiva, (...)“ (Subrayado Tribunal).

En cuanto a la función instrumental del acto de imputación, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha precisado que mediante dicho acto “se informa al imputado de manera clara y precisa de los hechos que se le atribuyen, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo. Así como las disposiciones legales aplicables al caso…” (Sentencia n° 226 del 23 de mayo de 2006).

También estableció la Sala en el referido fallo que,

“el acto de imputación formal en el proceso penal venezolano no está definido en el Código Orgánico Procesal Penal, no obstante, dicho acto emerge de un sistema de derechos constitucionales y garantías procesales interrelacionadas entre sí… artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela… “Toda persona tiene el derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se investiga; acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…”; la presunción de inocencia contenido (sic) en el numeral 2; y el derecho a ser oída en cualquier clase de proceso comprendido en el numeral 3 del mismo artículo y el derecho a no confesarse culpable o declarar contra sí misma incluido en el numeral 5. De igual forma se desprenden del Código Orgánico Procesal Penal lo sucesivo: el respeto a la dignidad humana contenido en el artículo 10; el principio de contradicción incluido en el artículo 18; el principio de buena fe de las partes en el artículo 102; derechos del imputado ubicado en el artículo 125; el derecho a declarar durante la investigación contenido en el artículo 130; la advertencia preliminar para la declaración del imputado comprendido en el artículo 131; la garantía de que el acto de imputación y declaración del imputado conste en un acta en el artículo 133; el nombramiento de un defensor y su juramentación incluido en el artículo 137; y por último la congruencia entre la sentencia y la acusación contenida en el 363, como garantía que el proceso penal iniciado en contra de un ciudadano que fue previamente imputado en la fase de investigación culminará con una sentencia congruente con aquella imputación y la acusación”… y por ello el acto de imputación formal es considerado formalidad esencial e irrenunciable en el proceso penal venezolano.” (Negrillas del Tribunal).

Con sujeción a la doctrina jurisprudencial transcrita y de la atenta revisión se evidencia que la representación fiscal no realizó el acta formal de imputación de la persona investigada en la presente causa (EDGAR ALEXANDER RIVAS; por el delito referido en el escrito acusatorio y se trata, pues, como se colige sin mayor esfuerzo, de un acto que corresponde única y exclusivamente al Fiscal del Ministerio Público, de obligatorio cumplimiento para el referido funcionario; pues con el acto formal de imputación se le atribuye a una persona la comisión de delito determinado.

Por todos los razonamientos, no tiene otra alternativa este Tribunal que decretar la nulidad del acto conclusivo (folios 40 al 46), de fecha 25-02-2016, de conformidad con los artículos 175, 179, 180 del Código Orgánico Procesal Penal y por ende, se ordena la reposición de la causa al estado en que el Ministerio Público, realice nuevamente el escrito acusatorio prescindiendo del vicio y se le dé continuidad al caso, con la urgencia, celeridad del debido proceso, como el derecho de la defensa. Así se decide.

DISPOSITIVA
Por todo lo expuesto, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas en Materia de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: Declara con lugar la solciitud incoada por al el Ministerio Público consistente en Anular el acto conclusivo, presentado por la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público obrante a los folios 40 al 46, de fecha 25-02-2016, de conformidad con los artículos 175, 179, 180 del Código Orgánico Procesal Penal SEGUNDO: Repone la causa al estado de que el Ministerio Público presente acto conclusivo dentro de los sesenta días siguientes, una vez recibida las presentes actuaciones por sede fiscal. TERCERO: Remítase la causa al despacho fiscal de procedencia en su oportunidad legal correspondiente.
La presente decisión tiene fundamento legal en los artículos 25 y 49 Constitucional; 12, 64, 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a todas las partes. Remítase lo ordenado. Cúmplase.

LA JUEZA DE CONTROL Nº 02.

ABG. YEGNIN TORRES ROSARIO
LA SECRETARIA;
ABG. ANNY RANGEL MORENO
El ______________, se cumplió con lo ordenado: __________________________________Sria;