TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Mérida, veinte de octubre del año dos mil dieciséis.
206º y 157º
I
DE LAS PARTES:
PARTE ACTORA: SULBARAN MOLINA HÉCTOR JOSÉ, WILMER ELY SULBARAN MOLINA Y RANDY SULBARAN MOLINA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. 8.006.781, 8.026.311 y 8.034.168 respectivamente, de este domicilio.-
MOTIVO: NULIDAD DE DOCUMENTO.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA.-
II
SINTESIS PREVIA
Visto el escrito de demanda recibido en fecha 03 de agosto del año 2016, que obra agregado a los folios 01 al 09 con sus respectivos vueltos, suscrito por los ciudadanos SULBARAN MOLINA HÉCTOR JOSÉ, WILMER ELY SULBARAN MOLINA Y RANDY SULBARAN MOLINA, anteriormente identificados, debidamente asistidos por el abogado RANDY SULBARAN MOLINA, titular de la cédula de identidad N° 8.034.168 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 52.683, de este domicilio, en el escrito libelar se evidencia en el petitorio lo siguiente:
(…Omisis) Ciudadana Jueza, en razón de las consideraciones de hecho y de derecho que acabamos de señalarle e indicarle', amén de estar todas ellas soportadas, corroboradas, comprobadas y demostradas de manera fehaciente en cuanto a derecho se requiere en Instrumentales Públicas acompañadas, PROMOVIDAS y OPUESTAS "erga omnes" desde ya a todo evento presente o futuro, conjuntamente al presente escrito libelar; es que procedemos en este acto a IMPUGNAR y Demandar en esta instancia judicial la NULIDAD ABSOLUTA, del Instrumento redargüido aquí como Público el cual se corresponde a la DECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN que fuera Protocolizado de MANERA ILEGAL por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha Quince (15) de Noviembre de 2004; el cual quedo registrado bajo el Número VEINTE Y UNO (21), Folio CIENTO NOVENTA Y CUATRO
(194) al Folio CIENTO NOVENTA Y OCHO (198), Protocolo Primero, Tomo VIGÉSIMO, CUARTO Trimestre, del referido año 2004… (Omisis).
“ OMISIS. CAPITULO III
DE LA DEMANDA DE IMPUGNACIÓN Y DE NULIDAD ABSOLUTA DE LOS DOCUMENTOS REGISTRADOS DE MANERA ILEGAL
Ciudadana Jueza, en fuerza y consideración de los hechos narrados en el Capitulo anterior; con base y fundamentación en los Tres (3) Documentos señalados, acompañados, Promovidos y Opuestos desde ya a todo evento presente o futuro a título "erga omnes"; en virtud a la existencia actual, cierta y manifiesta de UN RIESGO INMIENTE de que resulte manifiestamente VULNERADO y VIOLENTADO de forma expedita nuestro LEGITIMO DERECHO DE PROPIEDAD; así como nuestro DERECHO A LA LEGITIMA, Derechos estos últimos los cuales poseemos y ostentamos sobre la TOTALIDAD del BIEN INMUEBLE consistente en una Casa para Habitación distinguida por el N° 2, de la Vereda F-3 de la Urbanización "Antonio Pinto Salinas", actualmente Urbanización "Santa Juana", situada en jurisdicción de la Parroquia Civil "Domingo Peña", de esta ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida; el cual se encuentra comprendido dentro de los siguientes Linderos y Medidas, a saber: NORTE: Con extensión de Diecisiete metros con Cuarenta y Cinco centímetros (17,45 mts), con Casa N° 1, de la Vereda F-3; SUR: En igual extensión que el anterior con Casa N° 3, de la misma Vereda; ESTE: En extensión de Ocho metros con Ochenta y Cinco centímetros (8,85 mts), con la Vereda F-3, y OESTE: En igual extensión que el anterior, con Vereda sin nombre; tal y como consta fehacientemente del DOCUMENTO DE PROPIEDAD que fuera debidamente Protocolizado en fecha Veintiuno (21) de Febrero de 1973; por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Libertador del Estado Mérida, el cual quedo registrado bajo el No. 63, Protocolo Primero, Tomo 5o. Principal, Primer Trimestre del año 1973; en tal virtud Ciudadana Jueza, procedemos en este acto en nuestro legítimo carácter, cualidad y condición de DUEÑOS PROPIETARIOS y HEREDEROS LEGÍTIMOS a Demandar como en efecto, así procedemos en este acto de manera formal y legal a IMPUGNAR y Demandar LA NULIDAD ABSOLUTA del TESTAMENTO CERRADO que fuera ILEGALMENTE REGISTRADO por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha Cinco (05) de Abril de 2006; el cual quedo Protocolizado bajo el N°1, Folio 1 al 6, Protocolo Cuarto, Tomo Primero, Segundo Trimestre, del referido año 2006; por nuestro Legítimo Padre, Común Causante y Comunero Proindiviso ciudadano JOSÉ SULBARAN, quien en vida fuera venezolano, mayor de edad, divorciado, Empleado Universitario Jubilado, titular de la cédula de identidad No. V- 956.187, domiciliado en la Parroquia Civil “Domingo Peña” de esta ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábil.
Así mismo ciudadana Jueza, procedemos en este mismo acto a MPUGNAR y Demandar la NULIDAD ABSOLUTA del Documento que se contrae o corresponde a DECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Documento este último Ciudadana Jueza, el cual fue igualmente Protocolizado de MANERA ILEGAL por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha Quince (15) de Noviembre de 2004; el cual quedo registrado bajo el Número VEINTE Y UNO (21), Folio CIENTO NOVENTA Y CUATRO (194) al Folio CIENTO NOVENTA Y OCHO (198), Protocolo Primero, Tomo VIGÉSIMO, CUARTO Trimestre, del referido año 2004. Ciudadana Jueza, la IMPUGNACIÓN y Demanda de NULIDAD ABSOLUTA tanto del aludido TESTAMENTO CERRADO; así como del Documento contentivo de la DECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN que aquí Demandamos en este acto; deriva a saber de las siguientes circunstancias de pleno Derecho. Omisis.
Omisis… Por tales razones y circunstancias tanto de hecho como de pleno Derecho Ciudadana Jueza, procedemos a IMPUGNAR y Demandar como en efecto así lo hacemos en este acto la NULIDAD ABSOLUTA de los Dos (2) Instrumentos Públicos supra señalados en el Capítulo precedente; vale decir, Ciudadana Jueza, demandamos; a saber:
La IMPUGNACIÓN y la NULIDAD ABSOLUTA del Documento de DECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN; que fuera Protocolizado de MANERA ILEGAL por parte de nuestro Legítimo Padre, Común Causante y Copropietario ciudadano JOSÉ SULBARAN, quien en vida fuera venezolano, mayor de edad, divorciado, Empleado Universitario Jubilado, titular de la cédula de identidad No. V- 956.187, domiciliado en la Parroquia Civil "Domingo Peña" de esta ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábil; por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha Quince (15) de Noviembre de 2004; el cual quedo registrado bajo el Número VEINTE Y UNO (21), Folio CIENTO NOVENTA Y CUATRO (194) al Folio CIENTO NOVENTA Y OCHO (198), Protocolo Primero, Tomo VIGÉSIMO, CUARTO Trimestre, del referido año 2004.
Acción de IMPUGNACIÓN y NULIDAD ABSOLUTA que interponemos Ciudadana Jueza, porque como ya explanamos amplia y suficientemente con el Registro y/o Protocolización del premencionado y señalado Instrumento Público, se VIOLO FLAGRANTEMENTE nuestro Legítimo DERECHO DE PROPIEDAD, el cual tenemos y poseemos actualmente sobre LA TOTALIDAD del BIEN INMUEBLE cuya PROPIEDAD se evidencia del Instrumento Público que fuera debidamente Protocolizado en fecha Veintiuno (21) de Febrero de 1973; por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Libertador del Estado Mentía, el cual quedo registrado bajo el No. 63, Protocolo Primero, Tomo 5o. Principal, Primer Trimestre del año 1973; a través de la ABSOLUTA AUSENCIA y PRESCINDENCIA de la debida y necesaria AUTORIZACIÓN ESCRITA de nuestra parte como PROPIETARIOS para poder efectuarse la Tramitación y Registro del Instrumento Público cuya IMPUGNACIÓN y NULIDAD ABSOLTA es delada en esta instancia judicial; ya que SE PRODUJO con dicha circunstancia la VIOLACION FLAGRANTE de DEBERES tanto de FORMA
como de FONDO, por parte de la FUNCIONARIA PUBLICA que procedió a efectuar la Tramitación y el Protocolo de dicho Documento; así como por parte del Ciudadano Registrador de la época; el cual NUNCA DEBIÓ SER REGISTRADO por estar inmersas en dicho acto registral NORMAS DE ESTRC1TO ORDEN PUBLICO cuyo cumplimiento y observancia NO PUEDEN RENUNCIARSE. NI SER RELAJADAS POR CONVENIOS O DISPOSICIONES PARTICULARES, tal y como lo disponen los Artículos 2, 6, 8, 18, 19 y 43, todos inclusive de la vigente Ley de Registro Público y del Notariado. Instrumento Público esté último Ciudadana Jueza, el cual acompañamos conjuntamente al presente escrito en copia fotostáticas debidamente certificada "Ad Efectum Videndi" marcado con la "F".
La IMPUGNACIÓN y LA NULIDAD ABSOLUTA del TESTAMENTO CERRADO; el cual fue Protocolizado de MANERA ILEGAL por parte de nuestro Legítimo Padre, Común Causante y Copropietario ciudadano JOSÉ SULBARAN, quien en vida fuera venezolano, mayor de edad, divorciado, Empleado Universitario Jubilado, titular de la cédula de identidad No. V- 956.187, domiciliado en la Parroquia Civil "Domingo Peña" de esta ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábil; por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha Cinco (05) de Abril de 2006; el cual quedo Protocolizado bajo el N°1, Folio 1 al 6, Protocolo Cuarto, Torno Primero, Segundo Trimestre, del referido año 2006.
Acción de IMPUGNACIÓN y NULIDAD ABSOLUTA que interponemos Ciudadana Jueza, porque como señalamos de manera pormenorizada con el Registro y/o Protocolización del premencionado Instrumento Público, se VIOLO FLAGRANTEMENTE nuestro DERECHO DE PROPIEDAD; así como nuestro Derecho A LA LEGITIMA, derechos los cuales tenemos y poseemos actualmente sobre LA TOTALIDAD del BIEN INMUEBLE cuya PROPIEDAD se evidencia del Instrumento Público que fuera debidamente Protocolizado en fecha Veintiuno (21) de Febrero de 1973; por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Libertador del Estado Mérida, el cual quedo registrado bajo el No. 63, Protocolo Primero, Tomo 5o. Principal, Primer Trimestre del año 1973; así como sobre el Acervo Patrimonial de nuestro común De Cujus por ser HIJOS Y HEREDEROS DIRECTOS del premencionado TESTADOR ciudadano JOSE SULBARAN, supra identificado, ya que como se evidencia del contenido y alcance de la Manifestación de Voluntad que formulo, no fuimos repudiados por nuestro Padre respecto a
sus Bienes Patrimoniales. Instrumento Público este último Ciudadana Jueza, eí cual acompañamos conjuntamente al presente escrito en copia fotostática debidamente certificada "Ad Efectum Videndi" marcado con la “B”.
Por último Ciudadana Jueza, solicitamos del Juzgado a su digno cargo que como consecuencia de la Sentencia que habrá necesariamente Usted de dictar dentro del presente Juicio; los Dos (2) Instrumentos Públicos supra mencionados sean Declarados NULOS de PLENA NULIDAD ABSOLUTA, y como consecuencia de tal determinación Ciudadana Jueza, los mismos queden SIN VALOR JURÍDICO, NI EFECTO LEGAL ALGUNO en cuanto a Derecho se requiere; y en virtud de tal Sentencia queden y permanezcan inmaculados LA TOTALIDAD de los BIENES INMUEBLES que son de nuestra legítima PROPIEDAD.
CAPITULO IV DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO
Ciudadana Jueza, procedemos a fundamentar la presente Demanda de IMPUGNACIÓN y de NULIDAD ABSOLUTA de DOCUMENTOS PÚBLICOS sobre la base de lo dispuesto por los Artículos 883 al 894; así como por lo establecido por los Artículos 951 al 958, todos ellos inclusive del vigente Código Civil; en perfecta concordancia con lo dispuesto por los Artículos 2, 6, 8, 18, 19 y 43, todos inclusive de la vigente Ley de Registro Público y del Notariado; todas estas normas de estricto orden público en estricta armonía con lo dispuesto por los Artículo 338 al 34, ambos inclusive del vigente Código de Procedimiento Civil”. Omisis.
III
EXAMEN DE LOS REQUISITOS DE
ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA
De la revisión hecha al libelo observa este Juez que el procedimiento Incoado por los ciudadanos SULBARAN MOLINA HÉCTOR JOSÉ, WILMER ELY SULBARAN MOLINA Y RANDY SULBARAN MOLINA debidamente asistido por el abogado RANDY SULBARAN MOLINA en fecha tres de agosto del año dos mil dieciséis; se trata de un juicio de Nulidad absoluta de documento, desde el artículo 338 al 584 y la norma rectora que consagra los requisitos de admisibilidad para ejercer la acción por este procedimiento ordinario esta prevista en el artículo 340 y 341 del Código de Procedimiento Civil, de tal manera que la norma estipula lo siguiente:
Artículo 340 del Código de Procedimiento Civil:
“El libelo de la demanda deberá expresar:
1º La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda.
2º El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene.
3º Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.
4º El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores o distintivos, si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales.
5º La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones.
6º Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.
7º Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas.
8º El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder.
9º La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174. (Subrayado propio del Tribunal).

Por su parte el artículo 341 ejusdem, consagra: “Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos”.
El procedimiento ordinario, al igual como ocurre con cualquier otro procedimiento especial, está legalmente sometido a ciertas condiciones que determinan su pertinencia o aplicabilidad, las cuales en la moderna dogmática procesal se denominan "condiciones de admisibilidad" o "presupuestos procesales". Se trata pues, de ciertos requisitos especiales, expresa o implícitamente previstos por la Ley que condicionan la existencia jurídica y validez formal del proceso que se trate, cuya falta obsta la admisión de la demanda para su sustanciación y decisión por ese procedimiento monitorio.
Por otra parte, importa señalar que a la demanda de NULIDAD DE DOCUMENTO, por no tener un procedimiento especial previsto para este tipo de acciones, se entiende de conformidad con el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, a ésta acción se le debe aplicar entonces las normas relativas a los procedimientos ordinarios, y por ende le resultan aplicable las causales genéricas de inadmisibilidad de la demanda (rectius: acción) que da origen al procedimiento ordinario, previstas en forma negativa, en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, en los términos siguientes: “Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negara su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente en ambos efectos”.
En sentencia de fecha 18 de mayo de 2001, dictada bajo ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con pleno asidero, expuso algunas consideraciones respecto al derecho de acceso a la jurisdicción y a la inadmisibilidad de la acción. En efecto, en dicho fallo se expresó lo siguiente:
“El artículo 26 de la vigente Constitución establece como derecho constitucional el acceso de las personas a la justicia. Tal acceso, conforme a la letra del mismo artículo, se hace mediante el proceso (lo que se denota de la frase de la norma sin formalismos o reposiciones inútiles), por lo que se trata de un acceso doble, ya que él no sólo corresponde a los demandantes sino a los demandados. Siendo el camino el proceso, las personas ejercerán su derecho mediante la acción, por lo que si ésta no existe o es inadmisible, el acceso efectivamente tiene lugar, pero el órgano jurisdiccional inadmite la acción, por lo que no toca el fondo de la pretensión.
En consecuencia, tal rechazo de la acción no significa una negativa al derecho de acceso a la justicia, ya que es el resultado de una declaración jurisdiccional, y se trata de un juzgamiento sobre la existencia del derecho de acción.
La acción está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez, que al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable. Algunos de ellos los señala la ley, mientras que otros provienen de los principios generales del derecho.
En sentido general, la acción es inadmisible:
1) Cuando la ley expresamente la prohíbe, tal como lo prevé el artículo 346, ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil .
2) Cuando la ley expresamente exige determinadas causales para su ejercicio, y éstas no se alegan (artículo 346 ordinal 11º ya señalado).
3) Cuando la acción no cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los principios generales del derecho procesal le exigen. Ante estos incumplimientos, la acción debe ser rechazada. Ello sucede, por ejemplo, cuando en el demandante o en el demandado no existe interés procesal, y por tanto, no hay necesidad de acudir a la vía judicial, para que mediante la sentencia se reconozca un derecho; o para evitar un daño injusto, personal o colectivo; o cuando la decisión judicial no puede variar la situación jurídica que tenían las partes antes del proceso.
La falta de interés procesal puede provenir de diversas causas, y la cosa juzgada sobre el punto a litigarse es una manifestación de falta de interés, de igual entidad que las contempladas, por ejemplo, en los numerales 1, 2, 3, 5, y 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que trata la inadmisibilidad en ese particular proceso.
El interés procesal varía de intensidad según lo que se persiga, y por ello no es el mismo el que se exige en quien incoa una acción popular por inconstitucionalidad, que el requerido en una acción por intereses difusos o para el cumplimiento de una obligación.
Ahora bien, es un requisito de la acción, ligada a la necesidad de que exista un interés procesal en el accionante, que él pueda estar realmente afectado en su situación jurídica, razón por la cual acude a la justicia, y, además, que el demandado puede causar tal afectación. Es igualmente exigencia necesaria, que el actor persiga se declare un derecho a su favor (excepto en los procesos anticipatorios, como el retardo perjudicial por temor fundado a que desaparezcan las pruebas, donde el interés se ventilará en el proceso al cual se integren las actuaciones del retardo).
Consecuencia de lo anterior, es que quien demanda (reconociendo la Sala que el escrito de demanda es una vía para ejercer el derecho de acción, pero que con ella no se confunde), utilizando el proceso para un fin diferente al que se administre justicia, carece de acción. Surge una apariencia de acción y de proceso, al poner en marcha la función jurisdiccional, pero ella (la acción) realmente no existe, ya que efectivamente no se está buscando la tutela judicial que debe brindar la actividad jurisdiccional, y que es el fin del proceso.
Es igualmente requisito de la acción la cualidad en las partes, tal como señalaba el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil de 1916 al tratar las excepciones de inadmisibilidad.
4) Dentro de la clasificación anterior (la del número 3), puede aislarse otra categoría, más específica, de causales de inadmisibilidad de la acción, y es que ella se utilice para violar el orden público o infringir las buenas costumbres.
El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, señala a estas causas como de inadmisibilidad de la demanda (del escrito), pero en realidad sus supuestos se convierten en causas de inadmisibilidad de la acción, ya que no podrá administrarse justicia, y ello ocurre cuando:
a) Se incoa la acción para crear un proceso que viene a obrar como un instrumento para cometer un fraude, bien se trate de un fraude procesal para perjudicar a alguien específicamente dentro del proceso o con motivo de él, o bien se trate de un fraude a la ley. Se está en presencia de acciones incoadas para alterar el orden público constitucional, al desvirtuar los fines del proceso, tal como lo ha expresado esta Sala en fallos de 9 de marzo de 2000 y 4 de agosto de 2000 (Casos: Sonia Saje de Zavatti e Intana C.A., respectivamente).
b) Por otra parte, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en el numeral 6 del artículo 84, contempla como causal para que no se admita ninguna demanda ni solicitud, el que ella contenga conceptos ofensivos e irrespetuosos. También se trata del rechazo del escrito, pero en el fondo, tal prohibición está ligada a la falta de interés procesal y a la protección de las buenas costumbres, ya que la acción no es un medio para injuriar, ofender o atacar a funcionarios o instituciones, su fin es que la jurisdicción actúe, se administre justicia y se resuelvan conflictos.
Si bien es cierto que el artículo 84 citado se refiere a la demanda (al escrito), también es un fraude a la ley que pesa sobre la acción, no expresa en la demanda, los conceptos ofensivos o irrespetuosos contra el Tribunal o la contraparte, y consignarlos públicamente en escritos de prensa o programas radiales o televisivos, o en documentos expuestos a la publicidad, como las actas procesales. Ello no es más que un proceder que contraría el numeral 6 del artículo 84 citado, y que no se puede amparar en la libertad de expresión, ya que ella no involucra la inobservancia de la ley, y menos, cuando sea utilizada para dejar sin efecto una prohibición legal, como la del citado artículo 84.
5) Por otra parte, la acción incoada con fines ilícitos necesariamente debe ser inadmisible, si ello lo alega una parte o lo detecta el juez, ya que el fin de la acción, en estos casos, no es sólo que se declare el derecho a favor de una parte, o se le repare al accionante una situación jurídica, sino que con deslealtad procesal se trata de enervar el derecho de defensa de la contraparte (lo que es fraudulento), y a la vez causarle daños, como sería aumentarle los gastos que genera la defensa.
Ello ocurre, por ejemplo, cuando una persona demanda a otra por los mismos hechos y causa de pedir ante varios tribunales y en diversas oportunidades, y aunque tal práctica desleal tiene el correctivo del alegato de la litispendencia, si aún no hay fallo de fondo dictado, de todas maneras el derecho de defensa del demandado se ve minimizado, al tener que atender diferentes procesos, donde se pueden decretar medidas cautelares en su contra, y es indudable que los gastos de la defensa aumentarán.
Puede argüirse, que tratándose de un abuso de derecho, el cual parte de la utilización de mala fe del derecho de acción, se hace necesario que la víctima oponga formalmente tal situación, ya que ella es la que puede calificar si la actividad de mala fe de su contraparte la perjudica; pero ello no es cierto, desde el momento que el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, convierte al juez en tutor de la lealtad y probidad que deben mantener las partes en el proceso, y además lo faculta para tomar de oficio las medidas tendentes a evitar la deslealtad. Una acción ejercida con fines ilícitos, no puede ser admitida y debe declararse de oficio su inadmisibilidad cuando se detecte el abuso de derecho.
6) Pero también existe ausencia de acción, y por aparente debe rechazarse, cuando el accionante no pretende que se le administre justicia, y a pesar que formalmente cumpla las exigencias, su petición es que un órgano no jurisdiccional, o de una instancia internacional ajena a la jurisdicción nacional, conozca y decida la causa. Se está accediendo a la justicia exactamente para lo contrario, para que no se administre. Se acude a la jurisdicción, para que ésta no actúe.
De nuevo estamos ante una manifestación de falta de interés, pero que por su connotación puede señalarse como una categoría propia de inadmisibilidad de la acción, ya que ésta, como otras de las situaciones ya señaladas, producen efectos que van más allá de la simple declaratoria de la falta de acción o de su inadmisibilidad.
7) Por último, y al igual que las de los números anteriores se trata de situaciones que señala la Sala a título enunciativo y que no impiden que haya otras no tratadas en este fallo, debe la Sala apuntar que los escritos de demanda que atenten contra la majestad de la justicia y contra el Código de Ética Profesional del Abogado (en cuanto a lo que suscribe el profesional del derecho), influyen también sobre el derecho a la acción. Una acción cuyo fin, así sea indirecto, es atentar contra la majestad de la justicia, injuriando a quien va a administrarla, poniendo en duda al juzgador, descalificándolo ab initio, o planteando los más descabellados y extravagantes pedimentos, es inadmisible, ya que en el fondo no persigue una recta y eficaz administración de justicia. Se utiliza al proceso con un fin distinto al que le corresponde, y para ello no es el acceso a la justicia que garantiza la Constitución vigente.
Tratándose la acción de un presupuesto procesal para acceder a la jurisdicción, su falta o su inadmisibilidad puede ser declarada en cualquier estado y grado del proceso, inclusive en casación, y estos ejercicios de la acción con fines ilícitos, el juez debe calificarlos, y máxime este Tribunal Supremo, en cualquiera de sus Salas, debido a la letra del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que le permite, al menos al Tribunal Supremo de Justicia, tomar medidas generales tendentes al cumplimiento del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil”

Conforme a lo anteriormente expuesto, presentada o recibida por distribución la demanda de NULIDAD DE DOCUMENTO, dentro de los tres (3) días siguientes el Juzgado de la causa deberá emitir pronunciamiento sobre su admisibilidad, a cuyo efecto el Juez deberá hacer un cuidadoso examen de carácter sumario sobre si están o no llenos o satisfechas las condiciones de procedibilidad de este procedimiento ordinario, anteriormente enunciados, establecidos en los artículos 340 y 341 del Código de Procedimiento Civil, y a tal fin deberá analizar el libelo de la demanda y los documentos producidos con el mismo.
Este Tribunal a los fines de admitir o no la demanda incoada por los ciudadanos SULBARAN MOLINA HÉCTOR JOSÉ, WILMER ELY SULBARAN MOLINA Y RANDY SULBARAN MOLINA, debidamente asistido por el abogado RANDY SULBARAN MOLINA, observa:
La parte demandante junto con el escrito libelar, consignó los siguientes documentos:
1.- Marcado con la letra “A”, copia certificada del acta de defunción Nº 175, expedida por la Registradora Civil de la Parroquia Domingo Peña, Municipio Libertador del Estado Mérida. (Folio 10 al 11 con sus respectivos vueltos).
2.- Marcada con la letra “B”, copia certificada de la solicitud de apertura de testamento cerrado, Nº SATC Nº 0429-2016. (folios13 al 53).
3.- Marcado con la letra “C”, copia certificada del documento Nº 63, protocolo Primero, Tomo 5, de fecha 14 de marzo del año 2013, expedida por el Registrador Publico del Municipio Libertador del Estado Mérida. (Folios 54 al 60).
4.- Marcada con la letra “D”, acta de defunción Nº 24, de fecha 26 de julio del año 1982, perteneciente a la ciudadana GLORIA YELITZA SULBARAN MOLINA, expedida por la Prefectura Civil del Municipio Samuel Darío Maldonado, Distrito Panamericano del Estado Táchira. (Folio 61 al 63).
5.- Marcado con la letra “E”, Registro Único de Información Fiscal (RIF) J-407801023, Nº de comprobante 201605W0000029761818; de la ciudadana GLORIA YELITZA SULBARAN MOLINA, (Folio 64).
6.- Marcado con la letra “F”, copia certificada expedida por el Registro Publico del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha 15 de noviembre del año 2004, bajo el Nº 21, Protocolo Primero, Tomo Vigésimo, Cuarto Trimestre, año 2004. (Folios 65 al 70).-
Este Tribunal deja expresa constancia: Estos documentos fueron consignados junto con el libelo por la parte actora, no existen a los autos otros documentos que fueran acompañados por el actor en el momento de interponer la respectiva demanda, y tales anexos se verifican del sello de distribución que indica, el libelo constante de 09 folio útil y 61 anexos.
Finalmente para resolver observa:
El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil establece los requisitos genéricos de la admisibilidad de cualquier acción, en cuya norma rectora se indica: “Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa...”. Partiendo de la norma citada ut supra, se observa que del estudio del contenido del escrito libelar se desprende que la parte accionante, en el libelo de la demanda acciona por NULIDAD DE DOCUMENTO.
Al Tribunal le resulta pertinente examinar exhaustivamente que el presente juicio incoado por los ciudadanos SULBARAN MOLINA HÉCTOR JOSÉ, WILMER ELY SULBARAN MOLINA Y RANDY SULBARAN MOLINA, debidamente asistido por el abogado RANDY SULBARAN MOLINA, interpuso juicio de NULIDAD DE DOCUMENTO, cuyo procedimiento ordinario exige el cumplimiento de las normas previstas dentro del Libro segundo del Código de Procedimiento Civil, y específicamente la norma del 340, que consagra los requisitos para interponer la demanda y de ella se desprende la necesaria indicación y determinación los sujetos pasivos de la acción interpuesta, es decir, para lograr el contradictorio en este procedimiento contencioso, de tal manera que la norma estipula lo siguiente: “El libelo de la demanda deberá expresar:
…. omisis
2º El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene.
3º Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.

De la norma supra indicada, en el presente procedimiento, debe este Juzgador previa a la revisión del libelo inserta en este expediente al folio 01 al 09, verificar la necesidad del cumplimiento de esta norma en el presente juicio a los fines de determinar su pertinencia o aplicabilidad, las cuales en la moderna dogmática procesal se denominan "condiciones de admisibilidad" o "presupuestos procesales". Se trata pues, de ciertos requisitos especiales, expresos o implícitamente previstos por la Ley que condicionan la existencia jurídica y validez formal de este proceso, cuya falta obsta la admisión de la demanda, para su sustanciación y decisión por el tipo de exigencia formal en este procedimiento.
Considera este Juzgador, que el accionante omite por completo indicar la persona o personas contra quien requiere la exigencia de su derecho, es decir, el sujeto pasivo de la acción, cuyo presupuesto procesal es necesario para formar el contradictorio, y sin el cual obstaculiza e impide la entrada de la presente acción, puesto que tal incumplimiento hace que la demanda sea contraría a una norma expresa, como lo es, la prevista en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y por ende aplicable las condiciones de admisibilidad genéricas de la acción previstas en el artículo 341 ejusdem, por lo que es un deber ineludible del demandante cumplir con todos y cada uno de estos requisitos de admisibilidad, ya que los mismos son concurrentes a la hora de considerar la admisibilidad de dicha pretensión.
En caso análogo, con relación a una demanda de Prescripción Adquisitiva, se determinó la inadmisibilidad de la misma, por la falta de un requisito procesal necesario como lo es, la falta del sujeto pasivo de la acción, el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia dictada en fecha diez (10) de Septiembre del año dos mil tres (2003) y tomada de la página de Internet http//www.tsj.gov.ve, señaló para referirse a este criterio lo siguiente:
“… (omisis) son instrumentos indispensables a los efectos de establecer la cualidad pasiva de los demandados e integrar el litisconsorcio pasivo necesario, entre todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que aparezcan como propietarias o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble. Desde este punto de vista no cabe duda que cuando el Legislador estableció en el artículo 691 eiusdem que el demandante deberá presentar los referidos instrumentos, no es potestativo, sino un verdadero requisito procesal a los efectos del trámite posterior de la demanda.
La pretensión procesal, no sólo está conformada por los alegatos de hecho y derecho, y su objeto. También la integran los sujetos, actos y pasivos entre quienes se debate el juicio.
El Juez de instancia, debe ser estricto con la exigencia del cumplimiento del requisito impuesto por el Legislador al demandante en prescripción adquisitiva, establecido en los artículo 691 y 692 del Código de Procedimiento Civil para que de esta forma quede garantizada la participación en el juicio de todas aquellas personas que integraron el negocio jurídico o que ostentan algún derecho real sobre el inmueble en litigio.
Todos estos requisitos deben verificar a los efectos de que no se construya la cosa juzgada a espaldas de las partes interesadas, y en obsequio al derecho de defensa de ellas.
Entendiéndose así, estos documentos como factor procesal indispensable, a los actos de la determinación de la cualidad pasiva, no cabe duda que deben consignarse con el libelo, para así dar cumplimiento con lo exigido por los artículos 340 ordinal 6º y 434 del Código de Procedimiento Civil los cuales disponen lo siguiente:
Artículo 340:
El libelo de la demanda deberá expresar:
(…Omissis…)
6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.
Artículo 434:
Si el demandante no hubiere acompañado su demanda con los instrumentos en que la fundamenta, no se le admitirán después, a menos que haya indicado en el libelo la oficina o el lugar donde se encuentren, o sean de fecha posterior, o que aparezca, si son anteriores, que no tuvo conocimiento de ellos.
En todos estos casos de excepción, si los instrumentos fueren privados, y en cualquier otro, siendo de esta especie, deberán producirse dentro de los quince días del lapso de promoción de pruebas, o anunciarse en él de donde deban compulsarse; después no se le admitirán otros.
El Juez de primera instancia, al darse cuenta que el demandado reconvincente, no consignó los instrumentos exigidos por el artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, y que no se le admitirían después, dado que fue preciso el Legislador cuando indicó que éstos debían presentarse con la demanda, ha debido declarar inadmisible la referida reconvención, por no cumplirse con esa norma, ni con lo dispuesto en los artículos 340 ordinal 6º y 434 eiusdem …Omisis.
Observa la Sala que en caso bajo decisión no se hace necesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de lo debatido, por estar plenamente establecidos los hechos en las instancias, ya que el recurrente delató solamente vicios respecto a la declaratoria de la prescripción adquisitiva propuesta por vía de reconvención y la Sala determinó que dicha demanda reconveniente es inadmisible. (Subrayado propio).
Omisis…”

La omisión en el cumplimiento de los requisitos de la norma del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, hace que se configure para el Tribunal la dificultad de determinar con certeza la relación jurídica procesal, cuyo presupuesto resulta importantísimo en la verificación de los presupuestos procesales, que le dan vida jurídica a cualquier acción interpuesta, y de obligatoria observancia para los jueces en resguardo al orden público.
Mediante sentencia de fecha 10 de abril de 2.002, con ponencia del Magistrado Antonio J. García García, la misma Sala Constitucional precisó como excepción al principio del impulso procesal, el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil permite al Juez de oficio cuando la ley lo autorice o cuando en resguardo del orden público o de la buenas costumbres sea necesario dictar alguna providencia legal, aunque no lo soliciten las partes, en los siguientes términos:
“… omisis la aplicación del principio de la conducción judicial al proceso no se limita a la sola formal condición del proceso en el sucederse de las diferentes etapas del mismo, sino que él encuentra aplicación provechosa en la labor que debe realizar el juez para evidenciar, sin que se requiera la prestancia de parte, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales, o cuando evidencie, también de oficio, la inexistencia del derecho de acción en el demandante en los casos en que la acción haya caducado, o respecto a la controversia propuesta se haya producido el efecto de la cosa juzgada o cuando para hacer valer una pretensión determinada se invoquen razones distintas a las que la ley señala para su procedencia o cuando la ley prohíba expresamente la acción propuesta. Todos estos actos están íntimamente ligados a la conducción del proceso, ya que si no satisfacen los presupuestos procesales no nace la obligación en el juez de prestar la función jurisdiccional para resolver la controversia propuesta.
En tal sentido, considera esta Sala que si nuestro ordenamiento jurídico establece que la relación jurídica procesal debe constituirse válidamente satisfaciendo las formalidades que la ley determina, sólo después de que se haya depurado el proceso de cualquier vicio que afecte la válida constitución de la relación procesal o la haga inexistente, es que nace para el órgano jurisdiccional la obligación de conocer y resolver el fondo de la controversia. Por ello, para verificar el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, tanto las partes como el Juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso, advirtiendo los vicios en que haya incurrido el demandante respecto a la satisfacción de los presupuestos procesales (…) no obsta para que el Juez, que conoce el derecho y dirige el proceso verifique en cualquier estado de la causa, incluso en la alzada, el cumplimiento de los presupuestos procesales, aunque al momento en que fue admitida la demanda por el Juez de la causa no se hubiere advertido vicio alguno para la instauración del proceso…”. (Resaltado Propio)

Los presupuestos procesales han sido definidos tanto por la doctrina patria como por la extranjera como los requisitos indispensables que deben cumplirse para el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal culminación con la sentencia, “…sin que ésta deba decidir necesariamente en el fondo sobre la procedencia o fortuna de la pretensión y mucho menos que deba ser favorable de otra clase de presupuestos: los materiales o sustanciales… por lo que los presupuestos procesales tienen la características de ser revisables y exigibles de oficio por el Juez, en razón de estar vinculados a la validez del proceso…” (Compendio de Derecho Procesal Tomo I Hernando Devis Echendía, Pág., 273).
En este sentido, para que un órgano jurisdiccional pueda resolver el conflicto inter subjetivo de intereses (o litigio) que le ha sido sometido a su consideración, es absolutamente necesario que se haya constituido válidamente la “relación jurídica procesal”. Así las cosas, tenemos que, el sujeto activo, esto es, el actor, debe satisfacer una doble carga si aspira que su derecho subjetivo le sea reconocido formalmente por el sentenciador: la primera de ellas es instaurar una relación procesal que sea jurídicamente válida, de modo tal que el órgano jurisdiccional se encuentre habilitado para entrar a resolver el litigio que le ha sido planteado y, la segunda, demostrar durante el proceso, en la etapa dispuesta a tales fines, la existencia del derecho subjetivo del cual se afirma titular y su incumplimiento.
Para satisfacer la primera carga es necesario que se cumplan, a cabalidad, los requisitos constitutivos de la relación procesal, o lo que es igual decir: “los presupuestos procesales”, mientras que, para satisfacer la segunda, es impretermitible que se verifiquen los requisitos constitutivos de una sentencia favorable a la pretensión del actor.
Ahora bien, resulta que, en virtud de que están vinculados a la validez del proceso, los presupuestos procesales, en general, tienen la característica de ser revisables y exigibles de oficio por el juez.
Como corolario de lo expuesto y especialmente en el presente caso, en que la parte actora no indicó expresamente en el escrito libelar que obra inserta a los folios 06 y su vuelto del presente expediente contra quien incoa la presente acción, ya que afirmó que:
“…omisis “Ciudadana Jueza, procedemos en este acto en nuestro legítimo carácter, cualidad y condición de DUEÑOS PROPIETARIOS y HEREDEROS LEGÍTIMOS a Demandar como en efecto, así procedemos en este acto de manera formal y legal a IMPUGNAR y Demandar LA NULIDAD ABSOLUTA del TESTAMENTO CERRADO que fuera ILEGALMENTE REGISTRADO por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha Cinco (05) de Abril de 2006; el cual quedo Protocolizado bajo el N°1, Folio 1 al 6, Protocolo Cuarto, Tomo Primero, Segundo Trimestre, del referido año 2006; por nuestro Legítimo Padre, Común Causante y Comunero Proindiviso ciudadano JOSÉ SULBARAN, quien en vida fuera venezolano, mayor de edad, divorciado, Empleado Universitario Jubilado, titular de la cédula de identidad No. V- 956.187, domiciliado en la Parroquia Civil “Domingo Peña” de esta ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábil. omisis

De lo expuesto se deduce que la parte actora en el presente juicio no indica de manera expresa contra quien ejerce su demanda.
La presente acción de NULIDAD DE DOCUMENTO, no cumple con uno los requisitos establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, en relación al cumplimiento de uno de los presupuestos procesales como lo es, la determinación del sujeto pasivo de la acción, por lo que no existe en la presente acción la determinación expresa de la parte demandada y no se constituye en el presente caso, la existencia completa de los sujetos procesales para constituir la relación jurídica procesal necesaria en un cualquier juicio contencioso, por lo que existe una razón jurídica suficiente que hace inadmisible la presente acción, lo cual significa el incumplimiento de uno de los requisitos establecidos en la norma señalada ut supra, y con fundamento a la doctrina expuesta en el sub iudice considera quien aquí decide, que por cuanto, el presente juicio, no reunió los requisitos de admisibilidad establecidos por la ley, en concordancia con el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, cuya omisión de este elemento fundamental para interponer la presente acción, debe ser declarada INADMISIBLE la presente acción interpuesta de conformidad con la precitada norma. Y así se declara.
IV
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:
PRIMERO: INADMISIBLE la demanda de NULIDAD DE DOCUMENTO, interpuesta por los ciudadanos SULBARAN MOLINA HÉCTOR JOSÉ, WILMER ELY SULBARAN MOLINA Y RANDY SULBARAN MOLINA, debidamente asistido por el abogado RANDY SULBARAN MOLINA.
SEGUNDO: Por la índole del presente fallo, no hay especial pronunciamiento sobre costas. Y así se decide.
Notifíquese a la parte actora de la presente decisión, para evitar la transgresión de la norma constitucional que garantiza el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, previstos en el encabezamiento y numeral 1° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Líbrese boleta y entréguese al Alguacil de este Tribunal a quien se comisiona amplia y suficientemente para que entregue la misma en el domicilio procesal indicado por la parte.
Cópiese, Publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala del despacho del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, veinte de octubre del año dos mil dieciséis.

EL JUEZ TEMPORAL,

ABG. CARLOS ARTURO CALDERÓN GONZÁLEZ.
LA SECRETARIA TITULAR,

ABG. LUZMINY DE JESÚS QUINTERO RIVAS.
En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las DOS DE LA TARDE (2:00 p.m.); se libró boleta de notificación a la parte actora y se entregó al alguacil de este Tribunal para que la haga efectiva, se dejo copia certificada para la estadística del Tribunal. Consta en Mérida, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
LA SECRETARIA TITULAR,

ABG. LUZMINY DE JESÚS QUINTERO RIVAS.
CACG/LDJQR/jp.-
Exp. 29.180.-