TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS LOS MUNICIPIOS MIRANDA Y PUEBLO LLANO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Timotes: Veinticuatro (24) de Octubre de dos mil dieciséis (2016). 206º y 157º Visto el anterior convenimiento suscrito por ante este Tribunal por los ciudadanos DINAEL DE JESUS LOBO RAMIREZ y MARIA DIANA RIVAS ARAUJO, venezolanos, mayores de edad, solteros, el primero Comerciante, la segunda de oficios del hogar, titulares de las cédulas de Identidad Nros. V- 10.910.665 y V- 21.184.218, respectivamente, domiciliados él en el sector El Llano, ella en el sector San Benito, ambos de la Parroquia La Venta, Municipio Miranda, Estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábiles, en su condición de padres y representantes legales del niño (identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), de ocho (08), años de edad, quienes conciliaron en reglamentar el aumento de la Obligación de Manutención a favor del niño anteriormente mencionado, de la siguiente manera: el padre se comprometió en aumentar la Obligación de Manutención, en la cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,oo) Mensuales, a partir de la presente fecha, lo que comprende la fracción de un ochenta y ocho punto cincuenta y ocho por ciento (88.58%) de un salario mínimo; y para los Bonos Especiales para los meses de SEPTIEMBRE y Diciembre de cada año, se comprometió en sufragar los gastos de útiles escolares y uniformes para el mes de SEPTIEMBRE y Un (01) estreno de ropa y calzado en el mes de DICIEMBRE, más el incremento automático y proporcional del VEINTE POR CIENTO (20%) anual, a partir de la presente fecha, mas el 50% de los gastos médicos, medicina en caso de enfermedad; al no requerirse para estos casos la Notificación del Fiscal de Protección del Niño, del Adolescente y la Familia del Ministerio Público, tal como lo señala la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 01-2612, de fecha 15 de Mayo de 2002, que éste Tribunal acoge de acuerdo con los artículos 334 y 335 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, la cual expresa entre otras cosas lo siguiente: “…considera que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente sólo preceptúa la nulidad de aquellos procedimientos donde la Ley ordene la participación o citación del Ministerio Público, cuando ella no se verifique, tal sería el caso, por ejemplo, del Procedimiento Contencioso en Asuntos Familiares y Patrimoniales (artículo 461 parágrafo 3°); del Procedimiento de Adopción (artículo 497); de la Acción de Protección (artículo 278), o respecto del Procedimiento Judicial de Protección (artículo 323, letra a); todos ellos regulados por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Observa la Sala que ese no es el caso del Procedimiento Especial de Alimentos y de Guarda, donde la Ley no ordena la participación o citación del Ministerio Público. Lo anterior no impide que el Ministerio Público pueda participar en dichos procedimientos, ya que, tal como dispone el artículo 170, letra c, el Ministerio Público puede participar, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, en defensa del interés de los niños y adolescentes involucrados…”. En razón de las anteriores consideraciones y teniendo el Acta, cabeza de las presentes actuaciones el carácter de documento público, y no siendo contrario a derecho, ni violatorio de normas de orden público, sino que al contrario, beneficia a la adolescente, y por contener una decisión de las partes de proceder a cumplir una obligación legal y natural, este Tribunal primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Miranda y Pueblo Llano de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, dando cumplimiento a la Resolución N° 1.278, de fecha 22 de Agosto de 2000, emanada de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.036, de fecha 14 de Septiembre de 2000, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 7, 26, 49, 75, 76, 78 y 253 de nuestra Carta Magna, en concordancia con los artículos 7, 8, 30, 87, 88, 315, 365, 366, 369, 375, 376, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, tomando en cuenta lo pautado en los artículos 2, 3, 5, 6 y 27 de la Convención Sobre los Derechos del Niño suscrita, aprobada y ratificada por la Nación el 29 de Agosto de 1990, publicada en Gaceta Oficial N° 34.541, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su homologación, como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Se acuerda que los montos convenidos sean depositados en la cuenta de ahorro N° 1750027990062240799, aperturada a nombre de la ciudadana MARIA DIANA RIVAS ARAUJO en la entidad Bancaria Bicentenario, en representación de su hijo anteriormente identificado, la cual no estará sometida a la administración de este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el acuerdo de fecha 15 de Octubre de 2008, emanado de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, referente a los Lineamientos que deben adoptar los Tribunales y Circuitos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes sobre la administración de los bienes de los niños, niñas y adolescentes en las causas de obligación de manutención. Teniendo el Acta, cabeza de las presentes actuaciones el carácter de documento público, y no siendo contrario a derecho, ni violatorio de normas de orden público, sino que al contrario, beneficia al niño, y por contener una decisión de las partes de proceder a cumplir una obligación legal y natural.- ASÍ SE DECIDE.-------------------------------------------------------------------- REGISTRESE, PUBLIQUESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA U ORIGINAL DE LA PRESENTE DECISIÓN, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y de los cardinales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- DADA, FIRMADA, SELLADA Y REFRENDADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS LOS MUNICIPIOS MIRANDA Y PUEBLO LLANO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.- EL JUEZ: ABG. CARLOS EMILIANO SALCEDO RAMIREZ EL SECRETARIO: ABG. DEFIGENIO VILLARREAL LAGUNA En la misma fecha del auto anterior se publicó la presente decisión siendo las tres de la tarde.- EL SECRETARIO: ABG. DEFIGENIO VILLARREAL LAGUNA CERS/DVL/cecilia*