Tribunal de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Mérida Mérida, veintiseis de abril de dos mil diecisiete 207º y 158º Expediente LH61-V-2016-000445 Asunto antiguo: 16565 Revisadas las anteriores actuaciones este Tribunal observa que en fecha 30 de enero de 2017, este Tribunal celebró audiencia preliminar de inicio de la sustanciación, allí de la revisión del expediente el Tribunal advirtió una subversión del proceso, visto que en fecha 15 de diciembre de 2016 el secretario certificó la notificación de la parte demandada y posterior a ello en fecha 19 de diciembre de 2016 se declaró concluido el lapso de promoción de pruebas previsto en el artículo 474 de la LOPNNA, tal situación este Tribunal decretó la reposición de la causa, fundamentándolo de la siguiente forma: Ahora bien, siendo esto así, y habiendo este Tribunal cumplido actos procesales contrarios a lo establecido en la ley procesal especializada, debe subsanar útilmente el proceso con fundamento en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresamente dispone: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso… …3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial…”. Lo anterior significa que, para materializar al justiciable el derecho a la tutela judicial efectiva en los términos del artículo 26 constitucional, debe acceder a la administración de justicia no a través de cualquier proceso, sino a través de un proceso debido, tramitando la acción incoada de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley de que se trate y no fuera de ellos, ni al capricho de las partes o de los juzgadores, única vía para obtener la decisión correspondiente en conformidad con la Ley, con prontitud y que sea ejecutada la misma. Precisamente, para lograrlo es de rango constitucional la prohibición de sacrificar la justicia por formalidades no esenciales, al disponer el artículo 257 ibídem: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. Con esta norma se elimina la consideración del proceso como un fin en si mismo; es sólo un instrumento para lograr la materialización de la justicia. En el mismo sentido y cuando no se trata de mera formalidad, sino actos esenciales para la validez del proceso, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil dispone:“….Los Jueces procuraran la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la Ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez…” El artículo 212 ejusdem preceptúa: “No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto irrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aún con el consentimiento expreso de las partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado válidamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citada, de modo que pudiese ella pedir la nulidad (Subrayado del Tribunal). Según se ha citado, el proceso es la dirección establecida por la ley, a través de la cual se debe transitar, para garantizar que el proceso sea un debate ordenado, y para ello es necesario que la pugna tenga un método establecido, que son las normas procesales, Se afirma en la doctrina que la reposición es un medio de control y garantía del proceso y que no tiene por objeto subsanar desaciertos de las partes, sino corregir vicios procesales. Por las argumentaciones expuestas y por cuanto de los autos se desprende al folio 25 de la causa, la certificación de Secretaría donde se deja constancia la efectiva notificación de la parte demandada ciudadano Carlos Julio Contreras, y dos días hábiles después, es decir el 19 de diciembre de 2016 mediante auto el Tribunal fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar en fase de sustanciación, afirmando que había concluido el lapso establecido en el artículo 474 de la LOPNNA. Cuándo sólo habían transcurrido dos días de los 10 que establece la norma. Advertido por este Tribunal el acto viciado, debe corregirse en resguardo del derecho y garantía al debido proceso y, como expresión de este, reponiendo la causa al estado de dejar transcurrir el lapso integro establecido en el artículo 474 de la LOPNNA y la posterior fijación de la audiencia preliminar en su fase de sustanciación. Y así se decide. En consecuencia, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda: PRIMERO: LA REPOSICION DE LA CAUSA al estado de dejar transcurrir el lapso integro establecido en el artículo 474 de la LOPNNA, y la posterior fijación de la audiencia preliminar en su fase de sustanciación. Cúmplase. . Dada, sellada y firmada en el Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, en Mérida a los veintiséis (26) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2017). LA JUEZA DOANA RIVERA HERRERA LA SECRETARIA YURAIMA PEÑA DE ROJAS