TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida
Mérida, 21 de Febrero de 2017
206º y 157º
Exp. LP41-G-2017-000014

Mediante escrito presentado ante la unidad de recepción y distribución de documentos de este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, en fecha veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017), el ciudadano GILBERTO ANIBAL IBARRA MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.106.417, asistido en este acto por el abogado MIGUEL ANGEL GÓMEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.916.064, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 32.766, interpusieron Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial conjuntamente con Medida Cautelar Innominada, contra el INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES DEL ESTADO MÉRIDA (INPRADEM).

I
DE LA COMPETENCIA

Estando dentro del lapso para pronunciarse sobre su competencia, ésta Juez observa que la causa de marras se circunscribe a la querella por la nulidad absoluta contra el acto administrativo materializado en la resolución Nº 12-16 de fecha 06/12/2016, suscrita por el Director General de Impradem, ciudadano José Gerardo Rojas, interpuesta por el abogado MIGUEL ANGEL GÓMEZ, actuando en el carácter de apoderado judicial del ciudadano GILBERTO ANIBAL IBARRA MARQUEZ, contra el INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES DEL ESTADO MÉRIDA (INPRADEM). Al respecto, el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dispone que los funcionarios funcionarios y funcionarias públicos “gozarán de los mismos beneficios contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en lo atinente de prestación de antigüedad y condiciones para su percepción”. Así pues, el artículo 93 ejusdem, establece que son los tribunales competentes en materia contencioso administrativa, los que deben tramitar y decidir todas las controversias que se susciten por las reclamaciones que formulen los funcionarios públicos cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública, lo cual viene a ser confirmado por lo preceptuado en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, al señalar que los funcionarios públicos nacionales, estadales y municipales se regirán por las normas sobre la función pública en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad, jubilaciones, pensiones, régimen jurisdiccional; y los beneficios acordados por esta Ley en todo lo no previsto en aquellos ordenamientos. De allí que, por remisión expresa de la norma laboral sustantiva corresponde el conocimiento del presente asunto a este Tribunal, así se declara.

II
DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA
La parte querellante, fundamenta el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial Conjuntamente con Medida Cautelar Innominada contra el acto administrativo materializado en la resolución Nº 12-16, de fecha 06/12/2016, suscrita por el Director General de Instituto de Previsión Civil y Administración de Desastres del estado Mérida (INPRADEM), ciudadano JOSÉ GERARDO ROJAS, en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , en concordancia con el artículo 109 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por la violación del derecho al debido proceso, a la defensa; a la Garantías Constitucionales de los funcionarios de carrera, contenido en los dispositivos constitucionales 144, 145, 146 y 147 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo que dispone la Ley del Estatuto de la Función Pública, en sus artículos 19 y 30.

Expuso que “(…) Mi pareja, la ciudadana NARVIS NAOLIS LÓPEZ IZARRA, venezolana, mayo de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 24.374.821, se encuentra en estado de gravidez, así lo hace constar la dra. SOFIA G. BRICEÑO P., Gineco-Obstetra, profesional de la Medicina que nos atendió […] por presentarse algunas alteraciones, nuevamente fuimos atendimos por la Dra. Sofia Briceño, cuyo embarazo fue calificado de alto riesgo, con amenaza de aborto, el primero de noviembre del año dos mil dieciséis (01/11/2016), recomendándole a mi pareja reposo físico absoluto durante treinta (30) días, contados a partir de la referida fecha (…)”.

Alego que “(…) Tal situación fue del conocimiento del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales según constancia de incapacidad número 12086 de fecha 26/11/2016 […] Tal situación, la hice del conocimiento, debidamente documentada, a mis superiores jerárquicos. Por lo antes expuesto, he dejado constancia del buen derecho que poseo y del peligro y daño que se nos causa con una decisión que no puede ser calificada de arbitraria, sino de inhumana, que además hecha por tierra los postulados que el Comandante Chávez , consagro en el Decreto con fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, a la hora de la protección espacialísima para las mujeres embarazadas, en beneficio de la criatura que se esta gestando (…)”

Manifestó como “(…) PETITUM DE LA MEDIDA CAUTELAR, 1.- Que se me otorgue la medida cautelar como medida definitiva para reestablecer la situación jurídica infringida ya que se me esta vulnerando de manera flagrante, grosera, directa e inmediata mis derechos constitucionales, familiares, laborales y socioeconómicos adquiridos que tienen categoría de derechos humanos. 2.- Que se ordene al Director General de Impradem ciudadano JOSÉ GERARDO ROJAS, mi reincorporación inmediata al cargo de Oficial de Búsqueda y Salvamento I del Instituto de Protección Civil y Administración de desastres del Estado Mérida (INPRADEM), Restablecimiento inmediato y pago de los beneficios laborales y socioeconómicos que fueren dejados de percibir (…)”

Al respecto este Tribunal observa que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 00196 de fecha 26 de febrero de 2013, con Ponencia del Magistrado Emiro García Rosas, Exp. N° 2012-1342, (Caso: Inversiones ALVEAN 2000, S.N.C., contra el Presidente de la República), señala los requisitos de procedencia de la medidas cautelares.

“dicha medida preventiva procede solo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que resulte presumible que la pretensión procesal principal será favorable, o lo que es lo mismo, la presunción grave de violación o amenaza de violación del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y, adicionalmente, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), a lo cual hay que agregar, conforme a lo dispuesto en el antes citado artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la adecuada ponderación de los “intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva”. (Énfasis añadido)

En este mismo orden de ideas, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha señalado de manera reiterada, que el Amparo Constitucional ejercido conjuntamente con Querella Funcionarial sólo comporta una naturaleza “cautelar” y “preventiva”, en tal sentido funge en salvaguarda de un derecho constitucional presuntamente transgredido o presuntamente amenazado de lesión, mientras dure el juicio principal. De tal manera, que esta naturaleza o categoría de rango constitucional comporta que el mandamiento de amparo que se produzca no puede constituir una ejecución anticipada del fallo, ni mucho menos se puede conceder lo que constituye el fondo del petitorio de la querella, siendo este ultimo criterio ratificado en la sentencia de la Sala Político Administrativa Nº 00196 antes mencionada:
“El primero de los requisitos, el fumus boni iuris consiste en un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado, tal como expresamente lo prohíbe el mencionado artículo 104 eiusdem. A tal fin, la decisión del Juez no debe fundamentarse sobre simples alegatos de perjuicio, sino en el análisis que este haga de la argumentación y los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama, dado que, en definitiva, solo a la parte que tiene la razón en juicio pueden causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados.”
Este Tribunal tomando en cuenta los alegatos de la parte actora, observa que en relación a las presuntas violaciones de los derechos constitucionales denunciados por el querellante, implicaría analizar cuestiones referidas al fondo del asunto, pues no hay manera de acordar el amparo cautelar con fundamento en los razonamientos planteados, sin pronunciarse sobre la validez de lo que se solicita, siendo necesario revisar normas de rango legal, para de esta manera verificar si lo solicitado se efectuó ajustado al ordenamiento jurídico, lo que conllevaría a vaciar de contenido el fondo de la controversia, adelantando los efectos de la decisión de fondo, en caso que la misma resultare favorable, constituyendo entonces una simple ejecución adelantada del fallo definitivo, sin existir en autos, elementos demostrativos esenciales de la necesidad imperiosa del otorgamiento de la medida.

Es así que en el caso de autos, no se han demostrado los elementos esenciales que debe reunir toda medida cautelar, ni se desprende de la solicitud el fumus boni iuris, sin tener que analizar el fondo de lo que se solicita y normas de rango legal, además que constituiría un evidente adelanto de opinión otorgar la medida en los términos planteados ya que lo solicitado es lo mismo que pretende el recurso en sí, en virtud de lo cual esta Juzgadora estima que no están dados los requisitos exigidos para su procedencia, razón por la cual se declara IMPROCEDENTE la Medida Cautelar solicitada, y así se decide.-

III
DE LA ADMISIBLIDAD DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL
Este Tribunal, ADMITE la querella a tenor de lo previsto en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, por no ser ilegal ni viola el orden público o las buenas costumbres. En consecuencia, se ORDENA notificarle y solicitarle, al Director General del Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres del estado Mérida (INPRADEN), ciudadano JOSÉ GERARDO ROJAS SALAS, los antecedentes administrativos del caso, los cuales deberán ser remitidos a este Juzgado Superior Estadal, dentro de un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de que conste en autos su notificación, debiendo constar dichos antecedentes en copias fotostáticas debidamente certificadas y foliadas en letra y número. Notifíquese al ciudadano Procurador General del estado Mérida y Gobernador del estado Mérida, remítasele copias certificadas del libelo de demanda y del presente auto.

En esta misma oportunidad se acuerda librar oficios correspondientes a la citación y notificaciones, los cuales serán remitidos una vez que la parte actora consigne los fotostatos necesarios. Para la elaboración de los fotostatos se autoriza al ciudadano alguacil de este Juzgado Superior Estadal.

IV
DECISIÓN
En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO: ADMITE la querella funcionarial interpuesta por el abogado MIGUEL ANGEL GÒMEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.916.064, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 32.766, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano GILBERTO ANIBAL IBARRA MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.106.417, contra el acto administrativo materializado en la resolución Nº 12-16, de fecha 06/12/2016, suscrita por el Director General del Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres del estado Mérida (INPRADEM), ciudadano JOSÉ GERARDO ROJAS.

SEGUNDO: IMPROCEDENTE medida cautelar, de conformidad con la motiva del presente fallo.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en Mérida, a los Veintiún (21) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
LA JUEZ SUPERIOR,

DRA. MORALBA HERRERA

SECRETARIO ACCIDENTAL,
ABG. DEIBY ROJAS

En esta misma fecha, se registró y publico la presente decisión.

Exp. Nº LP41-G-2017-000014
MH/ma.-