TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA.-
El Vigía, primero (01) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

207° y 158°

SOLICITUD N° 882

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA

-I-
IDENTIFICACION DE LAS PARTES

Parte Solicitante: MARIA CRISTINA VILLARREAL DE ANDRADE, venezolana, mayor de edad, casada, agricultora, titular de la cédula de identidad Nº V-10.036.170, domiciliada en Timotes, Municipio Miranda del Estado Mérida.

Motivo: SOLICITUD DE TITULO SUPLETORIO.

-II-
ANTECEDENTES PROCESALES

La presente causa se inició mediante escrito presentado por ante este Tribunal en fecha 16 de marzo de 2016 (folios 1 al 2), por la abogada SAFIRA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, abogado, titular de la cedula de identidad Nº V-4.059.623, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 170.230, actuando en nombre y representación de la ciudadana MARIA CRISTINA VILLARREAL DE ANDRADE, venezolana, mayor de edad, casada, agricultora, titular de la cédula de identidad Nº V-10.036.170, domiciliada en Timotes, Municipio Miranda del Estado Mérida, por el cual formuló SOLICITUD DE TITULO SUPLETORIO.

Mediante auto de fecha 18 de marzo de 2016 (folio 8), el Tribunal le dio entrada, formando actuaciones, a los efectos de admitir o no la solicitud se acordó una inspección judicial sobre un lote de terreno ubicado en el sector La Joya” de la Población de Timotes, Municipio Miranda del estado Bolivariano de Mérida, sobre un área aproximada de Mil Seiscientos centímetros (1641,91 m2), para el día MARTES, 31 DE MAYO DE 2016, A LAS ONCE DE LA MAÑANA (11:00 a.m.), oficiándose al Comandante de la Policía Estatal del Estado Mérida, a los fines de que enviara dos (2) funcionarios adscritos a ese Despacho, para que acompañaran a la práctica de dicha inspección.

Luego de haberse fijado en varias oportunidades la práctica de la inspección judicial, siendo la última, por auto de fecha 30 de junio de 2016, para el día VIERNES 22 DE JULIO DE 2016 A LAS ONCE DE LA MAÑANA, no habiendo comparecido la parte interesada a suministrar el transporte, tal como consta del auto de fecha 22 de julio de 2016 (folio 14).

Visto todo lo retro este Tribunal pasa a motivar la presente decisión en los términos siguientes.
-III-

MOTIVACION

Nuestro legislador procesal, con el propósito de evitar que se eternicen las causas por falta de impulso de los interesados, ha consagrado la figura de la perención de la instan¬cia, la cual constituye una sanción para la inactividad de las partes que, después de iniciado el procedimiento mediante la proposición de la demanda, negligentemente se abstienen de dar debido impulso al proceso para que éste llegue a su destino final y normal que es la sentencia.

En efecto, en nuestro sistema procesal la perención de la instancia se encuentra expresamente regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que entró en vigencia el 16 de marzo de 1987, el cual in verbis expresa:

"Toda instancia se extingue por el trans¬curso de un año sin haberse ejecutado nin¬gún acto de procedi¬miento por las partes. La inactividad del Juez des¬pués de vista la causa, no produci¬rá la perención.

También se extingue la instancia:

1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.

2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obli¬gaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.

3º Cuando dentro del término de seis meses contados desde la fecha de suspensión del proceso por muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la conti¬nuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obliga¬ciones que la Ley le impone para proseguirla".

Conforme al texto de la disposición legal precedentemente transcrita, la cual es aplicable a las causas agrarias, tres son las modalidades de la perención de la instancia: a) la perención genérica ordinaria por mera inactividad procesal de cualquiera de las partes, que es aquella que se consuma por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de parte; b) la peren¬ción por inactividad citatoria que opera por el incumpli¬miento del actor de sus obligaciones legales para que sea practicada la citación de la demandada; y c) la perención por irreasunción de la litis, que es aquella que se produce cuando los interesa¬dos no hubieren gestionado la continuación de la causa en suspenso por el fallecimiento de alguno de los liti¬gantes, ni dado cumplimiento a las obligaciones que les impone la ley para proseguirla.

En efecto, el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual es aplicable a las causas agrarias, establece:

“la perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez o jueza después de vista la causa, o habiéndose producido la paralización por causas no imputables a las partes, no producirá la perención”.

Por otra parte, el artículo 269 eiusdem dispone que la perención se verifica de derecho, no es renunciable por las partes y puede declararse de oficio por el Tribunal.

Sentadas las anteriores premisas, se impone a la sentencia¬dora examinar las actas procesales, a los fines de determinar si en las mismas existe o no constancia auténtica de que la parte solicitante, dentro del lapso previsto en la primera parte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y, a tal efecto, observa:

Del examen de las actas procesales constata la juzgadora que, desde el día 16 de marzo de 2016 (folio 2), fecha en la cual la solicitante, abogada SAFIRA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ, actuando en nombre y representación de la ciudadana MARIA CRISTINA VILLARREAL DE ANDRADE, presentó el escrito de solicitud, hasta la presente fecha, ha transcu¬rrido más de un año de inactividad procesal, sin que la parte actora, haya realizado gestión alguna para activar el procedimiento que, por tal razón desde esa fecha se encuentra en suspenso.

En consecuencia, habiendo transcurrido más de un (1) año, desde la fecha últimamente citada, hasta la presente fecha, sin que dentro de ese lapso se haya ejecutado ningún acto de procedimiento por la parte solicitante, resulta evidente que, por aplicación de lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aplicables a la presente causa por analogía, se consumó la perención de la instancia en la presente causa. Y así se decide.

-IV-

DISPOSITIVO

Este Tribunal Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: Consumada la perención y, en consecuencia, extinguida la instancia en la presente causa, seguida por la abogada SAFIRA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, abogado, titular de la cedula de identidad Nº V-4.059.623, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 170.230, actuando en nombre y representación de la ciudadana MARIA CRISTINA VILLARREAL DE ANDRADE, venezolana, mayor de edad, casada, agricultora, titular de la cédula de identidad Nº V-10.036.170, domiciliada en Timotes, Municipio Miranda del Estado Mérida, por SOLICITUD DE TITULO SUPLETORIO.

SEGUNDO: Según lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no se hace especial pronunciamiento sobre costas en virtud de la naturaleza de este pronunciamiento.

TERCERO: Se ordena la notificación de la parte solicitante, ciudadana MARIA CRISTINA VILLARREAL DE ANDRADE, haciéndosele saber sucintamente del auto de esta misma fecha, que obra al folio 15 y de la presente decisión; y en virtud de que la causa se encuentra evidentemente paralizada de conformidad con el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, se acuerda su reanudación, a cuyo efecto se fija el décimo primer día de despacho siguiente a aquel en que conste en autos que fue practicada su notificación. Igualmente se le advierte que reanudado el curso de la causa comenzará a discurrir el lapso previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, para interponer recusación contra la suscrita Juez Provisoria, así como para interponer los recursos que sean procedentes contra la presente decisión. Líbrese la respectiva boleta de notificación con las inserciones pertinentes y remítase con oficio al Juzgado distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Miranda y Pueblo Llano de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los fines de que el Alguacil a quien le corresponda por distribución deje la respectiva boleta en el domicilio procesal indicado por la parte.

Publíquese y regístrese.

Dada, firmada y sellada en este Tribunal Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida.- El Vigía, al primer día del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

La Juez,

Ab. Carmen C. Rosales de M.

La Secretaria,

Ab. Ana Núñez

En la misma fecha y siendo las dos y quince minutos de la tarde, se publicó el fallo que antecede, ordenándose publicar y registrar en el índice de copiador de sentencias los datos del presente fallo, no dejándose copia certificada del mismo, ya que el Tribunal no posee insumos para fotocopiar y agregar al copiador de sentencias interlocutorias con fuerza definitiva en físico. Asimismo, se libró boleta de notificación a la parte solicitante, ciudadana MARIA CRISTINA VILLARREAL DE ANDRADE, remitiéndose con oficio Nº 561-2017, al Juzgado distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Miranda y Pueblo Llano de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los fines de que el Alguacil del Tribunal a quien le corresponda por distribución deje la respectiva boleta en el domicilio procesal indicado por la parte, quedando anotada su salida en el libro de comisiones bajo el Nº 231.

La Sria.

Ab. Ana Núñez