TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA
207º y 158º
EXP. Nº 7.906
CAPÍTULO I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
Parte actora: Sociedad Mercantil Inmobiliaria Vivivenda C.A. INMOVIVIENCA.
Apoderado Judicial: Raul Orlando Jaimes Pacheco, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 8.438 y juridicamente habil.
Domicilio procesal: Sede del Tirbunal de conformidad con el articulo 174 del Codigo de Procedimiento Civil.
Parte demandada: Maria Julia Yepez Davila y Elias Enrique Prato Carvajal, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nº V-5.202.001 y V-3.992.244, en su orden y civilmente habiles.
Domicilio: Conjunto Residencial El Rodeo, Apartamento A-2-1 de la Torre “A”, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Merida.
Motivo: Cobro de Bolivares Vía Ejecutiva.
CAPÍTULO II
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS
Se inició el presente procedimiento mediante formal escrito de demanda, incoado por el Abogado Raul Orlando Jaimes Pacheco, actuando en nombre y representacion de la Sociedad Mercantil Inmobiliaria Vivivenda C.A. INMOVIVIENCA, donde demanda a los ciudadanos Maria Julia Yepez Davila y Elias Enrique Prato Carvajal, por cobro de bolivares por el procedimiento de via ejecutiva (fs. 01-08).

Por auto de fecha 10 de Marzo de 2016 (f. 40), se admitió la acción incoada, intimándose a las partes demandadas para que compareciera en el plazo de VEINTE (20) DÍAS DE DESPACHO, contados a partir de la fecha en que constara en autos su intimación, a los fines de dar contestacion a la demanda. En cuanto a la Medida de Embargo solicitada, se acordó providenciarla por auto separado. Asimismo, se expidieron copias fotostáticas cerificadas del libelo de demanda, auto de admisión y del decreto de intimación de la demandada, a los fines de la intimación.
Se desprende del folio 41, diligencia estampada por la Alguacil, dejando constancia que no fue posible localizar a la parte demandada ciudadana Maria Julia Yepez Davila.
Se desprende del folio 54, diligencia estampada por la Alguacil, dejando constancia que no fue posible localizar a la parte demandada ciudadana Elias Enrique Prato Carvajal.
Riela al folio 67, diligencia estampada por el Abogado Raul Orlando Jaimes, apoderado judicial de la parte actora, solicitando la citacion por carteles.
Por auto de fecha 21 de Abril de 2016 (f. 68), se acordó la intimación por carteles de la parte demandada (Maria Julia Yepez Davila y Elias Enrique Prato Carvajal), librándosele el respectivo Cartel de Intimación.
Corre inserto al folio 69, diligencia estampada por el abogado en ejercicio Raul Orlando Jaimes, apoderado judicial de la parte actora, retirando el respectivo Cartel de Intimación librado a la parte demandada (Maria Julia Yepez Davila y Elias Enrique Prato Carvajal), para su respectiva publicación.
Se desprende del folio 70, diligencia estampada por el abogado en ejercicio Raul Orlando Jaimes, apoderado judicial de la parte actora, consignando un (01) ejemplar del Diario “Pico Bolivar”, de fecha: 27/04/2016; donde aparece publicado el Cartel de Intimación librado a la parte intimadada (Maria Julia Yepez Davila y Elias Enrique Prato Carvajal).
Al folio 71, corre inserto un (01) ejemplar del Diario “Pico Bolivar”, de fecha: 27/04/2016; donde aparece publicado el Cartel de Intimación librado a la parte intimadada (Maria Julia Yepez Davila y Elias Enrique Prato Carvajal).
Se desprende del folio 73, diligencia estampada por el abogado en ejercicio Raul Orlando Jaimes, apoderado judicial de la parte actora, consignando un (01) ejemplar del Diario “Frontera”, de fecha: 04/05/2016; donde aparece publicado el Cartel de Intimación librado a la parte intimadada (Maria Julia Yepez Davila y Elias Enrique Prato Carvajal).
Al folio 74, corre inserto un (01) ejemplar del Diario “Frontera”, de fecha: 04/05/2016; donde aparece publicado el Cartel de Intimación librado a la parte intimadada (Maria Julia Yepez Davila y Elias Enrique Prato Carvajal).
Obra al folio 76, diligencia estampada por la Secretaria de este Tribunal, en la cual expuso que se traslado al domicilio de la parte demandada (Maria Julia Yepez Davila y Elias Enrique Prato Carvajal) y fijo el cartel de citacion.
Se desprende del folio 77, diligencia estampada por el abogado en ejercicio Raul Orlando Jaimes, apoderado judicial de la parte actora, solicitando la designación de Defensor Judicial a la parte demandada.
Por auto de fecha 18 de Julio de 2016 (f. 78), se acordó la designación de Defensor Judicial de los ciudadanos Maria Julia Yepez Davila y Elias Enrique Prato Carvajal, parte demandada, recayendo la misma en el abogado Angel de Jesus Paredes Monsalve, a quien se acordó notificar mediante boleta, librándose inmediatamente la misma.
Obra al folio 80, diligencia estampada por la Alguacil Titular de este juzgado, mediante la cual dejó constancia que en fecha 03/08/2016, practicó la notificación del abogado Angel de Jesus Paredes Monsalve, en su carácter de Defensor Judicial de la parte demandada.
Obra al folio 82, escrito consignado por el abogado Angel de Jesus Paredes Monsalve, en su carácter de Defensor Judicial de la parte demandada, mediante el cual aceptó la designación de Defensor Judicial del ciudadano Rigoberto Flores Salinas, prestando el juramento de ley.
CAPITULO III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención...”.
De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber:
a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y,
b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención.
Ahora bien, siendo que en este caso la causa ha permanecido y permanece en suspenso, por falta de impulso procesal, desde el día 13 de agosto de 2015 (f. 70), toda vez que desde dicha fecha la parte actora no efectuó ninguna actuación tendente a la práctica de la Intimación personal de la parte demandada, para así efectivamente impulsar el proceso a través de los distintos estados de procedimiento previstos y regulados en la ley adjetiva.
En este sentido, es menester traer a colación los siguientes precedentes jurisprudenciales de nuestra casación, en relación a las condiciones que debe caracterizar a un acto para ser capaz de evitar la perención de la instancia:
(...) La jurisprudencia venezolana, siguiendo las enseñanzas de nuestros procesalitas clásicos, tiene reiteradamente resuelto que el acto capaz de interrumpir la perención debe ser tal –además de válido- que su objeto evidente, su propósito explicito, sea el de gestionar o impulsar el procedimiento, poniendo fin a al paralización en que se encuentre (...)” (SCC, 27 de abril de 1988, Juicio Química Amtex, LTDA vs. Suplidores Químicos, S.A.)

La definición de la institución de la perención de la instancia surge de su propia etimología: perención proviene de perimere, peremptum que significa extinguir e instare de instar que es la palabra compuesta de la preposición in y del verbo stare. Para Marcelino Castelán, en su trabajo sobre Perención de la Instancia, “tres son las condiciones indispensables para que un proceso se extinga por perención: En primer término el supuesto básico, la existencia de una instancia, en segundo la inactividad procesal y en tercero el transcurso de un plazo señalado por la ley”. Para el tratadista Oscar Rillo Canale, los requisitos del acto interruptivo son: 1) Debe ser un acto procesal. Es decir, realizado dentro del proceso y admisible (...) 2) Que tenga por efecto impulsar el procedimiento (...) En este orden de ideas, son actos de impulso procesal aquellos que insten la continuación de la causa en busca de una decisión final, no teniendo tal característica las diligencias o solicitudes en las cuales se pida el desglose de documentos o su copia, la tasación de honorarios, su retasa (...) (Sala de Casación Civil, del 31 de mayo de 1989, juicio Giuliano Pascalucci Sindoni vs. Banco de Maracaibo, S.A.C.A.)
La jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal en Sala de Casación Civil, recaída en el expediente 2006-0001089, del 10 agosto de 2007, dejó sentado:

“…(sic) La figura jurídica de perención de la instancia, fue concebida por el Legislador como una sanción frente a la inactividad de los involucrados en impulsar el proceso, la cual implica el abandono del mismo y como un correctivo a la pendencia indefinida de estos, tendente a garantizar su desarrollo hasta la sentencia y su ejecución, que es una exigencia del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
Esta institución procesal, se encuentra establecida en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, que disponen:…”. (Negrillas de la Sala).

Como consecuencia de las indicadas circunstancias, debe entenderse que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio, por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.”
De modo pues que no existe ningún género de dudas, la ÚNICA ACTIVIDAD capaz de evitar la perención, SON LAS ACTUACIONES DE IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES, entendiendo por estas, solamente aquellas que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente.
Por lo que, en la presente causa, desde el 11 de Junio de 2016 (f. 77), hasta la presente fecha no habido ningun acto de impulso procesal por la parte actora, efectivamente ha transcurrido un lapso de mas de UN (01) AÑO, SIN QUE SE HUBIESE REALIZADO NINGÚN ACTO DE IMPULSO PROCESAL VÁLIDO EN LA PRESENTE CAUSA.
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá perención (…)”.
De la lectura de la norma supra transcrita se colige, y así lo ha interpretado tanto la doctrina, como la jurisprudencia, que son requisitos de procedencia de la denominada “perención anual”:
1) Que haya transcurrido más de un (1) año sin que se realice ningún acto de “impulso procesal” en la causa.
2) Que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de las partes haya realizado actuaciones en el expediente, considerándose como actuaciones de “impulso procesal”, sólo aquellas que realmente persigan la realización del acto procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de “impulso procesal”, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como: solicitudes de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias de “revisión” del expediente y otras similares.
3) No se consideran tampoco actos de “impulso procesal de las partes” las actuaciones del tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia.
4) La demora en el dictamen de la sentencia, tampoco produce perención pues la expresión del legislador “…después de vista la causa….” Debe ser entendida como “…después de la presentación de los informes y sus respectivas observaciones…”
En el caso de autos, la presente causa no se encontraba en fase de sentencia, por lo que ciertamente se cumplen los requisitos de procedencia de la perención anual.
DECISIÓN
En vista de los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 269, eiusdem. Así se decide.
SEGUNDO: Que una vez quede definitivamente firme la presente sentencia se archivará el expediente. Así se decide.
TERCERO No existe condenatoria en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
CUARTO: De conformidad con lo establecido en los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la notificación de la parte actora de la presente decisión. Así se decide.
Publíquese, regístrese, comuníquese y déjese copia certificada de la misma para el archivo de este Tribunal.
Dada, sellada y firmada en la sala del Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, a los ocho dias del mes de Noviembre de dos mil diecisiete. Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.-
La Juez Titular,

Abg. Roraima Solange Méndez Vivas
La Secretaria,

Abg. Belinda Coromoto Rivas
En la misma fecha se publicó la presente decisión siendo las 10: 00 a.m, y se dejó copia certificada de la misma por Secretaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
La Secretaria

ABG. Belinda Coromoto Rivas

RSMV/BCR/mb-