TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

“VISTOS” LOS ANTECEDENTES.-

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA

Las presentes actuaciones se encuentran en esta Superioridad en virtud del recurso de hecho interpuesto en fecha 23 de octubre de 2017, por el abogado MIGUEL VICENTE GONZÁLEZ MORENO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-1.981.079, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 20.680, quien se identificó como apoderado especial del recurrente de hecho, ciudadano RICARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, contra el auto de fecha 17 de octubre de 2017 (f. 12), mediante el cual el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, expresamente señaló que “niega el Recurso de Solicitud de Regulación de Competencia”, ejercido contra la providencia dictada en fecha 04 de octubre de 2017 (f. 05), en el juicio seguido por el ciudadano SALIM IBRAHIM CARCACHE, contra el ciudadano RICARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, por desalojo de local comercial.
Recibido por distribución en este Tribunal, mediante auto de fecha 27 de noviembre de 2017 (f.20), se ordenó formar expediente y oficiar al Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, a los fines de que informara cuál fue realmente el recurso cuyo conocimiento fue deferido a este Despacho Judicial, en virtud que, de la revisión de las actuaciones recibidas se observó que las actuaciones recibidas en este tribunal, fueron remitidas con oficio número 423-2017, de fecha 24 de octubre de 2017, mediante el cual la juez a cargo del tribunal de origen señala que el motivo de remisión de las actuaciones señaladas, es el “Recurso de Hecho” propuesto por la parte demandada, sin embargo, obra al folio 12, auto fecha 17 de octubre de 2017, mediante el cual el tribunal de la causa expresamente señaló que “niega el Recurso de Solicitud de Regulación de Competencia”; ante tales discrepancias, que impedían a esta Alzada advertir a las partes el trámite procedimental correspondiente, a los fines de darle entrada y el curso de ley correspondiente a la causa en esta instancia, se ordenó oficiar al Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, a los fines de que informara con carácter de urgencia a este Juzgado Superior, cuál fue realmente el recurso cuyo conocimiento fue deferido a este Despacho Judicial.
En respuesta a lo solicitado por este Juzgado Superior, en fecha dieciocho (18) de diciembre del 2017, fue recibido procedente del Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, adjunto al oficio número 0423-2017, escrito contentivo del recurso de hecho presentado por el abogado MIGUEL VICENTE GONZÁLEZ MORENO, quien dice actuar como apoderado especial de la parte demandada, ciudadano RICARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, y en esa misma fecha se agregó al expediente (f.20) .
Por auto de fecha 12 de enero de 2018 (f.21), a tenor de lo dispuesto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, se exhortó al recurrente, para que dentro de los cinco días hábiles de despacho siguientes, y a los fines de la providenciación del presente recurso de hecho, consignara copia certificada, de las siguientes actuaciones: 1. Original o copia certificada del documento-poder que legitime la representación de quien se presenta como apoderado judicial del recurrente de hecho, y, 2. Cómputo pormenorizado con vista del Libro Diario, de los días de despacho transcurridos por ante el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, desde la fecha en la cual el referido juzgado negó al hoy recurrente de hecho la solicitud de declinatoria de la competencia territorial, hasta la fecha en la cual el recurrente solicitó la regulación de competencia -como medio de impugnación contra la providencia que negó la solicitud de declinatoria de competencia-, cuya negativa es el objeto del recurso de hecho. En dicho auto se advirtió al recurrente, que vencido el lapso de cinco (05) días previstos en el citado artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal resolvería lo conducente, dentro de los cinco días de despacho siguientes.
En fecha 19 de enero de 2018 (folio 22), la Secretaria de este Juzgado dejó constancia que en esa misma fecha vencieron los cinco (05) días de despacho previstos para la consignación de las actuaciones solicitadas mediante auto de fecha 12 de enero de 2018, y previstas en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.
Siendo ésta la oportunidad fijada para decidir el recurso de hecho en referencia, procede este Tribunal a hacer¬lo en los térmi¬nos siguientes:

ÚNICO

Planteada la controversia en los términos que se dejaron sucintamente expuestos, el Tribunal para decidir observa:
Tal como se expresó en el encabezamiento de la presente decisión, el recurso de que conoce esta Superioridad, es el de hecho, consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, cuyo tenor es el siguiente: “Negada la apelación, o admitida en un solo efecto, la parte podrá recurrir de hecho, dentro de cinco días, más el término de la distancia, al Tribunal de Alzada, solicitando que se ordene oír la apelación o que se la admita en ambos efectos” (sic).
El recurso de hecho representa el medio previsto por nuestra ley adjetiva, como garantía de la apelación, el cual permite al Tribunal Superior en grado, ejercer su potestad de control sobre la admisibilidad de dicho medio de gravamen, cuando el Juzgado de la causa niegue ilegalmente la admisión de la apelación, o cuando debiendo oírla en ambos efectos, la oiga en uno solo. De allí la funcional vinculación que el recurso de hecho tiene con el derecho a la defensa, consagrado en el encabezamiento del cardinal 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Sin embargo, como todo recurso ordinario y extraordinario, el de hecho está subordinado al cumplimiento de determinados requisitos que condicionan su admisibilidad, cuyo cumplimiento debe constatar previamente el Juez de Alzada, ex officio, a los fines de asumir el conocimiento del mismo. Estos requisitos son los siguientes:
a) Que el recurso haya sido interpuesto dentro del lapso previsto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. Consta en autos que tal requisito no se encuentra cumplido, a pesar de que esta Superioridad, mediante auto de fecha 12 de enero de 2018 (folio 21), instó al recurrente a consignar dentro de los cinco días hábiles de despacho siguientes a la fecha del referido auto, un cómputo pormenorizado con vista del Libro Diario, de los días de despacho transcurridos por ante el juzgado de la causa, desde la fecha de publicación del auto mediante el cual negó oír el recurso de regulación de competencia, hasta la fecha en que anunció el recurso de hecho contra el auto dictado por el Tribunal Cuarto de Municipio Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida,advirtiendo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, decidiría el presente recurso dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del lapso señalado.
b) Que conste en autos copia certificada de la decisión contra la cual se interpuso el recurso ordinario de apelación, en virtud que la naturaleza de aquélla es determinante para resolver acerca de la procedencia del recurso de hecho interpuesto. Del examen de las actas procesales observa el Juzga¬dor que dicho elemento probatorio riela al folio 12 del presente expediente.
c) Que se haya producido copia certificada de la diligencia o escrito mediante el cual se interpuso el correspondiente recurso de apelación .De la revisión de los autos evidencia el Tribunal que tal requisito se encuentra cumplido, puesto que a los folios 06 al 11, obra agregada copia certificada del escrito, me¬diante el cual el abogado MIGUEL VICENTE GONZÁLEZ MORENO, en su condición de apoderado judicial del ciudadano RICARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, parte demandada, interpuso por ante el Tribunal a quo, regulación de competencia.
d) Que obre en autos el cómputo de los días de despacho transcurridos en el Tribunal de la causa, desde el día en que fue dictada la decisión apelada o desde la constancia de autos de la última de las notificaciones de las partes –si la sentencia recurrida fue publicada fuera del lapso legal correspondiente- (exclusive), hasta el día en que fue interpuesto el recurso de apelación (inclusive), a los fines de determinar la temporalidad del mismo. Consta en autos que tal requisito no se encuentra cumplido, a pesar de que esta Superioridad, mediante auto de fecha 12 de enero de 2018 (folio 21), instó al recurrente a consignar dentro de los cinco días hábiles de despacho siguientes a la fecha del referido auto, copia certificada de dicha actuación, advirtiendo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, decidiría el presente recurso dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del lapso señalado.
e) Que en los recaudos consignados obre copia certificada del auto dictado por el Tribunal de la causa, mediante el cual niega oír la apelación interpuesta por el recurrente de hecho, o la oye en un solo efecto debiendo oírlo en ambos efectos. De la revisión de los autos constata el Tribunal que tal requisito se encuentra cumplido, por cuanto al folio 12, obra agregada copia certificada del auto de fecha 17 de octubre de 2017, mediante el cual el a quo declaró inadmisible la regulación de competencia interpuesta por el abogado MIGUEL VICENTE GONZÁLEZ MORENO, en su condición de apoderado judicial del ciudadano RICARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, parte demandada.

f) Que obre en los autos original o copia certificada del documento o poder que legitime la representación de quien obre en nombre del recurrente de hecho, si fuese el caso. De la revisión de los autos verifica el Tribunal que tal requisito no se encuentra cumplido, a pesar de que esta Superioridad, mediante auto de fecha 12 de enero de 2018 (folio 21), instó al recurrente a consignar dentro de los cinco días hábiles de despacho siguientes a la fecha del referido auto, copia certificada de dicha actuación, advirtiendo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, decidiría el presente recurso dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del lapso señalado.
Considera el sentenciador, que es obligación ineludible del recurrente, como carga procesal que le corresponde, suministrar las copias certificadas de las actuaciones conducentes a la resolución del recurso de hecho, actuaciones sin las cuales no podrá el Juez emitir su decisión.
Así lo ha sostenido la reiterada y pacífica doctrina de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, en sentencia dictada por la Sala de Casación Civil en fecha 22 de marzo de 2002, con ponencia del Magistrado FRANKLIN ARRIECHE G., en el expediente Nº 2001-000820, en la cual estableció lo siguiente:

…A mayor abundamiento, esta Sala aprecia que la decisión recurrida se fundamenta en que la representante judicial de la demandada, no consignó las copias certificadas de las actas conducentes para decidir el recurso de hecho dentro del lapso fijado.
Por tanto, la labor de un juez es dirigir el proceso y dirimir una controversia, pero sólo podrá hacerlo si cuenta con los elementos de juicio necesario para ello, es decir, que es deber irrenunciable de las partes; como carga procesal, suministrar las copias certificadas de las actuaciones pertinentes en los cuales se evidencie los elementos de juicio que el juez necesita para ilustrarse y consecuencialmente, producir su decisión.
Es de hacer notar que, dentro del proceso la práctica de las actuaciones tienen una oportunidad previamente establecida en la ley para su realización, y de no hacerse en ese lapso no podrán practicarse las diligencias en ninguna otra oportunidad procesal, salvo lo previsto en el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil. Por ello, cuando sea necesaria la consignación de ciertos recaudos para la resolución de un recurso, dicha actividad inherente a las partes debe ser realizada en la oportunidad procesal que la fije al efecto.
En este orden de ideas, la Sala se ha pronunciado en sentencia de 11 de febrero de 1987, caso Rockwell International Corporation General Aviation División contra Inversiones Goecab, C.A, ratificada en decisión N°176, de fecha 19 de octubre de 2000, caso Justa Paulina Silva contra Beatriz Enriqueta Arocha de Silva, exp 00-133, de la siguiente manera:
“...si el apelante, cuyo recurso de apelación se le oyó en el solo efecto devolutivo, no produce ante la alzada la copia certificada del auto apelado, como le corresponde por ser su carga procesal...ello entraña una renuncia a la apelación, pues apelar de un fallo y no ejercer luego los recursos que da la ley contra omisión del sentenciador en providenciar la apelación, equivale a no ejercer ese recurso ordinario, o mejor dicho, a renunciar o desistir del mismo.
...Omissis...
...En consecuencia, al renunciar o desistir de dicha apelación, debido a la conducta adoptada ante la alzada el recurrente carece de legitimación procesal para anunciar casación, que como recurso extraordinario que es, impone necesariamente ejercer previamente en la instancia respectiva los recursos ordinarios; y como su falta de diligencia en hacer llegar al superior la copia certificada de la actuación más importante, como era el fallo apelado, entraña a juicio de la Sala una renuncia o desistimiento de la susodicha apelación que habría interpuesto, mal podía en consecuencia anunciar casación, al no haber agotado el recurso ordinario de apelación...”
En el caso de autos, tal como antes se señaló no fueron presentados en su oportunidad los recaudos necesarios para la sustanciación del recurso, como son el auto de fecha 5 de julio de 2001 proferido por el Juzgado a quo, la diligencia del recurso de apelación contra ese auto y el auto de fecha 15 de junio del referido año, que oye la apelación en un solo efecto, todos los recaudos señalados por el recurrente en su escrito recursivo. Por tanto, la Sala, al igual que el Tribunal Superior, no puede suplir –por mandato del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil- la conducta omisiva de la apoderado de la demandada…” (sic). (Subrayado de este Juzgado Superior). http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/RH-0042-220302-01820.HTM

Observa esta Alzada, que de la revisión exhaustiva del presente expediente, no fueron consignadas copias certificadas de las siguientes actuaciones:
1) Documento-poder que legitime la representación del abogado MIGUEL VICENTE GONZÁLEZ, quien dice obrar como apoderado del ciudadano RICARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ recurrente de hecho y parte demandada en la causa principal, en la cual se originó la presente incidencia.
2) Cómputo pormenorizado con vista del Libro Diario, de los días de despacho transcurridos por ante el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, desde la fecha en la cual el referido juzgado negó al hoy recurrente de hecho la solicitud de declinatoria de la competencia territorial, hasta la fecha en la cual el recurrente solicitó la regulación de competencia -como medio de impugnación contra la providencia que negó la solicitud de declinatoria de competencia-, cuya negativa es el objeto del recurso de hecho, a los fines de verificar la tempestividad o intempestividad en el ejercicio del recurso ordinario, lo cual a su vez incide en la resolución del recurso de hecho sub examine, actuaciones solicitadas mediante auto de fecha 12 de enero de 2018, y previstas en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil
Observa igualmente quien decide, que no obstante que este Juzgado, mediante auto de fecha 12 de enero de 2018 (folio 21), instó a los recurrentes a consignar dentro de los cinco días hábiles de despacho siguientes a la fecha de dicha providencia, copia certificada de las actuaciones señaladas ut supra, advirtiendo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, decidiría el presente recurso dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del lapso señalado, sin embargo, no fueron consignadas tales actuaciones procesales, las cuales resultan imprescindibles para la resolución de la presente incidencia, e impide a este juzgador evaluar la procedencia y/o admisibilidad del medio de gravamen ejercido.
En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 1º de junio de 2001, con ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, en el expediente Nº 01-0364, estableció lo siguiente:

…Al respecto, se debe mencionar, que ha sido criterio de la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia del 7 de noviembre de 1995 (Sent. Nº 103/1995) y que esta Sala asume como acertada, que el recurso de hecho debe ser acompañado con las copias certificadas de la sentencia, así el referido criterio fue establecido en los siguientes términos:
“En el presente caso, la sentencia contra la cual se recurre, se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que será sancionado el ‘Juez que hubiere negado las copias o que hubiere retardado injustamente su expedición...’.
Ahora bien, considera la Sala que no solamente el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil en que se fundamenta el Juez, se puede afirmar que las copias para el recurso de hecho deben ser certificadas, sino, el artículo 429 eiusdem que expresa, al tratar de los instrumentos privados, que ‘las copias de esta especie (reproducciones fotográficas, fotostáticas o cualquier otro medio mecánico), no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte’.
Además, en el propio artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, la ley expresa que también se acompañarán las copias de las partes y las que indique el Juez, si éste lo dispone así, lo que debe entenderse, que las copias deben ser certificadas, pues un Juez no emite ni ordena copias simples”
Sin embargo, tal requisito no puede desconocer lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, donde se establece que:
“Artículo 306.- Aunque el recurso de hecho se haya introducido sin acompañar copia de las actas conducentes, el Tribunal de alzada lo dará por introducido”.
Lo expuesto, obliga a esta Sala a realizar una breve consideración acerca de la tramitación del recurso de hecho. Así, y siguiendo lo establecido en el artículo 307, eiusdem, se observa que el tribunal debe decidir dentro de los cinco días siguientes a la introducción del recurso de hecho la procedencia de éste, si se acompañó con las copias certificadas de las actuaciones pertinentes, o dentro de los cinco días siguientes a la oportunidad de la consignación de las mismas.
Así, debe entenderse, que en el caso de que el recurrentes haya interpuesto el recurso de hecho sólo con las copias simples de las actuaciones procesales pertinentes, el tribunal está obligado a considerarlo como introducido; ahora bien, en el supuesto de que al momento de la interposición del recurso de hecho, no se acompañen las copias certificadas pertinentes, el recurrente puede en atención a lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, consignarlas posteriormente, dentro del lapso de cinco (5) días siguientes a su interposición, caso en el cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 307 eiusdem, se prorrogará un lapso igual de cinco (5) días desde la oportunidad de tal consignación, para que el tribunal emita pronunciamiento sobre el recurso interpuesto… (Subrayado de este Juzgado Superior).
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/923-010601-01-0364%20.HTM

Sentadas las anteriores premisas, y, visto que la parte recurrente no cumplió con su obligación de consignar las copias certificadas de las siguientes actuaciones: 1) Documento-poder que legitime la representación del abogado MIGUEL VICENTE GONZÁLEZ, quien dice obrar como apoderado del ciudadano RICARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ recurrente de hecho y parte demandada en la causa principal, en la cual se originó la presente incidencia.
2) Cómputo pormenorizado con vista del Libro Diario, de los días de despacho transcurridos por ante el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, desde la fecha en la cual el referido juzgado negó al hoy recurrente de hecho la solicitud de declinatoria de la competencia territorial, hasta la fecha en la cual el recurrente solicitó la regulación de competencia -como medio de impugnación contra la providencia que negó la solicitud de declinatoria de competencia-, cuya negativa es el objeto del recurso de hecho, actuaciones indispensables para la resolución del referido recurso, cuya carga procesal le corresponde, a tenor de lo dispuesto en los artículos 305 y 307 del Código de Procedimiento Civil, indicadas por este Tribunal mediante auto de fecha 12 de enero de 2018 (folio 12), considera quien decide, que el recurso de hecho propuesto deviene en inadmisible, como en efecto se declarará en el dispositivo de este fallo. Así se decide.
DISPOSITIVA

En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta sentencia en los términos siguientes:
PRIMERO: Declara INADMISIBLE el recurso de hecho ¬interpuesto en fecha 23 de octubre de 2017, por el abogado MIGUEL VICENTE GONZÁLEZ, quien dice actuar como apoderado judicial del ciudadano RICARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, contra la providencia de fecha 17 de octubre de 2017, mediante la cual el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, negó la solicitud de regulación de competencia como mecanismo de impugnación ejercido por el recurrente de hecho, ciudadano RICARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, contra el auto dictado en fecha 04 de octubre de 2017, en el juicio seguido en su contra por el ciudadano SALIM IBRAHIM CARCACHE, por desalojo de local comercial.
SEGUNDO: Por la naturaleza de esta decisión, no se hace especial pronunciamiento sobre las costas del recurso.
Publíquese, regístrese y cópiese. Remítase el expediente en su oportunidad al Tribunal de la causa.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despa¬cho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Méri¬da, en Mérida, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil diecisiete. Años: 207º de la Inde¬pendencia y 158º de la Federación.

El Juez Provisorio,

Julio César Newman Gutiérrez
La Secretaria,

María Auxiliadora Sosa Gil

En la misma fecha, siendo las dos y cuarenta minutos de la tarde, se publicó la anterior decisión, lo que certifico.

La Secretaria,

María Auxiliadora Sosa Gil
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Mérida, veintidós (22) de enero de dos mil dieciocho (2018)
207º y 158º

Certifíquese por Secretaría para su archivo, copia de la decisión ante¬rior, de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 112 eiusdem, y en atención a lo dispuesto en las «Normas de adecuación administrativa y tecnológicas que regularán los copiadores de sentencia, y los libros de registro que lleven los tribunales de los circuitos en las sedes judiciales y de las copias certificadas que estos expidan», contenidas en la Resolución número 2016-0021, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 14 de diciembre de 2016, conforme a las cuales dicha copia constará en formato digital.

El Juez Provisorio,

Julio César Newman Gutiérrez
La Secretaria,

María Auxiliadora Sosa Gil

Se deja constancia que se certificó la copia ordenada en el decreto que antecede, en formato digital, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 2016-0021, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 14 de diciembre de 2016.
La Secretaria,

María Auxiliadora Sosa Gil
Exp. 6654.-