TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, CON SEDE EN TOVAR.
208º y 159º

EXPEDIENTE. 8835

PARTE DEMANDANTE: MARÍA RAMONA PÉREZ PEÑALOZA, venezolana, soltera, titular de la cédula de identidad número 9.474.189, con domicilio procesal en los Mesones, Vía que conduce de Mesa de las Palmas a Ranchería, Parroquia Mesa de las Palmas, Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Bolivariano de Mérida.

ABOGADA ASISTENTE: EDGARDO JOSÉ GUTIÉRREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n° 8.074.101, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 65.932, domiciliado en la población de Santa Cruz de Mora, Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Bolivariano de Mérida y hábil.

PARTE DEMANDADA: TELEFÓNICA VENEZOLANA C.A., representada por el ciudadano PEDRO SALVADOR CORTEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8.412.924, domiciliada en la Avenida Las Américas, Centro Comercial Cantaclaro, piso 1, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida.

MOTIVO: INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

SINTESIS DE LOS TÉRMINOS EN QUE HA QUEDADO PLANTEADA LA CONTROVERSIA.-

En fecha 1° de noviembre de 2016 (folios 1 al 4), fue recibida demanda de indemnización de daños y perjuicios, la cual fue intentada por la ciudadana MARÍA RAMONA PÉREZ PEÑALOZA, venezolana, soltera, titular de la cédula de identidad número V- 9.474.189, con domicilio en el Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Bolivariano de Mérida, asistida por el abogado EDGARDO JOSÉ GUTIÉRREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 8.074.101, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 65.932, domiciliado en la ciudad de Tovar, Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Bolivariano de Mérida y hábil, en contra de la empresa TELEFÓNICA VENEZOLANA C.A., representada por el ciudadano PEDRO SALVADOR CORTEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8.412.924, domiciliada en la Torre Parque Cristal, Avenida Francisco de Miranda, al lado de la Estación Miranda del Metro de Caracas, Municipio Chacao, Distrito Capital o Avenida Las Américas, Centro Comercial Cantaclaro, piso 1, Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, fundamentada en el artículo 1.185 del Código Civil.

En fecha 4 de noviembre de 2016 (folio 19), obra agregado auto dictado por este Tribunal, donde acordó dar entrada, formar expediente, hacer las anotaciones estadísticas correspondientes y por auto separado se admitiría, para lo cual exhortó a la parte demandante, para que señalara el número de cédula del ciudadano Pedro Salvador Cortez Rojas; lo cual realizó la parte actora, mediante diligencia de fecha 15 de noviembre de 2016 (folio 20).

En fecha 21 de noviembre de 2016 (folio 21), este Tribunal admitió la demanda incoada por la ciudadana MARÍA RAMONA PÉREZ PEÑALOZA, venezolana, soltera, titular de la cédula de identidad número 9.474.189, con domicilio en el Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Bolivariano de Mérida, ordenó emplazar a la demandada de auto, a fin de que compareciera por ante ese Tribunal dentro de los veinte días de despacho siguientes a que constara en autos su citación, más un día que se le concedió como término de distancia, para que diera contestación a la presente demanda u opusiera las cuestiones previas que creyera conveniente, mediante comisión dirigida a los Juzgados Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida.

En fecha 4 de junio de 2018 (folio 24), obra agregado auto suscrito por este Tribunal en cuanto al abocamiento de la Juez Temporal de este Despacho, Abg. Yosanny Cristina Dávila Ochoa.

DE LOS MOTIVOS PARA DECIDIR.

Revisadas como han sido las actas procesales que conforman el presente expediente, y dada la facultad otorgada al Juez en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la declaratoria de oficio de la perención, pasa este Tribunal, previo al análisis del expediente, a revisar de oficio, si en la presente causa ha operado la perención de la instancia de conformidad con el artículo 267 eiusdem.

A fines ilustrativos, conviene destacar que, la perención constituye un medio o modo de terminación del proceso distinto a la sentencia fundamentada en la presunción de abandono de las partes o perdida del interés en el incumplimiento de las obligaciones que establece la ley respecto del mismo.

Al respecto, la Sala Constitucional en su sentencia N° 853 del 05 de mayo de 2006, caso: “Gobernación del Estado Anzoátegui”, estableció lo siguiente:

Que “(…) la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma…”. (Negritas de este Tribunal).

Por ello, nuestro legislador para los procedimientos de naturaleza civil o en los que resulte aplicable, consagra la institución procesal de la perención en el Código de Procedimiento Civil, a saber:

“Artículo 267. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado (…)”.

Asimismo, el artículo 269 eiusdem, señala:

“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal [...]”. (Negritas y subrayado de este Tribunal).

En las disposiciones antes transcritas, el término instancia, es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción.

La denominada perención breve, es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso de la citación, por más de treinta días siguientes a la admisión de la demanda, específicamente la falta de cumplimiento de parte de la actora de su obligación de suministrar los medios o recursos necesarios para el traslado del alguacil, a los fines de practicar la citación, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento. En ese sentido, respecto a la perención breve, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 22/05/2008, Exp. AA20-C-2007-000815 (caso: MARIOLGA QUINTERO TIRADO y NILYAN SANTANA LONGA), ratificando su criterio sentando por decisión N° 537 del 6 de julio de 2004, estableció lo siguiente:

“…En otras palabras, las obligaciones de la parte demandante o intimante a los efectos de generar la citación o intimación de su contraparte, son precisamente: la facilitación de vehículo para el traslado del alguacil, los gastos de manutención y el hospedaje; lo que se traduce en la obligación de proporcionar al alguacil los emolumentos necesarios para la práctica de la citación de la parte demandada. De modo que, el accionante tiene la obligación de presentar diligencia dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, en la cual ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de la parte demandada, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes para la consecución de la citación. Dicho lo anterior, esta suprema jurisdicción concluye y reitera su doctrina en el sentido de dejar sentado que el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, es decir, no proporcionar al alguacil los medios y recursos necesarios para la práctica de la citación, acarreará la perención de la instancia…..” (Sentencia Nº 00293 del 22/05/2008, Exp. Nº AA20-C-2007-000815). (Negritas y subrayado de este Tribunal)

En el caso de marras se observa: que desde el día 21 de noviembre de 2016, fecha de admisión de la demanda en la cual se ordenó la citación de la empresa TELEFÓNICA VENEZOLANA C.A., representada por el ciudadano PEDRO SALVADOR CORTEZ, ha transcurrido más de treinta (30) días, lapso este que lo ha establecido la Sala Constitucional en su fallo aclaratorio del 09-03-2001, se computa por días continuos y no por días de despacho.

Expuesto lo anterior se observa que, la parte actora no dio impulso al proceso y que esa falta de impulso excede el lapso de treinta días que la ley exige para que se produzca la perención de la instancia, contados a partir del 21 de noviembre de 2016, fecha de admisión de la demanda, por lo cual ha transcurrido un año (01) cinco (05) meses, y veintiún días (21), sin que la parte demandante hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación de la empresa TELEFÓNICA VENEZOLANA C.A., representada por el ciudadano PEDRO SALVADOR CORTEZ, ya identificada, encuadrando el presente caso en el ordinal 1° del artículo 267 de nuestra norma Adjetiva Civil, dando lugar a la perención breve de la instancia, siendo la misma irrenunciable de acuerdo con el artículo 269 ibídem, dado su carácter de orden público, debe necesariamente ser declarada por este Tribunal, toda vez que la parte actora contaba con suficiente tiempo para cumplir su obligación en forma oportuna y tempestiva.

En el caso de autos, se desprende un desinterés procesal, por la parte actora ciudadana MARÍA RAMONA PÉREZ PEÑALOZA, por cuanto se evidencia la falta de impulso procesal y negligencia no cumpliendo la parte actora la obligación legal en gestionar o cumplir con la citación de la parte demandada de autos, por cuanto vencido el lapso a que se ha hecho referencia ordinal 1° del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, de manera que operó el lapso extintivo de acuerdo a los efectos jurídicos de la perención el cual debe contarse desde la admisión de la demanda.

En armonía con lo anterior y siendo visible de manera protuberante el decaimiento del interés de los actores, por la inacción de ellos prolongada más allá del término señalado en la ley adjetiva, ocasionó, sin ningún género de dudas, la perención de este procedimiento, y así debe declararse. Así se decide.

PARTE DISPOSITIVA

Por las razones anteriormente expuestas, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA CON SEDE EN TOVAR, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:

PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de conformidad con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 267 ordinal 1° ejusdem.

SEGUNDO: Dada la declaratoria de oficio de la perención, no se podrá intentar de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos de acuerdo con el articulo 271 del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: Se ordena la notificación de la ciudadana MARÍA RAMONA PÉREZ PEÑALOZA, identificada plenamente.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA. POR SECRETARIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 248 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. DADA, FIRMADA, SELLADA Y REFRENDADA EN EL DESPACHO DEL TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, con sede en esta ciudad de Tovar, a los cuatro (4) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018).
LA JUEZA TEMPORAL,

Abg. YOSANNY C. DÁVILA OCHOA.
LA SECRETARIA TITULAR,

Abg. ELBA CONTRERAS ROSALES.
YCDO/ECR/JAGP.-
En la misma fecha siendo las once y treinta de la mañana (03:30 p.m.) se publicó la anterior sentencia y se libró boleta de notificación de conformidad con lo establecido en los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil.

LA SECRETARIA TITULAR,

Abg. ELBA CONTRERAS ROSALES.