TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, EL VIGIA, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).
208° y 159°
EXPEDIENTE: N° 10822-2016
PARTE ACTORA: RAFAEL RAMON TERAN MENDOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.964.483, domiciliado en la calle 59, avenida Fuerzas Armada casa S/N, de la Ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, asistido en este acto por la profesional del derecho ciudadana: KATHERINE RINCON, titular de la cédula de identidad N° V-15.523.752, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el Nº 115.629, y con domicilio procesal en la Ciudad de Barquisimeto, Estado Lara.
PARTES DEMANDADAS: JOEL ANTONIO FERNANDEZ PEREZ y ELIO ANTONIO CHIRINOS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-10.116.015 y V-15.096.659, domiciliados en la Avenida Ojidi, Edificio 1, Piso 08, apartamento 08-04, Caracas, Distrito Capital.
APODERADO JUDICIAL: NO CONSTA EN AUTOS.
MOTIVO: INDEMNIZACION DE DAÑOS OCASIONADOS EN ACCIDENTE DE TRANSITO.
I
Por cuanto de la revisión exhaustiva del presente expediente se evidencia que el último acto de procedimiento efectuado por la parte fue el diecinueve (19) de octubre de 2016, fecha en que solicita el desglose del poder, por haber transcurrido más de un (01) año y ocho (08) meses sin impulso procesal, razón por la cual este Tribunal al respecto observa:
Establece el Ordinal 1º del artículo 267° del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
“…También se extingue la instancia: 1. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. (Negrillas del Tribunal).
Ahora bien, a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 26° constitucional, estableció:
“…El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” (Negrillas del Tribunal)
Consagrando la norma in comento el principio de gratuidad de la justicia, no obstante de conformidad con el artículo 321° del Código de Procedimiento Civil, aplica el criterio de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 06 de julio de 2004, con ponencia del Dr. Carlos Oberto Vélez en el caso JOSÉ RAMÓN BARCO VÁSQUEZ contra SEGUROS CARACAS LIBERTY MUTUAL, la cual dispone:
“…Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia” (Negrillas del Tribunal).
En el caso de autos tenemos:
1. La demanda se admitió en fecha 18 de octubre de 2016.
2. En fecha 19 de octubre de 2016, el Tribunal ordeno librar Boleta de Citación a los demandados ANTONIO FERNANDEZ PEREZ y ELIO ANTONIO CHIRINOS, y se comisiono al Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al que por distribución corresponda.
3. En fecha 09 de agosto de 2017, se recibió comisión procedente del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, devuelta sin practicar por falta de impulso procesal.
De lo expuesto se observa que el Juzgado cumplió con su obligación de admitir la demanda y librar la orden de comparecencia, se evidencia de la revisión de los autos que la parte actora, consigno los emolumentos exigidos en la ley a los fines de realizar la citación de la demandada, por lo que la perención debe prosperar en concordancia con el artículo 269° del Código de Procedimiento Civil, y la jurisprudencia antes referida. Así se establece.
En razón de lo antes expuesto este Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara en el presente proceso la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en consecuencia extinguido el proceso de INDEMNIZACION DE DAÑOS OCASIONADOS EN ACCIDENTE DE TRANSITO, intentada por el ciudadano RAFAEL RAMON TERAN MENDOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.964.483, contra JOEL ANTONIO FERNANDEZ PEREZ y ELIO ANTONIO CHIRINOS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-10.116.015 y V-15.096.659.
Así se decide.-
No hay condenatoria en costas conforme lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia de la presente decisión en el copiador de sentencias llevado por este Juzgado.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho de este Tribunal, a los veintiún (21) días del mes de junio del año Dos Mil Dieciocho (2018).
EL JUEZ,

FRANCISCO BARBARA ROMANO.

LA SECRETARIA,

LEIDY MARIANA HERNANDEZ DIAZ.-

En esta misma fecha, y siendo las Tres (03:00) de la tarde, se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA,

LEIDY MARIANA HERNANDEZ DIAZ.-

yohana