TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA.-
El Vigía, diecinueve (19) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

207° y 159°

SOLICITUD N° 354

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA

-I-
IDENTIFICACION DE LAS PARTES

Parte Solicitante: ANA ELCIDA DURAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-25.045.968, domiciliado en el sitio denominado S/N, ubicado en el sector Colina de Tucaní; parroquia Capital del Municipio Caracciolo Parra y Olmedo del Estado Mérida.

Apoderada Judicial: Abogada JHOSSELYN CAROLINA AMAYA FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad Nº V-16.456.299, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 120.202, en su carácter de Defensora Pública Agraria Nº 01 de la Extensión de la Unidad de Defensa Pública El Vigía del Estado Mérida.

Motivo: SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCION A LA PRODUCCION.

-II-
ANTECEDENTES PROCESALES

La presente causa se inició mediante escrito presentado por ante este Tribunal en fecha 09 de marzo de 2011 (folios 1 al 11), por la Abogada JHOSSELYN CAROLINA AMAYA FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad Nº V-16.456.299, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 120.202, en su carácter de Defensora Pública Agraria Nº 01 de la Extensión de la Unidad de Defensa Pública El Vigía del Estado Mérida, actuando previo requerimiento expreso de la ciudadana ANA ELCIDA DURAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-25.045.968, domiciliado en el sitio denominado S/N, ubicado en el sector Colina de Tucaní; parroquia Capital del Municipio Caracciolo Parra y Olmedo del Estado Mérida, por SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCION A LA PRODUCCION.

Mediante auto de fecha 10 de marzo de 2010 (folio 37), el Tribunal le dio entrada, formando actuaciones, a los efectos de admitir o no la solicitud se acordó una inspección judicial sobre una pequeña extensión de terreno correspondiente a MIL CIENTO SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (1.176 MTS2), ubicada en el Sector Colina de Tucaní, Parroquia Capital del Municipio Caracciolo Parra y Olmedo del Estado Mérida, para el día MIERCOLES, 13 DE ABRIL DE 2011, A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 a.m.), oficiándose al Comandante de la Policía del Municipio Caracciolo Parra y Olmedo del Estado Mérida, a los fines de que enviara dos funcionarios adscritos a ese Despacho, para que acompañaran a la práctica de dicha inspección.

Por acta de fecha 13 de abril de 2011 (folios 42 y 43), se practicó la inspección judicial fijada para ese día, dejándose constancia de lo observado en dicho inmueble.

Mediante diligencia de fecha 02 de junio de 2011 (folio 44), la apoderada judicial de la parte solicitante, solicitó un avalúo en el inmueble objeto de la medida, lo cual fue acordado mediante auto del 03 de junio de 2011, oficiándose lo conducente a la Unidad Estatal del Ministerio de Agricultura y Tierras, Dirección U.E.M.P.P.A.T.- Mérida.

En fecha 10 de junio de 2011, se recibió y agregó a los autos el oficio procedente de la Unidad Estatal del Ministerio de Agricultura y Tierras, Dirección U.E.M.P.P.A.T.- Mérida, donde se designó al Ingeniero ANDRES ELOY UZCATEGUI, a los fines del avalúo solicitado, quien fue debidamente notificado y juramentado al efecto. (folios 49 al 55).

Igualmente, en fecha 16 de septiembre de 2011, se recibió y agregó a los autos el informe realizado por el Ingeniero ANDRES ELOY UZCATEGUI, que riela a los folios 56 al 62.

Por auto de fecha 17 de octubre de 2012 (folio 63), se ordenó notificar a la parte solicitante o a su apoderada a los fines de su conocimiento respecto al infirme cursante en autos, la cual se hizo efectiva en fecha 24 de octubre de 2012 (folios 65 y 66).

Mediante auto de fecha 08 de agosto de 2017 (folio 67), se ordenó notificar a la parte actora del avocamiento de la suscrita, lo cual se realizó el 31 de octubre de 2017, según se evidencia de los folios 69 y 70).

Visto todo lo retro este Tribunal pasa a motivar la presente decisión en los términos siguientes.

-III-

MOTIVACION

Nuestro legislador procesal, con el propósito de evitar que se eternicen las causas por falta de impulso de los interesados, ha consagrado la figura de la perención de la instan¬cia, la cual constituye una sanción para la inactividad de las partes que, después de iniciado el procedimiento mediante la proposición de la demanda, negligentemente se abstienen de dar debido impulso al proceso para que éste llegue a su destino final y normal que es la sentencia.

En efecto, en nuestro sistema procesal la perención de la instancia se encuentra expresamente regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que entró en vigencia el 16 de marzo de 1987, el cual in verbis expresa:

"Toda instancia se extingue por el trans¬curso de un año sin haberse ejecutado nin¬gún acto de procedi¬miento por las partes. La inactividad del Juez des¬pués de vista la causa, no produci¬rá la perención.

También se extingue la instancia:

1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.

2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obli¬gaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.

3º Cuando dentro del término de seis meses contados desde la fecha de suspensión del proceso por muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la conti¬nuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obliga¬ciones que la Ley le impone para proseguirla".

Conforme al texto de la disposición legal precedentemente transcrita, la cual es aplicable a las causas agrarias, tres son las modalidades de la perención de la instancia: a) la perención genérica ordinaria por mera inactividad procesal de cualquiera de las partes, que es aquella que se consuma por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de parte; b) la peren¬ción por inactividad citatoria que opera por el incumpli¬miento del actor de sus obligaciones legales para que sea practicada la citación de la demandada; y c) la perención por irreasunción de la litis, que es aquella que se produce cuando los interesa¬dos no hubieren gestionado la continuación de la causa en suspenso por el fallecimiento de alguno de los liti¬gantes, ni dado cumplimiento a las obligaciones que les impone la ley para proseguirla.

En efecto, el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual es aplicable a las causas agrarias, establece:

“la perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez o jueza después de vista la causa, o habiéndose producido la paralización por causas no imputables a las partes, no producirá la perención”.

Por otra parte, el artículo 269 eiusdem dispone que la perención se verifica de derecho, no es renunciable por las partes y puede declararse de oficio por el Tribunal.

Sentadas las anteriores premisas, se impone a la sentencia¬dora examinar las actas procesales, a los fines de determinar si en las mismas existe o no constancia auténtica de que la parte solicitante, dentro del lapso previsto en la primera parte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y, a tal efecto, observa:

Del examen de las actas procesales constata la juzgadora que, desde el día 02 de junio de 2011, fecha en la cual por medio de diligencia (folio 44), la apoderada judicial de la parte solicitante, solicitó un avalúo en el inmueble objeto de la medida, hasta la presente fecha, ha transcu¬rrido más de un año de inactividad procesal, sin que la parte actora, haya realizado gestión alguna para activar el procedimiento que, por tal razón desde esa fecha se encuentra en suspenso.

En consecuencia, habiendo transcurrido más de un (1) año, desde la fecha últimamente citada, hasta la presente fecha, sin que dentro de ese lapso se haya ejecutado ningún acto de procedimiento por la parte solicitante, resulta evidente que, por aplicación de lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aplicables a la presente causa por analogía, se consumó la perención de la instancia en la presente causa. Y así se decide.

-IV-

DISPOSITIVO

Este Tribunal Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: Consumada la perención y, en consecuencia, extinguida la instancia en la presente causa, seguida por la abogada JHOSSELYN CAROLINA AMAYA FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad Nº V-16.456.299, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 120.202, en su carácter de Defensora Pública Agraria Nº 01 de la Extensión de la Unidad de Defensa Pública El Vigía del Estado Mérida, actuando previo requerimiento expreso de la ciudadana ANA ELCIDA DURAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-25.045.968, domiciliado en el sitio denominado S/N, ubicado en el sector Colina de Tucaní; parroquia Capital del Municipio Caracciolo Parra y Olmedo del Estado Mérida, por SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCION A LA PRODUCCION.

SEGUNDO: Según lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no se hace especial pronunciamiento sobre costas en virtud de la naturaleza de este pronunciamiento.

TERCERO: Notifíquese a la parte solicitante, ciudadana ANA ELCIDA DURAN, o a su apoderada judicial abogada JHOSSELYN CAROLINA AMAYA FERNANDEZ, en su carácter de Defensora Pública Agraria Nº 01 de la Extensión de la Unidad de Defensa Pública El Vigía del Estado Mérida, haciéndosele saber que el lapso para interponer los recursos que sean procedentes contra la misma, comenzará a computarse a partir del décimo primer día de despacho siguiente a aquél en que conste en autos la notificación ordenada. Líbrese la respectiva boleta de notificación con las inserciones pertinentes y entréguesele al Alguacil de este Tribunal para que practique la misma.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en este Tribunal Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida.- El Vigía, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.

La Juez,

Abg. Carmen C. Rosales de M.
El Secretario Accidental,

Abg. Víctor Raúl Monterroza

En la misma fecha y siendo las diez y quince minutos de la mañana, se publicó el fallo que antecede, ordenándose publicar y registrar en el índice de copiador de sentencias los datos del presente fallo, no dejándose copia certificada del mismo, ya que el Tribunal no posee insumos para fotocopiar y agregar al copiador de sentencias interlocutorias con fuerza definitiva en físico. Asimismo, se libró boleta de notificación a la parte solicitante, ciudadana ANA ELCIDA DURAN, o a su apoderada judicial abogada JHOSSELYN CAROLINA AMAYA FERNANDEZ, en su carácter de Defensora Pública Agraria Nº 01 de la Extensión de la Unidad de Defensa Pública El Vigía del Estado Mérida, entregándosele al Alguacil de este Tribunal para que practique la misma.

El Srio. Acc.,

Abg. Víctor Raúl Monterroza