REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA.-
El Vigía, veintiséis (26) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
207° y 158°
EXPEDIENTE N° 3488
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
-I-
IDENTIFICACION DE LAS PARTES
Parte Demandante: LUCILA DEL SOCORRO GOMEZ PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-22.656.655, con domicilio procesal en el Conjunto Residencial La Florida, ubicado en la Avenida 2 loras con viaducto Miranda, N° 38-78, Parroquia El Llano, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida.
Abogado Asistente: JUAN CARLOS LUGO RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.353.886, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 89.785, domiciliado en la ciudad de Ejido Municipio Campo Elias, Municipio Campo Elias del Estado Bolivariano del Estado Mérida.
Parte demandada: ANGEL ANTONIO DAVILA SANDOVAL y RUBILDO ANTONIO DAVILA UZCATEGUI, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-15.517.031 y V-10.719.346, respectivamente, domiciliados el primero en la Avenida Las Américas sector Santa Bárbara comercial gloria Patrias C.A. y/o CIMATEH situado en la avenida las Américas residencias magdalena local 4 al lado del centro comercial Glorias Patrias del Municipio Libertador del estado Mérida y el segundo en la Residencia Magdalena piso 2 apartamento 2-4 Municipio Libertador del estado Mérida y/o Avenida Las Maricas, Sector Santa Bárbara comercial Glorias patrias C.A. Municipio Libertador del estado Mérida.
Motivo: ACCION POSESORIA POR DESPOJO A LA PROPIEDAD AGRARIA.
-II-
ANTECEDENTES PROCESALES
La presente causa se inició mediante escrito presentado por ante este Tribunal en fecha 29 de marzo de 2017 (folios 01 al 13), por la ciudadana LUCILA DEL SOCORRO GOMEZ PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-22.656.655, con domicilio procesal en el Conjunto Residencial La Florida, ubicado en la Avenida 2 loras con viaducto Miranda, N° 38-78, Parroquia El Llano, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, asistido por el abogado RAMON ELIAS RODRIGUEZ ANDRADE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.012.287, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 115.345, por el cual formuló demanda por ACCION POSESORIA POR DESPOJO A LA PROPIEDAD AGRARIA.
Mediante auto de fecha 31 de marzo de 2017 (folio 22), el Tribunal le dio entrada, formando actuaciones, admitió la demanda en cuanto ha lugar en derecho, y ordenó el emplazamiento de los demandados, ANGEL ANTONIO DAVILA SANDOVAL y RUBILDO ANTONIO DAVILA UZCATEGUI, para que comparecieran por ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días de despacho a aquel en que constara en autos la última citación ordenada, más un (1) día que se le concedió como término de distancia.
En diligencia de fecha 30 de mayo de 2017 (folio 30), el apoderado judicial solicitó al Alguacil de este tribunal consignara los recaudos de citación a los fines de solicitar la citación por carteles.
En diligencias de fecha 30 de mayo de 2017 (folios 31 al 64), el Alguacil
consignó recaudos de citación de la parte demandada en virtud de que nadie se encontraba en las direcciones indicadas.
Mediante diligencia de fecha 08 de junio de 2017 (folio 65) el apoderado judicial de la parte actora solicitó la citación por carteles de la parte demanda
Por auto de fecha 22 de junio de 2017 (folio 74), el Tribunal ordenó la citación por cartel de la parte demandada, para ser publicados en los diarios PICO BOLIVAR y LOS ANDES, con intervalo de tres (3) días entre uno y otro.
En fecha 26 de junio de 2017, se le hizo entrega al abogado MIGUEL ANGEL FUENTES ROJAS, en su carácter de coapoderado judicial de la parte demandante, de los carteles de emplazamiento librados a los ciudadanos ANGEL ANTONIO DAVILA SANDOVAL y RUBILDO ANTONIO DAVILA UZCATEGUI, a los fines de su publicación en los diarios PICO BOLIVARA Y LOS ANDES.
En fecha 10 de octubre de 2017, se recibió y se agrego comisión procedente del Juzgado Primero de Municipio ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, contentiva de la fijación de los referidos carteles.
Mediante escrito presentado en fecha 25 de octubre de 2018 (folios 85 al 89), el codemandado ciudadano RUBILDO ANTONIO DAVILA UZCATEGUI, asistido por el abogado EURIPIDES MORENO TINEO, solicito formalmente la extinción de la acción propuesta.
Visto todo lo retro este Tribunal pasa a motivar la presente decisión en los términos siguientes.
-III-
MOTIVACION
Nuestro legislador procesal, con el propósito de evitar que se eternicen las causas por falta de impulso de los interesados, ha consagrado la figura de la perención de la instan¬cia, la cual constituye una sanción para la inactividad de las partes que, después de iniciado el procedimiento mediante la proposición de la demanda, negligentemente se abstienen de dar debido impulso al proceso para que éste llegue a su destino final y normal que es la sentencia.
En efecto, en nuestro sistema procesal la perención de la instancia se encuentra expresamente regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que entró en vigencia el 16 de marzo de 1987, el cual in verbis expresa:
"Toda instancia se extingue por el trans¬curso de un año sin haberse ejecutado nin¬gún acto de procedi¬miento por las partes. La inactividad del Juez des¬pués de vista la causa, no produci¬rá la perención.
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.
2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obli¬gaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.
3º Cuando dentro del término de seis meses contados desde la fecha de suspensión del proceso por muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la conti¬nuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obliga¬ciones que la Ley le impone para proseguirla".
Conforme al texto de la disposición legal precedentemente transcrita, la cual es aplicable a las causas agrarias, tres son las modalidades de la perención de la instancia: a) la perención genérica ordinaria por mera inactividad procesal de cualquiera de las partes, que es aquella que se consuma por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de parte; b) la peren¬ción por inactividad citatoria que opera por el incumpli¬miento del actor de sus obligaciones legales para que sea practicada la citación de la demandada; y c) la perención por irreasunción de la litis, que es aquella que se produce cuando los interesa¬dos no hubieren gestionado la continuación de la causa en suspenso por el fallecimiento de alguno de los liti¬gantes, ni dado cumplimiento a las obligaciones que les impone la ley para proseguirla.
En efecto, el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual es aplicable a las causas agrarias, establece:
“la perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez o jueza después de vista la causa, o habiéndose producido la paralización por causas no imputables a las partes, no producirá la perención”.
Por otra parte, el artículo 269 eiusdem dispone que la perención se verifica de derecho, no es renunciable por las partes y puede declararse de oficio por el Tribunal.
Sentadas las anteriores premisas, se impone a la sentencia¬dora examinar las actas procesales, a los fines de determinar si en las mismas existe o no constancia auténtica de que la parte solicitante, dentro del lapso previsto en la primera parte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y, a tal efecto, observa:
Del examen de las actas procesales constata la juzgadora que, desde el día 10 de octubre de de 2017 (folios 79 al 84), fecha en la cual se recibió y se agregó la comisión procedente del Juzgado Primero de Municipio ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, contentiva de la fijación de los referidos carteles, hasta la presente fecha, ha transcu¬rrido más de un año de inactividad procesal, sin que la parte actora, haya realizado gestión alguna para activar el procedimiento que, por tal razón desde esa fecha se encuentra en suspenso.
En consecuencia, habiendo transcurrido más de un (1) año, desde la fecha últimamente citada, hasta la presente fecha, sin que dentro de ese lapso se haya ejecutado ningún acto de procedimiento por la parte actora, resulta evidente que, por aplicación de lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aplicables a la presente causa por analogía, se consumó la perención de la instancia en la presente causa. Y así se decide.
-IV-
DISPOSITIVO
Este Tribunal Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Consumada la perención y, en consecuencia, extinguida la instancia en la presente causa, seguida por la ciudadana LUCILA DEL SOCORRO GOMEZ PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-22.656.655, con domicilio procesal en el Conjunto Residencial La Florida, ubicado en la Avenida 2 loras con viaducto Miranda, N° 38-78, Parroquia El Llano, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, asistido por el abogado RAMON ELIAS RODRIGUEZ ANDRADE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.012.287, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 115.345, por el cual formuló demanda contra los ciudadanos ANGEL ANTONIO DAVILA SANDOVAL y RUBILDO ANTONIO DAVILA UZCATEGUI, por ACCION POSESORIA POR DESPOJO A LA PROPIEDAD AGRARIA
SEGUNDO: Según lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no se hace especial pronunciamiento sobre costas en virtud de la naturaleza de este pronunciamiento.
TERCERO: Se ordena la notificación de la parte actora, ciudadana LUCILA DEL SOCORRO GOMEZ PEREZ, haciéndosele saber sucintamente del auto de esta misma fecha, que obra al folio 90 y de la presente decisión; y en virtud de que la causa se encuentra evidentemente paralizada de conformidad con el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, se acuerda su reanudación, a cuyo efecto se fija el décimo primer día de despacho siguiente a aquel en que conste en autos su notificación, más un (1) día que se le concede como término de distancia. Igualmente se le advierte que reanudado el curso de la causa comenzará a discurrir el lapso previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, para interponer recusación contra la suscrita Juez Provisoria, así como para interponer los recursos que sean procedentes contra la presente decisión. Líbrese la respectiva boleta de notificación con las inserciones pertinentes y entréguesele al Alguacil de este Tribunal practique la misma.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en este Tribunal Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida.- El Vigía, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
La Juez,
Ab. Carmen C. Rosales de M.
La Secretaria,
Abg. Magaly Márquez
En la misma fecha y siendo las dos y quince minutos de la tarde, se publicó el fallo que antecede, ordenándose publicar y registrar en el índice de copiador de sentencias los datos del presente fallo, no dejándose copia certificada del mismo, ya que el Tribunal no posee insumos para fotocopiar y agregar al copiador de sentencias interlocutorias con fuerza definitiva en físico. Asimismo, se libró boleta de notificación a la parte demandante, ciudadana LUCILA DEL CARMEN SOCORRO GOMEZ PEREZ, o a sus apoderados judiciales, JUAN CARLOS LUGO RAMIREZ y MIGUEL ANGEL FUENTES ROJAS, entregándosele al Alguacil de este Tribunal para que practique la misma.
La Sria.
Abg. Magaly Márquez
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