TSJ Regiones - Decisión

EN SU NOMBRE

TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA
Mérida, primero (01) de Noviembre de dos mil dieciocho (2018).

208° y 159°
EXPEDIENTE Nº 0657
DEMANDANTE: JOHAN BAUTISTA MÀRQUEZ CADENAS, venezolano, mayor de edad, titular de las cédulas de identidad Nro. V- 15.922.119, con domicilio procesal en el Calle 23 (Vargas), entre avenidas 04 y 05 Centro empresarial “Juan Pablo II” Primer Piso, oficina Nº 1-9, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, a través de su Apoderada Judicial BELKIS ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 9.210.533 e inscrita en el inpreabogado bajo el Nº103.378, según Consta Instrumento Poder Otorgado por ante la Notaria Pública Tercera de Mérida del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida bajo el número 04, tomo 40, folios 12-14 de fecha cinco (05) de marzo de 2018.
DEMANDADA: YUDITH ROSSANA DÁVILA DE MÁRQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 18.636.948, con domicilio procesal en: Barrio La Milagrosa, Pasaje 1º de Mayo , casa Nº 2-10, Parroquia Milla, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida y hábil.-
MOTIVO: DIVORCIO 185 DEL CÓDIGO CIVIL VENEZOLANO EN CONCORDANCIA A LA JURISPRUDENCIA VINCULANTE DICTADA POR LA SALA CONSTITUCIONAL EN FECHA 02-06-2015.

CAPITULO I
DE LA COMPETENCIA.

Conforme la Resolución Nº 2009-0006, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en gaceta oficial Nº 39.152 de fecha 02- de Abril del año 2009, mediante la cual se modificó a nivel nacional la competencia de los Juzgados de Municipio, para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera:

(…omisis…)
“Artículo 3:- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas o adolescentes, según las reglas
ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro
de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida.” (…omisis…).

Del análisis de dicha Resolución se evidencia que el propósito y finalidad de la misma, es garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de las partes, garantías consagradas en nuestra carta magna, en consecuencia este Tribunal se declara Competente para conocer y sustanciar la presente causa. Y Mediante sentencia complementaria emanada por la Sala Constitucional. Exp. N° 15-1085. En la que establece la competencia para conocer a los Tribunales de Municipio Ordinario Y ejecutor de Medidas las demanda de Divorcio 185 del Código Civil. “…omisis…Sentencia de la Sala Constitucional que reconoce la competencia de los Tribunales de Municipio, en aquellas Circunscripciones Judiciales donde no existan Jueces y Juezas de Paz Comunal, para conocer y decidir solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal..Omisis...”. Y ASI SE ESTABLECE.-
CAPITULO II
SINTESIS DE LOS HECHOS
Visto el escrito de la demanda que encabeza estas actuaciones, recibido por distribución en fecha 04 de Abril de dos mil dieciocho (2018); constante de tres folios útiles y anexos, intentada por el JOHAN BAUTISTA MÀRQUEZ CADENAS, venezolano, mayor de edad, titular de las cédulas de identidad Nro. V- 15.922.119, con domicilio procesal en el Calle 23 (Vargas), entre avenidas 04 y 05 Centro empresarial “Juan Pablo II” Primer Piso, oficina Nº 1-9, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, a través de su Apoderada Judicial BELKIS ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 9.210.533 e inscrita en el inpreabogado bajo el Nº103.378, según Consta Instrumento Poder Otorgado por ante la Notaria Pública Tercera de Mérida del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida bajo el número 04, tomo 40, folios 12-14 de fecha cinco (05) de marzo de 2018, contra la YUDITH ROSSANA DÁVILA DE MÁRQUEZ, venezolana,

mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 18.636.948, con domicilio en Barrio La Milagrosa, Pasaje 1º de Mayo , casa Nº 2-10, Parroquia Milla, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida y hábil por el cual demanda el Divorcio fundamentado en los artículos 20,26, 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 185 del Código Civil venezolano y de conformidad con las Sentencias de fecha 02 de Junio del 2015, expediente Nº 12-1163, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de La Magistrada Carmen Zuleta De Merchán; Por auto de fecha diez (10) de Abril de 2018, se le dio entrada, se formó el expediente y se le dio curso de Ley correspondiente, el Tribunal la admitió cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria a la Ley, a las buenas costumbres y al orden público Bajo el Nº 0657. Se acordó igualmente a emplazar a la ciudadana YUDITH ROSSANA DÁVILA DE MÁRQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 18.636.948, con domicilio en Barrio La Milagrosa, Pasaje 1º de Mayo , casa Nº 2-10, Parroquia Milla, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida. A los fines de que comparezca por ante este tribunal en el SEGUNDO DIA DE DESPACHO siguiente a aquel que conste en autos su CITACIÒN a exponer lo que a bien tenga con relación a lo solicitado por su cónyuge. Se acuerda librar boletas de notificación al FISCAL DE FAMILIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA con el objeto que haga o no, las observaciones que crea pertinente dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DE DESPACHO SIGUIENTES a que conste en autos su notificación y vencido dicho lapso, se dictará sentencia declarando el DIVORCIO en el presente caso, en el DUODÉCIMO DÍA DE DESPACHO, siguiente al último de aquel lapso. Este Tribunal, en la misma fecha primero (01) de Octubre de 2018, se libró los recaudos de citación a la ciudadana YUDITH ROSSANA DÁVILA DE MÁRQUEZ y los recaudos de la notificación al Fiscal de Familia del Ministerio Público del Estado Bolivariano de Mérida, en los términos aludidos en el auto de admisión y se entregó la boleta de notificación al ciudadano Alguacil de este Tribunal para su cumplimiento.
Obra al folio 16, auto de fecha 02 de mayo de 2018, de abocamiento de la Jueza Ival E. Roldan Rondón al conocimiento de la causas.
Por diligencia de fecha 08 de mayo de dos mil dieciocho (2018), el alguacil del Tribunal devuelve la Boleta de Notificación del ciudadano JOHAN BAUTISTA MÀRQUEZ CADENAS, debidamente firmada por la abogada BELKIS ROJAS.(fol.18)

Por diligencia de fecha 08 de mayo de dos mil dieciocho (2018), el alguacil del Tribunal devuelve la Boleta de Notificación sin firmar por la ciudadana YUDITH ROSSANA DÁVILA DE MÁRQUEZ, por que se mudo y no conoce la dirección y agrega las compulsas al expediente (fol.20).
Obra al folio 28, diligencia de fecha 11 de Junio de 2018, compareció por ante el Tribunal la abogada BELKIS ROJAS, actuando en su condición de Apoderada Judicial del ciudadano JOHAN BAUTISTA MÀRQUEZ CADENAS, en la cual renuncia al lapso de comparecencia del abocamiento.
Obra al folio 29 diligencia de fecha 28 de Junio de 2018, suscrita por la abogada BELKIS ROJAS, actuando en su condición de Apoderada Judicial del ciudadano JOHAN BAUTISTA MÀRQUEZ CADENAS, por la cual solicita la aplicación del artículo 223 del Código de procedimiento Civil.
Obra 30 por auto de fecha 04 de Julio de 2018, por el cual se acuerda librar Cartel de Citación a la ciudadana YUDITH ROSSANA DÁVILA DE MÁRQUEZ, en su carácter de cónyuge a los fines de que comparezca por ante este tribunal, dentro de los quince días hábiles de despacho siguientes a la publicación del cartel en dos de los diarios a escoger PICO BOLIVAR Y FORNTERA de eta ciudad de Mérida.
Por diligencia de fecha 14 de agosto de 2018 suscrita por la ciudadana YUDITH ROSSANA DÁVILA DE MÁRQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 18.636.948, asistida del abogado en ejercicio JAVIER ENRIQUE GÒMEZ RIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad 12.351.349 e inscrito en el I.P.S.A bajo el Nº 124.304 por la cual expuso:… “ Por cuanto tengo conocimiento que por ante este Tribunal cursa solicitud de DIVORCIO , contenida en el expediente 0657, basada en la sentencia vinculante de la Sala de Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de Junio de 2015, expediente Nº 12-1163, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, incoada por el ciudadano JOHAN BAUTISTA MARQUIEZ CADENAS, identificado en autos; me doy por notificada en la presente solicitud. Asimismo, manifiesto que estoy de acuerdo en todas y cada una de sus partes, en lo señalado por mi cónyuge en dicha solicitud, por ser ciertos los hechos . En tal sentid , solicito muy respetuosamente de este digno Despacho , que se dicte el respectivo fallo definitivo, mediante el cual se proceda a disolver el vinculo matrimonial que nos une, … ”

Obra en el folio 15 diligencia suscrita por el alguacil del Tribunal de fecha dieciséis (16) de Octubre de 2018, por la cual “Consignó en un folio (01) útil, BOLETA DE NOTIFICACION librada al FISCAL DE FAMILIA

DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA, debidamente firmada, el mismo día 16-10-2018 para ser agregada al presente Expediente signado bajo Nº 0657 .-

Obra al folio 35, diligencia de fecha 22 de Octubre de 2018, suscrita por el representante del Ministerio Público, JEANNY NACARIT GUILLEN, Fiscal Auxiliar Novena Encargada de La Fiscalía Décima Quinta para la Protección de Niños, Niñas y Adolecentes, Civil, Protección e Instituciones del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida en el cual manifiesta: “ Vista la solicitud de divorcio y recaudos anexos que cursan en el presente expediente, esta Representación Fiscal, estima que se han cumplido los extremos legales a que se refiere el articulo 185 del Código Civil Vigente y en consecuencia nada tiene que objetar a la solicitud presentada por los ciudadanos JOHAN BAUTISTA MÀRQUEZ CADENAS Y YUDITH ROSSANA DÁVILA DE MÁRQUEZ, …(omisis)

CAPITULO III
RAZONES DE HECHO Y DERECHO.-
Determinada la competencia de este órgano jurisdiccional, esta Juzgadora pasa a hacer el siguiente pronunciamiento, observando que los solicitantes invocan y sustentan su pedimento en el Artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la Sentencia con carácter vinculante del Tribunal
Supremo de Justicia en Sala Constitucional, de fecha 02 de Junio de 2015, con
ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, expediente número 12-1163, la cual dictó sentencia de interpretación constitucional del artículo 185 del Código Civil estableciendo con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo que cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014 incluyéndose el mutuo consentimiento. A criterio de la Sala, la previsión del artículo 185 del Código Civil, que prevé una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, es contraria al ejercicio de los derechos contenidos en la Constitución, ya que resulta insostenible el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la tutela judicial efectiva.

Asimismo señalada dicha sentencia constitucional que:

“Justamente, entre las causales de divorcio hay dos que se fundan en la modificación del libre consentimiento de uno de los cónyuges de mantener la vida en común, las cuales son: el abandono voluntario (ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil) y la separación de hecho por más de cinco años (artículo 185-A eiusdem), la cual al igual que la separación de cuerpos decretada judicialmente, bien como resultado de un proceso a ese fin o bien por mutuo consentimiento, requiere de una declaración judicial que la reconozca como requisito previo al Divorcio. Luego, para el derecho venezolano, el cese de la vida
en común por voluntad de ambos o de uno de los cónyuges es una causal de divorcio, de igual entidad en todos los anteriores supuestos, ya que en la actualidad se adapta a la previsión del artículo 77 constitucional, según el cual el matrimonio se fundamenta en el libre consentimiento”.

Dentro de este contexto, esta Juzgadora observa que el demandante JOHAN BAUTISTA MÀRQUEZ CADENAS, a través de su Apoderada Judicial expone en su escrito libelar:….al pasar un año la relación se fue deteriorando y se tornó insoportable, ante la incompatilidad de caracteres, que los llevó a no tolerarse el uno al otro, lo que se reflejó en múltiples e incesantes desencuentros, que descencadenaron en separarse de hecho desde el día 15 de mayo de 2017, y desde esa fecha, cada uno vive por separado, no habiendo desde hace más de un (01) año entre ellos cohabitación, ni posibilidad de reconciliación siendo esta decisión irreversible…(omisis)…”
De lo anteriormente transcrito es propicio traer a colación lo que ha señalado dicha sentencia en cuanto al divorcio, en el sentido de:

“…Se ha dicho en contra del divorcio que el mismo atenta contra la estabilidad de las familias constituidas por el matrimonio, y que el Estado debe estar interesado en evitar que el divorcio se produzca, persuadiendo a los cónyuges del mantenimiento del vínculo conyugal. Al respecto, considera esta Sala que este tipo de afirmaciones en los actuales momentos merecen ser revisadas, pues las máximas de
experiencia explican que no es el divorcio per se el que fragmenta la estabilidad de las familias, sino otros elementos de facto perturbadores que a la postre obligan a las parejas a decidir la disolución del vínculo que los une, a través del divorcio. En ese sentido, sin temor a equívocos puede asegurarse que atenta más contra la familia una separación de la pareja, como consecuencia de una situación conflictiva prolongada, cargada de insultos, de irrespeto, de intolerancia y de humillaciones, sin canalizarse jurídicamente, a la que terminan acostumbrándose sus miembros; que el

divorcio, como un mecanismo jurídico válido para poner fin a una situación dañina familiarmente donde se relajan los principios y valores fundamentales en la familia como son, la solidaridad, el esfuerzo común y el respeto recíproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el artículo 75 constitucional. De tal manera, que no es el divorcio sino los hechos que lo demandan los que atentan contra la familia. De suerte pues que no es manteniendo una unión matrimonial e impidiendo el divorcio como se subsanan los conflictos familiares, y se persuade a las parejas para la convivencia pacífica y el bienestar familiar.” (Subrayado de este Tribunal).

Continúa la Sala exponiendo:

“Por otra parte, el artículo 137 del Código Civil, que refiere la obligación de los cónyuges de cohabitar, establece:(…)
Planteada así la situación, no hay razón alguna, salvo una estrictamente formal, para sostener que en casos de que se invoque el abandono voluntario para solicitar el divorcio (artículo 185.2 del Código Civil) o que se pida la conversión en divorcio de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento decretada Judicialmente (artículo 185 del Código Civil), se pruebe en el procedimiento de divorcio que el abandono existió, o que no hubo reconciliación (artículos 759 y 765 del Código de Procedimiento Civil), mientras que para el
caso de que en base al artículo 185-A del Código Civil, se pida que se declare el divorcio por existir una separación de hecho permanente por más de cinco años, no se ventile judicialmente la existencia real de tal situación por el solo hecho de que uno de los cónyuges (el citado) no concurriere a la citación, o no
reconociere el hecho, o el Ministerio Público simplemente se opusiere. Sostener esta última solución, a juicio de esta Sala
Constitucional crea una discriminación ante una situación de naturaleza idéntica en los mencionados casos de suspensión de la vida en común, suspensión que denota que un presupuesto constitucional del matrimonio: el libre consentimiento para mantenerlo de al menos uno de los esposos, ha dejado de existir”.

Dentro de este contexto es propicio traer a colación también lo expresado en la Sentencia con carácter vinculante del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, de fecha 15 de Mayo de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 19 de Mayo de 2014, Numero 40.414, Exp. Nº 14-0094, Caso: Víctor José de Jesús Vargas Irausquín Vs Carmen Leonor Santaella la cual expresa:

“…lo cual patentiza por el cese de la vida en común, uno de cuyos indicadores es el establecimiento de residencias separadas de hecho y que puede conducir al divorcio, como lo reconoce el citado artículo. La suspensión de la vida en común significa que el consentimiento para mantener el vínculo ha terminado...” más adelante alude la citada jurisprudencia: “Por tanto, conforme a las citadas normas, a juicio de esta Sala, si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para

celebrar el matrimonio, es este consentimiento el que priva durante su existencia y, por tanto, su expresión destinada a la ruptura del vínculo matrimonial, conduce al divorcio.” (Negritas y Cursivas del Tribunal).-

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el legislador ha tratado de aclarar pacíficamente las normas adjetivas y sustantivas en estos procedimientos, y así lo ha reiterado la Jurisprudencia Patria en Sentencia con
carácter vinculante del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, de fecha 15 de Mayo de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 19 de Mayo de 2014, Numero 40.414, Exp. Nº 14-0094, Caso: Víctor José de Jesús Vargas Irausquín Vs. Carmen Leonor
Santaella, al exponer: “… y ya una parte, o él o la solicitante, no se priva de obtener la declaratoria de disolución del vínculo matrimonial al permitir que, por su sola voluntad, se extinga el procedimiento, motivado a la interpretación que los Tribunales de la República deben hacer a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en el entendido que las normas adjetivas y sustantivas civiles son anteriores al texto constitucional y con ello la parte
solicitante pueda obtener la tutela efectiva de sus derechos, alegar y probar en su favor cuando la otra parte haya contradicho los hechos o no se haya presentado…”

En el orden de las ideas anteriores, esta Jurisdicente observa que el presente procedimiento se encuentra compelido dentro de los procedimientos sumarios de Jurisdicción Voluntaria, siendo este criterio reiterado por la doctrina y la Jurisprudencia de los Tribunales de la República. Sin embargo, a pesar de ser un procedimiento esencialmente de naturaleza no contenciosa, aunque la ley no lo diga en forma expresa, dentro del proceso del
185 del Código Civil, existe una carga probatoria para las partes, ya que el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando haya sido demostrada la existencia de una causal de divorcio y se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial, razón por lo cual en el caso sub examine y por cuanto los demandante JOHAN BAUTISTA MÀRQUEZ CADENAS, ha manifestado que por diversas causas y una de ellas es la incompatibilidad de caracteres solicita el divorcio y así expresado por diligencia de fecha 14 de agosto de 2018 suscrita por la ciudadana YUDITH ROSSANA DÁVILA DE MÁRQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 18.636.948, asistida del abogado en ejercicio JAVIER ENRIQUE GÒMEZ RIVAS, en la cual conviene con lo planteado por su cónyuge acatamiento al carácter vinculante de la sentencia ut supra señalada, el cual reza textualmente:

“…TERCERO: Se fija con carácter vinculante el criterio contenido en el presente fallo respecto al artículo 185-A del Código Civil y, en consecuencia, se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia, así como en la Gaceta Judicial y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: “Si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio; en caso contrario, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente…” (Subrayado y resaltado de este Tribunal).

En efecto, es preciso considerar que la pretensión de divorcio planteada por un ciudadano supone el ejercicio simultáneo de otros derechos y garantías constitucionales, como lo son: el libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, es indispensable aclarar que en todo caso, y con independencia de la posición doctrinaria que se asuma, debe estar demostrada la causal de divorcio que haya sido alegada, como condición sine qua non de la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial, en el presente caso el ciudadano JOHAN BAUTISTA MÀRQUEZ CADENAS, demanda a su cónyuge YUDITH ROSSANA DÁVILA DE MÁRQUEZ el Divorcio y revisada como han sido las actas procesales ambos cónyuges manifestaron por diferentes actos estar de acuerdo con lo demandado y a vez solicitaron la disolución de vinculo matrimonial que los une es por lo que se observa que no hubo oposición es por lo que resulta procedente lo demandado.-

CAPITULO IV
L A D I S P O S I T I V A
Por las razones anteriormente expuestas este TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR, el Divorcio demandado por el Ciudadano JOHAN BAUTISTA MÀRQUEZ CADENAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 15.922.119 y hábil contra el ciudadano y YUDITH ROSSANA DÁVILA DE MÁRQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 18.636.948, en consecuencia se Declara Disuelto el vínculo matrimonial que los une, según consta en el acta de matrimonio Registro Civil de La Parroquia Milla, Municipio Autónomo Libertador de Mérida estado Bolivariano de Mérida, según Acta de matrimonio N° 83 de fecha 23 de Noviembre de 2015, fundamentado 185 del Código Civil venezolano y de conformidad con el artículo 20, 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en la sentencia de fecha 02 de Junio de 2015 expediente Nº 12-1163, de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Dr. CARMEN ZULETA DE MERCHAN.-
SEGUNDO: Liquídense los bienes habidos en la Sociedad Conyugal, sí lo hubiere.-
Una vez quede firme la presente Decisión, se ordena remitir oficios con copia certificada de la misma y del auto que la declara firme al REGISTRO CIVIL DE PARROQUIA MILLA, MUNICIPIO AUTONOMO LIBERTADOR ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, AL REGISTRO PRINCIPAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, con el objeto que estampen la nota marginal correspondiente conforme al artículo 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, y A LA JUEZA RECTORA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en atención a circular N° J.R. 0021-2011.. Se le hace saber a las partes solicitantes que tienen a su disposición el lapso señalado en el único aparte del artículo 252 y el 292 del Código de Procedimiento Civil, a los efectos legales requeridos. Y ASÍ SE DECIDE.-, PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA A LOS EFECTOS ESTADISTICOS DEL TRIBUNAL. DADO, FIRMADO, SELLADO Y REFERENDADO EN LA SALA DE DESPACHO, DEL TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. En Mérida el Primer día (01) del mes de Noviembre de dos mil dieciocho (2018).

LA JUEZA TITULAR.

ABG. IVAL E. ROLDÁN RONDÓN

LA SECRETARIA.

ABG. THAIS A. FLORES MORENO

En la misma fecha se publicó la presente sentencia siendo las diez y media de la mañana 10:30 a.m. y se dejó copia certificada.

LA SECRETARIA.

ABG. THAIS A. FLORES MORENO

IERR/TFM/ha-
Exp N° 0657