JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. El Vigía, Ocho (08) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 208º y 159º EXPEDIENTE Nro. 11019-2018 PARTE DEMANDANTE(S): DARVY BETANCOURT PARRA PARTE DEMANDADA(S): YERLIS ORIANA ZAPATA ORDOSGOITTI MOTIVO: PARTICION Y LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD CONYUGAL FECHA DE ENTRADA: 02-08-2018 SENTENCIA: PERENCIÓN DE INSTANCIA I Visto el cómputo que antecede, este Tribunal precisa realizar las consideraciones siguientes: La presente causa se inició mediante demanda presentada por el ciudadano DARVY BETANCOURT PARRA, venezolano, mayor de edad, divorciado, administrador, titular de la cédula de identidad Nro. V-22.486.386, domiciliado en La Macarena, vía Panamericana, casa s/n, Parroquia Nueva Bolivia, Municipio Tulio Febres Cordero del Estado Bolivariano de Mérida, asistido por el abogado en ejercicio LINA ROSA NAVAS RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad Nro. V-5.117.032, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 182.112, ante este tribunal en fecha primero (01) de agosto de 2.018, contra la ciudadana YERLIS ORIANA ZAPATA ORDOSGOITTI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-24.189.281. La demanda fue admitida según auto de fecha dos (02) de agosto de 2018 (f. 20), ordenándose el emplazamiento de la demandada YERLIS ORIANA ZAPATA ORDOSGOITTI para dar contestación a la demanda, en este auto de admisión se deja constancia que en la misma fecha se libraron recaudos de citación a la demandada y edicto. En fecha cinco (5) de noviembre de 2018 (f.49), el Alguacil de este tribunal ciudadano GEOVANNI ANTONIO PICON VIELMA, dio cuenta de la devolución de los recaudos de la Boleta de Citación de la demandada YERLIS ORIANA ZAPATA ORDOSGOITTI, manifestando que la parte actora no proporcionó los emolumentos exigidos por ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación a una distancia que dista más de quinientos metros de la sede del tribunal. Por cuanto de la revisión del presente expediente se evidencia que el último acto de procedimiento efectuado por la parte demandante, corresponde a la presentación de la y desde la misma han transcurrido setenta (70) días, sin que conste en diligencia consignada por la parte demandante haber dado cumplimiento con sus obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado, razón por la cual este tribunal observa: Establece el Ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: “… También se extingue la instancia: 1º. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.” (Negrillas del Tribunal). Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 15 de diciembre de 1.999, se consagró con rango constitucional el principio de gratuidad de la justicia, estableciéndose en el artículo 26 constitucional lo siguiente: “…El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, se aplica el criterio de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 06 de Julio de 2.004, con ponencia del Dr. Carlos Oberto Vélez en el caso JOSE RAMON BARCO VASQUEZ contra SEGUROS CARACAS LIBERTY MUTUAL, la cual dispone: “…Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento acarreará la perención de la instancia” (Negritas del Tribunal). De lo expuesto se observa que el Juzgado cumplió con su obligación de admitir la demanda y librar la orden de comparecencia, se evidencia de la revisión de los autos que la parte actora, no consignó los emolumentos exigidos en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación de la demandada toda vez que el domicilio de la misma dista más de 500 metros de la sede de este tribunal, por lo que la perención debe prosperar en concordancia con lo establecido en el artículo 269 del Código de procedimiento Civil y la jurisprudencia antes referida. Así se establece. En virtud de lo antes expuesto este Tribunal de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, con sede en El Vigía, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara en el presente proceso CONSUMADA LA PERENCIÓN DE INSTANCIA y en consecuencia extinguido el proceso de PARTICION Y LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, intentado por el ciudadano DARVY BETANCOURT PARRA, venezolano, mayor de edad, divorciado, titular de la cédula de identidad Nro. V-22.486.386, contra la ciudadana YERLIS ORIANA ZAPATA ORDOSGOITTI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-24.189.281, domiciliada en el Sector San Rafael de Nueva Bolivia Municipio Tulio Febres Cordero del Estado Bolivariano de Mérida. Así se decide.- Por la índole del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme a lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia de la presente decisión en el copiador de sentencias llevado por este Tribunal. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida. El Vigía, a los ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. A los 208º de la Independencia y 159º de la Federación. EL JUEZ, FRANCISCO BARBARA ROMANO LA SECRETARIA, LEIDY MARIANA HERNANDEZ DIAZ En la misma fecha se publicó la anterior sentencia siendo las 2:40 de la tarde.