TSJ Regiones - Decisión

EN SU NOMBRE

TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA
Mérida, seis (06) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

209° y 160°

EXPEDIENTE Nº 0762
SOLICITANTES: RAÚL EDUARDO GUTIERREZ DÍAZ Y MARÍA FERNANDA GONZALEZ CASTRO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V- 20.329.457 y V- 19.277.190, domiciliados en el Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida.----------------------------.
REPRESENTACIÓN LEGAL: El primero representado por la abogada MARY YUSBELY RAMÍREZ ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nro. V- 14.106.543, e inscrita en el Instituto de Prevención Social del Abogado bajo el número 109.900, domiciliada en el Estado Bolivariano de Mérida y hábil, Apoderada Judicial del Ciudadano RAÚL EDUARDO GUTIERREZ DÍAZ, como consta poder original debidamente apostillado en Chile el día 08 de abril de 2019 y posteriormente Registrado por ante el Registro Público del Municipio Campo Elías del Estado Bolivariano de Mérida, de fecha 26 de abril 2019, inscrito bajo el Nº 43, Folio 206, Tomo 4 del Protocolo de Transcripción del presente año, y la segunda representada por el abogado en ejercicio CÉSAR AUGUSTO ZERPA GALINDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nro. V- 19.539.199, y e inscrito en el Instituto de Prevención Social del Abogado bajo el número 298.676, domiciliado en el Estado Bolivariano de Mérida y hábil, apoderado judicial de la ciudadana MARÍA FERNANDA GONZALEZ CASTRO, como consta poder original debidamente apostillado en Chile el día 08 de abril de 2019 y posteriormente Registrado por ante el Registro Público del Municipio Campo Elías del Estado Bolivariano de Mérida, de fecha 26 de abril de 2019, inscrito bajo el Nº 42, Folio 202, del Tomo 4 del Protocolo de Transcripción del presente año ----------------------------------------------------------------------
MOTIVO: DIVORCIO 185 DEL CÓDIGO CIVIL VENEZOLANO EN CONCORDANCIA A LA JURISPRUDENCIA VINCULANTE DICTADA POR LA SALA CONSTITUCIONAL EN FECHA 02-06-2015.
CAPITULO I
DE LA COMPETENCIA.

Conforme la Resolución Nº 2009-0006, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en gaceta oficial Nº 39.152 de fecha 02- de Abril del año 2009, mediante la cual se modificó a nivel nacional la competencia de los Juzgados de Municipio, para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera:

(…omisis…)
“Artículo 3:- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas o adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro
de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida.” (…omisis…).

Del análisis de dicha Resolución se evidencia que el propósito y finalidad de la misma, es garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de las partes, garantías consagradas en nuestra carta magna, en consecuencia este Tribunal se declara competente para conocer y sustanciar la presente causa, y mediante sentencia complementaria emanada por la Sala Constitucional Exp. N° 15-1085, en la que establece la competencia para conocer a los Tribunales de Municipio Ordinario Y ejecutor de Medidas las demanda de Divorcio 185 del Código Civil. “…omisis…Sentencia de la Sala Constitucional que reconoce la competencia de los Tribunales de Municipio, en aquellas Circunscripciones Judiciales donde no existan Jueces y Juezas de Paz Comunal, para conocer y decidir solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal..Omisis...”. Y ASI SE ESTABLECE.-
CAPITULO II
SINTESIS DE LOS HECHOS
Visto el escrito de solicitud que encabeza estas actuaciones, recibido por distribución en fecha diecisiete (17) de junio de dos mil diecinueve (2019); constante de diecisiete (17) folios útiles, intentada por los ciudadanos MARY YUSBELY RAMÍREZ ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nro. V- 14.106.543, e inscrita en el Instituto de Prevención Social del Abogado bajo el número 109.900, domiciliada en el Estado Bolivariano de Mérida y hábil, en representación del ciudadano RAÚL EDUARDO GUTIERREZ DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-20.329.457, como consta Instrumento poder debidamente apostillado en Chile el día 08 de abril de 2019 y posteriormente Registrado por ante el Registro Público del Municipio Campo Elías del Estado Bolivariano de Mérida, de fecha 26 de abril 2019, inscrito bajo el Nº 43, Folio 206, Tomo 4 del Protocolo de Transcripción del presente año, y el ciudadano CÉSAR AUGUSTO ZERPA GALINDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nro. V- 19.539.199, e inscrito en el Instituto de Prevención Social del Abogado bajo la matricula número 298.676, domiciliado en el Estado Bolivariano de Mérida y hábil, con el carácter de apoderado judicial de la Ciudadana MARÍA FERNANDA GONZALEZ CASTRO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 19.277.190, como consta poder original debidamente apostillado en Chile el día 08 de abril de 2019 y posteriormente Registrado por ante el Registro Público del Municipio Campo Elías del Estado Bolivariano de Mérida, de fecha 26 de abril de 2019, inscrito bajo el Nº 42, Folio 202, del Tomo 4 del Protocolo de Transcripción del presente año, por el cual solicitan el Divorcio 185 del Código Civil y con fundamento con la sentencia Nº 12-1163 de fecha dos (02) de Junio de 2015, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán; Por auto de fecha 02 de julio de 2019, se le dio entrada, se formó el expediente y se le dio curso de Ley correspondiente, el Tribunal la admitió cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria a la Ley, a las buenas costumbres y al orden público Bajo el Nº 0762. Se acuerda librar boletas de notificación al FISCAL DE FAMILIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA con el objeto que haga o no, las observaciones que crea pertinente dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DE DESPACHO SIGUIENTES a que conste en autos su notificación y vencido dicho lapso, se dictará sentencia declarando el DIVORCIO en el presente caso, en el DUODÉCIMO DÍA DE DESPACHO, siguiente al último de aquel lapso. Este Tribunal, en fecha 02 de julio de 2019, se libró los recaudos de notificación al Fiscal de Familia del Ministerio Público del Estado Bolivariano de Mérida, nuevamente en los términos aludidos en el auto de admisión y se entrego la boleta de notificación al ciudadano Alguacil de este Tribunal para su cumplimiento.

Por acta de fecha 04 de julio de 2019, hicieron acto de acto de presencia los Abogados MARY YUSBELY RAMÍREZ ROJAS Y CÉSAR AGUSTO ZERPA GALINDO, quienes actúan con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos RAÚL EDUARDO GUTIERREZ DÍAZ Y MARÍA FERNANDA GONZALEZ CASTRO, parte solicitante quienes manifiestan ante este Tribunal y ratifican la decisión de divorciarse sus representados conforme a lo establecido en el artículo 185 del Código Civil y de la sentencia vinculante dictada por La sala constitucional sentencia Nº 12-1163 de fecha dos (02) de Junio de 2015, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán y así mismo ratifican y solicitan sea declarada con lugar y disuelto el vinculo matrimonial que los une .” (folio21).--------------------------------------------

Obra en el folio 22, diligencia suscrita por el alguacil del Tribunal de fecha once (11) de julio de 2019, por la cual consigna en un folio (01) útil, BOLETA DE NOTIFICACION, librada al FISCAL DE FAMILIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA, debidamente firmada por el mismo día 09-07-2019 y para fue agregada al presente Expediente signado bajo Nº 0762.-----------------------------------------

CAPITULO III
RAZONES DE HECHO Y DERECHO.-
Determinada la competencia de este órgano jurisdiccional, esta Juzgadora pasa a hacer el siguiente pronunciamiento: observando que los solicitantes invocan y sustentan su pedimento en el Artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la Sentencia con carácter vinculante del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, de fecha 02 de Junio de 2015, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, expediente número 12-1163, la cual dictó sentencia de interpretación constitucional del artículo 185 del Código Civil estableciendo con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo que cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014 incluyéndose el mutuo consentimiento. A criterio de la Sala, la previsión del artículo 185 del Código Civil, que prevé una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, es contraria al ejercicio de los derechos contenidos en la Constitución, ya que resulta insostenible el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la tutela judicial efectiva.

Asimismo señalada dicha sentencia constitucional que:
“Justamente, entre las causales de divorcio hay dos que se fundan en la modificación del libre consentimiento de uno de los cónyuges de mantener la vida en común, las cuales son: el abandono voluntario (ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil) y la separación de hecho por más de cinco años (artículo 185-A eiusdem), la cual al igual que la separación de cuerpos decretada judicialmente, bien como resultado de un proceso a ese fin o bien por mutuo consentimiento, requiere de una declaración judicial que la reconozca como requisito previo al Divorcio. Luego, para el derecho venezolano, el cese de la vida en común por voluntad de ambos o de uno de los cónyuges es una causal de divorcio, de igual entidad en todos los anteriores supuestos, ya que en la actualidad se adapta a la previsión del artículo 77 constitucional, según el cual el matrimonio se fundamenta en el libre consentimiento”.

Dentro de este contexto, esta Juzgadora observa que los solicitantes RAÚL EDUARDO GUTIERREZ DÍAZ Y MARÍA FERNANDA GONZALEZ CASTRO, a través de sus representantes exponen en su escrito libelar lo siguiente: que la convivencia como esposos se inicio con muchas ilusiones, pero al transcurrir unos pocos meses comenzaron a tener grandes diferencias las cuales a pesar de haber tratado de solventar, se fueron agudizando hasta el punto que el compartir se torno insoportable por la incompatibilidad de caracteres. Por tal motivo, por mutuo y voluntario acuerdo, se separaron de hecho no habiendo durante este lapso cohabitación ni reconciliación entre ellos.

De lo anteriormente transcrito es propicio traer a colación lo que ha señalado dicha sentencia en cuanto al divorcio, en el sentido de:

“…Se ha dicho en contra del divorcio que el mismo atenta contra la estabilidad de las familias constituidas por el matrimonio, y que el Estado debe estar interesado en evitar que el divorcio se produzca, persuadiendo a los cónyuges del mantenimiento del vínculo conyugal. Al respecto, considera esta Sala que este tipo de afirmaciones en los actuales momentos merecen ser revisadas, pues las máximas de experiencia explican que no es el divorcio per se el que fragmenta la estabilidad de las familias, sino otros elementos de facto perturbadores que a la postre obligan a las parejas a decidir la disolución del vínculo que los une, a través del divorcio. En ese sentido, sin temor a equívocos puede asegurarse que atenta más contra la familia una separación de la pareja, como consecuencia de una situación conflictiva prolongada, cargada de insultos, de irrespeto, de intolerancia y de humillaciones, sin canalizarse jurídicamente, a la que terminan acostumbrándose sus miembros; que el divorcio, como un mecanismo jurídico válido para poner fin a una situación dañina familiarmente donde se relajan los principios y valores fundamentales en la familia como son, la solidaridad, el esfuerzo común y el respeto recíproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el artículo 75 constitucional. De tal manera, que no es el divorcio sino los hechos que lo demandan los que atentan contra la familia. De suerte pues que no es manteniendo una unión matrimonial e impidiendo el divorcio como se subsanan los conflictos familiares, y se persuade a las parejas para la convivencia pacífica y el bienestar familiar.” (Subrayado de este Tribunal).

Continúa la Sala exponiendo:

“Por otra parte, el artículo 137 del Código Civil, que refiere la obligación de los cónyuges de cohabitar, establece:(…)Planteada así la situación, no hay razón alguna, salvo una estrictamente formal, para sostener que en casos de que se invoque el abandono voluntario para solicitar el divorcio (artículo 185.2 del Código Civil) o que se pida la conversión en divorcio de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento decretada Judicialmente (artículo 185 del Código Civil), se pruebe en el procedimiento de divorcio que el abandono existió, o que no hubo reconciliación (artículos 759 y 765 del Código de Procedimiento Civil), mientras que para el caso de que en base al artículo 185-A del Código Civil, se pida que se declare el divorcio por existir una separación de hecho permanente por más de cinco años, no se ventile judicialmente la existencia real de tal situación por el solo hecho de que uno de los cónyuges (el citado) no concurriere a la citación, o no reconociere el hecho, o el Ministerio Público simplemente se opusiere. Sostener esta última solución, a juicio de esta Sala Constitucional crea una discriminación ante una situación de naturaleza idéntica en los mencionados casos de suspensión de la vida en común, suspensión que denota que un presupuesto constitucional del matrimonio: el libre consentimiento para mantenerlo de al menos uno de los esposos, ha dejado de existir”.

Dentro de este contexto es propicio traer a colación también lo expresado en la Sentencia con carácter vinculante del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, de fecha 15 de Mayo de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 19 de Mayo de 2014, Numero 40.414, Exp. Nº 14-0094, Caso: Víctor José de Jesús Vargas Irausquín Vs Carmen Leonor Santaella la cual expresa:

“…lo cual patentiza por el cese de la vida en común, uno de cuyos indicadores es el establecimiento de residencias separadas de hecho y que puede conducir al divorcio, como lo reconoce el citado artículo. La suspensión de la vida en común significa que el consentimiento para mantener el vínculo ha terminado...” más adelante alude la citada jurisprudencia: “Por
tanto, conforme a las citadas normas, a juicio de esta Sala, si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, es este consentimiento el que priva durante su existencia y, por tanto, su expresión destinada a la ruptura del vínculo matrimonial, conduce al divorcio.” (Negritas y Cursivas del Tribunal).-

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el legislador ha tratado de aclarar pacíficamente las normas adjetivas y sustantivas en estos procedimientos, y así lo ha reiterado la Jurisprudencia Patria en Sentencia con
carácter vinculante del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, de fecha 15 de Mayo de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 19 de Mayo de 2014, Numero 40.414, Exp. Nº 14-0094, Caso: Víctor José de Jesús Vargas Irausquín Vs. Carmen Leonor Santaella, al exponer: “… y ya una parte, o él o la solicitante, no se priva de obtener la declaratoria de disolución del vínculo matrimonial al permitir que, por su sola voluntad, se extinga el procedimiento, motivado a la interpretación que los Tribunales de la República deben hacer a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en el entendido que las normas adjetivas y sustantivas civiles son anteriores al texto constitucional y con ello la parte
solicitante pueda obtener la tutela efectiva de sus derechos, alegar y probar en su favor cuando la otra parte haya contradicho los hechos o no se haya presentado…”
En el orden de las ideas anteriores, esta Jurisdicente observa que el presente procedimiento se encuentra compelido dentro de los procedimientos sumarios de Jurisdicción Voluntaria, siendo este criterio reiterado por la doctrina y la Jurisprudencia de los Tribunales de la República. Sin embargo, a pesar de ser un procedimiento esencialmente de naturaleza no contenciosa, aunque la ley no lo diga en forma expresa, dentro del proceso del 185 del Código Civil, existe una carga probatoria para las partes, ya que el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando haya sido demostrada la existencia de una causal de divorcio y se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial, razón por lo cual en el caso sub examine y por cuanto los solicitantes RAÚL EDUARDO GUTIERREZ DÍAZ MARÍA FERNANDA GONZALEZ CASTRO, han manifestado que por diversas causas y una de ellas es la incompatibilidad de caracteres que fueron surgiendo hicieron imposible mantener la armonía su relación conyugal, solicitan el divorcio y acatamiento al carácter vinculante de la sentencia ut supra señalada, el cual reza textualmente:
“…TERCERO: Se fija con carácter vinculante el criterio contenido en el presente fallo respecto al artículo 185-A del Código Civil y, en consecuencia, se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia, así como en la Gaceta Judicial y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: “Si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio; en caso contrario, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente…” (Subrayado y resaltado de este Tribunal).

CAPITULO IV
L A D I S P O S I T I V A

Por las razones anteriormente expuestas este TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO CON LUGAR, el Divorcio solicitado por los Ciudadanos: RAÚL EDUARDO GUTIERREZ DÍAZ Y MARÍA FERNANDA GONZALEZ CASTRO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V- 20.329.457 y 19.277.190, representados por sus Apoderados Judiciales MARY YUSBELY RAMIREZ ROJAS Y CÉSAR AUGUSTO ZERPA GALINDO, venezolanos mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad Nº V- 14.106.543 y Nº V- 19.539.199, e inscritos en el Instituto de Prevención Social del Abogado bajo los Nros. 51.815, fundamentado en el Artículo 185 del Código Civil venezolano y de conformidad con la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 02 de Junio de 2015, expediente Nº 12-1163, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán. En consecuencia se declara Disuelto el vinculo matrimonial que los une, según consta Acta de Matrimonio Nro. 33 de fecha veinticinco (25) de febrero de 2017, expedida por el Registro Civil de la Parroquia Palo Negro, Municipio Libertador, estado Aragua.

SEGUNDO: Visto lo expuesto por las partes en la solicitud con relación a que no procrearon hijos durante la relación este Tribunal no hace expreso pronunciamiento al respecto, y en cuanto a los bienes habidos en la Sociedad Conyugal, liquídense los mismos, sí los hubiere. Una vez quede firme la presente Decisión, se ordena remitir oficios con copia certificada de la misma y del auto que la declara firme al REGISTRO CIVIL PALO NEGRO, MUNICIPIO LIBERTADOR, DEL ESTADO ARAGUA con el objeto que estampen la nota marginal correspondiente conforme al artículo 152 de la Ley Orgánica DE REGISTRO PRINCIPAL DEL ESTADO ARAGUA, y a LA JUEZA RECTORA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en atención a circular N° J.R. 0021-2011.. TERCERO: Por cuanto el presente pronunciamiento se publica fuera del lapso legal, debido al exceso de trabajo originado por las materias y/o asuntos que conoce este Tribunal de manera interna y externa y muy especialmente por la modificación de la competencia acreditado en los últimos tiempos a los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas, así como la falta de personal calificado en resolver las diferentes peticiones procesales surgidas a la simple providenciación de las causas, aunado a las fallas en el suministro de la energía eléctrica, es por lo que este Tribunal de conformidad con el artículo 49 Constitucional en un todo conforme con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, ordena la notificación de la parte solicitante, haciéndoles saber de la publicación del fallo definitivo. Y una vez que conste en autos la misma se le hace saber a las partes solicitantes que tienen a su disposición el lapso señalado en el único aparte del artículo 252 y el 292 del Código de Procedimiento Civil, a los efectos legales requeridos. Y ASÍ SE DECIDE.
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA A LOS EFECTOS ESTADISTICOS DEL TRIBUNAL. DADO, FIRMADO, SELLADO Y REFERENDADO EN LA SALA DE DESPACHO, DEL TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. En Mérida a los (06) día del mes de Agosto de dos mil diecinueve (2019).-----------------------------------------------------------
LA JUEZA TITULAR.

ABG. IVAL E. ROLDÁN RONDÓN
LA SECRETARIA,

ABG. THAIS A. FLORES MORENO.

En la misma fecha se publicó la presente sentencia siendo las once (10:30am)
de la mañana y se dejó copia certificada. Y se libro boleta de notificación a los solicitantes.-

LA SRIA.