REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA.-
El Vigía, primero de julio dos mil diecinueve (2019).
209° y 160°
SOLICITUD N° 970
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
-I-
IDENTIFICACION DE LAS PARTES
Parte Solicitante: HUGO LINO MONTERO ANGULO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº 5.202.754, domiciliado en El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano de Mérida, actuando con el carácter de Presidente o Coordinador General del Consejo Campesino Agropecuario “La Fortaleza de Dios”, “CONCAMALFORD”, inscrita por ante el Registro Principal de la ciudad de Mérida, Estado Bolivariano de Mérida, en fecha 13 de julio de 2016, bajo el N° 16, folios 132 al 144, Protocolo 1, Tomo 1, Trimestre 3, año 2016.
Abogado Asistente: VINISIO ANTONIO ROJAS VILLASMIL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.006.082, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 28.174.
Motivo: SOLICITUD DE INSPECCION JUDICIAL.
-II-
ANTECEDENTES PROCESALES
La presente causa se inició mediante escrito presentado por ante Tribunal, en fecha 13 de enero de 2017 (folios 1 y 2), por el ciudadano HUGO LINO MONTERO ANGULO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº 5.202.754, domiciliado en El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano de Mérida, actuando con el carácter de Presidente o Coordinador General del Consejo Campesino Agropecuario “La Fortaleza de Dios”, “CONCAMALFORD”, inscrita por ante el Registro Principal de la ciudad de Mérida, Estado Bolivariano de Mérida, en fecha 13 de julio de 2016, bajo el N° 16, folios 132 al 144, Protocolo 1, Tomo 1, Trimestre 3, año 2016, asistido por el abogado VINISIO ANTONIO ROJAS VILLASMIL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.006.082, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 28.174, por el cual solicitó inspección judicial.
Mediante auto de fecha 17 de enero de 2017 (folio 15), el Tribunal le dio entrada y se hicieron las correspondientes anotaciones en el Libro de Registro de entrada de solicitudes y, en cuanto a la admisibilidad o no de dicha solicitud, se resolvería por auto separado.
En fecha 24 de enero de 2017, la Juez Provisoria de este Tribunal se inhibió de conocer el presente procedimiento, tal como consta del acta que obra al folio 16.
Por auto de fecha 15 de febrero de 2018 (folio 17), quien suscribe, se avocó al conocimiento de la presente causa, en virtud de que fue designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia Jueza Provisoria de este Tribunal, ordenándose la notificación de la parte solicitante, en virtud de que dicha solicitud se encontraba paralizada, advirtiéndole que una vez reanudada la causa comenzaría a discurrir el lapso previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, así como cualquier otro lapso que se encontrare pendiente para el momento del abocamiento, librándose la respectiva boleta de notificación y entregándosele al Alguacil para que practicara la misma, la cual la hizo efectiva el 04 de mayo de 2018, tal como consta de la boleta debidamente firmada por el solicitante, ciudadano HUGO LINO MONTERO ANGULO, que obra al folio 19.
Visto todo lo retro este Tribunal pasa a motivar la presente decisión en los términos siguientes.
-III-
MOTIVACION
Nuestro legislador procesal, con el propósito de evitar que se eternicen las causas por falta de impulso de los interesados, ha consagrado la figura de la perención de la instan¬cia, la cual constituye una sanción para la inactividad de las partes que, después de iniciado el procedimiento mediante la proposición de la demanda, negligentemente se abstienen de dar debido impulso al proceso para que éste llegue a su destino final y normal que es la sentencia.
En efecto, en nuestro sistema procesal la perención de la instancia se encuentra expresamente regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que entró en vigencia el 16 de marzo de 1987, el cual in verbis expresa:
"Toda instancia se extingue por el trans¬curso de un año sin haberse ejecutado nin¬gún acto de procedi¬miento por las partes. La inactividad del Juez des¬pués de vista la causa, no produci¬rá la perención.
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.
2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obli¬gaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.
3º Cuando dentro del término de seis meses contados desde la fecha de suspensión del proceso por muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la conti¬nuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obliga¬ciones que la Ley le impone para proseguirla".
Conforme al texto de la disposición legal precedentemente transcrita, la cual es aplicable a las causas agrarias, tres son las modalidades de la perención de la instancia: a) la perención genérica ordinaria por mera inactividad procesal de cualquiera de las partes, que es aquella que se consuma por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de parte; b) la peren¬ción por inactividad citatoria que opera por el incumpli¬miento del actor de sus obligaciones legales para que sea practicada la citación de la demandada; y c) la perención por irreasunción de la litis, que es aquella que se produce cuando los interesa¬dos no hubieren gestionado la continuación de la causa en suspenso por el fallecimiento de alguno de los liti¬gantes, ni dado cumplimiento a las obligaciones que les impone la ley para proseguirla.
En efecto, el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual es aplicable a las causas agrarias, establece:
“la perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez o jueza después de vista la causa, o habiéndose producido la paralización por causas no imputables a las partes, no producirá la perención”.
Por otra parte, el artículo 269 eiusdem dispone que la perención se verifica de derecho, no es renunciable por las partes y puede declararse de oficio por el Tribunal.
Sentadas las anteriores premisas, se impone a la sentencia¬dora examinar las actas procesales, a los fines de determinar si en las mismas existe o no constancia auténtica de que la parte solicitante, dentro del lapso previsto en la primera parte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y, a tal efecto, observa:
Del examen de las actas procesales constata esta juzgadora que, desde el día 13 de enero de 2017 (folios 1 y 2), fecha en la cual fue recibido el escrito de solicitud de inspección judicial en este Juzgado, hasta la presente fecha, ha transcu¬rrido más de un año de inactividad procesal, sin que la parte solicitante, haya realizado gestión alguna para activar el procedimiento o evidenciándose que desde esa fecha se encuentra en suspenso.
En consecuencia, habiendo transcurrido más de un (1) año, desde la fecha citada hasta la presente fecha, sin que dentro de ese lapso se haya ejecutado ningún acto de procedimiento por la parte solicitante, resulta evidente que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aplicables a la presente causa por analogía, se consumó la perención de la instancia en la presente causa. Y así se decide.
-IV-
DISPOSITIVO
Este Tribunal Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Consumada la perención y, en consecuencia, extinguida la instancia en la presente causa, seguida por el ciudadano HUGO LINO MONTERO ANGULO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº 5.202.754, domiciliado en El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano de Mérida, actuando con el carácter de Presidente o Coordinador General del Consejo Campesino Agropecuario “La Fortaleza de Dios”, “CONCAMALFORD”, inscrita por ante el Registro Principal de la ciudad de Mérida, Estado Bolivariano de Mérida, en fecha 13 de julio de 2016, bajo el N° 16, folios 132 al 144, Protocolo 1, Tomo 1, Trimestre 3, año 2016, asistido por el abogado VINISIO ANTONIO ROJAS VILLASMIL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.006.082, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 28.174, por SOLICITUD DE INSPECCION JUDICIAL.
SEGUNDO: Según lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no se hace especial pronunciamiento sobre costas en virtud de la naturaleza de este pronunciamiento.
TERCERO: Se ordena la notificación de la parte solicitante, ciudadano HUGO LINO MONTERO ANGULO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº 5.202.754, domiciliado en El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano de Mérida, actuando con el carácter de Presidente o Coordinador General del Consejo Campesino Agropecuario “La Fortaleza de Dios”, “CONCAMALFORD”, inscrita por ante el Registro Principal de la ciudad de Mérida, Estado Bolivariano de Mérida, en fecha 13 de julio de 2016, bajo el N° 16, folios 132 al 144, Protocolo 1, Tomo 1, Trimestre 3, año 2016, haciéndosele saber que en virtud de que la presente causa se encuentra evidentemente paralizada de conformidad con el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, se acuerda su reanudación, a cuyo efecto se fija el décimo primer día de despacho siguiente a aquel en que conste en autos que fue practicada su notificación. Igualmente, se le advierte que reanudado el curso de la causa comenzará a discurrir el lapso interponer los recursos que sean procedentes contra la presente decisión. Líbrese la respectiva boleta de notificación con las inserciones pertinentes y entréguesele al Alguacil de este Tribunal para que practique la misma.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en este Tribunal Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida.- El Vigía, al primer día del mes de julio del año dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
La Juez,
Abg. Carmen C. Rosales de M.
La Secretaria,
Abg. Magaly Márquez
En la misma fecha y siendo las doce y treinta minutos de la tarde, se publicó el fallo que antecede, ordenándose publicar y registrar en el índice de copiador de sentencias los datos del presente fallo, no dejándose copia certificada del mismo, ya que el Tribunal no posee insumos para fotocopiar y agregar al copiador de sentencias interlocutorias con fuerza definitiva en físico. Asimismo, se libró boleta de notificación a la parte solicitante, ciudadano HUGO LINO MONTERO ANGULO, actuando con el carácter de Presidente o Coordinador General del Consejo Campesino Agropecuario “La Fortaleza de Dios”, “CONCAMALFORD”, entregándosele al Alguacil de este Tribunal para que practique la misma.
La Sria.
Abg. Magaly Márquez
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