REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



En su nombre:
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA
«VISTOS» CON INFORMES DE LA PARTE DEMANDANTE
ANTECEDENTES DE LA CAUSA
El presente expediente se encuentra en este Tribunal Superior, en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 02 de mayo de 2016 (f. 111), por el abogado JAVIER DE JESÚS VEGA MOLINA, en su condición de coapoderado judicial del ciudadano RIGOBERTO ENRIQUE URDANETA LEAL, parte demandante, contra la decisión de fecha 21 de abril de 2016 (fs. 109 y 110), dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en el juicio seguido contra los ciudadanos RRONMEL OMAR URDANETA LEAL, RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, RICAURTER REMIRO URDANETA LEAL, JUANA INICIARTE DE URDANETA, ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIA NÚÑEZ DE URDANETA, por simulación de venta, en la cual ordenó la reposición de la causa al estado de admitir nuevamente la demanda.
Mediante auto de fecha 16 de junio de 2016 (f. 117), este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, advirtió a las partes, que a tenor de lo dispuesto en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes podían promover pruebas admisibles en esta instancia y, que a tenor de los dispuesto en el artículo 517eiusdem, los informes correspondientes debían ser presentados en eldécimo día de despacho siguiente a la fecha de ese auto.
Mediante escrito de fecha 17 de junio de 2016 (fs. 118 al 125), el abogado JAVIER DE JESÚS VEGA MOLINA, en su condición de coapoderado judicial del ciudadano RIGOBERTO ENRIQUE URDANETA LEAL, parte demandante, solicitó se decretara medida innominada «DIRIGIDA A SUSPENDER O PARALIZAR EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL CURSO DEL PROCESO CONSISTENTE EN LA DEMANDA DE NULIDAD POR SIMULACIÓN DE VENTA QUE LLEVA EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, EN EL EXPEDIENTE Nº 23.658, HASTA TANTO SE RESUELVA LA APELACIÓN, por considerar que existen pruebas que se encuentran en los autos que constituyen indicios graves, serios, contundentes y concordantes donde se evidencia que están llenos los requisitos formales exigidos en el artículo 588 ejusdem, para que una vez verificados, proceda a decretar la medida cautelar».
Mediante escrito de fecha 06 de julio de 2016 (fs. 135 al 141), el abogado JAVIER DE JESÚS VEGA MOLINA, en su condición de coapoderado judicial del ciudadano RIGOBERTO ENRIQUE URDANETA LEAL, parte demandante, presentó informes.
Según auto de fecha 25 de julio de 2016 (f. 142), este Tribunal dijo «Vistos», entrando en estado de sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 26 de septiembre de 2016 (f. 143), este Tribunal dejó constancia de que no profirió sentencia en virtud de que existen juicios más antiguos que deben ser decididos con preferencia a cualquier otro asunto, razón por la cual, difirió su publicación para el trigésimo día calendario consecutivo siguiente a la fecha de ese auto.
Por auto de fecha 26 de octubre de 2016 (f. 144), el Juez Provisorio de este Juzgado, asumió el conocimiento de la causa.
Por auto de fecha 26 de octubrede 2016 (vuelto del f. 144), este Tribunal, dejó constancia que siendo la oportunidad de dictar sentencia en la presente causa, no profería la misma, ya que existían en estado de dictar sentencia definitiva otros juicios que debían ser decididos con preferencia a cualquier otro asunto.
En fechas 06 de junio de 2017 y 05 de marzo de 2018 (fs. 146 y 147), el abogado JAVIER DE JESÚS VEGA MOLINA, en su condición de coapoderado judicial del ciudadano RIGOBERTO ENRIQUE URDANETA LEAL, parte demandante, solicitó se dictara sentencia.
Encontrándose la presente causa en estado de dictar sentencia definitiva en la segunda instancia, procede este Tribunal a proferirla, en los términos siguientes:
I
SÍNTESIS DE LA PRETENSIÓN
DE LA DEMANDA
La presente causa se inició mediante libelo (fs. 07 al 44), presentado por los abogados JAVIER DE JESÚS VEGA MOLINA y NEPTALI JOSÉ VILLALOBOS, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 48.373 y 98.614, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano RIGOBERTO ENRIQUE URDANETA LEAL, venezolano, titular de la cédula de identidad número 2.893.628, cuyo conocimiento correspondió al JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, mediante el cual demandó alos ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL, RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, RICAURTER REMIRO URDANETA LEAL y JUANA INICIARTE DE URDANETA, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números 2.894.132, 3.074.242, 3.195.398 y 3.368.405, por simulación de venta, en los términos que se resumen a continuación:
Que la madre de su representado, ciudadana CARLOTA ANTONIA LEAL DE URDANETA, venezolana, titular de la cédula de identidad número 2.050.983, falleció el día 14 de marzo de 2012, según consta de Acta de Defunción Nº 14, emanada del Registro Civil y Electoral del Estado Mérida, Parroquia El Llano, Municipio Libertador.
Que la madre de su representado, en sus negocios jurídicos manifestaba «no saber firmar».
Que dicha ciudadana, dejó como únicos y herederos a los ciudadanos RIGOBERTO ENRIQUE URDANETA LEAL, ROMMEL OMAR URDANETA LEAL, RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, RICAURTEREMIRO URDANETA LEAL y MARÍA DEL ROSARIO URDANETA LEAL, quienes se encuentran vivos, y otros descendientes que están fallecidos, ciudadanos RAMIRO ENRIQUE URDANETA LEAL y RUBÉN ANTONIO URDANETA LEAL.
Que su representado tiene cualidad e interés jurídico para demandar por simulación de venta del único inmueble que pertenecía a la sucesión de su madre, la ciudadana CARLOTA ANTONIA LEAL DE URDANETA.
Que la venta simulada efectuada y otorgada por la causante CARLOTA ANTONIA LEAL VIUDA DE URDANETA, a los hermanos de su representado, ciudadanos ROMMEL OMAR URDANETA LEAL, RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL y RICAURTEREMIRO URDANETA LEAL, fue hecha con el propósito «de impedirle el acceso a la alícuota parte de la herencia que le corresponde al ciudadano RIGOBERTO ENRIQUE URDANETA LEAL».
Que su representado como heredero o causahabiente demanda a los ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL, RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, RICAURTER REMIRO URDANETA LEAL y JUANA INICIARTE DE URDANETA, por simulación de venta efectuada por su madre, ciudadana CARLOTA ANTONIA LEAL VIUDA DE URDANETA, sobre un inmueble constituido por una casa-quinta para habitación, construida sobre terreno propio, ubicada en la Avenida Urdaneta, Sector Llano Grande, Nº 44-166, Municipio Libertador del Estado Mérida,por ante la Notaría Pública del Municipio Samuel Darío Maldonado del Estado Táchira, en fecha 20 de julio de 2009, bajo el Nº 33, Tomo 15 y posteriormente protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha 03 de agosto de 2009, bajo el Nº 17, Folios 107 al 114, Protocolo Primero, Tomo Décimo Quinto, Tercer Trimestre, y por la venta efectuada por el ciudadano RICAURTE REMIRO URDANETA LEAL a los ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL y RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha 14 de noviembre de 2013, bajo el Nº 2013.3893, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nº 373.12.8.4.1205.
Que fundamenta la demanda de acción de simulación en los artículos 1.281, 1.163, 883, 807, 822 y 993 del Código Civil.
Solicitó se decretara medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble objeto de la demanda.
Que estima la demanda, en la cantidad de CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000.000,00), equivalentes a TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES UNIDADES TRIBUTARIAS (333.333,33U.T.).
Señaló a los fines de la citación de la parte demandada lo siguiente, «ROMMEL OMAR URDANETA LEAL.- En la siguiente dirección: Urbanización Las Tapias, Calle 10, Tulipán, Quinta Roxana, Casa Nº.- 199, Mérida, Estado Mérida», «RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL.- En la siguiente dirección: Urbanización La Mata, Calle 4, Nº.- 65, Mérida, Estado Mérida» y «RICAURTER REMIRO URDANETA LEAL y JUANA INICIARTE DE URDANETA.- En la siguiente dirección: Urbanización San Jacinto, Calle 3, Local 31, Sector 8, FARMACIA SAN JACINTO, Teléfono (0261-7572255), Maracaibo, Estado Zulia».
Señaló como domicilio procesal la siguiente dirección «ESCRITORIO JURÍDICO VEGA, DÍAZ & ASOCIADOS, Avenida 3 Independencia, Centro Comercial Artema, Primer Piso, Oficina Nº 103, Mérida, Estado Mérida».
Finalmente solicitó que la demanda por simulación de venta, se admitiera, sustanciara y se declarara con lugar con sus pronunciamientos legales, inclusive la indexación y condena en costas.
Mediante auto de fecha 30 de junio de 2015 (fs. 02 t 03, 133 y 134), el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, admitió la demanda incoada y ordenó emplazar a los ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL, RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, RICAURTEREMIRO URDANETA LEAL y JUANA INICIARTE DE URDANETA, para que compareciera por ante ese Juzgado en el vigésimo día de despacho siguiente a esa fecha, y dieran contestación a la demanda.
Mediante escrito de fecha 03 de agosto de 2015 (f. 04), el abogado JAVIER DE JESÚS VELA MOLINA, en su condición de coapoderado judicial del ciudadano RIGOBERTO ENRIQUE URDANETA LEAL, parte demandante, consignó de conformidad con lo establecido en el ordinal 2º del artículo 1.921 del Código Civil, la demanda de simulación objeto de la controversia, debidamente protocolizada por ante el Registro Inmobiliario de Mérida, Estado Mérida, en fecha 29 de julio de 2015, bajo el Nº 43, Folio 317, Tomo 31 (fs. 05 al 48).
Por diligencia de fecha 28 de octubre de 2015 (f. 50), el abogado JAVIER DE JESÚS VEGA MOLINA, en su condición de coapoderado judicial de la parte demandante, solicitó se librara de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, los carteles de citación de los codemandados, ciudadanos RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL y RONMEL OMAR URDANETA LEAL.
Por auto de fecha 02 de noviembre de 2015 (f. 51), el Tribunal de la causa,ordenó citar a los ciudadanos RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL y ROMMEL OMAR URDANETA LEAL, por carteles.
Consta a los folios 54 al 74, resultas de la comisión cuyo conocimiento correspondió por distribución al Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines de la citación de los ciudadanos RICAURTEREMIRO URDANETA LEAL y JUANA INICIARTE DE URDANETA, en la cual se evidencia:
1) Diligencia de fecha 23 de octubre de 2015 (f. 60), presentada por el Alguacil del Tribunal comisionado, mediante la cual devolvió boleta de citación librada al ciudadano RICAURTEREMIRO URDANETA LEGAL, en virtud que éste se negó a firmarla (f. 61).
2) Diligencia de fecha 11 de noviembre de 2015 (f. 65), presentada por la Secretaria Accidental del Tribunal comisionado, mediante la cual manifestó que fue atendida por la ciudadana JUANA INICIARTE DE URDANETA, quien recibió la boleta de notificación librada al ciudadano RICAURTER REMIRO URDANETA LEAL (f. 66).
3) Diligencia de fecha 16 de noviembre de 2015 (f. 67), presentada por el Alguacil del Tribunal comisionado, mediante la cual devolvió boleta de citación librada ala ciudadanaJUANA INICIARTE DE URDANETA, en virtud que éste se negó a firmarla (f. 68).
2) Diligencia de fecha 03 de diciembre de 2015 (f. 72), presentada por la Secretaria Accidental del Tribunal comisionado, mediante la cual manifestó que fue atendida por la ciudadana JUANA INICIARTE DE URDANETA, quien recibió la boleta de notificación y se negó a firmar la misma(f. 73).
Diligencia de fecha 16 de diciembre de 2015 (f. 75), mediante la cual la Secretaria del Tribunal de la causa, dejó constancia que recibió las resultas de la comisión practicada por el Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
Por diligencia de fecha 04 de febrero de 2016 (f. 77), los ciudadanos RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL y ROMEL OMAR URDANETA LEAL, en su condición de parte codemandada, se dieron por citados y otorgaron poder apud acta a los abogados EGBERTO ABDÓN SÁNCHEZ NOGUERA y RAUL OMAR URDANETA PRIETO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 10.003 y 115.359.

DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Mediante escrito de fecha 09 de marzo de 2016 (fs. 78 al 93), los ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL y RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, en su condición de parte codemandada, debidamente asistidos por el abogado EGBERTO ABDÓN SÁNCHEZ NOGUERA, quien actúa en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos RICAURTEREMIRO URDANETA LEAL y JUANA INICIARTE DE URDANETA, parte codemandada, según se evidencia de poder otorgado por ante la Notaría Pública Quinta de Maracaibo, Estado Zulia, en fecha 15 de febrero de 2016, bajo el Nº 78, Tomo 04, expusieron:
Que impugnan la cuantía por ser exagerada, pues «no le está dado al demandante modificar el monto que se deriva del negocio jurídico realizado conforme a lo previsto en el citado artículo 38 del Código de Procedimiento Civil».
Que oponen de conformidad con lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, como defensa de fondo para ser resuelto como punto previo al pronunciamiento de la sentencia definitiva, la falta de cualidad e interés de los demandados, ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL y RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, para sostener el juicio, en virtud que ambos «son de estado civil casados», y la «demanda relativa a las dos ventas a que se contrae la misma, sólo fue propuesta contra ellos dos, sin llamar a juicio a sus respectivas cónyuges, ciudadanas ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIA NÚÑEZ DE URDANETA, venezolanas, titulares de las cédulas de identidad números 3.3693.473 y 4.524.708 respectivamente.
Que al proponerse la demanda por simulación de venta efectuada por la ciudadana CARLOTA ANTONIA LEAL DE URDANETA, a los ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL, RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, RICAURTER EMITO URDANETA LEAL y JUANA INICIARTE DE URDANETA, y la demanda por simulación de la venta de derechos y acciones efectuada por el ciudadano RICAURTER REMIRO URDANETA LEAL y su cónyuge, JUANA INICIARTE DE URDANETA, en su carácter de vendedores, omitió proponer dichas demanda contra las cónyuges de los ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL y RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, ciudadanas ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIA NÚÑEZ DE URDANETA, en virtud que las resultas del juicio «afecta directamente los derechos patrimoniales que dichas cónyuges» tienen «radicados en el inmueble objeto de las ventas cuestionadas, que por pertenecer a las sociedades conyugales que tienen ellos establecidas entre sí en virtud del vínculo matrimonial que los une».
Que el artículo 168 del Código Civil, exige el llamamiento a juicios de quienes integran el litis consorcio pasivo necesario, constituido por los ciudadanos RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL y RONMEL OMAR URDANETA LEAL, quienes fungen como compradores del inmueble y de sus cónyuges, las ciudadanas ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIA NÚÑEZ DE URDANETA, de modo que la relación procesal subjetiva quede integrada válidamente y la sentencia que se dicte comprenda a todos los interesados y por lo tanto, solicitó se declarara con lugar la falta de cualidad de los demandados, ciudadanos RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL y RONMEL OMAR URDANETA LEAL, para sostener el presente juicio.
Finalmente señalaron que en caso que se declarara improcedente la defensa de falta de cualidad de los demandados,dieron contestación a la demanda, en los términos allí establecidos.
Por escrito de fecha 14 de marzo de 2016 (fs. 98 al 103), el ciudadano JAVIER DE JESÚS VEGA MOLINA, en su condición de coapoderado del ciudadano RIGOBERTO ENRIQUE URDANETA LEAL, parte demandante, expuso:
Que la parte demandada opuso como defensa de fondo la falta de cualidad de los ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL y RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, por considerar que según el artículo 168 del Código Civil, las ciudadanas ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIANÚNEZ DE URDANETA, en su condición de cónyuges de los referidos ciudadanos, debieron ser llamadas a juicio para así constituir la relación procesal subjetiva.
Que efectivamente las ciudadanas ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIA NÚÑEZ DE URDANETA, deben estar presentes en el juicio bajo estudio, por lo tanto solicitó que «en un término perentorio prudencial debe ordenarse de oficio al llamado o emplazamiento de las ciudadanas ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIA NÚÑEZ DE URDANETA», para así conformar la integración total del litis consorcio pasivo necesario, para su ubicación señaló la siguiente dirección «ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA, Urbanización Las Tapias, Calle 10, Tulipán, Quinta Roxana, Casa Nº.- 199, Mérida, Estado Mérida» e «ISMENIANUÑEZ DE URDANETA, Urbanización La Mata, Calle 4, Nº.- 65, Mérida, Estado Mérida».
Por auto de fecha 31 de marzo de 2016 (104), el Tribunal de la causa ordenó emplazar a las ciudadanas ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIA NÚÑEZ DE URDANETA.
Por diligencia de fecha 14 de abril de 2016 (f. 106), la ciudadana ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA, otorgó poder apud acta a los abogados EGBERTO ABDÓN SÁNCHEZ NOGUERA y RAUL OMAR URDANETA PRIETO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el número 10.003 y 115.359.
Por escrito de fecha 14 de abril de 2016 (fs. 107 y 108), la ciudadana ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA, debidamente asistida por los abogados EGBERTO ABDÓN SÁNCHEZ NOGUERA y RAUL OMAR URDANETA PRIETO, solicitó se declarara la nulidad de todo lo actuado y se ordenara la reposición de la causa al estado de admisión de la demanda.

DE LA DECISIÓN RECURRIDA
Mediante decisión de fecha 21 de abril de 2016 (fs. 109 y 110), el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, declaró la reposición de la causa al estado de admitir nuevamente la demanda, en los términos que se transcriben literalmente a continuación:

«…
Y analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, en concordancia con la jurisprudencia según sentencia Nº 778, dictada por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 12 de diciembre de 2012, ratificada mediante sentencia Nº RC-000587 emanada de la misma Sala de Casación Civil, en fecha 18 de septiembre de 2014, que establece:
Omisis… ‘Ahora bien, en relación con la aplicación temporal del criterio anteriormente desarrollado, esta Sala establece que el mismo comenzará a regir para aquellas causas que sean admitidas luego de la publicación del presente fallo. Así se establece, todo ello en virtud de la expectativa plausible desarrollado por la Sala Constitucional. Asimismo, deja establecido la Sala que de ser incumplido el llamado tercero en el auto de admisión, ello no dará lugar a la reposición autónoma durante la tramitación en el juicio, pues lo procedente será llamar al tercero, y solo si este solicitase la reposición es que la misma seria acordada, todo ello en eras de evitar reposiciones inútiles, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela… omisis’
Y Visto que a la ciudadana ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA, con el carácter de cónyuge del co-demandado ciudadano RONMEL OMAR URDANETA LEAL, le está reservada de manera exclusiva y excluyente la potestad de solicitar la reposición conforme a la jurisprudencia up supra citada la cual reza:
Omisis:…ello no dará lugar a la reposición autónoma durante la tramitación en el juicio, pues lo procedente será llamar al tercero, y solo si este solicitase la reposición es que la misma seria acordada…omisis
Este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución y sus Leyes, con el firme propósito de garantizar la estabilidad del debido proceso, así como el derecho a la defensa. DECLARA: La reposición de la causa al estado de admitir nuevamente la presente demanda, ordenándose emplazar a los co-demandados ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL, venezolano, mayor de edad, casado, de profesión Economista, titular de la Cédula de Identidad Nº V-2.894.132, domiciliado en la Urbanización Las Tapias, Calle Tulipan, Quinto Roxana, Casa Nº 199 del Estado Mérida y hábil; RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, venezolano, mayor de edad, casado de profesión Ingeniero Electricista, titular de la Cédula de Identidad Nº V-2.894.132, domiciliada en la Urbanización La Mata, Calle 4, Casa Nº 65 del Estado Mérida y hábil; RICAUTEREMIRO URDANETA LEAL, venezolano, mayor de edad, casado, comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.195.398, domiciliado en la Urbanización San Jacinto, Calle 3, Local 32, Sector 8, Farmacia San Jacinto, Maracaibo Estado Zulia y hábil; JUANA INICIARTE DE URDANETA, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.368.405, domiciliada en la Urbanización San Jacinto, Calle 3, Local 32, Sector 8, Farmacia San Jacinto, Maracaibo Estado Zulia y hábil; ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.524.708, domiciliada en la Urbanización Las Tapias, Calle Tulipan, Quinta Roxana, Casa Nº 199 del Estado Mérida y hábil, con el carácter de cónyuge del co-demandado ciudadano RONMEL OMAR URDANETA LEAL y a la ciudadana ISMENIANUÑEZ DE URDANETA, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.369.473, domiciliada en la Urbanización La Mata, Calle 4, Casa Nº 65 del Estado Mérida y hábil, una vez transcurrido el lapso correspondiente para el ejercicio de los recursos de Ley. Y así se decide».

Por diligencia de fecha 02 de mayo de 2016 (f. 111), el abogado JAVIER VEGA MOLINA, en su condición de coapoderado judicial del ciudadano RIGOBERTO ENRIQUE URDANETA LEAL, parte demandante, ejerció recurso de apelación contra la sentencia dictada en fecha 21 de abril de 2016 (fs. 109 y 110), el cual fue admitido en un solo efecto, mediante auto de fecha 10 de mayo de 2016 (vuelto del f. 112).
Por auto de fecha 10 de mayo de 2016 (f. 113), el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, admitió la demanda incoada y ordenó emplazar a los ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL, RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, RICAURTEREMIRO URDANETA LEAL, JUANA INICIARTE DE URDANETA, ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIA NÚÑEZ DE URDANETA, para que compareciera por ante ese Juzgado en el vigésimo día de despacho siguiente a esa fecha, y dieran contestación a la demanda.

II
DE LOS INFORMES PRESENTADOS EN ESTA ALZADA
Mediante escrito de fecha06 de julio de 2016 (fs. 135 al 141), el abogado JAVIER DE JESÚS VEGA MOLINA, en su condición de coapoderado judicial del ciudadano RIGOBERTO ENRIQUE URDANETA LEAL, parte demandante, presentó informes, en los términos que se resumen a continuación:
Que la decisión apelada «menoscaba el derecho constitucional a la defensa de su patrocinado, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva», en virtud que sería «injusto» e inútil, volver a dictar un auto de admisión de la demanda que se traduce como retardo procesal, cuando «sabemos que todos los codemandados fueron emplazados por los actos procesales y a uno se les materializó la citación, es decir, los citatorios cumplieron su fin para cual estaban destinados», y por lo tanto, «no habrá necesidad de nueva citación para ningún otro acto o juicio».
Que la decisión apelada atenta contra la garantía constitucional de igualdad de las partes antes la Ley, establecida en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que la decisión recurrida, ordenó la reposición indebida de la causa al estado de admitir nuevamente la demanda, incurriéndose en el vicio de reposición mal decretada, por ello solicitó «EN ARAS DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS POR ACTIONE, DE ECONOMÍA PROCESAL, SEGURIDAD JURÍDICA, ASÍ COMO EN DEFINITIVA DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA AL ESTADO DE QUE SE REINICIE DE NUEVO EL LAPSO PROCESAL PARA CONTESTAR LA DEMANDA PARA ASÍ DARLE MAYOR CELERIDAD AL MISMO, PUES DE NO SER DE ESTA MANERA SE ESTARÍA VIOLANDO COMO SE EXPLICÓ PORMENORIZADAMENTE LOS DERECHOS QUE DEBEN PROTEGERSE».
Finalmente solicitó se declarara con lugar la apelación ejercida y se declarara la reposición de la causa al estado de que se «REINICIE DE NUEVO EL LAPSO PROCESAL PARA CONTESTAR LA DEMANDA».

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Planteada la apelación en los términos que se dejaron sucintamente expuestos, la cuestión a dilucidar en esta Alzada quedó circunscrita a determinar si la decisión recurrida de fecha 21 de abril de 2016 (fs. 109 y 110), dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA,la cual declaró «la reposición de la causa al estado de admitir nuevamente la demanda», debe ser confirmada, modificada, revocada o anulada total o parcialmente. A tal efecto, este Tribunal observa:
En el escrito libelar (fs. 07 al 44), el ciudadano RIGOBERTO ENRIQUE URDANETA LEAL, demandó a los ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL, RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, RICAURTE REMIRO URDANETA LEAL y JUANA INICIARTE DE URDANETA, por simulación de venta.
Se observa que en el escrito de contestación a la demanda, los demandados opusieron como defensa de fondo, la falta de cualidad de los ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL y RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, para sostener el juicio, en virtud «que siendo ambos de estado civil casados, la demanda relativa a las dos ventas a que se contrae la misma, sólo fue propuesta contra ellos dos, sin llamar a juicio a sus respectivas cónyuges, ciudadanas ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIANUÑEZ DE URDANETA» (Subrayado de este Juzgado).
Por escrito de fecha 14 de marzo de 2016 (fs. 98 al 103), el ciudadano RIGOBERTO ENRIQUE URDANETA LEAL, en su condición de parte demandante, señaló que las ciudadanas ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIANUÑEZ DE URDANETA, debían estar presentes en el juicio, y por lo tanto, solicitó que «en un término perentorio prudencial debe ordenarse de oficio al llamado o emplazamiento de las ciudadanas ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIANUÑEZ DE URDANETA», quienes son cónyuges de los ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL y RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, para así «conformar la integración total de la litis consorcio pasivo necesario».
En fecha 14 de abril de 2016 (fs. 107 y 108), la ciudadana ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA, solicitó se «declare la nulidad de todo lo actuado desde la admisión de la demanda y decrete la reposición de la causa al estado de providenciar nuevamente la demanda».
En la decisión objeto de la presente incidencia, dictada en fecha 21 de abril de 2016 (fs. 109 y 110), el Tribunal de la causa declaró:

«…La reposición de la causa al estado de admitir nuevamente la presente demanda, ordenándose emplazar a los co-demandados ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL, venezolano, mayor de edad, casado, de profesión Economista, titular de la Cédula de Identidad Nº V-2.894.132, domiciliado en la Urbanización Las Tapias, Calle Tulipan, Quinto Roxana, Casa Nº 199 del Estado Mérida y hábil; RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, venezolano, mayor de edad, casado de profesión Ingeniero Electricista, titular de la Cédula de Identidad Nº V-2.894.132, domiciliada en la Urbanización La Mata, Calle 4, Casa Nº 65 del Estado Mérida y hábil; RICAUTEREMIRO URDANETA LEAL, venezolano, mayor de edad, casado, comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.195.398, domiciliado en la Urbanización San Jacinto, Calle 3, Local 32, Sector 8, Farmacia San Jacinto, Maracaibo Estado Zulia y hábil; JUANA INICIARTE DE URDANETA, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.368.405, domiciliada en la Urbanización San Jacinto, Calle 3, Local 32, Sector 8, Farmacia San Jacinto, Maracaibo Estado Zulia y hábil; ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.524.708, domiciliada en la Urbanización Las Tapias, Calle Tulipan, Quinta Roxana, Casa Nº 199 del Estado Mérida y hábil, con el carácter de cónyuge del co-demandado ciudadano RONMEL OMAR URDANETA LEAL y a la ciudadana ISMENIANUÑEZ DE URDANETA, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.369.473, domiciliada en la Urbanización La Mata, Calle 4, Casa Nº 65 del Estado Mérida y hábil, una vez transcurrido el lapso correspondiente para el ejercicio de los recursos de Ley. Y así se decide».

Expuesto lo anterior, esta Alzada pasa a pronunciarse en relación con la falta de cualidad o legitimación a la causa, en virtud que se trata de una institución procesal que representa una formalidad esencial para la consecución de la justicia, por estar estrechamente vinculada a los derechos constitucionales de acción, a la tutela judicial efectiva y defensa, materia esta de orden público que debe ser atendida y subsanada incluso de oficio por los jueces, tal y como lo ha sostenido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 11 de mayo de 2017, con ponencia de la Magistrada MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA, (caso: YohammisAriamgnelisAlcala Rodríguez. vs. MarializCardenas Morán, Exp. AA20-C-2017-000066), en la cual dejó sentado:

Expuesto lo anterior, se hace necesario introducirnos en lo que respecta a la cualidad, siendo jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Sala de Casación Civil, que en el asunto concerniente a la legitimación en la causa, lo importante es advertir oportunamente, en palabras de Hernando DevisEchandía, citado en la sentencia N° 778, de 12 de diciembre de 2012, juicio: Luis Nunes contra Carmen Alveláez, que se cumplan las “…condiciones o cualidades subjetivas que otorgan la facultad jurídica de pretender determinadas declaraciones judiciales como fines concretos, mediante una sentencia de fondo o mérito o para controvertirlas…”.
Lo anterior significa que el concepto de cualidad o legitimación a la causa atañe o interesa al orden público, por tanto, rige en ello el principio de reserva legal oficiosa, conforme al cual tanto los jueces de instancia como el Tribunal Supremo de Justicia, deben, sin que medie solicitud de parte verificar el cumplimiento de este presupuesto procesal, necesario para la válida instauración del proceso, pues ello comporta una cuestión de derecho que repercute en el mérito de la controversia, porque permite examinar de nuevo la admisibilidad de la demanda.
Si bien toda persona, sea natural o jurídica, una vez cumplidos ciertas exigencias legales, a saber edad, registro de estatutos constitutivos, entre otros, tiene capacidad para ser parte en un proceso, la normativa legal exige que a fin de poder hacer ejercicio de dicha capacidad de manera activa debe ser titular de un derecho vulnerado y reconocérsele una acción procesal a fin de poder sostener un conflicto ante un órgano jurisdiccional.
Tenido ese derecho vulnerado y la acción procesal respectiva prevista en la ley, se tiene entonces la legitimación para instaurar una litis a través de una demanda, a esto se le suma los requisitos que determina cada acción a fin de poder iniciarla.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/mayo/198711-RC.000300-11517-2017-17-066.HTML

Es decir, que conforme al principio de reserva legal oficiosa, sin que medie solicitud de parte, corresponde tanto a los jueces de instancia como el Tribunal Supremo de Justicia, verificar el cumplimiento del presupuesto procesal de cualidad o legitimación a la causa, necesario para la válida instauración del proceso, pues ello comporta una cuestión de derecho que repercute en el mérito de la controversia, porque permite examinar de nuevo la admisión de la demanda.
Según el maestro Luis Loreto, «…la cualidad expresa un modo de ser del derecho de acción; denota la relación en que se encuentran uno o más sujetos con la acción intentada; indica el lado subjetivo de la acción…».(Loreto, L. 1956. Estudios de Derecho Procesal Civil. p. 74).
Como se observa, la cualidad expresa un modo de ser de la acción, la relación de los sujetos con la acción intentada.
Así, la cualidad trata: «… de una relación de identidad lógica entre la persona del actor y la persona a quien la ley concede la acción (cualidad activa); y de la persona del demandado, con la persona contra quien la acción es concedida (cualidad pasiva). En el primer caso, la cualidad no es un derecho, ni el título de un derecho, sino que expresa una idea de pura relación; en el segundo, no es una obligación, ni el título de una obligación, sino que expresa igualmente una idea de pura relación, y nada mas…». (Loreto, L. op. cit., pp. 74 y 75).
En este sentido, concluye Loreto, lo siguiente: «En materia de cualidad el criterio general se puede formular en los siguientes términos: `Toda persona que se afirme titular de un interés jurídico propio, tiene cualidad para hacerlo valer en juicio (cualidad activa), y toda persona contra quien se afirme la existencia de ese interés, en nombre propio, tiene a su vez cualidad para sostener el juicio (cualidad pasiva)…`». (Loreto, L. op. cit., p. 77).
Según la doctrina antes transcrita, la cualidad, cualquiera que ella sea activa o pasiva, no es un Derecho ni una obligación, sino una relación de identidad lógica entre la persona del actor y la persona a quien la ley concede la acción (cualidad activa); y de la persona del demandado, con la persona contra quien la acción es concedida (cualidad pasiva).Por tanto, si la persona se afirma titular de ese interés jurídico propio tiene interés para hacerlo valer, y contra quien se afirme la existencia de ese interés tiene la cualidad para sostenerlo en juicio.
En este orden de ideas, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 11 de julio de 2011, con ponencia del Magistrado LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ, (Caso: José Israel Florez Carvajal vs. Juan Jesús Febles de la Guardía. Sent. 000301. Exp. 2011-000135), dejó sentado:

«La cualidad o legitimación a la causa alude a quién tiene derecho, por determinación de la ley, para que en condición de demandante, se resuelva sobre su pretensión, y si el demandado es la persona frente a la cual debe sentenciarse. (…)
Así pues, la legitimatio ad causames uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, entendidos éstos como los requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante tiene el derecho a lo pretendido, y el demandado la obligación que se le trata de imputar. Se trata pues, de una valoración que debe realizar el sentenciador sobre la pretensión, para poder proveer sobre la petición en ella contenida.
De igual modo, el insigne Maestro Luís Loreto, nos indica en su conocida obra ‘Ensayos Jurídicos. Contribución al estudio de la excepción de la inadmisibilidad por falta de cualidad’ que: ‘…La demanda judicial pone siempre en presencia del órgano jurisdiccional dos partes y nada más que dos: la actora y la demandada (Principio de bilateralidad de las partes). Con el tribunal, ellas constituyen los sujetos de la relación procesal.
Es de importancia práctica capital determinar con precisión quiénes han de integrar legítimamente la relación procesal. Desde el punto de vista del actor y del demandado, el criterio que fija esa determinación es el que deriva de la noción de cualidad… Cuando se pregunta: ¿quién tiene cualidad para intentar y sostener un juicio determinado?, se plantea la cuestión práctica de saber qué sujetos de derecho pueden y deben figurar en la relación procesal como partes actora y demandada. La teoría procesal sobre la cualidad tiene por contenido y finalidad resolver el problema fundamental que consiste en saber quiénes son, en un proceso, las partes legítimas…’.
Así pues, la instauración de cualquier proceso para hacer valer determinado derecho o interés exige que, en efecto, exista una relación entre el sujeto y el objeto del litigio, esto es, entre el que acciona y la pretensión que esgrime, de allí que se hable de cualidad activa o legitimación ad causam cuando el actor se encuentra frente a la relación material controvertida, en una especial posición subjetiva que lo califique para actuar en el juicio como demandante. (…)
Lo anterior quiere decir que normalmente es el propio ordenamiento jurídico quien determina qué sujeto de derecho está facultado para intentar qué o cuál acción, por ejemplo: es el arrendador del inmueble arrendado quien podrá ejercer una acción por desalojo, es el poseedor legítimo quien podrá ejercer un interdicto de amparo, es el portador o beneficiario de la letra quien podrá demandar el cobro de la letra de cambio, etc., son a estas personas a quienes la ley concede el derecho o poder jurídico para intentar la demanda y a su vez, es el arrendatario (en el caso del desalojo), el perturbador (en el caso del interdicto) o el librador, endosante y demás obligados (en el caso del cobro de la letra de cambio), contra quien se concede la acción.
Ahora, para que exista cualidad activa, es necesario que esa persona, a quien la ley concede el derecho de demandar, sea la misma que se presente ante el órgano jurídico correspondiente afirmándose titular del derecho para hacerlo valer, lo que se traduce en la identidad entre el efectivo titular de la acción y la persona que concretamente la ejercita…». (Subrayado de este Juzgado).
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/RC.000301-11711-2011-11-135.HTML

Del criterio jurisprudencial antes trascrito, se colige que la legitimación ad causam es uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, entendidos éstos como los requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante tiene el derecho a lo pretendido,y el demandado la obligación que se le trata de imputar.
En el presente caso, en cuanto a la falta de cualidad de la parte demandada, ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL y RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, la decisión recurrida declaró la «reposición de la causa al estado de admitir nuevamente la demanda, ordenándose emplazar» a los ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL, RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, RICAURTEREMIRO URDANETA LEAL, JUANA INICIARTE DE URDANETA, ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIA NÚÑEZ DE URDANETA.
En cumplimiento a lo antes expuesto, mediante auto de fecha 10 de mayo de 2016 (f. 113), admitió nuevamente la demanda y ordenó emplazar a los ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL, RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, RICAURTEREMIRO URDANETA LEAL, JUANA INICIARTE DE URDANETA, ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIA NÚÑEZ DE URDANETA, para que comparecieran por ante ese Juzgado dentro de los veinte días de despacho a aquel en que constara en autos la última citación ordenada, más cinco (05) días de despacho como término de distancia, y dieran contestación a la demanda.
Ahora bien, en cuanto al litisconsorcio necesario, el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, establece:

«Podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litisconsortes: a. Siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa; b. Cuando tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que derive del mismo título; c. En los casos 1º, 2º y 3º del artículo 52» (Resaltado de este Juzgado).

Es decir, que al existir un litisconsorcio necesario, ya sea activo o pasivo, la concurrencia a juicio de todos los que deben ser llamados a trabar la litis se configura como un presupuesto procesal de tal magnitud que genera efectos en la sentencia que pueda producirse.
Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 31 de marzo de 2016, con ponencia de la Magistrada MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA (caso: Lisbeth Haraima Gil Martínez. vs. Luisa Isabel Gil Córdoba y María de los Ángeles Gil Córdova, Sent. RC.000208, Exp. Nº 2015-000661), dejó sentado:

Ahora bien, en relación con la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda por ausencia del algún titular de la relación jurídico procesal, esta Sala en sentencia Nº 778 de fecha 12 de diciembre de 2012, caso: Luis Miguel Nunes Méndez, contra Carmen OlindaAlveláez de Martínez, expediente Nº 11-680, señaló lo siguiente:
“…Ergo, la legitimación debe ser entendida unívocamente como un juicio puramente lógico de relación, limitadamente dirigido a establecer quiénes son las personas que deben estar en juicio como integrantes de la relación procesal, y, por consiguiente, ese juicio debe aparecer y ser establecido por el juez, pues si hay un titular o titulares efectivos o verdaderos de los derechos en juicio, esos son los que debe determinar el juzgador con tal carácter para la relación procesal, y de ello no puede prescindir el juzgador. De tal manera que, una vez determinado tal extremo y verificado por el juez, en cualquier estado de la causa, que existe un defecto en la integración del litis-consorcio necesario, el juez está en la obligación de ordenar de oficio su integración.
Por lo tanto, el juez respectivo al advertir un litisconsorcio pasivo necesario en la causa debe estar atento a resguardar en primer orden los principios: pro actione, de economía procesal, seguridad jurídica, así como en definitiva del derecho a la tutela judicial efectiva, pues el sentenciador en ejercicio de su función correctiva y saneadora del proceso tiene la facultad de integrar de oficio la relación jurídico procesal. En efecto, los principios constitucionales lo autorizan para corregir en cualquier estado y grado de la causa una indebida constitución del proceso, en caso de que ese control no se hubiese realizado a priori en el auto de admisión de la demanda, por consiguiente queda facultado para tomar decisiones de reposición con el fin de ordenar y procurar el equilibrio de las partes en el proceso.
Ahora bien, en relación con la aplicación temporal del criterio anteriormente desarrollado, esta Sala establece que el mismo comenzará a regir para aquellas causas que sean admitidas luego de la publicación del presente fallo. Así se establece, todo ello en virtud de la expectativa plausible desarrollada por la Sala Constitucional. Asimismo, deja establecido la Sala que de ser incumplido el llamado al tercero en el auto de admisión, ello no dará lugar a la reposición autómata durante la tramitación en el juicio, pues lo procedente será llamar al tercero, y solo si este solicitase la reposición es que la misma seria acordada, todo ello en aras de evitar reposiciones inútiles, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ratificando la decisión anteriormente transcrita, esta Sala en sentencia Nº 335 de fecha 9 de junio de 2015, caso: Jairo José Ortega Rincón y otra, contra José Ygnacio Rodríguez Moreno, expediente Nº 15-102, estableció lo siguiente:
“…La doctrina de esta Sala ha sido reiterada en lo que respecta a la observancia de la tramitación de los actos procesales, ello en beneficio de la protección judicial efectiva de los derechos de los justiciables, conforme a lo consagrado en el artículo 49 en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; ello obedece, a que la función pública jurisdiccional de los administradores de justicia también está dirigida a garantizar la estabilidad del proceso y el desarrollo del juicio, dentro del cual se haga efectiva el derecho a la defensa.
En efecto, es criterio pacífico y reiterado de este Alto Tribunal que la observancia de los trámites esenciales del procedimiento que: “…se encuentran íntimamente vinculados al principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley. Por esa razón, no les está permitido a los jueces de instancia relajar la estructura, secuencia y desarrollo del procedimiento; esto es: el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos procesales, ya que las garantías del debido proceso, de defensa de las partes y el de tutela judicial efectiva incumbe al orden público, pues el Estado es garante del ejercicio eficaz de los derechos de las partes en el proceso...”. (Vid. Sentencia N° 735 de fecha 23 de noviembre de 2012, caso: Mayra Alejandra Rivas García contra Construcciones y Servicios Rocamar, C.A.).
De tal manera, que el quebrantamiento de las formas procesales con menoscabo del derecho de defensa,solo ocurre por actos del tribunal, al conculcar de forma flagrante el ejercicio a los justiciables el derecho de defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, lo cual dará lugar a la reposición y renovación del acto, por lo que de incurrir el jurisdicente en indefensión deberá declararse procedente el recurso extraordinario de casación; no obstante, se debe advertirqueen ningún caso se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.
En lo atinente al debido proceso, esta Sala ha dejado claro que comprende la afirmación jurisdiccional del Estado de Derecho, por tanto los órganos del Poder Judicial están llamados a garantizar una justicia efectiva de manera expedita permitiendo el desenvolvimiento espontáneo del proceso en igualdad de condiciones, en la medida en que las partes puedan ejercer su derecho de petición y ser llamado e incorporado al juicio para ser oído.
Precisado lo anterior, cabe destacar que en el caso que nos ocupa el formalizante manifiesta el quebrantamiento de formas sustanciales de los actos con menoscabo al derecho de defensa, lo cual produjo la infracción de los artículos 12, 15, 146 y 341 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 168 del Código Civil, por haber declarado el juez de alzada inadmisible la demanda, por no estar debidamente conformada la relación procesal.
Sobre el particular, el artículo 168 del Código Civil prevé el consentimiento o la declaración de voluntad de ambos cónyuges para efectuar algún acto de enajenación a título gratuito u oneroso o gravamen del bien ganancial perteneciente a la comunidad conyugal.
Por su parte, el artículo 146 preceptúa la figura del litisconsorcio necesario al señalar que “…Podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litisconsortes: a) Siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa; b) Cuando tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que derive del mismo título; c) En los casos 1°, 2° y 3° del artículo 52...”.
De allí que se requiera necesariamente de la composición de la pluralidad de sujetos cuando se esté en presencia de un supuesto de litisconsorcio necesario pues la ausencia de alguno de ellos comporta una falta de legitimidad de la parte.
Ciertamente esta institución es producto de la acumulación subjetiva, en razón a la pluralidad de actores y/o demandados, que actúan en un proceso judicial, la cual puede originarse “en razón de la naturaleza del vínculo de la relación jurídica por disposición de ley o por estar de manera implícita en ella, en donde necesariamente la pretensión comprende un caso de legitimación, por cuanto no se puede permitir la cualidad dividida, por la existencia de la pluralidad de sujetos o partes, que deben ser llamadas a juicio para ejercer su derecho, defensas y excepciones, a los fines de obtener un pronunciamiento único por el órgano jurisdiccional, para que surta efectos jurídicos a todos los sujetos procesales. (Sentencia Nro. 699, de fecha 27 de noviembre de 2009, caso: Inversiones 747; C.A. contra Corp. Banca, C.A., Banco Universal).
Para ello, el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, consagra el principio de impulso procesal de oficio que interpretado de forma coherente y armónica bajos los principios de celeridad y de economía procesal, ponen de manifiesto la expresión del legislador que induce al operador de justicia a garantizar la marcha del juicio y el ejercicio de su función correctiva del proceso para la debida conformación de la relación procesal y con ello hacer posible el emplazamiento de los litigantes en el proceso en procura de alcanzar la correcta sustanciación y desarrollo del juicio, lo cual se traduce en el ejercicio eficaz del derecho de defensa.
Ante la clara expresión de tutela judicial eficaz y debido proceso, es de imperiosa necesidad advertir, el criterio predominante sostenido por este Alto tribunal, respecto a la obligación del juez de actuar de oficio en la integración de la relación procesal por la ausencia de algún sujeto activo o pasivo interesado que debe estar en juicio, en aras de garantizar una sentencia plenamente eficaz.
(…Omissis…)
…la Sala asumió un nuevo criterio jurisprudencial, el cual comenzaría a regir para aquellos asuntos admitidos luego de la publicación de esa decisión, esto es en fecha 12 de diciembre de 2012, y como punto medular, pone de relieve que las instituciones procesales deben ser interpretadas de forma extensa y a favor del proceso, todo ello en el marco de los principios constitucionales, por tanto el operador de justicia en su facultad correctiva consagrada en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, “está llamado a practicar en cada caso concreto, un detenido análisis de los términos subjetivos de la litis, de conformidad con lo planteado inicialmente en la demanda” y si determina el defecto en la conformación de la relación jurídico procesal por la ausencia de algún titular, estará obligado a “corregir en cualquier estado y grado de la causa una indebida constitución del proceso” y ordenar de oficio su integración.
De allí que la inobservancia del juzgador al llamado de un tercero para la integración de la relación jurídica procesal dará lugar a la nulidad y reposición de la causa con “el fin de ordenar y procurar el equilibrio de las partes en el proceso.
(…Omissis…)
De la transcripción parcial de la sentencia recurrida se observa que el juzgador declaró inadmisible la demanda de nulidad de dación en pago, motivado a que el “bien inmueble con ocasión de dicha dación en pago pasó a formar parte de la comunidad de gananciales existentes entre el accionado José Ygnacio Rodríguez Moreno y su cónyuge” puesto que en el referido contrato este último “aparece identificado como de estado civil casado”.
Señaló que al estar el accionado José Ygnacio Rodríguez Moreno y su cónyuge, en comunidad jurídica respecto al referido contrato de dación en pago, la legitimación pasiva debía determinarse conforme a los postulados del artículo 168 del Código Civil, “en razón de que la parte pasiva está conformada por un litis consorcio pasivo necesario, conforme al artículo 146 del Código de Procedimiento Civil”.
En consecuencia, señaló que al no estar conformada la referida relación procesal “se originó en el proceso sub lite una falta de cualidad ad causam para sostener el juicio de autos” y por ser este un presupuesto de procedencia de la acción, ordeno la reposición de la causa “al estado de declarar la inadmibilidad de la acción” conforme al artículo 341 del Código Procedimiento Civil.
Una vez examinados los argumentos plasmados por la recurrida para declarar inadmisible la demanda por la falta de integración de la relación jurídico procesal, la Sala advierte de la revisión exhaustiva de la actas que conforman el expediente que cursa a los folios 1 al 9 y 16 de la primera pieza, que la demanda fue incoada en fecha 24 de mayo de 2013 y admitida mediante auto de fecha 30 de mayo de 2013, en consecuencia el criterio jurisprudencial precedentemente invocado, aplicable al caso concreto, establece la obligación de la alzada de ordenar la nulidad y reposición de la causa al estado de que el juez de primer grado citara a la codemandada, para que diera contestación a la demanda, en vista a la transgresión irreversible del derecho de defensa.
Por consiguiente, la Sala estima que más allá de la omisión de la actora de incluir en la demanda a la cónyuge del ciudadano José Ygnacio Rodríguez Moreno, existe la inobservancia del tribunal de primer grado, al no examinar de manera exhaustiva el libelo así como el documento fundamental de la acción en el que evidenciaba que el ciudadano mencionado es de estado civil casado y con ello deducir la ausencia de la cónyuge, para la debida integración del litisconsorcio pasivo necesario.
El juzgador de primer grado, como director del proceso y en su función correctiva, conforme artículo 14 del Código de Procedimiento Civil omitió el llamado de la cónyuge para ser oída y ejercer sus facultades de impugnar y alegar en su favor la protección de su interés legítimo.
Por su parte, el juzgador de alzada debió conforme a lo establecido en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil advertir el error cometido por el juzgador de primer grado y ordenar la nulidad y reposición de la causa al estado admisión para la inclusión de la cónyuge para que forme parte de la relación jurídico procesal como codemandada, la cual fue omitida y su posterior citación para que diera contestación a la demanda, en vista a la transgresión irreversible del derecho de defensa en el presente asunto, circunstancia que afecta la validez del procedimiento.
Conforme a lo anteriormente expresado, la Sala constata que la omisión del juzgador de alzada de no advertir y subsanar de oficio el defecto constatado en la integración del litisconsorcio pasivo, atentó contra los principios pro actione, de celeridad y de economía procesal, al sustanciar el proceso hasta su conclusión y luego en la oportunidad de dictar la sentencia de mérito, limitarse a declarar inadmisible la demanda, sin dar respuesta efectiva a los justiciables.
Una vez constatada la infracción de los artículos 12, 15, 146 y 341 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 168 del Código Civil, esta Sala ordenará en la parte dispositiva de la decisión, la reposición de la causa al estado de que se pronuncie sobre la admisión de la demanda, en la que se ordene la citación de la cónyuge del demandado con el propósito de integrar debidamente el litisconsorcio pasivo, quedando nulas todas las actuaciones posteriores a ese acto procesal por ser esencial a la validez de los actos subsiguientes que fueron cumplidos durante el desarrollo del proceso…”. (Cursivas del texto).
De conformidad con los criterios anteriormente expuestos, en aquellos casos en los que el juez establezca la existencia de un defecto en la integración del litis-consorcio necesario, deberá ordenar, incluso de oficio, su correcta integración, sin importar en qué estado de la causa detecte dicha irregularidad.» http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/186605-RC.000208-31316-2016-15-661.HTML:

Del criterio antes trascrito, se colige que es necesario la composición de la pluralidad de sujetos cuando se esté en presencia de un supuesto de litisconsorcio necesario pues la ausencia de alguno de ellos comporta una falta de legitimidad de la parte, por cuanto no se puede permitir la cualidad dividida, por la existencia de la pluralidad de sujetos o partes, que deben ser llamados a juicio para ejercer su derecho, defensas y excepciones, a los fines de obtener un pronunciamiento único por el órgano jurisdiccional, para que surta efectos jurídicos a todos los sujetos procesales. Por lo tanto, el Juez al advertir un litisconsorcio pasivo necesario en la causa debe estar atento a resguardar en primer orden los principios pro actione, de economía procesal, seguridad jurídica, así como en definitiva del derecho a la tutela judicial efectiva, pues el sentenciador en ejercicio de su función correctiva y saneadora del proceso tiene la facultad de integrar de oficio la relación jurídica procesal.
Por ello, en aquellos casos en los que el Juez establezca la existencia de un defecto en la integración del litis-consorcio necesario, deberá ordenar, incluso de oficio, su correcta integración, sin importar en qué estado de la causa detecte dicha irregularidad.
En el caso bajo estudio, esta Alzada observa que al estar los codemandados ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL y RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, con sus cónyuges ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIA NÚÑEZ DE URDANETA respectivamente, en comunidad jurídica respecto al inmueble objeto de la demanda de simulación de venta, la legitimación pasiva se determina conforme a lo establecido en el artículo 168 del Código Civil, razón por la cual debe conformarse un litis consorcio pasivo necesario, conforme al artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, es deber del Juzgadorordenar la reposición de la causa al estado de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, a los fines de citara los cónyuges de los ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL y RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, con el propósito de integrar debidamente el litisconsorcio pasivo, y den contestación a la demanda, para así garantizarles el derecho de defensa, quedando nulas todas las actuaciones posteriores a ese acto procesal por ser esencial a la validez de los actos subsiguientes que fueron cumplidos durante el desarrollo del proceso, tal y como lo hizo el Tribunal de la causa. ASÍ SE ESTABLECE.-
Por las consideraciones que anteceden, con fundamento en las premisas normativas y fácticas suficientemente señaladas supra, concluye este Juzgado, que en el dispositivo del presente fallo se declarará SIN LUGAR la apelación planteada por la parte actora, y en consecuencia se CONFIRMARÁ la sentencia dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en fecha 21 de abril de 2016 (fs. 109 y 110), en la cual se ordenó la reposición de la causa al estado de admitir nuevamente la demanda, emplazando a los ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL, RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, RICAURTEREMIRO URDANETA LEAL, JUANA INICIARTE DE URDANETA, ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIA NÚÑEZ DE URDANETA, con el fin de integrar el litisconsorcio pasivo necesario. ASÍ SE DECIDE.-
IV
DISPOSITIVO
En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circuns¬cripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta sentencia en los términos siguientes:
PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la apelacióninterpuesta por el ciudadano RIGOBERTO ENRIQUE URDANETA LEAL, venezolano, titular de la cédula de identidad número 2.893.628, contra la sentencia de fecha 21 de abril de 2016 (fs. 109 y 110), proferida por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.
SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en fecha 21 de abril de 2016 (fs. 109 y110), en la cual se ordenó la reposición de la causa al estado de admitir nuevamente la demanda, emplazando a los ciudadanos RONMEL OMAR URDANETA LEAL, RODOLFO ENRIQUE URDANETA LEAL, RICAURTEREMIRO URDANETA LEAL, JUANA INICIARTE DE URDANETA, ESMERSIS LUCIA PRIETO DE URDANETA e ISMENIA NÚÑEZ DE URDANETA, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números 2.894.132, 3.074.242, 3.195.398, 3.368.405, 3.369.473 y 4.524.708, con el fin de integrar el litisconsorcio pasivo necesario.
TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se CONDENA en costas a la parte demandante, por haber sido confirmada la sentencia en todas sus partes.
Queda en estos términos CONFIRMADA la sentencia apelada.
Por cuanto esta sentencia se publica fuera del lapso legal, debido al exceso de trabajo originado por las diversas materias, asuntos y recursos que conoce este Tribunal, de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la notificación de las partes o sus apoderados judiciales, haciéndoles saber de la publicación de esta sentencia. Provéase lo conducente.
Publíquese, regístrese y cópiese.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despa¬cho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida. En Mérida, a los quince(15) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019).- Años: 209º de la Independencia y 160º de la Federación.
La Juez Temporal,
Yosanny Cristina Dávila Ochoa
La Secretaria,
María Auxiliadora Sosa Gil
En la misma fecha, siendo once y cuarenta minutos de la mañana (11:40 a.m.) se publicó la anterior decisión, que certifico.
La Secretaria,
María Auxiliadora Sosa Gil