TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida
Mérida, 08 de julio de 2021
210º y 160º

CASO PRINCIPAL : LP02-S-2020-000589
CASO : LP02-S-2020-000589

AUTO NEGANDO SOLICITUD POR LA DEFENSA EN ACTO DE IMPUTACION

Por cuanto en fecha 08-07-2021, se celebró la respectiva audiencia de imputación, fijada de conformidad con lo establecido en la sentencia de carácter vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 12-07-2017, con ponencia conjunta, y con lo previsto en el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual fuera solicitada por la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de ésta Circunscripción Judicial, en la investigación penal nro. MP-168251-2020 seguida en contra del ciudadano CARLOS EDUARDO RAMIREZ VARELA, donde una vez oídas las partes presentes, y ejercido el control judicial sobre el acto, procede por auto separado a fundamentar su decisión, de conformidad con los artículos 157 y 161 del Código Orgánico Procesal Penal, sustentándola en las siguientes consideraciones:

SOLICITUD DE LAS PARTES

Seguidamente el ciudadano juez le confirió el derecho de palabra a la Representación del Ministerio Público quien expuso las circunstancias de modo tiempo y lugar como sucedieron los hechos denunciados y elementos de convicción, presentando formal imputación en contra del ciudadano FRANKLIN LEONARDO MORALES, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA previsto y sancionado en artículo 42 encabezamiento segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en concordancia de la Ley Orgánica para la Protección de Niños niñas y Adolescentes en perjuicio de la ciudadana JENNY DEL CARMEN QUINTERO BRICEÑO . . Por tal razón, solicitó a este Tribunal.1.-Sea admitida la imputación, en todas y cada de sus partes, 2.- Se ratifiquen las medidas de protección y seguridad impuestas al investigado a favor de la víctima. 3.- en cuanto a la medida cautelar la que el tribunal tenga a bien imponer por cuanto el ciudadano hasta el momento asistió de manera voluntaria a los llamados del tribunal. 4.- Sea remitido a un centro de alcohólicos anónimos 5. se remitan a las actuaciones al despacho fiscal a los fines de presentar el respectivo acto conclusivo. Es todo.” Seguidamente estando la víctima en sala el ciudadano juez explica el motivo e importancia de la audiencia y si desea declarar a lo que manifestó: “ si deseo declarar quiero que el respete la parte psicológica de mi hijo ya que el hijo mayor hace comentarios y el influye en la parte emocional de mi hijo que respete los bienes patrimoniales a eco ventas de eso y no he percibido ni un bolívar de los bienes en común que tenemos , tengo una unión estable de hechos yo soy enfermera me he visto que tengo que doblara los turnos y el tiene que darme a mí para vivir con mi hijo como estábamos acostumbrados no ha querido llegar a ningún acuerdo. Es todo. Seguidamente se le concede el derecho de palabra a la asistente de la victima quien manifestó: “ buenos días a los presentes mi presencia en este acto es asintiendo a la víctima con respecto a su situación tiene proceso civil por el tribunal de niños y adolescentes se deja constancia de la unión estable de hecho , en esta oportunidad él puede admitir los hechos para garantizar celeridad procesal pero según la constitución los derechos de la víctima y la ley especial , por el delito de violencia física aprovechando la inmediación y la oralidad hacer del conocimiento que el cuidando ha vendido bienes lo cual ocasiona a la victima un perjuicio no hay problemas que se cierre el proceso siempre y cuando el ciudadano respete los derechos patrimoniales de la victima ella pueda solicitar la partición de bienes . Es todo.” DECLARACIÓN DEL IMPUTADO: Seguidamente el ciudadano juez… …acusado manifestó “Sí entendí. Es todo”, acto seguido, el acusado dijo ser y llamarse FRANKLIN LEONARDO MORALES, venezolano, natural del Estado Bolivariano de Mérida , nacido en fecha 12/02/1974, de 47 años de edad, estado civil SOLTERO , titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.799.695 , hijo del ciudadano Eutinio Ramírez V) Y De La Ciudadana Victoria Dugarte(V), Oficio U Profesión Productor Agropecuario , Domiciliado Bailadores Urbanización Mi Pequeña Virgen Cabaña 02 Del Estado Bolivariano De Mérida .Teléfono 0414-7303511.Posteriormente el ciudadano juez le preguntó al acusado si quería declarar, manifestando el mismo, siendo las 11:00 p .m. “si deseo declarar, yo no estoy vendiendo ninguna propiedad de nosotros no sé porque lo dice . Es todo”. En este estado se le concedió el derecho de palabra a la Defensa quien expuso: “ buenos días a los presentes esta defensa técnica escuchado las solicitudes del ministerio publico a las actuaciones se evidencia que existe el reconocimiento legal de lesiones para imputar la violencia fisca agravada solicitada por el ministerio público, en cuanto a la declaración de la victima la misma no ha realizado denuncia por violencia patrimonial no se está discutiendo los bienes en común, existe demanda ante protección y se debaten los bienes y la unión estable de hechos, esta defensa solicita al tribunal que sea acordada inspección del equipo interdisciplinario a los fines de realizar visita domiciliaria a los fines de constatar es estado emocional de los niños y la condición que viven , si en este acto es posible que él se acoja a la mas medidas del proceso y los demás en cuanto a los bienes los tiene otra jurisdicción , en caso contrario solicito la remisión de la causa a los fines de que se presente acto conclusivo. Es todo.”

MOTIVACIÓN

Al revisar las presentes actuaciones se evidencia que se dio inicio a la investigación signada con el Nº MP-168251-2020, en contra del ciudadano FRANKLIN LEONARDO MORALES, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA Y VIOLENCIA PSIOLOGICA previsto y sancionado en artículo 39 y 42 encabezamiento segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en concordancia de la Ley Orgánica para la Protección de Niños niñas y Adolescentes en perjuicio de la ciudadana JENNY DEL CARMEN QUINTERO BRICEÑO, ahora bien, ante la solicitud realizada por la defensa es oportuno señalar y resaltar la finalidad de la audiencia de imputación, donde su naturaleza no es más que el control jurisdiccional de la solicitud realizada por el Ministerio Publico, entendiendo lo establecido en la sentencia de carácter vinculante Nº 537 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde dejo sentado que:

“… el Juez o la Jueza (en funciones de Control) garantice y supervise el cumplimento de la legalidad en el proceso, especialmente en lo referente a los derechos constitucionales del investigado, por lo que se considerará como “investigado” y no como “imputado”, hasta que se cumplan los requisitos señalados supra. Razón por la cual, esta Sala -de forma temporal hasta tanto se resuelva el fondo del presente recurso- estima igualmente de oficio establecer, en resguardo de los derechos al juez natural, debido proceso, defensa y tutela judicial efectiva, que la declaración prevista en el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal se realizará en sede jurisdiccional con las garantías que el juez competente está llamado a preservar conforme al Texto Fundamental y, por tanto, dicho acto de imputación constituye un acto interruptivo de la prescripción de la acción penal, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Código Penal. Así se decide…” (Negritas del tribunal).

Es importante citar criterios reiterados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia donde en sentencia N° 1263 de fecha 08-12-2010, con ponencia de la Magistrada Dra. Carmen Zuleta de Merchán dejo sentado que:

“… esta Sala Constitucional estima que los jueces y juezas de la República Bolivariana de Venezuela con competencia en materia de violencia contra la mujer deben instruir los procesos penales de forma tal que propendan a demostrar la comisión del hecho punible, así como la responsabilidad penal de las personas señaladas como autores o participes, imponiendo inmediatamente las medidas de protección y de seguridad que el caso amerite; así como también deben estar atentos a la doctrina vinculante de esta Sala Constitucional para lograr la protección debida a las mujeres víctimas de la comisión de estos delitos, tomando en cuenta que el artículo5 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, expresa textualmente que “…El Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas administrativas, legislativa, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegura el cumplimiento de esta Ley y garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres víctimas de violencia…”. Y así se declara. (Negrita del tribunal).

Del mismo modo, en sentencia Nº 486, de fecha 24-05-2010, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Arcadio Delgado Rosales, mediante la cual establece que:

“…los jueces y operadores jurídicos en general, en materia de género, deben abandonar los tradicionales esquemas del sistema social patriarcal y androcéntrico imperante, de las creencias, comportamientos, roles, expectativas y atribuciones que sustentan a dicho sistema así como la discriminación y violencia contra las mujeres en general, y adoptar fielmente el régimen especial de protección en favor de las mujeres, en pro de la justicia social, pues de lo contrario se estaría vulnerando la integridad física y moral de quien demanda esa protección especial…” (Negritas del Tribunal).

Por los argumentos expuestos, se ADMITE LA IMPUTACIÓN en contra del ciudadano FRANKLIN LEONARDO MORALES, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA Y VIOLENCIA PSIOLOGICA previsto y sancionado en artículo 39 y 42 encabezamiento segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en concordancia de la Ley Orgánica para la Protección de Niños niñas y Adolescentes en perjuicio de la ciudadana JENNY DEL CARMEN QUINTERO BRICEÑO Así se decide.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 069, del 12 de febrero del 2008, con ponencia de la Magistrada Deyanira Nieves, índico que:

“…la motivación debe entenderse como la exposición que el juzgador debe ofrecer a las partes como solución a la controversia, eso sí, una solución racional, clara y entendible, que no deje lugar a dudas en la mente de los justiciables del por qué se arribó a la solución del caso planteado…” (Negritas del tribunal).

DECISIÓN

Este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 01 con competencia en materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: se ADMITE LA IMPUTACIÓN en contra del ciudadano ciudadano VICENTE ABEL SALAS RAMIREZ , por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA Y VIOLENCIA PSICOLOGICA previsto y sancionado en artículo 39 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en concordancia de la Ley Orgánica para la Protección de Niños niñas y Adolescentes en perjuicio de la ciudadana MICHEL ZERPA GARCIA..SEGUNDO: Se ratifican Medida de protección contentiva en el artículo 90 numeral 5 y 6 decir: 5ºProhibir o restringir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida; en consecuencia, imponer al presunto agresor la prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida. Dejando constancia que en caso de que la víctima a su juicio permita el ingreso del investigado en el hogar este Tribunal deberá ser notificado y se impone la medida 6° Prohibir que el presunto agresor, por sí mismo o por terceras personas, realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia. TERCERO: se acuerda valoración ante el equipo interdisciplinario de este circuito, así como valoración socioeconómica por parte del equipo interdisciplinario de este circuito. Se ordena remitir las actuaciones al despacho fiscal a los fines de que se presente respectivo acto conclusivo dentro de los treinta días continuos una vez conste en despacho fiscal Cúmplase.

EL JUEZ DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS Nº 01
MSc. EDGAR ALEXANDER MIR RIVAS

LA SECRETARIA;
ABG. MINNELLI LEON

En fecha ___________se libraron boletas de notificación Nº___________

El Sria;