TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SUCRE Y ANTONIO PINTO SALINAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA. LAGUNILLAS, Treinta (30) de Noviembre del Año Dos Mil veintiuno.
211º y 162º
I
DE LAS PARTES
SOLICITANTE (S): JOSE VICENTE CONTRERAS Y SIOMARA ALTUVE AVILA, venezolanos, mayores de edad, cónyuges, comerciantes, titulares de las cédulas de identidad Nros V.- 8.030.477 y V- 6.533.863,en su orden, domiciliados en el sitio El Balcón del Sector El Boquerón, jurisdicción de la Población de San Juan, municipio Sucre del estado Bolivariano de Mérida, y civilmente hábiles, teléfonos: 0412-6687223 y 0414-7241944 respectivamente, debidamente asistidos por el abogado en ejercicio: ROBIRO ANTONIO RANGEL TORRES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.068.024, con domicilio procesal en la casa Nº 23 de la Avenida Bolívar, entre calles 2 y 3 del sector San Miguel, jurisdicción de la ciudad de Lagunillas, municipio Sucre del estado Bolivariano de Mérida, correo: escritoriojuridicolibertador@gmail.com,teléfonos: 0414-7137074 y 0412-7676256inscrito en el Inpreabogado bajo el número,62.941y jurídicamente hábil.
MOTIVO: DIVORCIO ARTICULO 185 Fundamentado en los artículos 26, 51 y 257 de la Carta Magna y en los criterios jurisprudenciales vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Sentencia Nº 446/2014, Sentencia Nº 693 de fecha dos (02) de Junio de 2015, Sentencia N° 1070 del 9 de Diciembre de 2016, con ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHAN; ratificado en sentencia 1710. De fecha 18 de diciembre del año dos mil quince (2015) que realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del código Civil y Sentencia Nº 136 del 30 de marzo de 2017 de la Sala de Casación Civil del máximo Tribunal.
SENTENCIA DEFINITIVA
NARRATIVA: En fecha Dieciséis (16) de Agosto de Dos Mil veintiuno (18-02-21), se recibió por Distribución Demanda de Divorcio 185 en concordancia con la sentencia Nº 1070, de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 09 de Diciembre del año dos mil dieciséis. presentada por los ciudadanos: JOSE VICENTE CONTERAS Y SIOMARA ALTUVE AVILA, debidamente asistidos por el abogado ROBIRO ANTONIO RANGEL TORRES, distribución Nº 1485, le correspondió conocer a este TRIBUNAL TERCERO DE MUNCIIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SUCRE Y ANTONIO PINTO SALINAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO MÉRIDA (folio 14).
Por auto de fecha Dieciséis de Agosto de Dos Mil Veintiuno (16-08-21), se le dio entrada a la presente solicitud. Por auto de fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil veintiuno se dio por recibida la anterior solicitud de Divorcio 185 con sus recaudos y anexos, se le dio entrada en el libro de causas civiles bajo el Nº 2021-167.En auto de fecha Dieciséis de Agosto de Dos Mil veintiuno (16-08-21) inserta en el folio catorce (14) visto el escrito de demanda de divorcio 185 en concordancia con la sentencia Nº 1070 de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia presentada por los ciudadanos JOSE VICENTE CONTERAS Y SIOMARA ALTUVE AVILA, se libró notificación del FISCAL DE GUARDIA DE FAMILIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, a los fines que compareciera por ante este Tribunal, dentro de los DIEZ DIAS DE DESPACHO siguientes, aquel en que conste en autos las resultas de dicha notificación, para que haga las observaciones que considere convenientes a la presente solicitud y se entregó al Alguacil del Tribunal para que la hiciera efectiva.
El Alguacil del Tribunal, mediante diligencia de fecha de Veinticinco de Octubre de Dos Mil veintiuno (25-10-2021), inserta al folio 17 del expediente, consignó Boleta de Notificación debidamente firmada por el Fiscal de guardia de la fiscalía Décimo Quinto de Protección de la Familia del Ministerio Público del Estado Bolivariano de Mérida. Quien en la oportunidad legal para emitir opinión en relación a la solicitud suscrita por los cónyuges anteriormente identificados, no emitió objeción alguna a la solicitud de divorcio.

Este es, en resumen el historial de la presente controversia.

DE LA PRETENSIÓN:
Visto el orden cronológico, este Juzgador entra a analizar la presente causa, para decidir.
En la presente solicitud los cónyuges ciudadanos: JOSE VICENTE CONTRERAS Y SIOMARA ALTUVE AVILA ya identificados, manifiestan en concreto lo siguiente:
“. . . En fecha Cuatro (04) de Julio de Dos mil novecientos noventa y siete (1997), contrajimos Matrimonio por ante la Prefectura Civil de la Parroquia San Juan, municipio Sucre del estado Bolivariano de Mérida, tal como consta en la respectiva Acta de Matrimonio Nro. , folio 016, que en Copia Certificada expedida por el Registro Civil de la Parroquia San Juan, municipio Sucre del estado Bolivariano de Mérida, acompañamos al presente escrito marcada con la Letra “A”; fijando nuestro domicilio conyugal en el citado sitio El Balcón del Sector El Boquerón, jurisdicción de la Población de San Juan, Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Mérida. De nuestra unión matrimonial surgieron Cinco (05) hijos, que llevan por nombres: JORGE ALEXANDER, JESUS ALEXIS, RONALD ALEJANDRO, JAVIER JOSE Y JOSE TRINIDAD CONTRERAS ALTUVE; quienes son venezolanos, mayores de edad, solteros, choferes, titulares de las cedulas de identidad números: 15.175.683, 15.175.682, 19.422.592, 18.125.875, 20.830.296 en el orden en que se mencionan, los cuales son todos son mayores de edad, por lo que no surge ninguna obligación inmediata para con ellos, de los cuales agregamos a este escrito copias de sus respectivas Cedulas de Identidad, marcadas con las letras “B, C, D, E y F” para evidenciar lo expuesto en este capitulo. Durante la relación conyugal sostenida por nosotros, se adquirieron por nuestra propia cuenta y esfuerzo compartido diversos bienes muebles e inmuebles que representan nuestro patrimonio conyugal, representado en enseres del hogar, un local comercial, terreno y una casa para habitación, los cuales liquidaremos en la oportunidad pertinente de conformidad con lo establecido en la ley. Ahora bien Ciudadano Juez, desde el mes de enero del año dos mil veinte, por razones y circunstancias que no vienen al caso mencionar en este escrito, decidimos separarnos de hecho, haciendo desde esa época vidas independientes y por nuestra propia cuenta en forma ininterrumpida, la cual se ha sostenido por mas de un (01) año ya, sin que hallan surgido hasta ahora de parte de los dos, posibilidades de reencuentro o reconciliación, y por cuanto no tenemos ningún interés en mantener el vinculo matrimonial que nos une, hemos resuelto abordar la legalización de nuestra separación de hecho, solicitando el divorcio respectivo. Por tal razón ciudadano Juez, es nuestra voluntad, consentimiento y decisión solicitar la disolución del vinculo matrimonial que nos une, para que cada quien haga su nueva vida, basándonos en la expresión de voluntad del individuo, como manifestación del libre desarrollo de la personalidad. Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la Sentencia Nº 446 de fecha: 15 de mayo de 2014, ha establecido: “El Matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los conyugues, como expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede estar obligado a permanecer casado. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos conyugues o al menos uno de ellos como consecuencia de su libre consentimiento, la vida en común, entendida esta como la obligación de los conyugues de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (Articulo 137 del Código Civil Venezolano) y de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (Articulo 140 ejusdem)”. Por los motivos antes expuestos, acudimos formalmente ante su competente autoridad, a los fines de solicitar que declare el divorcio del vinculo matrimonial que nos une, por ser nuestra voluntad y consentimiento de no continuar casados, para lo cual solicitamos se disuelva nuestro vinculo matrimonial, de conformidad con lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 693 de fecha dos (02) de junio de 2015, Expediente Nº 12-1163, que realiza una interpretación constitucional del articulo 185 del Código Civil, señalado:
“Sentencia que establece, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el Articulo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia Nº 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento”. Criterio Jurisprudencial este que invocamos como disposición legal parte fundamental en la presente solicitud.
En virtud de lo señalado y por los motivos expuestos con anterioridad, es por lo que acudimos ante su competente autoridad, fundamentamos principalmente en la ruptura prolongada de la vida en común y por el desafecto existente ya entre nosotros, para solicitar como formalmente solicitamos, se DECLARE EL DIVORCIO del vinculo conyugal que nos une, conforme a la Ley.
Fundamentamos la presente Solicitud en los artículos 26, 51 y 257 de la Carta Magna y en los Criterios jurisprudenciales vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, contenida en la Sentencia Nº 693 de fecha dos (02) de Junio de 2015, Expediente Nº 12-1163, y Sentencia Nº 446 de fecha 15-05-201, Expediente Nº 14-0094, ampliamente desarrolladas por las Sentencias Nº 1070, del 9 de diciembre de 2016, Expediente Nº 16-916 de la misma Sala, y la Sentencia Nº 136 del 30 de marzo de 2017, Expediente Nº 2016-000479 de la Sala de Casación Civil del máximo Tribunal.
Finalmente, indicamos como domicilio de los solicitantes la siguiente dirección: sitio El Balcón del Sector El Boquerón, carrera principal en la entrada a San Juan, jurisdicción de la Población de San Juan, municipio Sucre del estado Bolivariano de Mérida, teléfonos: 0412-6687223 y 0414-7241944.
A fin de cumplir lo previsto en el articulo 174 del Código del Procedimiento Civil establecemos nuestro domicilio procesal en la casa Nº 23 de la Avenida Bolívar, entre calles 2 y 3 del Sector San Miguel jurisdicción de la ciudad de Lagunillas, municipio Sucre del estado Bolivariano de Mérida, correo: escritoriojuridicolibertador@gmail.com, teléfonos: 0414-7137074 y 0412-7676256, Código Postal 5139. Pedimos que la presente solicitud sea admitida, sustanciada conforme a derecho declarada con lugar en la definitiva, con todos los pronunciamientos de Ley. Así mismo solicitamos que una vez declarado el DIVORCIO, se nos expidan dos (02) copias certificadas del presente escrito junto con la sentencia definitivamente firme que lo contenga, y a tal efecto, autorizamos al abogado Robiro Antonio Rangel Torres, quien nos asiste en el presente acto, para que haga efectivo el retiro de las mismas.

III
DE LAS PRUEBAS Y SU VALORACION, Y LA MOTIVACIÓN DEL FALLO
Ahora bien, pasa de inmediato este Juez a determinar si los supuestos fácticos se subsumen en dicha norma aludida y comprobar tales hechos de los recaudos presentados, y a tales efectos observa:

PRIMERO: Obra en los folios Tres (03) y cuatro (04) Copias fotostáticas de las Cédulas de Identidad de los ciudadanos: JORGE ALEXANDER, JESUS ALEXIS, RONALD ALEJANDRO, JAVIER JOSE Y JOSE TRINIDAD CONTRERAS ALTUVE. Este juzgador, observa que la identidad de la ciudadana es fidedigna, y en consecuencia de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, le da pleno valor probatorio Y ASÍ SE DECLARA.-

SEGUNDO: Obra en los folios Cinco (05) al Doce (12) Copias fotostáticas de las Partidas de Nacimiento Nros: (20 del Año 1980 perteneciente al ciudadano JORGE ALEXANDER, 98 Año 1985 perteneciente al ciudadano JAVIER JOSE, 165 Año 1993 perteneciente al ciudadano JOSE TRINIDAD, Expedida por la Unidad de Registro Civil Parroquia San Juan, municipio Sucre del estado Bolivariano de Mérida, 89 Año 1981 perteneciente al ciudadano JESUS ALEXIS y Acta Nº 95 de Año 1987 perteneciente al ciudadano RONALD ALEJANDRO, Expedida en la Oficina o Unidad de Registro Civil Parroquia Lagunillas, municipio, Sucre del estado Bolivariano de Mérida. Este juzgador, valora como documento publico, en el que se demuestra la filiación y la edad de los hijos, y en consecuencia de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 1357, 1360, y 1380 del Código Civil Venezolano, en concordancia con los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil, le da pleno valor probatorio Y ASÍ SE DECLARA.-
TERCERO: Obra al folio Trece (13) Copia Certificada del Acta de Matrimonio Nº 8, de fecha 04-07-1997 de los cónyuges ciudadanos JOSE VICENTE CONTRERAS Y SIOMARA ALTUVE AVILA, expedida por ante la Prefectura Civil de la Parroquia San Juan, hoy día Unidad de Registro Civil Parroquia San Juan, municipio Sucre del estado Bolivariano de Mérida. Este Juzgador lo valora como documento público, en el que se demuestra el vínculo matrimonial de los mencionados ciudadanos, el cual pretenden disolver. Este Juzgador valora el anterior documento como público, y en consecuencia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.357, 1.360 y 1.380 del Código Civil venezolano, en concordancia con los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil, le da pleno valor probatorio Y ASÍ SE DECLARA.-

PARA DECIDIR ESTE TRIBUNAL FINALMENTE OBSERVA:
“…Ahora bien, mediante sentencia N° 446 del 15 de mayo de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, fijó un nuevo criterio con respecto al procedimiento de divorcio previsto en el artículo 185-A del Código Civil, según el cual si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio…
El demandante de autos, con el objeto de demostrar los presupuestos de hecho de su demanda de Divorcio, promovió las siguientes pruebas: partida de matrimonio, copias cedula de identidad, partidas de Nacimientos de sus hijos mayores de edad.
“…Observa este Tribunal, que en el presente caso la parte demandante, JOSE VICENTE CONTRERAS Y SIOMARA ALTUVE AVILA, lograron demostrar con los medios probatorios que aportó a estos autos, los hechos constitutivos que crearan o generaran un derecho a su favor una vez que la acción fue contradicha en los términos que dispone el artículo 185-A del Código Civil, pues como hemos visto, con las pruebas aportadas al proceso, lograron demostrar las diligencias que estaban realizando las partes con la intención de obtener el divorcio de conformidad con la señalada norma, es por lo que este Juzgado debe declarar el DIVORCIO,
Ahora bien, en la actualidad resulta arcaico e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un número de causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales, tales como:
Derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad: Considerado como un derecho fundamental y relativo a la libertad del ser humano, solo limitado por los derechos de los demás así como el orden público y social, permitiendo al individuo una vida libre de coacciones, definido como un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal. De modo que, mantener un proceso judicial para la disolución del matrimonio que implique que una de las partes deba probar alguna de las causales taxativas, estaría limitando a quien demanda en su libre consentimiento de disolver el vínculo matrimonial
Derecho a la dignidad del ser humano, y el respeto de la autonomía de la personalidad, de su individualidad, de la potestad de cada individuo de la especie humana de decidir en libertad y conforme a sus propias creencias, gustos y valores.
Fue desarrollado por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, y plasmada en sentencia N° 1070 del 9 de diciembre de 2016, en la solicitud de avocamiento realizada por el ciudadano Hugo Armando Carvajal Barrios, de la siguiente manera:
“…Por lo tanto, el matrimonio se erige como la voluntad de las partes, nacida del afecto, para lograr los fines de la vida en pareja y durante su lapso de vida constituir el pilar fundamental de la sociedad organizada: la familia.
Así pues, en nuestra sociedad el contrato de matrimonio nace a través de un vínculo afectivo de libre consentimiento preexistente entre dos personas de distinto sexo, mediante el cual se genera una serie de derechos y deberes con el fin de realizar una vida en comunidad.
Dentro de este orden de ideas, la institución romana del affectiomaritalis trataba acerca de la voluntad de ser marido o de ser mujer, viniendo a ser el sustento fundamental del matrimonio, por lo que ha de ser continua y su ruptura desembocaba en el divorcio.
Siendo así las cosas, el afecto, proveniente del latín affectus, refiere a un sentimiento, el cual es el resultado de las emociones, hacia alguien o algo, especialmente de amor o cariño, por lo que podemos concluir que el afecto o cariño es la principal fuente del matrimonio y de su permanencia.
Es de agregar, tal y como en la institución del affectiomaritalis, dicho afecto que origina la unión de una pareja en matrimonio debe ser permanente, por cuanto éste es la fuente directa de la creación del contrato matrimonial y la existencia, de hecho, del vínculo marital depende de tal afecto.
En este sentido, al momento en el cual perece el afecto y cariño ocurre el nacimiento del desafecto, el cual es definido por la Real Academia Española como la falta de estima por algo o alguien a quien se muestra desvío o indiferencia.
Dicho desafecto consiste en la pérdida gradual del apego sentimental, habiendo de una disminución del interés por el otro, que conlleva a una sensación creciente de apatía, indiferencia y de alejamiento emocional, lo que con el tiempo lleva a que los sentimientos positivos que existían hacia el o la cónyuge cambien a sentimientos negativos o neutrales.
En este orden de ideas, resulta conveniente citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, Reino de España, del 27 de Marzo de 2003, lo siguiente:
(…) se ha venido desarrollando doctrinalmente la (teoría) del divorcio-separación remedio, con fundamento en la teoría de la ‘DESAFECCTIO’ y del principio que no pueden imponerse convivencia no deseadas, por ello, AÚN CUANDO UNO DE LOS CÓNYUGES SE OPONGA A LA SEPARACIÓN, , los Tribunales la vienen sancionando bajo el manto de la reciprocidad en los deberes de convivencia, fidelidad, ayuda y cariño mutuo, entendiendo que si por parte de uno ha desaparecido, es imposible que el otro los cumpla porque el matrimonio es cosa de dos, la perdida (sic) de la felicidad conyugal de cualquiera de ellos convierte al matrimonio en un infierno. (Resaltado de esta Sala).
A este respecto tenemos pues que al momento en el cual perece el afecto la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges, por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales.
De la misma forma, durante la unión matrimonial puede surgir la incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges, la cual consiste en una intolerancia de alguno de los cónyuges para con su pareja, siendo exteriorizada en diversas formas lo que genera una permanente aversión que hace imposible la vida en común.
De modo pues que tales situaciones no se pueden encasillar a las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, tal y como se estableció en la sentencia n° 693/2015, ya que al ser sentimientos intrínsecos de alguno de los cónyuges, estos pueden nacer o perecer de forma inesperada sin que exista un motivo específico.
Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vinculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.
Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia[r] y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada.
Por ello, a los fines de la protección familiar debe entenderse el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de aligerar la carga emocional de la familia.
(...Omissis...)
En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas.
En efecto, la competencia de los Tribunales es producir como juez natural conforme lo dispone el artículo 49 constitucional, una decisión que fije la ruptura jurídica del vínculo con los efectos que dicho divorcio apareja, sin que pueda admitirse la posibilidad de que manifestada la existencia de dicha ruptura matrimonial de hecho, se obligue a uno de los cónyuges a mantener un vínculo matrimonial cuando éste ya no lo desea, pues de considerarse así se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona....” (Negrillas de la sentencia citada, subrayado agregado).

Asimismo, con base en los mencionados principios, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 693, del 2 de junio de 2015, realizó interpretación constitucional del artículo 185 del Código Civil y estableció, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en dicho artículo son enunciativas y no taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446 dictada por la Sala Constitucional el 15 de mayo de 2014, incluyéndose el mutuo consentimiento, de la siguiente manera:

“…Este derecho fundamental del ciudadano, consistente en el reconocimiento por parte del Estado de la dignidad del ser humano, persigue el respeto de la autonomía de la personalidad; de su individualidad; de la potestad de cada individuo de la especie humana de decidir en libertad y conforme a sus propias creencias, gustos y valores, garantizando así su autodeterminación frente al Estado mismo y frente a otros individuos, con la única limitación que es el respeto a las demás personas, y el orden público y social.
(...Omissis...)
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone en el artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”.
De donde de forma concatenada se sigue que negar la posibilidad a un individuo de acudir a los órganos jurisdiccionales para encontrar solución a un conflicto parece confiscar al Derecho su función de ordenador de la conducta humana y un medio de resolución de conflictos.
De tal modo que el ordenamiento jurídico confiere al titular de un derecho subjetivo la posibilidad de defenderlo, en tanto y en cuanto posea un interés en hacerlo (artículo 16 del Código de Procedimiento Civil), con lo cual el ciudadano puede acceder a los órganos de administración de justicia para obtener una sentencia que satisfaga su pretensión.
Siendo el caso que de las normas citadas respecto del divorcio se desprende que se desconoce un derecho humano, se desconoce el interés y se conculca el derecho de acceso a la jurisdicción, como expresiones del derecho a la tutela judicial efectiva, cuando la acción para demandar la resolución del vínculo matrimonial está limitada y puede incluso resultar denegada en derecho. Ciertamente, cuando se determinan previamente y se encasillan como causales “únicas” para demandar el divorcio, aquellas previamente descritas por el Legislador, y se niega al cónyuge exponer y sostener ante los órganos jurisdiccionales un motivo distinto a los enumerados por la ley para disolver el vínculo conyugal que voluntariamente creó se desconoce el derecho a obtener una tutela judicial efectiva.
(...Omissis...)
Es indiscutible para esta Sala Constitucional que quien se une en matrimonio aspira y se compromete a las obligaciones que de tal institución derivan, definidas en el encabezamiento del artículo 137 del Código Civil cuando establece: “Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente”.
Asimismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal.
De la tangibilidad de estos derechos debe concluirse que la previsión del artículo 185 del Código Civil, que establece una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, deviene insostenible de cara al ejercicio de los derechos constitucionales ya comentados devenidos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener una tutela judicial efectiva. Es decir, que en la actualidad resulta vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva….” (Resaltados de esta Sala).

De la sentencia parcialmente transcrita, se desprende que la Sala Constitucional consideró que es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente en la relación matrimonial, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal.
Además, califica la taxatividad del artículo 185 del Código Civil como una regulación pre constitucional escasa, incapaz de satisfacer las expectativas creadas frente a las vicisitudes de la vida y las nuevas tendencias sociales, y que establece una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, la cual es insostenible de cara al ejercicio de los derechos constitucionales ya comentados devenidos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener una tutela judicial efectiva.
Todo lo cual conllevó a la Sala Constitucional a dictaminar que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por los motivos previstos en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, incluyéndose el mutuo consentimiento. Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
. Luego, para el derecho venezolano, el cese de la vida en común por voluntad de ambos o de uno de los cónyuges es una causal de divorcio, de igual entidad en todos los anteriores supuestos, ya que en la actualidad se adapta a la previsión del artículo 77 constitucional, según el cual el matrimonio se fundamenta en el libre consentimiento. Adicionalmente, la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23-3), como la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17-3), establecen que el matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes; derecho que también está contemplado en el artículo 16-2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos, conforme al artículo 19 de la Constitución vigente, son de goce y ejercicio irrenunciables, indivisibles e interdependientes y regidos por el principio de progresividad y sin discriminación alguna.
Sobre este particular, la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia n.° 192 del 26 de julio de 2001 (caso: Víctor José Hernández Oliveros contra Irma Yolanda Calimán Ramos) declaró que “[e]l antiguo divorcio–sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general”.
Por tanto, conforme a las citadas normas, a juicio de esta Sala, si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, es este consentimiento el que priva durante su existencia y, por tanto, su expresión destinada a la ruptura del vínculo matrimonial, conduce al divorcio. Así, debe ser interpretada en el sentido que –manifestada formalmente ante los tribunales en base a hechos que constituyen una reiterada y seria manifestación en el tiempo de disolver la unión matrimonial, como es la separación de hecho, contemplada como causal de divorcio en el artículo 185-A del Código Civil–, ante los hechos alegados, el juez que conoce de la solicitud, debe otorgar oportunidad para probarlos, ya que un cambio del consentimiento para que se mantenga el matrimonio, expresado libremente mediante hechos, debe tener como efecto la disolución del vínculo, si éste se pide mediante un procedimiento de divorcio. Resulta contrario al libre desenvolvimiento de la personalidad individual (artículo 20 constitucional), así como para el desarrollo integral de las personas (artículo 75 eiusdem), mantener un matrimonio desavenido, con las secuelas que ello deja tanto a los cónyuges como a las familias, lo que es contrario a la protección de la familia que debe el Estado (artículo 75 ibidem).

En base a toda la jurisprudencia analizada, nueva doctrina patria y adecuación de leyes preconstitucionales a la doctrina constitucional vigente y reforma del artículo 185 A DEL Código de Procedimiento Civil Artículos 21 y 75 constitucional, es por lo que este juzgador pasa a decidir y así lo decide, dictaminando la siguiente dispositiva.
IV
DISPOSITIVA:

Por las razones anteriormente expuestas, este TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SUCRE Y ANTONIO PINTO SALINAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DEMÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR El DIVORCIO, de conformidad con el artículo 185- del Código Civil Venezolano Vigente, y se declara disuelto el vínculo matrimonial existente, entre los ciudadanos JOSE VICENTE CONTRERAS Y SIOMARA ALTUVE AVILA, venezolanos, mayores de edad, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 8.030.477 y V-6.533.863, respectivamente, domiciliados en el Balcón del Sector El Boquerón, carretera principal en la entrada a San Juan, Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Mérida, y civilmente hábiles Y ASI SE DECLARA.-

SEGUNDO: En virtud de tal pronunciamiento anterior ofíciese a la Unidad de Registro Civil del Municipio Sucre Parroquia San Juan, estado Bolivariano de Mérida, yal Registro Principal del estado Bolivariano de Mérida, a los fines de que estampen la nota marginal correspondiente a la decisión, para su debida publicidad UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA MISMA.

TERCERO: A los fines del ejercicio de los recursos y de conformidad a los Artículos 252 y 298 del Código de Procedimiento Civil, se les concede a las partes el lapso establecido en tal dispositivo, para tales efectos recursivos. Y ASÍ SE ESTABLECE.

PUBLÍQUESE Y CÓPIESE. DADA, FIRMADA, SELLADA Y REFRENDADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SUCRE Y ANTONIO PINTO SALINAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Lagunillas, Treinta (30) de Noviembre del Dos Mil Veintiuno (2.021). Años: 211º de la Independencia y 162º de la Federación.

EL JUEZ TEMPORAL
ABG. JHONNY C DUGARTE CONTRERAS.

EL SECRETARIO TITULAR
ABG.HILBER J.VALLADARES

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, previo el pregón de Ley, siendo las ONCE DE LA MAÑANA (11:00 a.m.) y se expidieron copias certificadas para la estadística del Tribunal.