REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA
211º y 162º
I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
EXPEDIENTE Nº: 11.165
PARTE ACTORA: MARCELINA URIBE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.082.983, domiciliada en la población de lagunilla Municipio Sucre del estado Bolivariano de Mérida,
APODERADO JUDICIAL: ANNY SURGY NASARET LUGO DELGADO venezolana mayor de edad titular de la cedula de identidad v-12.723.474, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 83.679
PARTE DEMANDADA: JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ALONSO BENJAMIN RODRIGUEZ ALTUVE, YARITZA ENEIDA RODRIGUEZ ALTUVE, BARTOLOME ROJAS y JOSE CUPERTINO MARQUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad números V-3.035.870, V-8.035.779,V-11.467.554,V-680.126 y V-3.035.871,respectivamente domiciliados en el Estado Bolivariano De Mérida, en su condición de HEREDEROS CONOCIDOS del causante CEFERINO RODRIGUEZ CONTRERAS, venezolano mayor de edad titular de la cedula de identidad V-8.046.034
MOTIVO: INQUISICIÓN DE PATERNIDAD (PERENCIÓN DE LA INSTANCIA).
II
RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
Ingresó por distribución en fecha 26 de junio de 2017, demanda contentiva de la acción de INQUISICIÓN DE PATERNIDAD, interpuesta por la MARCELINA URIBE debidamente asistida por la abogada ANNY SURGEY NASARET LUGO DELGADO
En fecha 29 de junio de 2017, este Tribunal dictó auto mediante el cual le dio entrada, admitió la demanda y no se libraron recaudos de citación por falta de fotostatos.
En fecha 02 de agosto de 2017, diligenció la ciudadana MARCELINA URIBE debidamente asistida por la abogada POR EL ABOGADO ERNESTO JOSE HUGGINS SANCHEZ consignando Poder Apud- Acta.
En fecha 09 de agosto de 2017, diligencio el abogado ERNESTO JOSE HUGGINS SANCHEZ, consignando los emolumentos para que se libren la respectiva citación y notificaciones del fiscal especial del Ministerio Público del Estado Bolivariano de Mérida para la protección de niños niño y adolecente,
En fecha 09 de agosto de 2017, diligencio el abogado ERNESTO JOSE HUGGINS SANCHEZ, consignando los emolumentos para que se libren la respectiva citación y notificaciones a los ciudadanos, JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ALONSO BENJAMIN RODRIGUEZ ALTUVE, YARITZA ENEIDA RODRIGUEZ ALTUVE, BARTOLOME ROJAS y JOSE CUPERTINO MARQUEZ.
En fecha 09 de noviembre del 2017, según consta la declaración del aguacil que obra en el folio 30 de presente expediente este tribunal ordena la continuación del procedimiento, cuyo efecto acuerda librar un EDICTO, en el que se emplace, en primer lugar a los herederos desconocidos del causante CEFERINO RODRIGUEZ CONTRERAS, para que comparezcan a darse por citados
En fecha 08 de marzo de 2018, este tribunal acuerda dejar sin efecto y sin ningún valor jurídico el edicto librado en fecha 09 de noviembre de 2017 y librar nuevamente edicto, en el que se emplace, en primer lugar a los herederos desconocidos del causante CEFERINO RODRIGUEZ CONTRERAS, para que comparezcan a darse por citados
En fecha 21 de mayo de 2018, vista la constancia por secretaria El Tribunal Segundo De Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Campo Elias y Aricauga de la Circuncripcion Judicial del Estado Bolivariano de Merida se recibió citación anexa al oficio Nº 2018-127 de fecha 14 de mayo del 2018 de los demandados JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ALONSO BENJAMIN RODRIGUEZ ALTUVE, YARITZA ENEIDA RODRIGUEZ ALTUVE, BARTOLOME ROJAS y JOSE CUPERTINO MARQUEZ,
En fecha 14 de junio de 2018, este tribunal acuerda la diligencia que antecede de fecha 30 de abril de 2018 folio 90 suscrita por la abogada ANNY SURGEY NASARET LUGO DELGADO en su condición de apoderada judicial parte actora, mediante la cual solicita la citación por carteles de los co-demandadados, ciudadanos BARTOLOME ROJAS ALONSO BENJAMIN RODRIGUEZ ALTUVE, YARITZA ENEIDA RODRIGUEZ ALTUVE
En fecha 10 de diciembre 2018, se libraron nuevamente carteles de citación de conformidad con el 223, dejando sin efecto los carteles librados en fecha 14 de junio de 2018.
En fecha 11 de julio de 2018, se recibió comisión de de citación, cumplida de fecha 04 de julio de 2019.
En fecha 25 de noviembre de 2019, se dicto auto de la juez temporal y en la misma fecha se libro boleta de notificación a la parte demandada y se comisiono al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Campo Elias y Aricagua de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida
De manera que de acuerdo al historial del presente expediente, tenemos que desde la fecha del último acto de impulso procesal emitido por el Tribunal en fecha 13 de marzo de 2020, no hubo actuación alguna por parte del accionante, quien debía impulsar el proceso gestionando las diligencias inherentes a este tipo de procedimiento, por lo que corresponde a este Jurisdicente, actuando exoficio comprobar sí efectivamente, en el caso de marras,ha operado la perención prevista en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo cual se hará en la motivación del presente fallo.
III
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
A los fines de verificar la ocurrencia o no de la perención de la instancia se hacen necesarias las siguientes consideraciones.
PRIMERA CONSIDERACIÓN: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención…”
Conforme el contenido de la norma, el Instituto de la PERENCIÓN DELA INSTANCIA no es más que “…el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso…” [RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 329].
Esta sanción tiene su fundamento, de un lado, en la presunta expresión de voluntad de las partes de no continuar con el proceso instaurado, la cual se evidencia de la falta de impulso procesal por un período determinado que el Legislador previó como suficiente para presumir tal circunstancia; y del otro, la necesidad del estado de evitar que los jueces se recarguen de expedientes cuya pendencia de no ocurrir la perención resultaría indefinida.
La doctrina y jurisprudencia nacional han determinado que la perención, aparte de sancionar la conducta omisiva de las partes, pretende que el proceso se desenvuelva sin dilaciones hasta alcanzar su fin y su propósito, es decir: la sentencia que dirime el conflicto.
En el presente caso, este Tribunal percibe una evidente inactividad procesal desde el día 19 de febrero de 2018, fecha en la que el Tribunal libró los recaudos de citación a al demandado de autos, encontrándose la misma en estado de citación. Es decir que a la presente fecha, ya ha transcurrido el tiempo determinado en el encabezamiento del artículo 267 del Código Procedimiento Civil, para declarar la extinción del proceso por inactividad ultra-anual. En este sentido conviene traer a colación el criterio legal sobre la forma de computar los lapsos equivalentes a años, lo cual aparece regulado en el artículo 199 eiusdem, que instituye:
“Los términos o lapsos de años o meses se computarán desde el día siguiente al de la fecha del acto que da lugar al lapso, y concluirán el día de fecha igual a la del acto, del año o mes que corresponda para completar el número del lapso. El Lapso que, según la regla anterior, debiera cumplirse en un día de que carezca el mes, se entenderá vencido el último de ese mes”.
Así pues, de acuerdo a la norma anteriormente transcrita, los términos o lapsos de años o meses se deben computar desde el día siguiente al de la fecha en que tuvo lugar el acto que da lugar al lapso, y concluirán el día de fecha igual a la del acto, del año o mes que corresponda para completar el número del lapso. En el caso de marras, el cómputo del año exigido por nuestro legislador para que se tenga por consumada la perención de la instancia, inició el día 19 de febrero de 2019, fecha siguiente al día en que el Tribunal dictó auto librando recaudos de citación a los demandados de autos, y concluyó el día 19 de febrero de 2018, fecha igual a la del referido acto que dio inicio al lapso anual, sin que haya habido ningún acto de impulso procesal por parte del accionante.
Por lo tanto, dado que en la presente causa ha transcurrido más de un año, sin que se haya producido actuación alguna por parte del accionante para instar el procedimiento --de modo de interrumpir el lapso de inactividad--, es concluyente que se produjo la perención de la instancia, y por ende la extinción del proceso, y así debe decidirse.
SEGUNDA CONSIDERACIÓN: En el mismo orden de ideas, tenemos que el Legislador en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, señala los casos en los que procede la perención de la instancia, y particularmente, en el encabezamiento de dicha norma, se dispone como causa para la procedencia de dicha figura procesal la ocurrencia de los siguientes elementos:
a) El transcurso de un período determinado, esto es, un [01] año contado a partir del último acto de procedimiento de las partes.
b) La inactividad procesal durante el período antes indicado.
c) Que la inactividad no ocurra después de vista la causa por el juez.
TERCERA CONSIDERACIÓN: Efectivamente, desde la fecha supra indicada, no consta en el expediente que se haya realizado ningún otro acto de procedimiento de la parte actora; por lo cual, para el día de hoy, se encuentra sobradamente cumplido el lapso previsto por el legislador para que se tenga por consumada la perención de la instancia, y habida cuenta, que el presente expediente no se encuentra en estado de sentencia, debe tenerse como plenamente configurado el supuesto de hecho contenido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, ha operado la PERENCIÓN DELA INSTANCIA, la cual se consumó el día 19 de febrero de 2018; y así será lo decidido en el dispositivo del presente fallo.
IV
DISPOSITIVA
En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de conformidad con el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el presente juicio que por INQUISICIÓN DE PATERNIDAD, ha incoado por la ciudadana MARCELINA URIBE, debidamente asistida por la abogada ANNY SURGEY NASARET LUGO DELGADO
SEGUNDO: Notifíquese a la parte actora haciéndole saber que el lapso para que interponga el recurso que considere pertinente, contra la presente decisión comenzará a correr una vez que conste en autos su notificación. Líbrese por auto separado la correspondiente boleta, y entréguesele al Alguacil para que la haga efectiva.
TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la decisión, de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, notifíquese, cópiese y regístrese, cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Mérida, quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Años 208º de la Independencia y 160º de la Federación. . La JUEZA TEMPORAL, (FDO) Abg. FRANCINA M. RODULFO ARRIA.. LA SECRETARIA TEMPORAL, (FDO) Abg. ANA KARINA MELEAN B.
|
