REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

212º y 163º

I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

EXPEDIENTE Nº: 11.572

PARTE DEMANDANTE: LILIAN BEATRIZ PEREZ PAREDES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-17.455.238, domiciliada en Ejido, Municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábil.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: RICARDO ISRRAEL TAVIRA MENDEZ y THAMARA DEL CARMEN PUENTES DE TAVIRA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-12.780.303 y V-14.022.403, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 232.016 y 82.138, de este domicilio y jurídicamente hábiles.
PARTE DEMANDADA: ROGER OLENKY GALVIS GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-13.821.018, domiciliado en Ejido Municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábil.

MOTIVO: PARTICION DE BIENES COMUNES (Cuaderno de Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar).
II
RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
Se inicia la presente causa mediante libelo de demanda, intentada por la ciudadana LILIAN BEATRIZ PEREZ PAREDES, debidamente asistida por sus apoderados judiciales abogados RICARDO ISRRAEL TAVIRA MENDEZ y THAMARA DEL CARMEN PUENTES DE TAVIRA, contra el ciudadano ROGER OLENKY GALVIS GONZALEZ, anteriormente identificados, por PARTICION DE BIENES COMUNES.
En el escrito libelar la parte actora señaló para la solicitud de medida cautelar lo siguiente: “… a los fines de que no se materialice la inscripción de cualquier venta o traspaso de la propiedad del demandado, en procura de eludir la presente acción propuesta, es por lo que solicitamos de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil, se decrete medida de prohibición, enajenar y gravar sobre el 50% del valor total del inmueble propiedad del demandado…” (sic).
Asimismo, la demandante en el presente juicio, solicitó a este Tribunal se decretara medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el 50% de un inmueble consistente en un lote de terreno ubicado en el Sector Las Cruces, anteriormente denominado La Lugareña, Ejido, Parroquia Montalbán, Municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida, cuyas medidas y linderos que lo identifican son los siguientes: FRENTE: Una extensión de diez metros (10,00 mts) colinda con la calle pública; FONDO: Una extensión de diez metros (10,00 mts), colinda con terrenos que son o fueron de Jesús Amelio Marín; POR UN COSTADO: Una extensión de treinta metros (30,00 mts), colinda con terrenos que son o fueron de Jesús Amelio Marín y POR EL OTRO COSTADO: Una extensión de treinta metros (30,00 mts) colinda con terrenos que son o fueron de Jesús Amelio Marín. Terreno el cual posee un área o superficie total de trescientos metros cuadrados (300 Mts2). Inmueble que tiene asignado el Código Catastral Nº 14-06-03-U. En el precitado lote de terreno existen unas mejoras y bienhechurías consistentes en la construcción de una casa para habitación que consta de las siguientes dependencias: PLANTA BAJA: Un estacionamiento, un porche, una sala-estar, un pasillo de circulación, un comedor, una cocina, una escalera de acceso, un baño, una habitación de servicio con baño, un área de oficios, un jacuzzi, una parrillera, un baño y una terraza. PRIMER PISO: Dos habitaciones con closet, una habitación con baño y vestier, una habitación, una escalera de acceso y pasillo de circulación, un salón de estudio con closet y balcón. SEGUNDO PISO: Escalera de acceso, dos habitaciones, una terraza, un baño, una escalera de acceso a la terraza. Adicionalmente el inmueble tiene planificación y construcción de una piscina. El área total de construcción es de trescientos ochenta y ocho metros cuadrados con ochenta y nueve centímetros cuadrados (388,89 Mts2). Dicho inmueble es propiedad del demandado ciudadano ROGER OLENKY GALVIS GONZALEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-13.821.018, la cuota parte que a este comunero le pertenece en propiedad es el cincuenta por ciento (50%) de los derechos y acciones vinculados en el valor total del inmueble descrito por su situación y linderos y que lo adquirió en forma conjunta con la ciudadana LILIAN BEATRIZ PEREZ PAREDES, titular de la cédula de identidad Nº V-17.455.238, según documento protocolizado en la Oficina de Registro Público del Municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida, el día 20 de marzo de 2015, bajo el Nº 2015.214, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado bajo el Nº 371.12.14.5.3688 y correspondiente al Libro del Folio Real del año 2015.
Mediante auto que obra al folio 01 del presente cuaderno, de fecha 01 de diciembre de 2022, este Tribunal ordenó abrir cuaderno separado de medida certificando las copias del libelo de la demanda, sus anexos, auto de admisión y sustanció el respectivo cuaderno.

En fecha 06 de diciembre del presente año, diligenció el abogado RICARDO ISRRAEL TAVIRA MENDEZ, en su carácter de co-apoderado judicial de la parte actora, ratificando la solicitud de la medida y consignando la certificación de gravámenes, expedida por la Oficina de Registro Público del Municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida.

III
MOTIVOS DE HECHO Y DERECHO PARA DECIDIR
Para el caso de las medidas preventivas siempre se apertura un cuaderno separado en orden a lo consagrado en el artículo 604 del Código de Procedimiento Civil, cuaderno éste se encuentra totalmente vinculado al juicio principal que le dio origen, aún cuando el mismo tiene una autonomía relativa, pues se desprende del proceso que se encuentra en curso.

Para pronunciarse sobre la medida, este Tribunal debe escudriñar la naturaleza del proceso cautelar, y de las medidas precautelativas, que como bien lo enseña el maestro FRANCESCO CARNELLUTTI, en su obra: Instituciones del Proceso Civil, sirven para garantizar las resultas del proceso, “Constituyen una cautela”, para el buen fin de otro proceso (Definitivo), y, dada la naturaleza propia de las providencias cautelares, las cuales como expresa el autor PIERO CALAMANDREI, proveen a eliminar el peligro mediante la constitución de una relación provisoria, pre-ordenada al mejor rendimiento práctico de la futura providencia principal.

Al respecto, advierte este Juzgado que las medidas cautelares son parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la defensa, teniendo su base en la propia función del Juez de juzgar y ejecutar lo juzgado y pueden ser utilizadas, siempre que cumplan los dos requisitos esenciales del periculum in mora y del fumus boni iuris, de la forma más amplia para garantizar la eficacia de la sentencia que decida sobre el fondo de la controversia.

En efecto, la emisión de cualquier medida cautelar, tal como lo disponen los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, está condicionada al cumplimiento concurrente de dos (02) requisitos: que se presuma la existencia del buen derecho que se busca proteger con la cautelar, como del riesgo manifiesto de que pueda quedar o hacerse ilusoria la ejecución del fallo estableciendo la norma que el solicitante de la medida, tiene la carga de acreditar ante el Juez, haciendo uso de los medios de prueba que confiere el ordenamiento, la señalada presunción.

En lo que respecta a ésta presunción del buen derecho, la jurisprudencia venezolana ha considerado que esa “apariencia del buen derecho”, se determina a través de un preventivo cálculo o juicio sumario de verosimilitud sobre el derecho del demandante y sobre las probabilidades de éxito de la demandada, sin que tal análisis suponga un pre-juzgamiento del fondo del asunto, por cuanto las medidas cautelares son instrumentales, provisionales y dictadas con base a un conocimiento incompleto, siendo que la sentencia definitiva podría confirmar o revocar lo estimado por vía cautelar. En este sentido, no puede exigirse la certeza del derecho invocado, justamente porque, tal como lo indica la doctrina nacional, ello “es un atributo del juicio pleno, cuestión que no se da en los procesos cautelares, donde el Juez, por más que lo intente, -si se atiende a los breves plazos legales-, solo podrá alcanzar una fuerte presunción”. Tal apreciación del fumus boni iuris, en principio, debe estar fundamentada en un medio de prueba y en la argumentación presentada por el accionante y debe surgir objetivamente de los autos, no de la convicción subjetiva, de la parte solicitante.

Este presupuesto requiere prueba del derecho que se reclame, la cual debe acompañarse como base del pedimento, si no constare ya del propio expediente, pero no vale cualquier clase de prueba; no exige la Ley que sea plena, pero sí que constituya por lo menos presunción grave de aquél derecho. La presunción, según ha sido definida universalmente por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, es la consecuencia que la Ley o el Juez deducen de un hecho conocido para llegar a otro desconocido. Es la definición de Poithier y de Domat; el primero dijo, que era “el juicio que la Ley o el hombre efectuaba acerca de la verdad de una cosa mediante la consecuencia deducida de otra”, y el segundo, que: “era la consecuencia que se deduce de un hecho conocido para poder conocer la verdad de uno incierto de que se busca la prueba”.

El carácter de gravedad de la presunción por cuanto, como lo señala la doctrina italiana, es materia mejor sentible que definible, corresponde a la soberana apreciación del Juzgador. Una jurisprudencia italiana ha considerado graves, las presunciones “capaces de hacer impresión sobre una persona razonable”, pero, a nuestro ver, la gravedad estriba en que la presunción tenga tal grado de probabilidad que lleve al ánimo del Juez suficiente certeza como para obligarle a creer, que para el momento, está probado el derecho que se reclama en el proceso. La Ley, pues, solo exige un mínimum de probanza, por lo que huelga todo comentario cuando la obligación demandada o “el derecho que se reclame” esté plenamente probado.

Aplicando tal doctrina al caso de autos, y en relación a la presunción del buen derecho, se observa que la pretensión del presente proceso, es partición de bienes comunes, acompañándose al escrito libelar la copia simple del documento de propiedad del bien objeto de la medida solicitada, que obra a los folios 12 al 14.

Siendo que la referida documental soporta el derecho reclamado, es por lo que es lógico que se decrete la medida de prohibición de enajenar y gravar, como medida precautelativa, para evitar cualquier acto por parte de los excepcionados que pretenda hacer ilusoria la ejecución del fallo, quedando así satisfecho el carácter de gravedad de la presunción que hace impresión sobre una persona razonable de la necesidad de decretar tal cautelar a los fines de impedir que el derecho que le corresponde a la parte demandante del referido inmueble salga de su patrimonio, por lo cual, surge de la instrumental la presunción del buen derecho, tal como se expresó ut supra, lo que aunado a la existencia del periculum in mora, es decir, lo que la doctrina nacional ha denominado “el criterio de la tardanza o de la morosidad” que presupone un proceso judicial, lo cual trae insito un peligro que unido a otras condiciones propias de la litis tramitada, constituye lo que se a dado en llamar efectivamente Periculum In Mora.
Así, la jurisprudencia ha señalado que: “el peligro en la demora a los efectos de la medida precautoria, surge de la sola duración del proceso; la prolongación de un lapso más o menos largo siempre le crea un riesgo a la justicia”. De manera, que se encuentra acreditada fehacientemente, la posibilidad de enajenar el inmueble por parte de la parte accionada, lo cual genera la presunción del buen derecho y existe el periculum in mora, con la notoria tardanza de los procesos ordinarios, por todo lo cual, este Tribunal encuentra completos estos dos presupuestos para el decreto de la cautelar solicitada. Y así se decide.

IV
DISPOSITIVA

En orden a lo antes expuesto este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, solicitada por la parte demandante en el presente juicio, sobre: El 50% de un inmueble consistente en un lote de terreno ubicado en el Sector Las Cruces, anteriormente denominado La Lugareña, Ejido, Parroquia Montalbán, Municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida, cuyas medidas y linderos que lo identifican son los siguientes: FRENTE: Una extensión de diez metros (10,00 mts) colinda con la calle pública; FONDO: Una extensión de diez metros (10,00 mts), colinda con terrenos que son o fueron de Jesús Amelio Marín; POR UN COSTADO: Una extensión de treinta metros (30,00 mts), colinda con terrenos que son o fueron de Jesús Amelio Marín y POR EL OTRO COSTADO: Una extensión de treinta metros (30,00 mts) colinda con terrenos que son o fueron de Jesús Amelio Marín. Terreno el cual posee un área o superficie total de trescientos metros cuadrados (300 Mts2). Inmueble que tiene asignado el Código Catastral Nº 14-06-03-U. En el precitado lote de terreno existen unas mejoras y bienhechurías consistentes en la construcción de una casa para habitación que consta de las siguientes dependencias: PLANTA BAJA: Un estacionamiento, un porche, una sala-estar, un pasillo de circulación, un comedor, una cocina, una escalera de acceso, un baño, una habitación de servicio con baño, un área de oficios, un jacuzzi, una parrillera, un baño y una terraza. PRIMER PISO: Dos habitaciones con closet, una habitación con baño y vestier, una habitación, una escalera de acceso y pasillo de circulación, un salón de estudio con closet y balcón. SEGUNDO PISO: Escalera de acceso, dos habitaciones, una terraza, un baño, una escalera de acceso a la terraza. Adicionalmente el inmueble tiene planificación y construcción de una piscina. El área total de construcción es de trescientos ochenta y ocho metros cuadrados con ochenta y nueve centímetros cuadrados (388,89 Mts2). Dicho inmueble es propiedad del demandado ciudadano ROGER OLENKY GALVIS GONZALEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-13.821.018, la cuota parte que a este comunero le pertenece en propiedad es el cincuenta por ciento (50%) de los derechos y acciones vinculados en el valor total del inmueble descrito por su situación y linderos y que lo adquirió en forma conjunta con la ciudadana LILIAN BEATRIZ PEREZ PAREDES, titular de la cédula de identidad Nº V-17.455.238, según documento protocolizado en la Oficina de Registro Público del Municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida, el día 20 de marzo de 2015, bajo el Nº 2015.214, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado bajo el Nº 371.12.14.5.3688 y correspondiente al Libro del Folio Real del año 2015.
SEGUNDO: Por la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas.
TERCERO: Publíquese la decisión en el portal web del Tribunal Supremo de Justicia.

CUARTO: Por cuanto la parte actora se encuentra a derecho no se requiere la notificación de la misma.

V

Publíquese, regístrese y déjese copia, cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Mérida, 15 de diciembre de 2022 Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
EL JUEZ TEMPORAL,

Abg. JORGE GREGORIO SALCEDO VIELMA.

EL…


…SECRETARIO TEMPORAL,


Abg. ANTONIO PEÑALOZA.

En la misma fecha, conforme a lo ordenado, se dictó y publicó el fallo que precede, siendo las diez y diez minutos de la mañana (10:10 a.m.), se expidió la copia certificada a los fines de su registro y archivo en el copiador de sentencias llevado por este Juzgado y se ofició al Registro Público del Municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida, bajo el número 470-2.022. Conste.

EL SECRETARIO TEMPORAL,


Abg. ANTONIO PEÑALOZA.

JGSV/AP/dsf..
Exp. Nº 11.572.
Cuaderno de medida de prohibición de enajenar y gravar.