TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE MÉRIDA
211° y 163°
I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
EXPEDIENTE Nº 0894.
PARTE SOLICITANTE: Ciudadanos MARÍA ISABEL BERRIOS MONTILLA y CHADI JABBOUR CHEDIAK, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números13.278.612 y 15.295.846, en su orden, domiciliados la primera, en la Avenida Las Américas, Residencias Agua Santa, torre A, apartamento PB-B, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, y el segundo en la Urbanización El Encanto, Residencias Las Magnolias, piso 5, apartamento 5, Parroquia El Llano, Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábiles.
APODERADOS JUDICIALES: Abogados en ejercicio MICHEL JABBOUR CHEDIAK y ALVARO JAVIER CHACÓN CADENAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números18.028.713 y 10.712.904, respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajos los números 62.891 y 62.524, en su orden, correos electrónicos: micheljabbour5@hotmail.comy alvarochacon06@gmail.com,teléfonos de contacto: 0414-7452171 y 0414-9719909, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Mérida, Estado Bolivariano de Mérida, con oficina en el Centro Profesional Mamaicha, Avenida 5, Esquina Calle 25, Piso 1, Oficina 1-6, Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida y jurídicamente hábil.
MOTIVO: DIVORCIO 185.
II

RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

Por auto de fecha 21 de febrero de 2022, que riela al folio 16 del presente expediente, se admitió la solicitud por divorcio, con fundamento en el artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la sentencia dictada por la
Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, número 136, de fecha 30 de marzo de 2017, expediente número AA20-C-2016-000479, en los términos señalados en las sentencias números 693 de fecha 02 de junio de 2015, Expediente 12-1163 y 1070 en fecha 09 de diciembre de 2016, Expediente número 61-916, dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, incoada por los ciudadanosMARÍA ISABEL BERRIOS MONTILLA y CHADI JABBOUR CHEDIAK, anteriormente identificados, a través de sus apoderados judiciales, abogados en ejercicio MICHEL JABBOUR CHEDIAK y ALVARO JAVIER CHACÓN CADENAS, según constan en instrumentos poder otorgados por ante la Notaría Pública Tercera de Mérida, de fechas 28 de junio de 2019 y 14 de febrero de 2022, bajo los números 44 y 48, Tomo 47 y 6, folios 135 al 137, y folios 148 al 150, respectivamente, y se ordenó librar boleta de notificación a la Fiscalía de Guardia Especial para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Civil e Instituciones Familiares del estado Bolivariano de Mérida.
La parte solicitante en el escrito libelar, indicó entre otros hechos en síntesis los siguientes: Que en fecha 2 de octubre de 2009, contrajeron matrimonio civil porante el Registro Civil de la Parroquia Mariano Picón Salas del Municipio Libertadordel Estado Mérida, según consta en acta de matrimonio número61, correspondiente al año 2009. Que establecieron su último domicilio conyugal enla Urbanización El Encanto, Residencias Las Magnolias, piso 2, apartamento 2, Parroquia El Llano, Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida. Que durante la vigencia de su matrimonio noprocrearon hijos, ni adquirieron bienes, por lo que no existe nada que reglamentar al respecto. Que iniciaron su convivencia de manera normal, ayudándose mutuamente, sin embargo con el pasar de los años comenzaron a tener grandes e insalvables diferencias, las cuales a pesar de haber tratado de solventar, se fueron agudizando hasta el punto que al poco tiempo de compartir se tornó insoportable por la incompatibilidad de caracteres. Que por razones que no vienen al caso comentar, en fecha 17 de enero de 2022, cada uno de los cónyuges de mutuo y voluntario acuerdo decidieron separarse de hecho y cada uno vive desde esa fecha endomicilios distintos, no habiendo hasta la presente fecha cohabitación, ni reconciliación y estando ambosconvencidos que la situación es irreconciliable. Que expresan suvoluntad libre y consciente que se extinga el vínculo matrimonial que los une, ello en virtud que ha desaparecido la “affectio maritatis”, es decir, el deseo de cohabitar y socorrerse mutuamente, que son algunos de los deberes que les impone el artículo 137 del Código Civil. Fundamentaron la solicitud en los artículos 20, 26, 51 y 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la interpretación que del artículo 185 del Código Civil Venezolano, efectuó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia número 693/2015, con carácter vinculante de fecha 02 de junio de 2015, que estableció que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil, no son taxativas y por ende los cónyuges podrán demandar el divorcio bien con arreglo a las causales previstas en ese artículo o cualquier otra razón que estimen que impidan la continuación de la vida en común. Solicitó sea decretada la disolución del vínculo matrimonial. Indicaron su domicilio procesal.
Consta del folio 3 al 14, anexos documentales acompañados al escrito libelar.
Del folio 20 al 21, constan las resultas de la notificación de la Fiscal de Familia del Ministerio Público del Estado Bolivariano de Mérida, de fecha 4 de marzo del 2022.
Se infiere al folio 22, diligencia de fecha 10 de marzo de 2022, suscrita por la abogada MARY CARMEN, en su condición de Fiscal Auxiliar Décima Quinta para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil, Protección e Instituciones Familiares del Ministerio Público del Estado Bolivariano de Mérida, mediante la cual emitió su opinión favorable a la solicitud de divorcio.
Estando en tiempo útil para sentenciar la presente causa, este Tribunal antes de decidir considera necesario hacer las siguientes consideraciones:
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Esta Sentenciadora observa que la pretensión deducida en el escrito libelar, por los ciudadanos MARÍA ISABEL BERRIOS MONTILLA y CHADI JABBOUR CHEDIAK, tiene por objeto la disolución del vínculo matrimonial contraído por ellos, el día 2 de octubre de 2009, por ante el Registro Civil de la Parroquia Mariano Picón Salas del Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida,según consta en acta de matrimonio número 61, en consecuencia, resulta necesario el análisis y valoración de las pruebas cursantes en autos, a cuyo efecto este Tribunal observa:
1. Copia certificada del acta de matrimonio número61, de fecha 2 de octubre del año 2009, de los ciudadanos MARÍA ISABEL BERRIOS MONTILLA y CHADI JABBOUR CHEDIAK, expedida por el Registro Civil de la Parroquia Mariano Picón Salas, Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida.
Consta del folio 9 al 10, copia certificada del acta de matrimonio número 61, de fecha 2 de octubre de 2009, expedida por el Registro Civil de la Parroquia Mariano Picón Salas, Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, en consecuencia, esta Juzgadora, le otorga su valor probatorio conforme a lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil, por haber sido expedida por autoridad pública competente y conforme a las formalidades de Ley, para demostrar que los ciudadanos MARÍA ISABEL
BERRIOS MONTILLA y CHADI JABBOUR CHEDIAK,son casados. Y así se declara.
2. Copia fotostática del documento de identidad perteneciente a los ciudadanos MARÍA ISABEL BERRIOS MONTILLA y CHADI JABBOUR CHEDIAK (cónyuges).
Este Tribunal observa a los folios11 y 12, copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los mencionados ciudadanos, en tal virtud, estaSentenciadora de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, le asigna a dichos documentos el valor de prueba fidedigna. Y así se declara.
Ahora bien, este Tribunal observa que los ciudadanosMARÍA ISABEL BERRIOS MONTILLA y CHADI JABBOUR CHEDIAK,manifestaron que contrajeron matrimonio en fecha 2 de octubre de 2009, por ante el Registro Civil de la Parroquia Mariano Picón Salas,Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, según consta en acta de matrimonio número 61; estableciendo su último domicilio conyugal enla Residencias El Encanto, Residencias Las Magnolias, piso 5, apartamento 5, Parroquia El Llano, Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, y que durante la vigencia de su matrimonio no procrearon hijos, ni adquirieron bienes, por lo que no existe nada que reglamentar al respecto. Asimismo, señalaron que iniciaron su convivencia de manera normal, ayudándose mutuamente, sin embargo con el pasar de los años comenzaron a tener grandes e insalvables diferencias, las cuales a pesar de haber tratado de solventar, se fueron agudizando hasta el punto que al poco tiempo de compartir se tornó insoportable por la incompatibilidad de caracteres, razón por la cual en fecha 17 de enero de 2022, cada uno de los cónyuges de mutuo y voluntario acuerdo decidieron separarse de hecho y cada uno vive desde esa fecha en domicilios distintos, no habiendo hasta la presente fecha cohabitación, ni reconciliación y estando ambos convencidos que la situación es irreconciliable. Fundamentaron la solicitud en los artículos 20, 26, 51 y 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la interpretación que del artículo 185 del Código Civil Venezolano, efectuó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia número 693/2015, con carácter vinculante de fecha 02 de junio de 2015.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 693, de fecha 02 de junio de 2015, con ponencia de la Magistrada Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán, ha señalado lo siguiente:
Omissis… “Se ha dicho en contra del divorcio que el mismo atenta contra la estabilidad de las familias constituidas por el matrimonio, y que el Estado debe estar interesado en evitar que el divorcio se produzca, persuadiendo a los cónyuges del mantenimiento del vínculo conyugal. Al respecto, considera esta Sala que este tipo de afirmaciones en los actuales momentos merecen ser revisadas, pues las máximas de experiencia explican que no es el divorcio per se el que fragmenta la estabilidad de las familias, sino otros elementos de facto perturbadores que a la postre obligan a las parejas a decidir la disolución del vínculo que los une, a través del divorcio.
…..omissis…
Una actualización legislativa en ese sentido, la constituye la novísima atribución de competencia de los jueces u juezas de paz que otorga la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de P.C., sancionada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.913 del 2 de mayo de 2012, que en su artículo 8.8 dispone que los jueces y juezas de paz son competentes para: “Declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho cuando sea por mutuo consentimiento; los solicitantes se encuentren domiciliados en el ámbito local territorial del juez o jueza de p.c.; y no se hayan procreado hijos o de haberlos, no sean menores de 18 años a la fecha de la solicitud”.
(…)
Siendo el caso que de las normas citadas respecto del divorcio se desprende que se desconoce un derecho humano, se desconoce el interés y se conculca el derecho de acceso a la jurisdicción, como expresiones del derecho a la tutela judicial efectiva, cuando la acción para demandar la resolución del vínculo matrimonial está limitada y puede incluso resultar denegada en derecho. Ciertamente, cuando se determinan previamente y se encasillan como causales “únicas” para demandar el divorcio, aquellas previamente descritas por el Legislador, y se niega al cónyuge exponer y sostener ante los órganos jurisdiccionales un motivo distinto a los enumerados por la ley para disolver el vínculo conyugal que voluntariamente creó se desconoce el derecho a obtener una tutela judicial efectiva.
(…)
De la tangibilidad de estos derechos debe concluirse que la previsión del artículo 185 del Código Civil, que establece una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, deviene insostenible de cara al ejercicio de los derechos constitucionales ya comentados devenidos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener una tutela judicial efectiva. Es decir, que en la actualidad resulta vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva.
(…)
Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento.
Asimismo, es necesario considerar la atribución de competencia de los jueces u juezas de paz que otorga la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de P.C., sancionada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.913 del 2 de mayo de 2012, para declarar el divorcio por mutuo consentimiento, al disponer en su artículo 8.8 que los jueces y juezas de paz son competentes para: “Declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho cuando sea por mutuo consentimiento; los solicitantes se encuentren domiciliados en el ámbito local territorial del juez o jueza de p.c.; y no se hayan
procreado hijos o de haberlos, no sean menores de 18 años a la fecha de la solicitud”.
Ello así, en atención a lo dispuesto en el artículo 177 de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los cónyuges cuyos hijos sean menores de edad que de mutuo acuerdo deseen divorciarse, acudirán ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en función de sustanciación y mediación del lugar donde hayan establecido su último domicilio conyugal y, previo acuerdo igualmente, expreso e inequívoco, de las instituciones familiares que les son inherentes, para solicitar y obtener, en jurisdicción voluntaria, una sentencia de divorcio. Así se declara.
En consecuencia, deberán los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes permitir con base en la doctrina contenida en el presente fallo tramitar conforme al procedimiento de jurisdicción voluntaria, previsto en los artículos 511 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, las solicitudes de divorcio de mutuo consentimiento que presenten ambos cónyuges, sin más exigencias que el acta de matrimonio y de nacimiento de los niños, niñas y adolescentes de que se trate, así como el acuerdo previo de los cónyuges acerca de las instituciones familiares, esto es, lo relativo a la responsabilidad de crianza del o los menores de edad que hubiesen procreado, la responsabilidad de crianza y custodia, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar, a efectos de que sean evaluados por el Juez de niños, niñas y adolescentes y determinar si son convenientes para los niños, niñas o adolescentes de que se trate y conferir la homologación, en caso de que no lo sea el Juez o Jueza ordenará su corrección. La homologación del acuerdo acerca de las instituciones familiares será requisito necesario para la declaratoria del divorcio…” Omissis (subrayado propio del Tribunal)
Del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito puede evidenciarse que las causales de divorcio establecidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, porque pueden presentarse infinidad de situaciones no previstas por el legislador como motivos de divorcio que comportan a que el matrimonio se torne insostenible.
En este orden de ideas, el mutuo consentimiento, como lo determina la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, también constituye una causal de divorcio, esto es, si ambos cónyuges están de acuerdo en disolver el vínculo matrimonial que los une por tornarse el matrimonio insostenible, en tal sentido, no existe ninguna justificación válida para impedir el divorcio.
En atención a las reflexiones anteriormente señaladas, esta Sentenciadora observa del estudio de las pruebas aportadas al proceso, así como de la no objeción por parte del Ministerio Público con respecto a lo solicitado, lo cual le da plena y absoluta validez a este procedimiento, no existe en actas evidencia alguna que pudiese hacer concluir en la falsedad de los hechos expuestos por los cónyuges solicitantes, por encontrarse de hecho, fracturado tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, es por lo que este no debe seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual dicha ruptura apareja la posibilidad del divorcio a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 del Código Civil, concatenado con las sentencias número 446/2014, de fecha 15 de mayo de 2014 y número 693 de fecha 02 de junio de 2015, de carácter vinculante dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es por ello que esta Juzgadora considera procedente la solicitud de divorcio interpuesta por los ciudadanos MARÍA ISABEL BERRIOS MONTILLA y CHADI JABBOUR CHEDIAK, tal como será establecido en la dispositiva del presente fallo. Y así se declara.

IV
PARTE DISPOSITIVA

En mérito a las consideraciones que anteceden, este TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA,administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO, intentada por los ciudadanos MARÍA ISABEL BERRIOS MONTILLA y CHADI JABBOUR CHEDIAK, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 13.278.612 y 15.295.846, en su orden, domiciliados la primera, en la Avenida Las Américas, Residencias Agua Santa, torre A, apartamento PB-B, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, y el segundo en la Urbanización El Encanto, Residencias Las Magnolias, piso 5, apartamento 5, Parroquia El Llano, Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábiles, con fundamento en el artículo 185 del Código Civil, en concordancia con las sentencias número 446/2014, de fecha 15 de mayo de 2014 y número 693 de fecha 02 de junio de 2015, de carácter vinculante dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y ASI SE DECIDE.
SEGUNDO: Como consecuencia del anterior pronunciamiento, se declara DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE LOS PRENOMBRADOS CIUDADANOS, con arreglo al matrimonio civil, que ambos contrajeron por ante el Registro Civil de la Parroquia Mariano Picón Salas, Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, en fecha 2 de octubre de 2009, según consta del acta de matrimonio número 61. Y ASI SE DECIDE.
TERCERO: Por cuanto los solicitantes manifestaron en forma expresa en el escrito libelar, que durante la unión matrimonial no procrearon hijos, ni adquirieron bienes, este Tribunal no dicta providencia alguna al respecto. Y ASI SE DECIDE.
CUARTO: Por cuanto la presente decisión se pronuncia dentro de la oportunidad legal no se ordena la notificación de las partes. Y ASI SE DECIDE.
QUINTO: Se le hace saber a la parte solicitante que tienen a su disposición el lapso señalado en el único aparte del artículo 252 y 298 del Código de Procedimiento Civil, a los efectos legales subsiguientes. Y ASI SE DECIDE.
SEXTO: Una vez quede firme la presente decisión, se ordena remitir con oficio y copia certificada de la misma y del auto que la declara firme al REGISTRO
CIVIL DE LA PARROQUIA MARIANO PICÓN SALAS, MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, AL REGISTRO PRINCIPAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA, con el objeto que estampen la nota marginal correspondiente conforme al artículo 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, y a la JUEZA RECTORA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA, en atención a circular Nº J.R. 0021-2011.
SÉPTIMO: Publíquese la presente decisión en el portal web del Tribunal Supremo de Justicia.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA EN FORMATO PDF, cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. En Mérida, a los veintidós (22) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022). Años: 211º de la Independencia y 163º de la Federación.
LA JUEZA TEMPORAL,

Abg. YENYFER MÁRQUEZ ROJAS

LA SECRETARIA TITULAR,

Abg. THAIS FLORES MORENO

En la misma fecha, conforme a lo ordenado, se dictó y publicó el fallo que precede, siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 am.), se expidió la copia certificada en PDF a los fines de su registro y archivo en el copiador de sentencias llevado por este Juzgado. Conste.

LA SECRETARIA TITULAR,

Abg. THAIS FLORES MORENO

Expediente N° 0894
YMR/TFM/ha.