TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ODINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE
LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

212º y 163º

I
DE LAS PARTES

EXPEDIENTE Nro. 0949

PARTE AGRAVIADA: EUSEBIO GERMANO PEREIRA DE LA HOZ, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-10.721.012, quien actúa en nombre y representación del ciudadano JOSÉ HUGO AVENDAÑO MATHEUS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.400.378, quien también actúa a su vez en nombre de sus padres los ciudadanos JOSÉ RUFO AVENDAÑO RIVAS y FRAMINIA ANTONIA MATHEUS DE AVENDAÑO, titulares de las cédulas de identidad Nº V-259.098 y Nº V-13.648.618, en su orden, con domicilio en esta ciudad de Mérida Municipio Libertador del Estado Mérida, y civilmente hábil.

PARTE AGRAVIANTE: JOISLER ALEXANDER TORREYES, venezolano, mayor de edad, hábil, titular de la cédula de identidad Nro. V-17.607.177, en su carácter de Jefe encargado de la Unidad Municipal de Catastro adscrita a la Dirección de Ordenación del Territorio y Urbana de la Alcaldía del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, domiciliado en el estado Mérida Municipio Libertador del Estado Mérida y civilmente hábil.
MOTIVO: HABEAS DATA.
II
ANTECEDENTES

La Presente acción fue interpuesta por el ciudadano EUSEBIO GERMANO PEREIRA DE LA HOZ, anteriormente identificado, debidamente asistido por el abogado en ejercicio FORTUNATO SERGIO LEONARDO RICCI BERMUDEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-14.149.249, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 82.631, en contra del ciudadano JOISLER ALEXANDER TORREYES, anteriormente identificado en su carácter de Jefe encargado de la Unidad Municipal de Catastro adscrita a la Dirección de Ordenación del Territorio y Urbana de la Alcaldía del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida.

La presuntamente agraviada en su escrito libelar de fecha 28 de septiembre de 2022, planteó la presente acción de Habeas Data en los siguientes términos:
• Que en fecha 20 de julio de 2022, presento el abogado que lo asiste con poder también otorgado en nombre de su mandante el ciudadano JOSE HUGO AVENDAÑO MATHEUS, un escrito de petición de información bajo el principio de oportuna y debida respuesta, en base a una investigación y/o expediente administrativo donde se le cancela un ficha catastral a nombre del padre de su mandante.
• Que lo solicitado primariamente fue si esta cancelada o no, la ficha catastral Nº 00ZR259098, que lleva la oficina o unidad de catastro municipal de la alcaldía del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida a nombre del padre de su mandante el ciudadano JOSÉ RUFO AVENDAÑO RIVAS.
• Que si esta cancelado se le notifique los motivos del mismo y se le entregue copia certificada del procedimiento o expediente administrativo de cancelación, y si fuese negativo, se le binde respuesta por escrito.
• Que con igual referencia solicitó si la ficha catastral de su mandante el ciudadano JOSE HUGO AVENDAÑO MATHEUS esta cancelada (sic) porque y si existe expediente administrativo, igualmente se le brinde la copia certificada como su notificación del mismo, este merito puntual lo solicitó en esta petición de habeas data.
• Que hasta la fecha luego de haber ido mas de cinco veces a dicha oficina de catastro adscrita a la dirección de ordenación del territorio y urbano de la alcaldía del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida se le ha negado el acceso a dicho expediente y sobre todo ver su contenido, por lo cual aparte de suministración obligatorio de documento públicos, también se le ha negado en brindar la información adecuada por vía escrita a dicha petición antes mencionada.
• Que con el fin de obtener dicha información y por ende, su conocimiento importante para poder ejercer posteriormente acciones judiciales, es que ocurrió ante esta autoridad por esta via ordinaria expedita para poder cumplir el fin constitucional que los trae la Carta Magna en cuanto al principio de debida y oportuna respuesta y se le exhorte a dicho organismo entregarla.
• Que demando formalmente en nombre de su mandante al ciudadano JOISLER ALEXANDER TORREYES, venezolano, mayor de edad, hábil, titular de la cédula de identidad Nro. V-17.607.177, en su carácter de Jefe encargado de la Unidad Municipal de Catastro adscrita a la Dirección de Ordenación del Territorio y Urbana de la Alcaldía del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida para que convenga o sea condenado a:
 PRIMERO: que se le ordene en nombre de sus mandantes a entregar en copias certificadas todo el contenido de la información solicitada en un tiempo perentorio y breve que su digna autoridad le estime que no exceda de 5 días hábiles, adicionando todos los elementos administrativos de los procedimientos de acuerdo a la Ley especial, con sus correspondientes fichas catastrales y todos los informes que al respecto tengan en nombre de sus mandantes.
 SEGUNDO: sea condenado a los demandados a cancelar la multa que crea conveniente y según a lo que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción contenciosa administrativa en conformidad con el contenido de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por incumplimiento con sus deberes constitucionales y legales ante el derecho de petición y debida respuesta institucional por su silencio administrativo y/o ante la falta de cumplimiento a la orden judicial de presentación de dicha información en el lapos de presentación de sus informes ante su competente autoridad.
 TERCERO: Que dictada la sentencia y definitivamente firme se le notifique al ministerio público a que apertura una investigación penal e contra de dicho funcionario público, por haber posibles hechos ilícitos peales ante la conducta omisiva y/o deficiente de los administradores públicos en su conducta funcionarial, violaciones de derechos humanos, presuntos hechos e corrupción y ante posibles hechos de otra índole de delincuencia organizada, que pongo en sus manos para que actué de OFICIO, de conformidad con el articulo 267 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con la Ley Orgánica del Ministerio Publico.
 CUARTO: A que, por motivos del proceso se cancele el monto de las costas y costos procesales como gastos profesionales que genere el presente procedimiento, e acuerdo al contenido del artículo 157 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
 QUINTO: que dictada la sentencia se determine el posible agravio funcionarial en cuanto a sus funciones por la falta de celeridad del presente caso y/o deficiencia como omisión de respuesta institucional como obligación legal y constitucional, por lo cual pido se oficie al órgano contralor municipal, para que se le aperturen un procedimiento de control posterior a dichos actos administrativos mencionados del día 20 de julio de 2022 e igualmente se abra un procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria, administrativa y funcionarial a dichos funcionarios competentes de acuerdo al contenido de los artículos 9, 11, 23, 81, 77 y siguientes de la Ley Orgánica del Contraloría General de la Republica y del sistema nacional de Control Fiscal como su reglamento.
• Señaló domicilio procesal y domicilio para la citación.
• Estimo la acción en la cantidad de SEIS MIL BOLIVARES (Bs. 6.000,oo) lo que equivale a SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS ($ 750,oo) a la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (Ɛ 765,oo) a QUINCE PETROS CON QUINCE DECIMAS ( 15,15) y a la cantidad de QUINCE MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (15.000 U.T), solicitó indexación.
• Solicitó medida cautelar Innominada.
Consta del folio 3 al 15, anexos documentales acompañados al escrito libelar.
Este Tribunal para decidir hace previamente las siguientes consideraciones:

III
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

DE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL PARA CONOCER DE LA ACCION DE HABEAS DATA

Por tratarse de una pretensión de habeas data conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 169 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y artículo 26 y disposición transitoria Sexta de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, resulta competente para conocer y decidir la misma a los Juzgados de Municipio, y dentro de éstos por Distribución automatizada a quien decide en ésta oportunidad. Así se decide.
IV
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO

A los fines de decidir sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la presente acción de Habeas Data, para quien aquí decide resulta necesario hacer las siguientes consideraciones:

La interposición de una demanda debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, y en relación a este particular no debemos confundir, los requisitos para la admisión de la demanda, con los requisitos de procedencia de la acción que se está intentando, toda vez que, los presupuestos procesales son indispensables para que una relación jurídica procesal nazca y se desarrolle válida o eficazmente.

En atención a ello, en sentencia de fecha 10 de abril de 2.002, con ponencia del Magistrado Antonio J. García García, la Sala Constitucional precisó como excepción al principio del impulso procesal, que el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, permite al Juez de oficio cuando la ley lo autorice o cuando en resguardo del orden público o de la buenas costumbres, dictar alguna providencia legal, aunque no lo soliciten las partes, lo cual fue indicado en los siguientes términos:
“…la aplicación del principio de la conducción judicial al proceso no se limita a la sola formal condición del proceso en el sucederse de las diferentes etapas del mismo, sino que él encuentra aplicación provechosa en la labor que debe realizar el juez para evidenciar, sin que se requiera la prestancia de parte, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales, o cuando evidencie, también de oficio, la inexistencia del derecho de acción en el demandante en los casos en que la acción haya caducado, o respecto a la controversia propuesta se haya producido el efecto de la cosa juzgada o cuando para hacer valer una pretensión determinada se invoquen razones distintas a las que la ley señala para su procedencia o cuando la ley prohíba expresamente la acción propuesta. Todos estos actos están íntimamente ligados a la conducción del proceso, ya que si no satisfacen los presupuestos procesales no nace la obligación en el juez de prestar la función jurisdiccional para resolver la controversia propuesta.
… Omisis…
Dentro de los presupuestos procesales comprendidos como requisitos necesarios, entre otros, se encuentra la capacidad jurídica y la capacidad procesal o “legitimatio ad processum” del demandante y del demandado, es este último el que interesa por el caso bajo análisis, entendiéndose por capacidad la idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad jurídica o capacidad civil como es denominada por algunos doctrinarios es la aptitud de una persona de ser titular de derechos y deberes mientras que la capacidad procesal es la facultad de realizar con eficacia actos procesales de parte.” (subrayado propio de la Sala)
De lo anterior se puede inferir que, los presupuestos procesales están íntimamente ligados a la conducción del proceso, ya que si no se satisfacen los mismos, no nace la obligación en el juez de prestar la función jurisdiccional para resolver la controversia propuesta, ya que sólo son capaces de obrar en juicio quienes tengan el libre ejercicio de sus derechos y en principio toda persona, salvo las excepciones establecidas en la ley, son titulares de derechos y obligaciones.
Ahora bien, la Sala Constitucional, en sentencia Nº 2169 de fecha 16 de Noviembre de 2007, con ponencia del Magistrado FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, estableció:

Omissis…En tal sentido, es menester señalar lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que la ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación. Aunado a ello, la Ley de Abogados dispone en sus artículos 3 y 4, en concordancia con lo establecido en el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, que sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, régimen debidamente examinado por esta Sala Constitucional, en decisión Nº 1007/2002, del 29 de mayo, en la cual se sostiene lo que se transcribe a continuación:
“Ahora bien, observa la Sala que una persona que no sea abogado no puede atribuirse en juicio la representación judicial de otro sin ser abogado en ejercicio, pues ello es función exclusiva de los profesionales del Derecho, de acuerdo con lo que preceptúan en los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 3 de la Ley de Abogados. Tal observación es congruente con lo que ha establecido esta Sala en sentencia nº 742 del 19 de julio de 2000, caso: Rubén Darío Guerra, exp nº 00-0864, en la que se señaló: ‘De un análisis de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se colige que la acción de amparo la puede interponer cualquier persona natural o jurídica, sin que el artículo 13 de dicha Ley menoscabe con formalidades la interposición de la acción. Ella, puede ser incoada por escrito o verbalmente, y entre los requisitos de la acción que exige el artículo 18 eiusdem no se encuentra –si la acción se interpone personalmente- el que el actor esté representado o asistido por abogado’ (...) ‘Ahora bien, si el amparo va a interponerse mediante apoderado, éste si deberá ser un abogado en ejercicio, ya que se trata de comparecer por otro en juicio, lo que es función exclusiva de los abogados, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Abogados’. En este orden de ideas, es fácil colegir que para la ejercitación de un poder dentro de un proceso se requiere ser abogado en ejercicio, sin que la falta de tal cualidad profesional pueda suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del Derecho, como sucede en el presente caso. De tal forma que, cuando una persona que no es abogado, actúa por otra en juicio, sin que sea abogado, incurre en una manifiesta falta de representación, ya que carece de esa especial capacidad de postulación que atribuye dicha cualidad profesional, siempre que se trate de un abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que dispone la Ley de Abogados y demás leyes de la República. Por las razones que anteceden, esta Sala considera que, tal como lo ha dispuesto la jurisprudencia, en el caso de autos, el tribunal de la causa debió declarar como no interpuesta la demanda que se intentó y la nulidad de todo lo actuado…. Omissis (negritas y subrayado propios de este Tribunal).

En este mismo orden de ideas, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 11 de diciembre de 2015, en el juicio seguido por los ciudadanos MARIBEL DEL VALLE MORENO CARABALLO y ANDRÉS AVELINO GAMBOA FERNÁNDEZ, contra los ciudadanos FÉLIX ANTONIO RODRÍGUEZ LICCIONI y FLORIBEL DE LOURDES CHIVICO ESTABA, Exp. Nro. 2015-000443, estableció lo siguiente:

“Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, ha sostenido el criterio de que son ineficaces las actuaciones realizadas como representante de otro en juicio por quien no es abogado, aun cuando hubiere actuado asistido por abogado. (Negrillas de la Sala). Así en sentencia Nº 1.325 del 13 de agosto de 2008 caso: Iwona Szymañczak, señaló lo que sigue: “…De lo anterior se evidencia que, tanto el Juzgado de Municipio como el Juzgado de Primera Instancia erraron cuando consideraron subsanada la cuestión previa que fue promovida por la parte demandada ordinal 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que, de conformidad con lo que preceptúan los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 4° de la Ley de Abogados, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus derechos e intereses, lo cual, a toda luces, vicia de nulidad el mandato judicial que hubiere sido otorgado por ilicitud de su objeto de conformidad con lo que preceptúa el artículo 1.155 del Código Civil, por la imposibilidad jurídica en que se encuentra quien no es abogado de ejecutarlo; razón por la cual, cuando una persona que no es abogado ejerce actuaciones judiciales en nombre de otro (a menos que sea su representante legal), incurre en una manifiesta falta de representación, porque carece de esa especial capacidad de postulación que sí detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establecen la Ley de Abogados y demás leyes de la República; ello, además, en forma insubsanable, ya que no hay manera de que adquiera la capacidad de postulación que no tenía cuando actuó sin ella. Así se establece…”. (Negrillas de la Sala).
De los criterios supra transcritos se desprende en primer lugar, que es ineficaz la actuación en procesos judiciales por personas que actúan como apoderados no siendo abogados, y esa incapacidad no puede ser subsanada con la asistencia de un profesional del derecho. Asimismo, cuando una persona que no es abogado ejerce actuaciones judiciales en nombre de otro, incurre en una manifiesta falta de representación, porque carece de esa especial capacidad de postulación que sí detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión.” (Resaltado de la Sala).
Resulta entonces necesario precisar que la capacidad de postulación es común a todo acto procesal, y constituye, a su vez, un presupuesto de validez del proceso; en este sentido, el Procesalista Dr. Ricardo Henríquez La Roche en su obra Comentario al Código de Procedimiento Civil, Tomo I, páginas 494 y 495 ha sostenido:
“... La asistencia letrada en el proceso es de carácter obligatorio. El secretario del tribunal debe rechazar los escritos y diligencias que no lleven firma letrada, según se infiere de este artículo y de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de Abogados, el cual dispone que " quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado, o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso". Esta capacidad de postulación es común a todo acto procesal, y constituye, a su vez, un presupuesto de validez del proceso, desde que la misma norma especial mencionada sanciona con nulidad y reposición de la causa la omisión del nombramiento de abogado.
El espíritu y razón de ser de la obligatoriedad de asesoramiento ha sido garantizar la validez del juicio, evitando el desgaste innecesario de la actividad jurisdiccional por impericia de los contendores, y asegurar a ultranza la función pública del proceso, cual es la eficacia y continuidad del derecho objetivo procesal. Porque así como la ley no permite que personas sin título de médico practiquen una intervención quirúrgica por el peligro a la salud que ello supone, aunque el paciente lo consienta o sea pariente del lego, así impide también que la sustanciación del proceso quede atenida al empirismo o improvisación de personas ignorantes e inexpertas, cuyos derechos correrían el riesgo de ser desconocidos por una utilización inadecuada de la ley adjetiva, perdiéndose toda la actividad procesal en un propósito frustrado de hacer justicia. "Si en otros actos menos importantes el legislador ha creído del caso velar por que el interesado no sea víctima de su propia ignorancia o impericia, con mayor razón se hace presente esta necesidad de protección cuando va a llevar a cabo una actuación que, por sí sola y de un golpe, decida la suerte del proceso. La ley le impone la necesidad de la asistencia de un profesional del derecho que lo ilustre, tanto sobre sus derechos y deberes, como sobre los efectos, como sobre los efectos de los actos que pretende realizar en el proceso...”
Así mismo, ha sido establecido por la doctrina que la capacidad de postulación puede definirse como la facultad que corresponde a los abogados para realizar actos procesales con eficacia jurídica, en calidad de partes, representantes o asistentes de la parte. En esta definición se destacan:
a) La capacidad de postulación es meramente profesional y técnica y corresponde exclusivamente a los abogados (artículo 166 C.P.C.);
b) Está referida a la sola realización o expresión de los actos procesales y no a la facultad de disposición de los derechos materiales o procesales involucrados en el proceso, a menos que le sea concedida facultad expresa para ello;
c) La parte puede tener la capacidad de postulación, cuando además de la capacidad procesal, tiene la condición profesional de abogado, en cuyo caso reúne en sí misma ambas capacidades;
d) El sujeto con capacidad de postulación (abogado) puede actuar en representación de la parte, en cuyo caso ésta, si bien no tiene capacidad de postulación, tiene la capacidad procesal que habilita para otorgar por sí misma el poder de representación al abogado;
e) El sujeto con capacidad de postulación (abogado) puede simplemente asistir a la parte en la realización de los actos procesales, sin poder de representación, en cuyo caso la parte realiza personalmente cada acto del proceso, con la asistencia del abogado y suscriben ambos los actos.
Como colorario, para poder ejercer un poder judicial dentro de un proceso se requiere ser abogado, lo cual no podrá ser suplido siquiera por la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses asistido o representando por un abogado. A razón de ello, cuando una persona que sin ser abogado ejerce poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, al carecer de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado en ejercicio; circunstancia esta que interesa al orden público, lo que trae como consecuencia que el Juez como garante del cumplimiento de la justicia pueda obrar de oficio cuando observe una situación que se asemeje.
En nuestro proceso civil, las partes deben cumplir una serie de formalidades que son indispensables para un correcto desenvolvimiento del proceso judicial. Una de esas formalidades esenciales, viene a ser la capacidad de postulación (ius postulando), la cual consiste en la obligatoriedad que tienen las partes para acudir al proceso, asistidas por un profesional del derecho.
Habida consideración que, en el caso bajo estudio, se advierte la actuación de la ciudadano EUSEBIO GERMANO PEREIRA DE LA HOZ (identificado en autos); quien actúa en nombre y representación del ciudadano JOSE HUGO AVENDAÑO MATHEUS, anteriormente identificado, invocando un PODER GENERAL DE REPRESENTACIÓN, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN, de fecha 11 de mayo de 2022, otorgado por ante la Notaria Pública Primera de Mérida estado Mérida, inscrito bajo el Nº 46, Tomo 12, Folios 151 hasta 153, que le fuera sustituido por el ciudadano JOSE HUGO AVENDAÑO MATHEUS, quien también actúa a su vez en nombre de sus padres los ciudadanos JOSE RUFO AVENDAÑO RIVAS y FRAMINIA ANTONIA MATHEUS DE AVENDAÑO, según PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN, de fecha 29 de agosto de 2008, otorgado por ante el Registro Público del Municipio Libertador del estado Mérida, inscrito bajo el Nº 39, folios 216 al 221, Protocolo Tercero, Tomo Segundo, Tercer Trimestre de dicho año, asistido por el abogado en ejercicio FORTUNATO SERGIO LEONARDO RICCI BERMUDEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-14.149.249, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 14.149.249; indicando que acude para demandar por Acción de Habeas Data al ciudadano JOISLER ALEXANDER TORREYES, en su carácter de Jefe encargado de la Unidad Municipal de Catastro adscrita a la Dirección de Ordenación del Territorio y Urbana de la Alcaldía del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, lo que a juicio de esta Juzgadora incumple con los presupuestos procesales comprendidos como requisitos necesarios para la admisión de la Acción de Habeas Data, por cuanto no posee el ciudadano EUSEBIO GERMANO PEREIRA DE LA HOZ, la capacidad procesal o capacidad de postulación, siendo dicha capacidad un presupuesto procesal indispensable para que la presente relación jurídica procesal nazca y se desarrolle válida o eficazmente; en consecuencia, quien aquí decide deberá declarar la inadmisibilidad de la presente demanda, de conformidad con lo establecido en los artículos 166 y 341 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia a lo establecido en el artículo 4° de la Ley de Abogados. Así debe decidirse.

V
DISPOSITIVA

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipio Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: INADMISIBLE la acción de Habeas Data, interpuesta por el ciudadano EUSEBIO GERMANO PEREIRA DE LA HOZ; quien actúa en nombre y representación del ciudadano JOSÉ HUGO AVENDAÑO MATHEUS, anteriormente identificado, invocando un PODER GENERAL DE REPRESENTACIÓN, DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN, de fecha 11 de mayo de 2022, otorgado por ante la Notaria Pública Primera de Mérida estado Mérida, inscrito bajo el Nº 46, Tomo 12, Folios 151 hasta 153, que le fuera sustituido por el ciudadano JOSÉ HUGO AVENDAÑO MATHEUS, quien también actúa a su vez en nombre de sus padres los ciudadanos JOSÉ RUFO AVENDAÑO RIVAS y FRAMINIA ANTONIA MATHEUS DE AVENDAÑO, según PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN, de fecha 29 de agosto de 2008, otorgado por ante el Registro Público del Municipio Libertador del estado Mérida, inscrito bajo el Nº 39, folios 216 al 221, Protocolo Tercero, Tomo Segundo, Tercer Trimestre de dicho año, asistido por el abogado en ejercicio FORTUNATO SERGIO LEONARDO RICCI BERMUDEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-14.149.249, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 14.149.249, en contra del ciudadano JOISLER ALEXANDER TORREYES, en su carácter de Jefe encargado de la Unidad Municipal de Catastro adscrita a la Dirección de Ordenación del Territorio y Urbana de la Alcaldía del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, de conformidad con lo establecido en los artículos 166 y 341 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia a lo establecido en el artículo 4° de la Ley de Abogados. Y ASI SE DECIDE.
SEGUNDO: Dada la naturaleza del fallo no hay especial pronunciamiento sobre costas. Y ASI SE DECIDE.
TERCERO: Por cuanto la decisión sale dentro del lapso legal establecido en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, no se requiere la notificación de la parte presuntamente agraviada. Y ASI SE DECIDE
CUARTO: Publíquese la presente decisión en el portal web del Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese y Regístrese, cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Mérida, cuatro (04) de octubre de dos mil veintidós (2022). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,

Abg. HEYNI DAYANA MALDONADO GELVIS
LA SECRETARIA,

Abg. THAIS A. FLORES MORENO
En la misma fecha, conforme a lo ordenado, se dictó y publicó el fallo que precede, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.),y se expidió la copia certificada en formato PDF para los copiadores de sentencias llevados por este Tribunal en manera digital a los fines de su archivo en el copiador de sentencias llevado por este Juzgado. Conste.
LA SECRETARIA,

Abg. THAIS A. FLORES MORENO
Exp. Nº 0949
HDMG/TAF