TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUADE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA
212º y 164º

EXPEDIENTE Nº 3352.-
I
PARTES

CONYUGE DEMANDANTE: YISSEL CAROLINA FERNANDEZ DE QUIÑONEZ, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad Nº V-18.208.519, domiciliada en El Conjunto Residencial Parque Manzanares, Etapa B, Planta Baja, Apartamento, número 59-1, Manzano Alto, Parroquia Montalbán Municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábil; asistida por la abogada en ejercicio HEIDI ESTELA PEÑA GUTIERREZ, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V-14.106.375, domiciliada en la Parroquia Matriz, Sector San Buenaventura, calle Sucre, casa Nº 1-09, e inscrita en el Inpreabogado con el Nº 106.654, y jurídicamente hábil.
CONYUGE DEMANDADO: FRANCISCO GERARDO QUIÑONEZ RUJANO, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad Nº V-16.908.895 y civilmente hábil.
MOTIVO: DIVORCIO POR DESAFECTO E INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES.
II
PARTE EXPOSITIVA

En fecha dieciséis (16) de febrero de 2023, se recibió por distribución una demanda junto a sus respectivos anexos, presentada por la ciudadana YISSEL CAROLINA FERNANDEZ DE QUIÑONEZ, plenamente identificada en autos, divorcio por desafecto e incompatibilidad de caracteres.

Por auto de fecha veintidós (22) de febrero de 2.023, este Tribunal le dio entrada, ordenó formar expediente con la nomenclatura propia del Tribunal y en aplicación de los artículos 341, 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 185 del Código Civil y en la sentencia Nº 1070, Exp. Nº 16-916, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 09 de diciembre de 2.016, admite la demanda de DIVORCIO POR DESAFECTO E INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES, por cuanto la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley y, ordenó la citación del ciudadano: FRANCISCO GERARDO QUIÑONEZ RUJANO, anteriormente identificado, a los fines de dar contestación de la demanda incoada en su contra, previa constancia en autos de la notificación de la Fiscalía del Ministerio Público con competencia en Civil, Familia y Protección de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida.(fs. 08 al 10).
En fecha seis (06) de marzo de 2.023, se recibió diligencia suscrita por la ciudadana YISSEL CAROLINA FERNANDEZ DE QUIÑONEZ, asistida por la abogado en ejercicio HEIDI ESTELA PEÑA GUTIERREZ, plenamente identificadas en autos, mediante la cual consignó los emolumentos para la notificación del Ministerio Público (f. 11).

En fecha siete (07) de marzo de 2.023, por auto, el Tribunal acordó la certificación de las actuaciones que acompañaran la boleta de notificación librada a la Fiscalía del Ministerio Público con competencia en materia de Familia y Protección de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, para que emita opinión en cuanto a la demanda admitida de Divorcio por Desafecto e Incompatibilidad de Caracteres. Así mismo, se acordó la certificación de las copias que acompañaran la boleta de Citación del Cónyuge Francisco Gerardo Quiñonez Rujano (f. 12).

En fecha trece (13) de marzo de 2.023, por diligencia el Alguacil de este Tribunal, deja constancia que el día ocho (08) de Marzo de 2023, a la una de la tarde (01:00 pm), se traslado al Sector San Buenaventura, calle Sucre, casa Nº 1-09, Parroquia Matriz Municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida, a los fine de citar al ciudadano FRANCISCO GERARDO QUIÑONEZ RUJANO, y por información suministrada por el ciudadano JUAN CARLOS PEÑA GUTIÉRREZ, titular de la cédula de identidad Nº V.-13.804.154, manifestó que el ciudadano antes identificado, no vive allí y que se fue a la República de Perú desde hace cuatro (04) años, razón por la cual, devolvió Boleta de Citación con sus recaudos sin firmar. (f.13 al f.19).

En fecha veintidós (22) de marzo de 2.023, el Alguacil de este Tribunal, procedió a devolver boleta de notificación debidamente firmada por la Fiscalía Decima Quinta del Ministerio Público con competencia en materia Civil, Familia y Protección de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida. (fs. 20 y 21).

En fecha veintisiete (27) de marzo de 2.023, se recibió diligencia suscrita por la ciudadana YISSEL CAROLINA FERNANDEZ DE QUIÑONEZ; asistida por la abogada en ejercicio HEIDI ESTELA PEÑA GUTIERREZ, plenamente identificadas en autos, solicitando “se realice la respectiva Notificación al ciudadano FRANCISCO GERARDO QUIÑONEZ RUJANO, debidamente identificado en autos, por medio del correo electrónico: fgquinonez28gmail.com, teléfono: +51912571456 a fin de que juzgue lo conveniente para materializar su citación personal e informarle sobre este procedimiento; …todo conforme a la resolución Numero 2021-0011 de fecha 09 de Junio de 2021 dictada por la Sala plena del Tribunal Supremo de Justicia…” (f.22).

En fecha veintinueve (29) de marzo de 2023, por auto el tribunal acordó realizar VIDEO LLAMADA al ciudadano FRANCISCO GERARDO QUIÑONEZ RUJANO, el día treinta y uno (31) de marzo de 2023 a las dos de la tarde (2:00pm) con el fin de gestionar la citación del demandado conforme lo establece la normativa adjetiva civil vigente, en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 1,2,4 y 9 del Decreto con Fuerza de Ley, Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, y el Articulo 6 de la Resolución Nº 05-2020 del Tribunal Supremo de Justicia. (f.23).

En fecha treinta y uno (31) de marzo de 2023, siendo día y hora fijado por este Tribunal, se levantó acta para dejar constancia de la VIDEO LLAMADA, realizada al ciudadano FRANCISCO GERARDO QUIÑONEZ RUJANO, quien se identificó y mostró ante la cámara su Cédula de identidad, manifestando a este Tribunal que se da por citado, y manifestó estar de acuerdo con la demanda de divorcio incoada en su contra (f.24 y vto.).

Una vez hecha la síntesis preliminar de las actuaciones legales antes indicadas y vencido como se encuentra el lapso otorgado por la Ley para que la representación del Ministerio Público del estado Bolivariano Mérida, en la persona de la Fiscal Decimo Quinta, procediera a emitir su opinión sobre la demanda de DIVORCIO POR DESAFECTO E INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES presentada por la ciudadana YISSEL CAROLINA FERNANDEZ DE QUIÑONEZ, debidamente asistida por la abogada en ejercicio HEIDI ESTELA PEÑA GUTIERREZ, y jurídicamente hábil, antes plenamente identificadas, lo cual no aconteció, y no existiendo a los autos pronunciamiento alguno al respecto por parte de la representación fiscal, este Tribunal de seguidas procede a verificar la pretensión incoada, en los términos siguientes:

III
PARTE MOTIVA
DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTORES DE MEDIDAS
Mediante Resolución Nº 2.009-0006, de fecha 18 de marzo de 2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.152, de fecha 02 de abril de 2009, se delegó competencia a los Juzgados de Municipio en asuntos de Jurisdicción Voluntaria o no Contenciosa, tal potestad abarca distintas demandas, entre las cuales se encuentran la demanda de DIVORCIO POR DESAFECTO E INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES, razón por la cual este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Campo Elías y Aricagua de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, SE DECLARA COMPETENTE para conocer de la demanda cuyo procedimiento es de jurisdicción no contenciosa. Y así se decide.

DE LA PRETENSIÓN Y CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
A los fines de verificar la pretensión incoada por la ciudadana YISSEL CAROLINA FERNANDEZ DE QUIÑONEZ, asistida por la abogada en ejercicio HEIDI ESTELA PEÑA GUTIERREZ y, si la misma es procedente en derecho de acuerdo las documentales consignadas a los autos, observa quien decide que, la parte actora expone en síntesis lo siguiente:

“Contrajimos Matrimonio ante la Primera Autoridad Civil de la Oficina de Registro Civil del Municipio Campo Elías, Parroquia Matriz de Ejido Estado Mérida; en fecha cinco (05) de Octubre de dos mil siete (2007), según consta en copia Certificada de Acta de Matrimonio, asentada bajo el numero noventa y tres (Nº 93) de los libros de Actas de Matrimonios Civiles llevados por ese despacho en el año 2007… … Fijamos nuestro último domicilio conyugal, en la dirección siguiente: Conjunto Residencial Parque Manzanares Etapa B, Planta Baja, Apartamento distinguido con el Numero 59-1, Manzano Alto, Parroquia Montalbán Municipio Campo Elías Ejido. De esta unión conyugal no procreamos hijos. Nuestra unión conyugal desde el principio fue armoniosa y estuvo basada en el respeto, la tolerancia, el afecto mutuo y la comprensión; cumpliendo cada uno con las obligaciones conyugales. Pero es el caso ciudadano Juez que en nuestra relación surgieron desavenencias que nos fueron distanciando como pareja haciendo imposible nuestra vida en común… …interrumpiendo definitivamente nuestra vida en común el día seis (06) de febrero de dos mil dieciocho (2018), fecha en que mi esposo se fue del país, viviendo a partir de esa fecha cada uno en residencias diferentes… …Durante el matrimonio adquirimos…bienes…”

Finalmente fundamentó la demanda de conformidad con lo establecido en el articulo 185 del Código Civil en concordancia con la Sentencia Nº 1070 de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09 de diciembre de2016, Expediente Nº 16-916, aunado todo ello a sentencia numero 136 del 03 de marzo de 2017 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

ANÁLISIS Y VALORACION DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LAS PARTES

Junto con el escrito libelar, la parte demandante promovió las siguientes documentales:

1) Escrito de libelo de demanda, el cual quedó expresamente demostrada la manifestación de voluntad de la cónyuge YISSEL CAROLINA FERNANDEZ DE QUIÑONEZ de querer disolver el vínculo matrimonial que la une a FRANCISCO GERARDO QUIÑONEZ RUJANO, este Tribunal le otorga valor y mérito jurídico probatorio. Así se decide.-(f.01y vto y f.02).
2) Acta de Matrimonio Nº 93, correspondiente al año 2007, expedida por la Registro Civil, Parroquia Matriz Municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida. Este Tribunal le otorga valor y mérito jurídico probatorio, por cuanto de dicho documento se desprende el nexo conyugal existente entre las partes. Así se decide.-(f. 03 y vt).

3) Copias fotostática simples de las cédulas de identidad de los ciudadanos YISSEL CAROLINA FERNANDEZ DE QUIÑONEZ y FRANCISCO GERARDO QUIÑONEZ RUJANO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad números V-18.208.519 y V-16.908.895. en su orden, este Tribunal, le otorga valor y mérito jurídico probatorio. Así se decide.- (f. 04 y f.05).

Asimismo, del análisis de las pruebas promovidas, quien juzga les otorga valor y merito jurídico probatorio, por cuanto se puede constatar que son documentos públicos emanados por la autoridad competente, que no fueron impugnados ni tachados, motivo por el cual, se tienen como fidedignos, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil Venezolano. Así se decide

Una vez realizado el análisis de los hechos planteados por la parte actora en el escrito libelar, y de la revisión de las actas procesales, este juzgador observa que el ciudadano FRANCISCO GERARDO QUIÑONEZ RUJANO, ya identificado, se dio por citado y manifestó estar conteste con el divorcio incoado en su contra, a través de la Video Llamada que se realizó el día treinta y uno (31) de marzo de 2.023, tal y como consta al folio veinticuatro y su vuelto (f. 24 y vto) del presente expediente, de conformidad con los Artículos 1,2,4 y 9 del Decreto con Fuerza de Ley, Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, situación ésta, que demuestra a este Juzgador que el cónyuge FRANCISCO GERARDO QUIÑONEZ RUJANO, no tiene ninguna objeción o impedimento en cuanto a la demanda por DESAFECTO E INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES intentada por su cónyuge ciudadana YISSEL CAROLINA FERNANDEZ DE QUIÑONEZ.

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha emitido sendas SENTENCIAS VINCULANTES, en donde da una amplísima interpretación tanto del Artículo 185-A, como del Artículo 185 del Código Civil, en los siguientes términos:

Con respecto al Articulo 185-A del Código Civil, según la Sentencia Nº 446/2014 de fecha 15 de mayo de 2014, fue declarado PROCEDENTE LA APERTURA DEL LAPSO PROBATORIO(de conformidad con el artículo 607 CPC), en aquellos divorcios que sean solicitados por uno solo de los cónyuges conforme a lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil, y donde el cónyuge demandado niegue lo pretendido por el cónyuge demandante, indicando la sala “Si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio; en caso contrario, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente”.

Igualmente, con respecto al Artículo 185 del Código Civil, según la Sentencia Nº 693/2015 de fecha 02 de junio de 2.015, fue declarado la extensión de las causales establecidas en el artículo 185 del Código Civil, señalándose que las mismas no son taxativas sino enunciativas, por lo que el cónyuge demandante puede solicitarse el divorcio por cualquier causal distinta a las 7 causales indicadas en dicho artículo, incluyendo el mutuo consentimiento, indicando la sala “ …que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento”.

Para quien aquí suscribe, es evidente que en la interpretación del artículo 185, como acertadamente lo refirió la cónyuge demandante en su escrito, la Sala Constitucional dejo claramente expreso que las causales de divorcio no son taxativas, por lo que se puede demandar el divorcio por cualquier otra situación que se estime impide la continuación de la vida conyugal, por lo que entre esas situaciones justamente están, tanto el “DESAFECTO E INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES”, como “EL MUTUO CONSENTIMIENTO”, pero en los términos señalados en la Sentencia Nº 446/2014, antes citada.

Dicho esto, y dado a que la cónyuge demandante procedió a demandar el divorcio en la causal DEL DESAFECTO E INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES, causal ésta, que como lo dijo la Sala Constitucional, apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, y que conforme a la misma Sala, no precisa de un contradictorio, ya que la cónyuge demandante alega y demuestra EL PROFUNDO DESEO DE NO SEGUIR UNIDO EN MATRIMONIO POR EL DESAFECTO O EL DESAMOR HACIA EL CONYUGE DEMANDADO, manifestación ésta, que deja claro la imposibilidad de que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales, además, que en caso de ser negada por el cónyuge demandado, es difícil su comprobación, a través, de medios probatorios ordinarios, dado a que se corresponde a un sentimiento intrínseco de la cónyuge demandante, por lo que las demandas fundadas en dicha causal de desafecto e incompatibilidad de caracteres, difiere de las demandas de divorcio contenciosas, en donde sí es viable su comprobación, según el caso, y así lo establece la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia N° 1070, del 9 de diciembre de 2016, expediente N° 16-916, en donde expresó:
“…Del extracto supra citado tenemos que la demanda de divorcio involucra principalmente derechos relativos a la libertad, al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la familia como pilar fundamental de la sociedad y desarrollo integral de la persona.
De modo pues que los ciudadanos deben gozar de derechos y garantías que hagan valer su independencia en el desarrollo de la personalidad y libertad, por ello esta Sala como garante de la coexistencia de los principios y valores constitucionales, con el fin garantizar una tutela judicial efectiva, en aras de desarrollar una mayor plenitud en el goce de la vida y para consagrar el cometido de unidad e integración en el Estado Social de Derecho y Justicia, no puede avalar el encasillamiento de la causales para la solicitud del divorcio establecido en el artículo 185 del Código Civil, por cuanto éstas cercenan derechos fundamentales que influyen en el devenir de la vida en familia y comunidad de las personas, por ello ya no resulta necesario encontrarse inmerso en alguna de las situaciones previstas en el artículo 185 eiusdem para iniciar el procedimiento de divorcio.

(…) el artículo 75 de la Constitución de 1999 considera a la familia una asociación natural de la sociedad; pero así ella sea natural, toda asociación corresponde a una voluntad y a un consentimiento en formar la familia. Igualmente, considera que la familia (asociación fundamental) es el espacio para el desarrollo integral de la persona, lo que presupone –como parte de ese desarrollo integral– la preparación para que las personas ejerzan el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social.

Por su parte, el artículo 77 de la Constitución de 1999 establece la protección al matrimonio, entre un hombre y una mujer fundada en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges, lo que se concatena con los lineamientos del referido artículo 75.
De allí que, el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica– nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –como consecuencia de su libre consentimiento–la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem). En efecto, esta última norma del mencionado Código prevé que el domicilio conyugal “será el lugar donde el marido y la mujer tengan establecido, de mutuo acuerdo, su residencia (…) (subrayado propio).

Ahora bien, en la sentencia 446/2014, se estableció que si no resultare negado el hecho alegado por el cónyuge-demandante, se decretará el divorcio, en un todo acorde con lo expresado en la sentencia n° 693/2015, en la que se sostuvo –entre otras cosas- que:
(…)considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas.
Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…”. Así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la Sala Constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el Juez de la entidad de la razón del solicitante.

Así pues, quien suscribe acogiéndose a los criterios jurisprudenciales antes citados, tomando en consideración, primeramente el escrito cabeza de autos, y visto que el ciudadano FRANCISCO GERARDO QUIÑONEZ RUJANO, ya identificado, se dio por citado y manifestó estar conteste con el divorcio incoado en su contra, como ya se dijo, a través de la Video Llamada que se realizó el día treinta y uno (31) de marzo de 2.023, tal y como consta al folio veinticuatro y su vuelto (f. 24 y vto) del presente expediente, de conformidad con los Artículos 1,2,4 y 9 del Decreto con Fuerza de Ley, Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, situación ésta, que demuestra a este Juzgador que el cónyuge FRANCISCO GERARDO QUIÑONEZ RUJANO, no tiene ninguna objeción o impedimento en cuanto a la demanda intentada por su cónyuge ciudadana YISSEL CAROLINA FERNANDEZ DE QUIÑONEZ, ya identificada, y una vez hecha la respectiva valoración de las documentales aportadas a la presente demanda, resulta evidente que ambos cónyuges aceptan que se encuentran separados de hecho, sin que exista reconciliación alguna entre ellos, lo que constituye la ruptura de la vida en común, y que por tanto, no hay interés y no es posible mantener la vida en pareja, y por ende están contestes en disolver legalmente el vinculo matrimonial que los une, y no habiendo objeción alguna al respecto, por parte de la Fiscal Decimo Quinta de Familia del Ministerio Público del estado Bolivariano de Mérida, la cual fue debidamente notificada de la presente demanda, tal y como consta a los autos, es por lo que este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas, le resulta forzoso concluir, que la unión matrimonial existente entre los ciudadanos: YISSEL CAROLINA FERNANDEZ DE QUIÑONEZ y FRANCISCO GERARDO QUIÑONEZ RUJANO, plenamente identificados a los autos, según consta en Acta de Matrimonio Nº 93, correspondiente al año 2007, expedida por el Registro Civil del Municipio Campo Elías, Parroquia Matriz Ejido del Estado Bolivariano de Mérida, debe ser declarada disuelta, y por ende CON LUGAR en la dispositiva del presente fallo. Y ASÍ DEBE DECIDIRSE.

IV
PARTE DISPOSITIVA

EL TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR la demanda de DIVORCIO POR DESAFECTO E INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES, de conformidad con lo establecido en el Artículo 185-A, en concordancia con la sentencia N° 1070 expediente N° 16-916, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 09 de diciembre de 2016, en consecuencia, se declara disuelta la unión conyugal existente entre los ciudadanos YISSEL CAROLINA FERNANDEZ DE QUIÑONEZ y FRANCISCO GERARDO QUIÑONEZ RUJANO, venezolanos, mayores de edad, casados, titulares de las cédulas de identidad Nº V-18.208.519 y V-16.908.895 y civilmente hábiles, según consta de la copia certificada del Acta de Matrimonio Nº 93, correspondiente al año 2007, expedida por el Registro Civil del Municipio Campo Elías, Parroquia Matriz de Ejido estado Bolivariano de Mérida.
SEGUNDO: En cuanto a la liquidación de bienes de la comunidad Conyugal, este Tribunal no hace Pronunciamiento alguno.
TERCERO: De conformidad con lo establecido en el único aparte del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se otorga las facultades contenidas en dicha disposición legal. Publíquese, y cópiese. Dado, firmado, sellado y refrendado en la Sala del Despacho del TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en Ejido, a los trece (13) días del mes de Abril del año dos mil veintitrés. (2.023).- 212º de la Independencia y 164º de la Federación.-
EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. YORGI ALFONSO OVIEDO SOTO.
LA SECRETARIA,

ABG. ANGIE YULEXCI OVALLES

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gov.ve, previas las formalidades de ley, siendo las doce del medio día (12:00 m.). Se deja constancia, que se asentó en el índice de copiador de sentencia los datos del fallo in comento; sin embargo, no se agrega en físico al mencionado copiador en virtud que este órgano jurisdiccional no cuenta con los insumos necesarios para su reproducción fotostática, por ende téngase la misma como copia digitalizada. Así mismo, la referida decisión, se registra en formato PDF, en tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 2016-0021, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 14 de diciembre de 2016.

OVALLES SRIA.

Exp. Nº 3350.YAOS/az