JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Mérida, 11 de agosto del año 2023. 213º y 164º Revisado como ha sido el presente expediente, y visto el computo que antecede, este Juzgador observa que desde la fecha 10 de octubre del año 2012 (folio 164), fecha en que consta en autos la última actuación de las partea para notificar del avocamiento de juez quien suscribe, hasta la presente fecha transcurriendo diez (10) años, nueve (9) meses, y treinta y dos (32) días Calendario consecutivos, en los cuales no hubo ninguna actuación procesal de la parte apelante en solicitar que este Tribunal sentencie, evidenciándose la falta de interés procesal de la parte, y la pérdida del interés puede ocurrir durante el proceso y una vez que se evidencia, corresponde al juez analizar la utilidad del proceso en concreto. Con respecto a ello, La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 956, de fecha primero de junio de 2001, bajo ponencia del Magistrado Jesús Cabrera, caso: Fran Valero, señala: “[Omissis] Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde. [Omissis] La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. [Omissis] La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluida (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda. [Omissis] Está consciente la Sala que hay tribunales sobrecargados de expedientes por decidir, provenientes de la desidia en la estructuración del poder judicial, y por ello resultaría contrario al Estado de Derecho y de Justicia que en dichos tribunales se aplicara estrictamente la doctrina expuesta en este fallo, por lo que la Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara”. Entonces, acogiéndonos al criterio jurisprudencial vertido en el fallo supra inmediato transcrito, y visto que, ha quedado evidenciado por una parte, que no se han realizado solicitudes de pronunciamiento y por la otra, al haber operado el lapso prescripción que como parámetro de referencia se toma para declarar la pérdida del interés procesal, no le resta más a este sentenciador, declarar el decaimiento en la presente causa. Así se decide. En virtud de las consideraciones anteriores, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, actuando en sede civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL y EL ABANDONO DE TRÁMITE de la apelación, en la presente causa por Daños y Perjuicios, interpuesta en fecha 18 de marzo de 2010, por el abogado Jesús Alberto Rojas, en su carácter apoderado judicial de la parte codemandada Ana Lucia Lobo Parra, contra la sentencia de fecha 11 de marzo del año 2010 proferida por el Juez del Municipio Rangel y Cardenal Quintero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida en la causa incoada por los ciudadanos Beatriz Hernández Briceño y Geber Alberto Ruiz Contreras, contra los ciudadanos María Sergia Parra Albornoz y Ana Lucia Lobo Parra. SEGUNDO: SE CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el fallo apelado. TERCERO: Dada la índole del presente fallo, no se hace especial pronunciamiento sobre costas. Remítase el presente expediente al Tribunal de origen una vez que quede firme la presente decisión y expídase por Secretaría para su archivo, copia certificada de la misma. Así se decide. En virtud de que la presente decisión se publica fuera del lapso legal correspondiente, se ordena la notificación de las partes del presente fallo, y haciéndoseles saber de la publicación del presente fallo y que, una vez que coste en autos la correspondiente notificación comenzará a correr el lapso para la interposición de los recursos procedentes contra la misma. PUBLÍQUESE, CERTIFÍQUESE Y DÉJESE COPIA. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en la ciudad de Mérida, a los 11 días del mes de agosto del año 2023. Años: 213 de la Independencia y 164º de la Federación. EL JUEZ TEMPORAL, ABG. CARLOS CALDERÓN GONZÁLEZ. LA SECRETARIA TITULAR, ABG. GIANNA A. PIVA CÁRDENAS. Se publicó la anterior decisión siendo dos de la tarde (2:00 p.m.), quedando su asiento en el libro diario, y se expidió copia certificada en formato PDF a los fines de su registro y archivo en el copiador de sentencia llevado por este Tribunal. Se libraron las boletas de notificación a las partes y se entregó al Alguacil para efectuarla, y se libró oficio Nro. 279-2023, al Juzgado de Municipio Rivas Dávila y Padre Noguera del Estado Bolivariano de Mérida. Conste. LA SECRETARIA TITULAR, ABG. GIANNA A. PIVA CÁRDENAS. Exp. 28398 CACG/GAPC/jolr.-