TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE
CONTROL

Mérida, Doce (12) de Junio del año Dos Mil Veintitrés (2023)
213º y 164º
CAUSA: N° C1-8332-2021.
ADOLESCENTE: ANGEL DAVID RAMIREZ CARRERO.
DELITO: LESIONES CULPOSAS MENOS GRAVES.
VICTIMA: LUIS IGNACIO DURAN MONCADA.
FISCALÍA: DÉCIMA SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO.

AUTO DE HOMOLOGACIÓN DE ACUERDO CONCILIATORIO
Y
SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA.

Vista la audiencia preliminar realizada en fecha 07-06-2023, en la cual el adolescente: ANGEL DAVID RAMIREZ CARRERO, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V-31.630.342, la Abogada Nataly Zambrano Jovito, Defensora Pública y Defensora del prenombrado adolescente y de la Abogada Johana Rosali Monsalve Rojas, Fiscal Décima Cuarta en representación de la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, por el principio de la Unidad del Ministerio Público, debido que el titular del Despacho Fiscal Décimo Segundo, se encuentra de reposo médico; manifestaron su deseo de solucionar el conflicto con la aplicación de la figura de la conciliación; de conformidad con lo establecido en los artículos 565 y 566 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. No obstante, se evidencia que en fecha 13-12-2023 el tribunal le impuso abordajes con la trabajadora social de esta sede Judicial. Ahora bien, el Tribunal le Impone de realizar labor social para un total de ochenta (80) horas, lo que se traduce a CUATRO (04) MESES, se acuerda suspender el proceso a prueba, por el lapso de CUATRO (04) MESES, Labor social que realizará el adolescente en la Alcaldía del Municipio Samuel Dario Maldonado (La Tendida) del Estado Táchira, por el lapso de OCHENTA (80) HORAS PARA UN TOTAL DE CUATRO (04) MESES, con presentaciones cada treinta (30) días por ante la trabajadora social de esta sede judicial.

El hecho fue calificado e imputado como constitutivo en el delito: LESIONES CULPOSAS MENOS GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 413 concatenado con el artículo 420 del Código Penal, cometido en perjuicio del adolescente LUIS DURAN MONCADA.- Ahora bien, el delito por el cual se sigue proceso no merece como medida definitiva la privación de libertad, pues el artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, aunque hace referencia al mismo en el catálogo de delitos que admiten privación de libertad.

En este aspecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por sentencia dictada en fecha 29 de julio de 2005, ha ratificado la aplicación del contenido del artículo 564 de la citada Ley Orgánica, al señalar que la conciliación se aplica en todos aquellos casos, no señalados por el legislador como merecedores de la medida de privación de libertad:

(…) “la adolescente imputada tenía derecho a la suspensión a prueba del proceso seguido en su contra mediante la fórmula de solución anticipada de la conciliación, ya que la única restricción legal de improcedencia es para aquellos delitos para los cuales proceda la privación de libertad como sanción- que no era su caso- los cuales están expresamente señalados en el parágrafo segundo, literal a) del artículo 628 Ejusdem. (Lo destacado y cursivas nuestro).-

El presente proceso siguió las pautas que informan el procedimiento ordinario, por tanto estando las actuaciones en esta fase es oportuna la aplicación de esta fórmula de solución anticipada, en atención al principio que impera en el proceso penal juvenil: la diversificación de la justicia, mediante la desjudicializaciòn de los conflictos, principio que encuentra asidero en el artículo 258 Constitucional, que reza lo siguiente:

Artículo 258. La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley.
La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos. (Negrillas y cursivas nuestras).

Esta Juzgadora, verificó que la obligación pactada no fuese contraria al orden público, la moral y las buenas costumbres o violatorias de los derechos inherentes al ser humano (obligaciones humillantes) o del interés superior del adolescente, por tanto este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial del Estado Bolivariano de Mérida en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Homologa el acuerdo entre las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 566 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el cual el prenombrado: ANGEL DAVID RAMIREZ CARRERO, titular de la cedula de identidad N° V-31.630.342, se comprometió a cumplir las siguientes obligaciones: cumplir con una labor social, en la Alcaldía del Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Bolivariano de Mérida, por el lapso de OCHENTA (80) HORAS PARA UN TOTAL DE CUATRO (04) MESES, con presentaciones cada treinta (30) días por ante la trabajadora social de esta sede judicial.
DECISION

Por las consideraciones que anteceden, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, HACE LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS:
PRIMERO:Se Admite totalmente la Acusación presentada por la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público de fecha 15/05/2023 y que se encuentra inserto a los folios setenta y cuatro (74) al setenta y siete (77) y sus respectivos vueltos, en contra del adolescente ANGEL DAVID RAMIREZ CARRERO, quien está plenamente identificado, y que de la revisión de la misma y conforme al artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal es de legalidad necesaria y artículo 579 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.-

SEGUNDO: comparte la calificación Jurídica atribuida por el Ministerio Público por la comisión del delito LESIONES CULPOSAS MENOS GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 413 concatenado con el artículo 420 del Código Penal, cometido en perjuicio del adolescente LUIS DURAN MONCADA.

TERCERO: El Tribunal admite todas y cada una de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, todo de conformidad con los artículos 308 del Código Orgánico Procesal Penal y 579 literal “F” de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por cuanto las mismas útiles, legales, licitas, necesarias y pertinentes, para el esclarecimiento de la verdad.

CUARTO: Seguidamente la ciudadana Juez, impuso al adolescente ANGEL DAVID RAMIREZ CARRERO, de los hechos que le imputa el Ministerio Público, se dirigió al prenombrado adolescente, explicándole de una forma clara y sencilla los hechos que se le imputa en este momento, así como del Precepto Constitucional consagrado en el artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo establecido en los artículos 541, 542, 543, 564, 565, 583, 656 y 657 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes, la Fórmula de Solución Anticipada de conciliación, la figura de la Admisión de Hechos, las fórmulas alternativas del proceso y concedió el derecho de palabra al adolescente: ANGEL DAVID RAMIREZ CARRERO,Quien manifestó: “Deseo llegar a la conciliación y me comprometo a cumplir con las condiciones que me imponga el Tribunal y pido disculpa a luis Ignacio de mi parte por lo sucedió no volverá a pasar . Es todo”.-

QUINTO:Luego de Homologada la conciliación planteada por la parte, y escuchada la voluntad del imputado de autos a quien el Ministerio Público, imputó por el delito de LESIONES CULPOSAS MENOS GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 413 concatenado con el artículo 420 del Código Penal, cometido en perjuicio del adolescente LUIS DURAN MONCADA. Acuerda suspender el proceso a prueba por el término de CUATRO (04) MESES, Labor social que realizará el adolescente en la sede de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA, por el lapso de CUATRO (04) MESES A RAZÓN DE OCHENTA (80) HORAS, la cual VENCE EN FECHA 07-10-2023 se ordena librar oficio.

SEXTO: Declaro sin lugar en cuanto tomar en cuenta la labor social realizada por el prenombrado adolescente, en el plantel educativo que realiza estudios, toda vez que dicha labor social es de obligatoria y de carácter educativo, académica.

SEPTIMO: Se deja constancia que se llevará un control de su cumplimiento o incumplimiento de la labor social impuesta, tiempo en el que no deberá volver a cometer ningún hecho punible, el cual se llevará a cabo a través de la Coordinadora del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente y la Trabajadora Social de esta sede judicial la Licenciada Luisana Ramírez.-

OCTAVO: Se mantiene la medida impuesta en fecha 16/02/2023 en cuanto a seguir realizando los abordajes social con la trabajadora social.

NOVENO: Se deja constancia que el adolescente manifestó haber entendido el contenido y alcance de las obligaciones de las cuales aquí se comprometió por ante el Tribunal, de no evidenciarse su cumplimiento, se advierte al prenombrado adolescente que se reanudará el proceso.-

DECIMO: Líbrese oficio a la trabajadora Social de esta sede, a los fines que vigile y controle las condiciones aquí establecidas y una vez cumplida la labor social se decretará el sobreseimiento de la causa. Quedan notificados en este acto la Fiscalía del Ministerio Público, la defensa pública, el adolescente y su representante legale, la víctima y representante legal. La presente decisión se fundamentará dentro del lapso legal.- Se deja constancia que en el presente acto se respetaron todos los Principios Procesales, Garantías Constitucionales, Tratados y Acuerdos Internacionales suscritos por la República con otras Naciones.

JUEZ EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 1

ABG. YONE RAY RODRIGUEZ TOBON

SECRETARIA JUDICIAL,

ABG. RAQUEL MEZA RANGEL