TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA
212º y 164º
I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
EXPEDIENTE Nº: 11.008
PARTE ACTORA: MARIA MARIELA DAVILA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad número V-8.016.855, domiciliada en La Mesa, Parroquia La Mesa, Municipio Campo Elías del Estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábil.
APODERADO JUDICIALE DE LA PARTE ACTORA: Abogado HARLAND ROBERT GONZALEZ GARRIDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-4.587.168, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 90.646, de este domicilio y jurídicamente hábil.
PARTE DEMANDADA: POSIBLES HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CUJUS JOSÉ GREGORIO MONSALVE MANRIQUE, quien era venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cedula de identidad N° V-659.125, domiciliado en La Mesa, Parroquia La Mesa, Municipio Campo Elías del Estado Bolivariano de Mérida
MOTIVO: PRESCRIPCION ADQUISITIVA (PERENCION DE LA INSTANCIA)
II
RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
Ingresó por distribución en fecha 01 de agosto de 2016, demanda contentiva de la acción de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, interpuesta por los abogados EDGAR AMANDO HERNANDEZ SANCHEZ y KYARA SUSANA CONTRERAS BERRIOS, apoderados judiciales del ciudadano MARIA MARIELA DAVILA, contra de los POSIBLES HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CUJUS JOSÉ GREGORIO MONSALVE MANRIQUE.
Consta a los folios del 01 al 61, libelo de la demanda con sus anexos.
En fecha 03 de agosto de 2016, folio 63, este Tribunal dictó auto mediante el cual le dio entrada, admitió la demanda y se libró edicto a los POSIBLES HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CUJUS JOSÉ GREGORIO MONSALVE MANRIQUE y se abrió cuaderno de medida de prohibición de enajenar y gravar.
A los folios 65 al 91, constan actuaciones referentes a la publicación del edicto ordenado a los POSIBLES HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CUJUS JOSÉ GREGORIO MONSALVE MANRIQUE.
Consta a los folios 92 y 93, actuaciones referentes al nombramiento del defensor Ad Litem.
Consta a los folios 94 al 102, se constatan actuaciones en relación al abocamiento de la Jueza Provisoria para el momento Abg. Yamilet Fernández Carrillo y la notificación de las partes.
Al folio 103 y vuelto consta poder Apud Acta otorgado al abogado HARLAND ROBERT GONZALEZ GARRIDO por la ciudadana MARIA MARIELA DAVILA.
A los folios del 104 al 118, se constatan actuaciones en referencia al edicto ordena por este Tribunal y la publicación de este.
A los folios 119 al 135, se encuentra inserta las resultas de notificación de la parte demandada del abocamiento.
Consta a los folios 136 al 139, actuaciones relacionadas a la reanudación de la causa.
A los folios 140 y 141, se encuentran insertas diligencias con respecto a emitir un nuevo edicto.
De manera que de acuerdo al historial del presente expediente, tenemos que desde la fecha del último acto de impulso procesal emitido por la parte en fecha 21 de julio de 2021, no hubo actuación alguna por parte del accionante, quien debía impulsar el proceso gestionando las diligencias inherentes a este tipo de procedimiento, por lo que corresponde a este Jurisdicente, actuando ex oficio comprobar sí efectivamente, en el caso de marras, ha operado la perención prevista en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo cual se hará en la motivación del presente fallo.
III
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
A los fines de verificar la ocurrencia o no de la perención de la instancia se hacen necesarias las siguientes consideraciones.
PRIMERA CONSIDERACIÓN: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención…”

Conforme el contenido de la norma, el Instituto de la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA no es más que “…el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso…” [RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 329].
Esta sanción tiene su fundamento, de un lado, en la presunta expresión de voluntad de las partes de no continuar con el proceso instaurado, la cual se evidencia de la falta de impulso procesal por un período determinado que el Legislador previó como suficiente para presumir tal circunstancia; y del otro, la necesidad del estado de evitar que los jueces se recarguen de expedientes cuya pendencia de no ocurrir la perención resultaría indefinida.
La doctrina y jurisprudencia nacional han determinado que la perención, aparte de sancionar la conducta omisiva de las partes, pretende que el proceso se desenvuelva sin dilaciones hasta alcanzar su fin y su propósito, es decir: la sentencia que dirime el conflicto.
En el presente caso, este Tribunal percibe una evidente inactividad procesal desde el día 21 de julio de 2021, fecha en la que el apoderado judicial de la parte actora solicitó la emisión de un nuevo edicto. Es decir que a la presente fecha, ya ha transcurrido el tiempo determinado en el encabezamiento del artículo 267 del Código Procedimiento Civil, para declarar la extinción del proceso por inactividad ultra-anual. En este sentido conviene traer a colación el criterio legal sobre la forma de computar los lapsos equivalentes a años, lo cual aparece regulado en el artículo 199 eiusdem, que instituye:
“Los términos o lapsos de años o meses se computarán desde el día siguiente al de la fecha del acto que da lugar al lapso, y concluirán el día de fecha igual a la del acto, del año o mes que corresponda para completar el número del lapso. El Lapso que, según la regla anterior, debiera cumplirse en un día de que carezca el mes, se entenderá vencido el último de ese mes”.

Así pues, de acuerdo a la norma anteriormente transcrita, los términos o lapsos de años o meses se deben computar desde el día siguiente al de la fecha en que tuvo lugar el acto que da lugar al lapso, y concluirán el día de fecha igual a la del acto, del año o mes que corresponda para completar el número del lapso. En el caso de marras, el cómputo del año exigido por nuestro legislador para que se tenga por consumada la perención de la instancia, inició el día 21 de julio de 2021, fecha siguiente al día en que el Tribunal dictó oficio al Consejo Nacional Electoral, y concluyó el día 21 de julio de 2022, fecha igual a la del referido acto que dio inicio al lapso anual, sin que haya habido ningún acto de impulso procesal por parte del accionante.
Por lo tanto, dado que en la presente causa ha transcurrido más de un año, sin que se haya producido actuación alguna por parte del accionante para instar el procedimiento --de modo de interrumpir el lapso de inactividad--, es concluyente que se produjo la perención de la instancia, y por ende la extinción del proceso, y así debe decidirse.
SEGUNDA CONSIDERACIÓN: En el mismo orden de ideas, tenemos que el Legislador en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, señala los casos en los que procede la perención de la instancia, y particularmente, en el encabezamiento de dicha norma, se dispone como causa para la procedencia de dicha figura procesal la ocurrencia de los siguientes elementos:
a) El transcurso de un período determinado, esto es, un [01] año contado a partir del último acto de procedimiento de las partes.
b) La inactividad procesal durante el período antes indicado.
c) Que la inactividad no ocurra después de vista la causa por el juez.

TERCERA CONSIDERACIÓN: Efectivamente, desde la fecha supra indicada, no consta en el expediente que se haya realizado ningún otro acto de procedimiento de la parte actora; por lo cual, para el día de hoy, se encuentra sobradamente cumplido el lapso previsto por el legislador para que se tenga por consumada la perención de la instancia, y habida cuenta, que el presente expediente no se encuentra en estado de sentencia, debe tenerse como plenamente configurado el supuesto de hecho contenido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, ha operado la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, la cual se consumó el día 21 de julio de 2022; y así será lo decidido en el dispositivo del presente fallo.
IV
DISPOSITIVA
En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de conformidad con el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el presente juicio que por PRESCRPCION ADQUISITIVA, ha incoado la ciudadana MARIA MARIELA DAVILA, a través de su apoderado judicial HARLAND ROBERT GONZALEZ GARRIDO, plenamente identificados al inicio de la presente decisión.
SEGUNDO: Notifíquese a la parte actora haciéndole saber que el lapso para que interponga el recurso que considere pertinente, contra la presente decisión comenzará a correr una vez que conste en autos su notificación. Líbrese por auto separado la correspondiente boleta, y entréguesele al Alguacil para que la haga efectiva.
TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la decisión, de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, notifíquese, cópiese y regístrese, cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. Mérida, veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Años 212º de la Independencia y 164º de la Federación.
EL JUEZ TEMPORAL,

ABG. JORGE GREGORIO SALCEDO VIELMA.
EL SECRETARIO TEMPORAL,

ABG. ANTONIO PEÑALOZA
JGSV/AP/maqp