TSJ Regiones - Decisión

Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Rivas Dávila y Padre Noguera de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida. Bailadores, Veintidós (22) de Noviembre de Dos Mil Veintitrés (2.023).-
213º y 164º

Sentencia Nº S-073-2023.-
Causa Nº C-2023-049.-

CAPITULO PRIMERO
LAS PARTES INTERVINIENTES

El presente escrito de DEMANDA POR RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, VÍA PRINCIPAL (PROCEDIMIENTO BREVE), fue recibido por este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Rivas Dávila y Padre Noguera de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, luego del sorteo de Ley por ante el Tribunal Distribuidor, el once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2.023), en razón de ello, éste sentenciador la admitió y dio entrada el cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2.023), bajo el Nº C-2023-049, folio treinta (30), por encontrarse llenos los extremos legales y considerarse este Tribunal competente por el territorio, materia y cuantía, en cuanto a derecho refiere.-

DEMANDANTE: Aparece como demandante la ciudadana: YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, casada, Licenciada, provista de la cedula de identidad Nº V-6.422.018, domiciliada en la Aldea de Bodoque, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, hábil civilmente, asistida por el abogado en ejercicio, el ciudadano: JOSÉ ÁNGEL MOLINA, venezolano, mayor de edad, provisto de la cedula de identidad Nº V- 8.711.841, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 159.410, con domicilio procesal en el Centro Comercial Ana Marbel, Local N° 15, Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, hábil civil y jurídicamente.-

DEMANDADA: Aparece como demandada la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, venezolana, mayor de edad, viuda, provista de la cedula de identidad Nº V-2.984.702, domiciliada en la población de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, hábil civilmente, asistida por el abogado en ejercicio, el ciudadano: LUIS MANUEL MÁRQUEZ VIVAS, venezolano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad Nº V- 15.235.242, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 115.332, con domicilio procesal en el Centro Comercial Don Alfredo Guerra, Local N° 08, Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, hábil civil y jurídicamente, donde declara la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, actuando en sus plenas facultades mentales, por medio del presente documento da en dación de pago y a título gratuito a sus legítimos hijos los ciudadanos JOSÉ GERARDO RAMÍREZ CARRERO, venezolano, mayor de edad, soltero, Militar, provisto de la Cédula de Identidad Nº V-8.084.392, domiciliado en la Población de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, casada, Licenciada, provista de la Cédula de Identidad Nº V-6.422.018, domiciliada en la Aldea de Bodoque del Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, venezolano, soltero, abogado en ejercicio, mayor de edad, provisto de la Cédula de Identidad Nº V-8.706.422, domiciliado en el Sector de los Barbechos Casa 3-17 de la Población de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, Licenciada, casada, provista de la Cédula de Identidad Nº V-10.897.182, domiciliada en la Aldea de San Pablo del Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, casada, comerciante, provista de la Cédula de Identidad Nº V-10.897.938, domiciliada en la Aldea las Tapias, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO, venezolano, mayor de edad, casado, Abogado, provisto de la Cédula de Identidad Nº V-10.904.456, domiciliado en el Vigía Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano de Mérida, SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, soltera, Licenciada, provista de la Cédula de Identidad Nº V-13.013.595, domiciliada en la Población de Tovar, Municipio Tovar del Estado Bolivariano de Mérida, todos civilmente hábiles, los derechos y acciones que posee en los bienes inmuebles señalados en el instrumento privado cabeza de las actuaciones, los cuales trasmite en plena propiedad, posesión y dominio; consistentes en el cincuenta y cinco por ciento (55%) de los derechos y acciones en los siguientes bienes inmuebles: PRIMERO: Un lote de terreno con una casa de dos plantas; ubicado en el Barrio El Rosal, Parroquia El Llano del Municipio Tovar, del Estado Bolivariano de Mérida; SEGUNDO: Un pequeño lote de terreno de labor, ubicado en el sitio denominado Los Barbechos, Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida; TERCERO: Un inmueble integrado por un pequeño lote de terreno y dos (02) casas sobre el construidas, ubicado en el sitio denominado Los Barbechos, Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida; CUARTO: Un lote de terreno ubicado en el cementerio de la población de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida; cuyas característica particulares aparecen descritas en el referido instrumento privado que fue redactado en los siguientes términos y que se reproduce a continuación:

“Yo, ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, venezolana, mayor de edad, viuda, ama de casa, titular de la Cédula de Identidad N° V- 2.984.702, domiciliada en la Población de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida y hábil civilmente, actuando en mis plenas facultades mentales, por medio del presente documento DECLARO: que doy en DACIÓN EN PAGO y a título gratuito a mis legítimos hijos los ciudadanos JOSE GERARDO RAMÍREZ CARRERO, venezolano, mayor de edad, soltero, Militar, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.084.392, domiciliado, en la Población de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, casada, Licenciada, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.422.018, domiciliada en la Aldea de Bodoque del Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, venezolano, soltero, abogado en ejercicio, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.706.422, domiciliado en el Sector de los Barbechos Casa 3-17 de la Población de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, Licenciada, casada, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.897.182, domiciliada en la Aldea de San Pablo del Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, casada, comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.897.938, domiciliada en la Aldea las Tapias, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO, venezolano, mayor de edad, casado, Abogado, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.904.456, domiciliado en el Vigía Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano de Mérida, SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, soltera, Licenciada, titular de la Cédula de Identidad Nº V-13.013.595, domiciliada en la Población de Tovar, Municipio Tovar del Estado Bolivariano de Mérida, todos civilmente hábiles. Lo que a continuación paso a describir; PRIMERO: todos los derechos y acciones equivalentes al cincuenta y cinco con cincuenta y cinco por ciento (55,55 %) que poseo vinculados sobre un inmueble integrado por un lote de terreno, con un casa de dos plantas sobre él construidas, ubicado en el Barrio El Rosal, Parroquia El Llano del Municipio Tovar, Estado Bolivariano de Mérida, el lote de terreno con un área total de CIENTO TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS (136,00 Mts2), alinderado así: POR EL FRENTE: desde el P 1 al P 2 en la medida de ocho metros (8,00 Mts), colinda con la calle nueva; LADO DERECHO: desde el P 2 al P 3 con medidas de diecisiete metros (17,00 Mts), propiedad que son o fueron de Ramón Salas; POR EL FONDO: desde el P 3 al P 4 en la medida de ocho metros (8,00 Mts), colinda con terrenos que son o fueron de los hermanos Díaz; LADO IZQUIERDO: desde el P 4 al P1 en la medida de diecisiete metros (17,00 Mts), colinda con propiedad que es o fue de María Castro; PRIMERA PLANTA: contentiva de un local para taller y un baño, con un área de construcción de CIENTO TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS (136,00 Mts2), SEGUNDA PLANTA: una casa contentiva de cuatro (04) habitaciones, cocina, comedor, dos (02) baños, un (01) patio, dos (02) depósitos para aguas blancas, pisos de cemento, paredes de bloques, techo de platabanda, con un área de construcción de CIENTO TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS (136,00 Mts2), alinderado así: POR EL FRENTE: colinda con fachada que mira a la calle nueva; LADO DERECHO: colinda con fachada que mira a la propiedad de Ramón Salas; LADO IZQUIERDO: colinda con fachada que mira a la propiedad de María Castro y POR EL FONDO: colinda con fachada que mira a terrenos que son o fueron de los Hermanos Díaz. SEGUNDO: todos los derechos y acciones equivalentes al cincuenta y cinco con cincuenta y cinco por ciento (55,55 %) que poseo vinculados sobre un inmueble integrado por un pequeño lote de terreno de labor, ubicado en el sitio denominado “Los Barbechos”, Bailadores del Municipio Rivas Dávila, Estado Bolivariano de Mérida, con un área total de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS CON SESENTA Y CINCO CENTÍMETROS CUADRADOS (435, 65 Mts2), comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: POR EL FRENTE al sur: desde P 1 al P 2 en la medida de diecisiete metros (17,00 Mts), colinda con callejuela o camino vecinal que hoy día es calle N° 3 que separa terreno que fue de Vicente Ruiz: COSTADO IZQUIERDO: desde el P 2 al P 3, en la medida de veinticuatro metros con cuarenta centímetro (24,40 Mts) colinda con terreno que fue de Rigoberto Duran Jaimes, hoy de otro dueño: POR EL FONDO al norte: desde el P 3 al P 4 en la medida de diecisiete metros (17 Mts), colinda con terrenos que fue de Eulogio Benavides, hoy de otro dueño: POR EL COSTADO DERECHO al oriente: desde el P 4 al P 1 en la medida de veintiocho metros con cincuenta y cinco centímetros (28,55 Mts), colinda con propiedad de Ana Corinda Carrero Carrero, teniendo dicho terreno derecho de agua para consumo por tubería metálica derivada del acueducto público del caserío “Los Barbechos” y agua para regadío derivada de la acequia pública del mismo sitio, y que por el fondo se haya establecida. TERCERO: todos los derechos y acciones equivalentes al cincuenta y cinco con cincuenta y cinco por ciento (55,55 %), que poseo vinculados sobre un inmueble integrado por un pequeño lote de terreno y dos (2) casas sobre él construida, ubicado en el sitio denominado “Los Barbechos”, Bailadores del Municipio Rivas Dávila, Estado Bolivariano de Mérida. éste terreno tiene un área total de SEISCIENTOS TREINTA METROS CON DIECISÉIS CENTÍMETROS CUADRADOS (630,16 Mts2), con los siguientes linderos y medidas: POR EL FRENTE al ESTE: desde el P 1 al P 2 con medidas de treinta y tres metros con ochenta centímetros (33,80 Mts) colinda con camino nacional hoy carrera N° 1: POR LADO IZQUIERDO al sur desde el P 2 al P 3 con medidas de veinte metros con cuarenta y dos centímetros (20,42 Mts) colinda con callejuela o camino vecinal que hoy día es calle N° 3 que separa terreno que fue de Vicente Ruiz: POR EL FONDO al occidente: desde el P 3 al P 4 en la medida de veintiocho metros con cincuenta y cinco centímetros (28,55 Mts), colinda con terreno que fue de Vicente Ruiz hoy sucesión de Manuel Ramírez: POR EL LADO DERECHO al este: desde el P 4 al P 1 en la medida de veinte y un metros con diecisiete centímetros (21,17 Mts) colinda con terreno y casa que fue de Eligio Benavides hoy de otro dueño. Teniendo dicho terreno derecho de agua para consumo por tubería metálica derivada del acueducto público del caserío “Los Barbechos” y el agua para regadío derivada de la acequia pública del mismo sitio y por el fondo se haya establecida. La Casa primera con las siguientes características particulares: techo de tejas sobre paredes de tierra apisonada, constante de tres piezas, cocina y un comedor, con un área de construcción de OCHENTA METROS CUADRADOS (80,00 Mts2) con sus respectivas instalaciones de aguas del acueducto público del sitio denominado “Los Álvarez”. La casa segunda con las siguientes características particulares: cinco (5) habitaciones, una (1) sala de recibo, una (1) cocina y comedor, una (1) área de servicios, dos (2) baños y un garaje con portón metálico de dos abras con estacionamiento para cuatro (4) vehículos, con piso de cemento y techo parte de acerolit y parte de zinc puertas de madera y ventana de hierro, mismo acueducto de la casa primera, con un área de construcción de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (264,00 Mts2), ambas casas se comunican por el frente con un pasillo encerrado con un muro de bloque y cemento frisado con rejas de hierro. CUARTO: todos los derechos y acciones equivalentes al cincuenta y cinco con cincuenta y cinco por ciento (55,55 %) que poseo vinculados sobre un lote de terreno con una superficie de cuatro metros cuadrados en el cementerio de la Población de Bailadores, en la parte nueva del referido cementerio comprendido dentro de los siguientes linderos: Por el Norte: fosas vacías propiedad de Cenón Ramírez; Por el sur: sepultura de Josefina Carrero; Por el Este: Vereda N° 2, y por el Oeste: Vereda N° 3. Hube la propiedad de los inmuebles antes descritos por los siguientes conceptos, por lo que respecta al numeral PRIMERO: por herencia al fallecimiento de mí cónyuge Jesús Manuel Ramírez, que falleció Ab Intestato en Bailadores Municipio Rivas Dávila, Estado Bolivariano de Mérida en fecha 26 de enero de 2.007, según consta en Planilla Sucesoral relativa a su herencia F-07 Nº 0078935, la cual ingresó al Departamento de Sucesiones en fecha 05/08/2008, siéndole asignado como expediente Nº 000173, Certificado de Solvencia de Sucesiones 09/76 N° 08/0173, expedido por el Funcionario del Ramo en La Ciudad del Vigía 27/03/2009, siendo lo que refiere el activo 1° de la planilla ya aludida, y mí causante hubo la propiedad del inmueble antes descrito en sociedad conyugal por compra a Armando Mogollón Bautista, según documento registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Tovar del Estado Bolivariano de Mérida en fecha 15 de Septiembre de 1.993, N° 15, Folios 35 al 36 del Protocolo Primero, Tomo 7°, Trimestre Primero del citado año. Por lo que respecta al numeral SEGUNDO: por herencia al fallecimiento de mí cónyuge Jesús Manuel Ramírez, cuya fecha de fallecimiento y planilla fiscal se mencionaron UP-SUPRA, siendo lo que refiere el activo 2° de la planilla ya aludida, y mí causante hubo la propiedad del inmueble antes descrito en sociedad conyugal por compra a Rigoberto Duran Jaimes, según documento registrado en la ya citada Oficina en fecha 14 de junio de 1.976, N° 81, Folios 161 vuelto al 163 del Protocolo Primero, Trimestre Segundo del citado año. por lo que respecta al numeral TERCERO: por gananciales al fallecimiento de mí cónyuge Jesús Manuel Ramírez, cuya fecha de fallecimiento y planilla fiscal se mencionaron UP-SUPRA, siendo lo que refiere el activo 3° de la planilla ya aludida, hube la propiedad del inmueble antes descrito por compra que hice siendo soltera a Erasmo Rangel, según documento registrado en la ya citada Oficina en fecha 07 de marzo de 1.967, N° 78, Folios 173 vuelto al 176 del Protocolo Primero, Trimestre Primero del citado año, y según liberación de hipoteca cancelada a Emilio Belandria, según documento registrado en la ya citada Oficina en fecha 17 de abril de 1.968, N° 22, Folios 37 del Protocolo Primero, Trimestre Segundo del citado año y por lo que respecta al numeral, CUARTO: mí causante hubo la propiedad del inmueble antes descrito en sociedad conyugal por compra a la Municipalidad, cuya fecha de fallecimiento se citó Up-Supra, según documento emitido por la Sindicatura Municipal Distrito Rivas Dávila del Estado Mérida en fecha 23 de Enero de 1.987, Así mismo DECLARO, por cuanto mis hijos JOSE GERARDO RAMÍREZ CARRERO, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO y SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO, ya identificados, quienes hasta los momentos se han encargado y seguirán encargándose de mi manutención, cuidado, resguardo, suministros medicinas, asistencia médica, vestido, calzado y demás necesidades inherentes al ser humano y hasta la presente fecha han cumplido y se comprometen a continuar con la misma obligación por todo el tiempo que dure mi vida, en virtud de esto, les he dado en dación en pago todos los inmuebles antes descritos anteriormente.- Estimando la presente operación para efectos fiscales en la cantidad de MIL TRESCIENTOS BOLÍVARES (1.300,00 Bs).- En tales condiciones transmito a los contratantes la propiedad, posesión y dominio del inmueble descrito libre de gravamen y sin reserva alguna con los usos, costumbres, derechos y servidumbres conocidas, las establecidas, las que por ley o por títulos anteriores les correspondan o les puedan corresponder, y quedo obligada al saneamiento legal. Y nosotros, JOSE GERARDO RAMÍREZ CARRERO, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO, SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO, ya identificados, así mismo, DECLARAMOS: que sobre el inmueble dado en Dación mediante el presente documento se constituye DERECHO DE USUFRUCTO, a favor de nuestra madre la ciudadana, ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, venezolana, mayor de edad, viuda, ama de casa, titular de la Cédula de Identidad N° V- 2.984.702, sobre los bienes inmuebles ya mencionados, mientras dure su vida, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 584 del Código Civil, estimando este gravamen usufructuario para efectos fiscales en la cantidad MIL BOLÍVARES (1.000,00 Bs). Y nosotros, JOSE GERARDO RAMÍREZ CARRERO, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO, SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO, ya identificados DECLARAMOS: Que hemos contratado en los términos que expresa el presente documento, el cual aceptamos en todas sus partes. - Así lo decimos, otorgamos y firmamos, por vía privada a los 04 días del mes de Agosto del dos mil veintiuno 2.021, sin que esto impida que posteriormente pueda ser reconocido por ante un Funcionario Público para su posterior Registro en las oficinas correspondientes.-” (Negritas y Cursivas del Tribunal, Mayúsculas del Texto).-

MOTIVO: DEMANDA POR RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO (VÍA PRINCIPAL, PROCEDIMIENTO BREVE).-

CAPITULO SEGUNDO
PARTE EXPOSITIVA O NARRATIVA
DEMANDA

El once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2.023), éste sentenciador recibió DEMANDA POR RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO (VÍA PRINCIPAL, PROCEDIMIENTO BREVE), en razón de ello, la admitió y dio entrada el cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2.023), bajo el Nº C-2023-049, por encontrarse llenos los extremos legales y considerarse este Tribunal competente por el territorio, materia y cuantía, en cuanto a derecho refiere, mediante la cual, la ciudadana: YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, asistida por el abogado en ejercicio, el ciudadano: JOSÉ ÁNGEL MOLINA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 159.410, identificados plenamente, manifiesta entre otras cosas:-

“Yo, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO,,,Omisis,,, Debidamente asistida en este acto por el Abogado en Ejercicio JOSÉ ÁNGEL MOLINA,,,Omissis,,, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 159.410,,,Omissis,,, ante Usted con el debido respeto ocurro para exponer:
CAPÍTULO I
DE LOS HECHOS

Es el caso Ciudadano Juez, que en fecha 04 de Agosto del dos mil veintiuno 2.021, como contratante junto con mis otros hermanos, suscribimos un documento privado de DACIÓN EN PAGO y a título gratuito, cuyo original anexo marcado “A”, mediante el cual, mí legítima madre la ciudadana ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, venezolana, mayor de edad, viuda, ama de casa, titular de la Cédula de Identidad N° V- 2.984.702, domiciliada en la Población de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida y hábil civilmente, me transfiere a mí y a mis hermanos, los ciudadanos JOSE GERARDO RAMÍREZ CARRERO, venezolano, mayor de edad, soltero, Militar, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.084.392, domiciliado, en la Población de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, casada, Licenciada, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.422.018, domiciliada en la Aldea de Bodoque del Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, venezolano, soltero, abogado en ejercicio, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.706.422, domiciliado en el Sector de los Barbechos Casa 3-17 de la Población de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, Licenciada, casada, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.897.182, domiciliada en la Aldea de San Pablo del Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, casada, comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.897.938, domiciliada en la Aldea las Tapias, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO, venezolano, mayor de edad, casado, Abogado, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.904.456, domiciliado en el Vigía Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano de Mérida, SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, soltera, Licenciada, titular de la Cédula de Identidad Nº V-13.013.595, domiciliada en la Población de Tovar, Municipio Tovar del Estado Bolivariano de Mérida, todos civilmente hábiles. la plena propiedad, posición y dominio de unos inmuebles consistentes en cuatro lotes de terreno, dos casas y un lote de terreno con una superficie de cuatro metros cuadrados en el cementerio Municipal de Bailadores cuyas característica particulares aparecen descritas en el referido instrumento privado que fue redactado en los siguientes términos y que se reproduce a continuación:

,,,Omissis,,,

CAPÍTULO II
PETITORIO

Ahora bien Ciudadano Juez, a los fines de realizar las gestiones para la legalización de la propiedad del inmueble anteriormente descrito por ante el Registro Público de los Municipios Rivas Dávila y Guaraque del Estado Bolivariano de Mérida, se hace necesario el reconocimiento del contenido del documento y de la firma que aparece estampada al pie del referido documento. Es por lo antes expuesto Ciudadano Juez que el presente caso la situación fáctica planteada, encuadra dentro de las previsiones de los artículos que a continuación se transcribirán, porque versa sobre el reconocimiento de un instrumento privado suscrito por la ciudadana ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, ya identificada, quien conoce el contenido del mismo. En este sentido “La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 362 de fecha once (11) de mayo del dos mil dieciocho (2.018), aclara la situación sobre del reconocimiento de documentos privados y estableció:

,,,Omissis,,,

Por otra parte , el tribunal es competente para conocer de la presente demanda según lo establece el Código de Procedimiento Civil en el artículo 42, cuando expresa que las demandas obre derechos reales inmobiliarios se propondrán ante autoridad judicial del lugar donde haya celebrado el contrato, caso de hallarse allí el demandado.

,,,Omissis,,,

CAPÍTULO III
PETITORIO

Con el carácter de otorgante contratante del aludido documento privado, acudo a su competente autoridad Ciudadano Juez, para pedirle como en efecto lo hago, se sirva acordar la citación de la ciudadana ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, ,,,Omissis,,, para que es su condición de otorgante cedente, comparezca por ante este tribunal y proceda da reconocer formalmente el contenido y firma del documento privado antes transcrito de fecha veintiocho (28) de marzo del año 2.023, instrumento fundamental en esta demanda.

CAPÍTULO IV
DE LOS ANEXOS

Consigno los siguientes anexos:

PRIMERO: Marcado “A” en dos folios útiles, consigno en original del documento privado suscrito en fecha veintiocho (28) de marzo del año 2023, instrumento fundamental en esta demanda.

SEGUNDO: Marcado “B” en cinco folios útiles, presento en original para que sea vista y devuelta y en copia simple para que sea agregada al respectivo expediente, Planilla Sucesoral relativa a la herencia de Jesús Manuel Ramírez, que falleció Ab Intestato en Bailadores Municipio Rivas Dávila, Estado Mérida, en fecha 26 de enero de 2.007.

TERCERO: Marcado “C” en dos folios útiles, presento en original para que sea visto y devuelto y en copia simple para que sea agregado al respectivo expediente, documento registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Tovar del Estado Bolivariano de Mérida en fecha 15 de Septiembre de 1.993, N° 15 Folios 35 al 36 del Protocolo Primero Tomo 7° Trimestre Primero del citado año.

CUARTO: Marcado “D” en dos folios útiles, presento en original para que sea visto y devuelto y en copia simple para que sea agregado al respectivo expediente, documento registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Riva Dávila del Estado Mérida en fecha 14 de junio de 1.976, N° 81 Folios 161 vuelto al 163 del Protocolo Primero, Trimestre Segundo del citado año.

QUINTO: Marcado “E” en cinco folios útiles: documento registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Rivas Dávila del Estado Mérida en fecha 07 de marzo de 1.967, N° 78 Folios 173 vuelto al 176 del Protocolo Primero, Trimestre Primero del citado año.

SEXTO: Marcado “F” presento en dos folios útiles y en original para que sea visto y devuelto y en copia simple para que sea agregado al respectivo expediente, documento autenticado por ante la Oficina del Juzgado del Distrito Sucre del Estado Aragua en fecha 14 de agosto de 1.980, dejándolo asentado en el Libro Diario llevado por ese Tribunal.

SÉPTIMO: Marcado “G” en un folio útil: documento emitido por la Sindicatura Municipal Distrito Rivas Dávila del Estado Mérida en fecha 23 de Enero de 1.987.

OCTAVO: Marcado “H” en un folio útil: copias de cedulas.

CAPÍTULO V
ESTIMACION DE LA DEMANDA

De acuerdo a la Resolución 2023-0001, emanada del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 24 de mayo de 2.023, estimo la demanda en la cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS (1.400 €) al valor del día de hoy 29 de noviembre del 2.023 de TREINTA Y SIETE BOLÍVARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 37,85), o lo que es igual a cuarenta y seis CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS BOLÍVARES CON CERO CERO CÉNTIMOS (Bs. 52.990,00)

CAPÍTULO VI
DEL DOMICILIO PROCESAL

A los efectos del artículo 174 del Código de Procedimiento civil, señalo como domicilio procesal las siguientes direcciones:

,,,Omissis,,,

CAPÍTULO VII
DEL PROCEDIMIENTO:

En virtud del domicilio procesal de la parte requerida y de la cuantía en la cual fue estimada la demanda, con fundamento en el artículo 2 de la resolución N° 2018-0013 del 24 de octubre de 2018 del 25 de abril del 2.019, solicito que sean tramitada por el procedimiento breve establecido en el artículo 881 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil.

Fundamentamos la presente solicitud en base a los artículos Artículo 1.364 y 1.366 del Código Civil, en concordancia con el artículo 444, 881 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil.

Justicia en Bailadores en la fecha de su presentación. (Negritas y Cursivas del Tribunal, Mayúscula y Subrayado del Texto).-

CONSTA A LAS ACTUACIONES

Escrito de demanda y sus anexos que riela del folio uno (01) al folio veintinueve (29) ambos inclusive, donde se encuentra: PRIMERO: Demanda por Reconocimiento de Contenido y Firma de Documento Privado (Vía Principal, Procedimiento Breve), inserta del folio uno (01) al cuatro (04) ambos inclusive; SEGUNDO: Original de documento privado suscrito entre la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada y los ciudadanos: JOSÉ GERARDO RAMÍREZ CARRERO, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO Y SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO, todos plenamente identificados y civilmente hábiles, de fecha cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2.021), inserto a los folios cinco (05) y seis (06) con sus respectivos vueltos; TERCERO: Certificado de Solvencias de Sucesiones expedido en la ciudad del Vigía en fecha 27 de marzo de 2009 por la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes; Registro N° 09/76; Expediente N° 08/0173, Causante: RAMÍREZ JESÚS MANUEL, folios del siete (07) al folio once (11), ambos inclusive con sus respectivos vueltos; CUARTO: Copia simple del documento público que acredita la propiedad del bien inmueble a quien en vida fuera el esposo de la parte demandada, la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, debidamente registrado ante la Oficina de Registro Público del Municipio Tovar, en fecha 15 de septiembre de 1993, bajo el N° 15, Folios 35 al 36 del Protocolo Primero, Tomo 7°, inserto en el folio doce (12) y su vuelto; QUINTO: Copia simple de Notificación de Enajenación de Inmueble, expedida por el entonces Ministerio de Hacienda, Dirección General Sectorial de Rentas, Impuesto sobre la Renta, de fecha 30 de agosto de 1993, folio trece (13); SEXTO: Copia simple del documento público que acredita la propiedad del bien inmueble a quien en vida fuera el esposo de la parte demandada, la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, debidamente registrado ante la Oficina de Registro Público del Distrito Rivas Dávila del Estado Mérida, en fecha once (11) de junio de mil novecientos setenta y seis (1976), bajo el N° 81, folios del 161 vuelto al 163 del Protocolo Primero, Trimestre Segundo del corriente año, folios del catorce (14) al folio diecisiete (17); SÉPTIMO: Copia simple del documento público que acredita la propiedad del bien inmueble a quien en vida fuera el esposo de la parte demandada, la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, debidamente registrado ante la Oficina de Registro Público del Distrito Rivas Dávila del Estado Mérida, en fecha siete (07) de marzo de mil novecientos sesenta y siete (1967), bajo el N° 78, folios del 173 vuelto al 176 del Protocolo Primero, Trimestre Primero del corriente año, folios del dieciocho (18) al folio veintidós (22); OCTAVO: Copia simple del documento privado de fecha veintitrés (23) de enero de mil novecientos ochenta y nueve (1989) celebrado entre el ciudadano Nelson Enrique Hernández, en su carácter de Síndico Procurador Municipal de Rivas Dávila y el ciudadano quien en vida respondía al nombre de JESÚS MANUEL RAMÍREZ, y quien era esposo de la demandada ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, de un bien inmueble ubicado en el Cementerio Municipal, folio veintitrés (23) y su vuelto; NOVENO: Copia simple de documento debidamente reconocido por ante el Juzgado del Distrito Sucre del Estado Aragua, en fecha catorce (14) de agosto de mil novecientos ochenta, celebrado entre el entonces Instituto Nacional de la Vivienda y la ciudadana ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, folios veinticuatro (24) y veinticinco (25); DECIMO: Planos topográficos y arquitectónicos de los bienes inmuebles objeto de la negociación en el referido instrumento privado, inserto a los folios veintiséis (26), veintisiete (27) y veintiocho (28); DECIMO PRIMERO: Copia simples de las cedulas de identidad de los ciudadanos: CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, JOSÉ GERARDO RAMÍREZ CARRERO, ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO, SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO, identificadas, las cuales fueron confrontadas con sus originales en la etapa procesal correspondiente, insertas en al folio veintinueve (29).-

El demandante fundamenta la acción el artículo 1.363 y 1.366 del Código Civil y artículos 444, 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.-

PUBLICACIÓN DE CARTEL

En el auto de admisión de la demanda del cuatro (04) de Octubre de dos mil veintitrés (2.023), que riela al folio treinta (30) vto, se ordenó la publicación de un único cartel de notificación en al cartelera del tribunal, a fin de que todo aquel que pudiera tener interés legítimo y directo en la presente demanda, manifestare lo que creyere conveniente de acuerdo al presente procedimiento.-

OFICIO AL REGISTRO PÚBLICO

En el auto de admisión de la demanda del cuatro (04) de Octubre de dos mil veintitrés (2.023), que riela al folio treinta (30) vto, se ordeno oficiar a la Oficina de Registro Público con Funciones Notariales de los Municipios Tovar y Zea del Estado Bolivariano de Mérida, y a la Oficina de Registro Público con Funciones Notariales de los Municipios Rivas Dávila y Guaraque del Estado Bolivariano de Mérida, donde se le solicita información a dichos Registros sobre la existencia o no de medidas de prohibición de enajenar y gravar en los bienes inmuebles descritos en el documento privado cabeza de las actuaciones, actuación que riela al folios treinta y uno (31) y treinta y dos (32), así como respuestas de los aludidos Registros Públicos que riela a los folios treinta y tres (33), treinta y cinco (35), treinta y seis (36) y treinta y siete (37).-

CITACIÓN DE LA REQUERIDA

En el auto de admisión de la demanda del cuatro (04) de Octubre de dos mil veintitrés (2.023), que riela al folio treinta (30) vto, este Tribunal ordenó librar Boleta de citación a la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, plenamente identificada, la cual consta agregada en autos a los folios treinta y nueve (39) y cuarenta (40).-

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Estando dentro del lapso que indica la norma adjetiva para que la demandada diera contestación a la demanda, fue recibida la contestación a la demanda por parte de la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, plenamente identificada, que consta agregada en el folio cuarenta y uno (41); donde reconoce el contenido y firma del documento privado cabeza de las actuaciones, en los términos por ella expuestos.-

NO APERTURA DE LAPSO PROBATORIO

El tribunal estando dentro de la oportunidad legal a que refiere el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil aplicable supletoriamente a las presentes actuaciones y mediante auto de fecha catorce (14) de noviembre de dos mil veintitrés (2.023), NO aperturó la causa a pruebas por los razonamientos en el contenido. Folio cuarenta y cuatro (44) vto.-

PRUEBAS APORTADAS A LAS ACTUACIONES POR LA PARTE DEMANDANTE Y EL TRIBUNAL

PRIMERA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Original de documento privado suscrito entre la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada y los ciudadanos: JOSÉ GERARDO RAMÍREZ CARRERO, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO Y SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO, todos plenamente identificados y civilmente hábiles, de fecha cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2.021), inserto a los folios cinco (05) y seis (06) con sus respectivos vueltos.-

SEGUNDA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Certificado de Solvencias de Sucesiones expedido en la ciudad del Vigía en fecha 27 de marzo de 2009 por la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes; Registro N° 09/76; Expediente N° 08/0173, Causante: RAMÍREZ JESÚS MANUEL, folios del siete (07) al folio once (11), ambos inclusive con sus respectivos vueltos.-

TERCERA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Copia simple del documento público que acredita la propiedad del bien inmueble a quien en vida fuera el esposo de la parte demandada, la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, debidamente registrado ante la Oficina de Registro Público del Municipio Tovar, en fecha 15 de septiembre de 1993, bajo el N° 15, Folios 35 al 36 del Protocolo Primero, Tomo 7°, inserto en el folio doce (12) y su vuelto.-

CUARTA: DOCUMENTAL: Copia simple de Notificación de Enajenación de Inmueble, expedida por el entonces Ministerio de Hacienda, Dirección General Sectorial de Rentas, Impuesto sobre la Renta, de fecha 30 de agosto de 1993, folio trece (13).-

QUINTA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Copia simple del documento público que acredita la propiedad del bien inmueble a quien en vida fuera el esposo de la parte demandada, la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, debidamente registrado ante la Oficina de Registro Público del Distrito Rivas Dávila del Estado Mérida, en fecha once (11) de junio de mil novecientos setenta y seis (1976), bajo el N° 81, folios del 161 vuelto al 163 del Protocolo Primero, Trimestre Segundo del corriente año, folios del catorce (14) al folio diecisiete (17).-

SEXTA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Copia simple del documento público que acredita la propiedad del bien inmueble a quien en vida fuera el esposo de la parte demandada, la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, debidamente registrado ante la Oficina de Registro Público del Distrito Rivas Dávila del Estado Mérida, en fecha siete (07) de marzo de mil novecientos sesenta y siete (1967), bajo el N° 78, folios del 173 vuelto al 176 del Protocolo Primero, Trimestre Primero del corriente año, folios del dieciocho (18) al folio veintidós (22).-

SÉPTIMA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Copia simple del documento privado de fecha veintitrés (23) de enero de mil novecientos ochenta y nueve (1989) celebrado entre el ciudadano Nelson Enrique Hernández, en su carácter de Síndico Procurador Municipal de Rivas Dávila y el ciudadano quien en vida respondía al nombre de JESÚS MANUEL RAMÍREZ, y quien era esposo de la demandada ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, de un bien inmueble ubicado en el Cementerio Municipal, folio veintitrés (23) y su vuelto.-

OCTAVA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Copia simple de documento debidamente reconocido por ante el Juzgado del Distrito Sucre del Estado Aragua, en fecha catorce (14) de agosto de mil novecientos ochenta, celebrado entre el entonces Instituto Nacional de la Vivienda y la ciudadana ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, folios veinticuatro (24) y veinticinco (25).-

NOVENA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Planos topográficos y arquitectónicos de los bienes inmuebles objeto de la negociación en el referido instrumento privado, inserto a los folios veintiséis (26), veintisiete (27) y veintiocho (28).-

DÉCIMA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Copia simples de las cedulas de identidad de los ciudadanos: CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, JOSÉ GERARDO RAMÍREZ CARRERO, ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO y SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO, identificadas; las cuales fueron confrontadas con sus originales en la etapa procesal correspondiente, insertas en al folio veintinueve (29).-

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS

Destaca el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, “Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del Juez respecto de ellas.” (Negritas y Cursivas del Tribunal). El Juez debe establecer los hechos y examinar toda cuanta prueba se haya incorporado al proceso, estando obligado a analizar el acervo probatorio producido en juicio, siendo aquellas promovidas y evacuadas por las partes. No existe prueba sin importancia y todas deben considerarse y luego de valoradas ser recogidas o desechadas, principio incluso constitucional atinente a la igualdad y verdad procesal. Ha sido jurisprudencia constante de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que a fin de que los fundamentos de una sentencia sean demostración de lo dispositivo, no pueden limitarse a simples afirmaciones sobre puntos de hecho sin que le precede la exposición de tales hechos y el análisis de todas las pruebas cursantes en autos. Es decir que no existe prueba sin importancia, pues todas ante el juzgador merecen ser tenidas en cuenta, y luego de ese examen, ser recogidas o desechadas, pues en los fallos de instancia deben ser apreciadas todas las pruebas aportadas sin que los jueces puedan descansar su dispositivo en unas ignorando otras, pues ello equivale a falta de inquisición de la verdad procesal, a que se desconozca a la parte proponente de la prueba silenciada el derecho a su apreciación y que el dispositivo no aparezca cabalmente razonado. En tal sentido se denota que las pruebas fueron vertidas al expediente junto a la demanda tal cual lo expresa el artículo 340 ordinal 6º del Código de Procedimiento Civil.-

De las pruebas que rielan a la demanda y que forman parte de las actuaciones encontramos, pruebas aportadas por la parte demandante:-

PRIMERA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Original de documento privado suscrito entre la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada y los ciudadanos: JOSÉ GERARDO RAMÍREZ CARRERO, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO, SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO, todos plenamente identificados y civilmente hábiles, de fecha cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2021), inserto a los folios cinco (05) y seis (06), con sus respectivos vueltos. En ese sentido corresponde en esta etapa del proceso pronunciarse respecto a la misma. El documento, en términos generales y en opinión de Emilio Calvo Baca: “Procedimiento Civil Ordinario Venezolano”, año 2.013, Págs. 428, 431, es: “…todo objeto corporal capaz de reproducir hechos en forma impresa y, por ende, constituye uno de los medios utilizados para trasladar al proceso y demostrar la existencia histórica de aquellos.” (Negritas y Cursivas del Tribunal). Continúa el autor señalando que los documentos destacan por su subclasificación de acuerdo a la manifestación de voluntad del pensamiento humano y de acuerdo a su categoría. A. Rengel Romberg, “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Volumen IV, El Procedimiento Ordinario, Las Pruebas en Particular, Año 2003, Pág. 159, define los instrumentos o documentos privados como: “…todos los actos o escritos que emanan de las partes, sin intervención del Registrador, del Juez o de otro funcionario competente, que se refieren a hechos jurídicos a los cuales pueden servir de prueba.” (Negritas y Cursivas del Tribunal). De igual manera Emilio Calvo Baca en el texto citado al inicio de este párrafo, hace mención al reconocimiento de documentos privados, Pág. 431: “…es el acto volitivo, expreso o tácito, en el cual una persona admite la autoría de un documento mediante el reconocimiento de su firma. Este reconocimiento señala que el documento que se le opone a la parte proviene ciertamente de él.” (Negritas y Cursivas del Tribunal). Dicho lo anterior se destaca que vista la naturaleza principal de la acción interpuesta, cuyo objeto fundamental persigue el reconocimiento del contenido y firma del documento privado como elemento fundamental, al respecto es menester recalcar que es precisamente sobre dicho documento sobre el cual recae la actividad probatoria, es decir, el mismo se erige como propósito, razón y objeto imprescindible de la acción, sin embargo el mismo carece de eficacia probatoria hasta tanto no se produzca su reconocimiento, lo que a decir de Humberto E. T. Bello Tabares, en su obra “Tratado de Derecho Probatorio”, Tomo II, 2007, Pág. 893: “…que la eficacia probatoria del instrumento privado no se obtiene desde su nacimiento sino como consecuencia de un acto posterior, como lo es el reconocimiento, por lo que si hacemos in símil, podríamos decir que el reconocimiento en el instrumento privado equivale a la intervención del funcionario público en el instrumento auténtico.” (Negritas y Cursivas del Tribunal). De allí que el documento privado es un documento autógrafo, cuya característica es la coincidencia entre el autor del mismo y del hecho documentado, para cuyo caso ha sido suficientemente analizado y valorado por éste sentenciador, donde se denota además que el mismo ha sido consignado en original, anexo a las actuaciones al folio cinco (05) y seis (06) vto. Por tanto este sentenciador aprecia y valora los documentos privados objeto de la presente demanda como instrumento fundamental de la acción en cuanto a la naturaleza del juicio refiere, traído a juicio en la oportunidad procesal correspondiente de conformidad a la disposición adjetiva establecida en el Ordinal 6º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, valora el instrumento privado como cabeza fundamental de las actuaciones además por ser pertinente, relevante, idónea, conducente y licita. En tal sentido, por tratarse el Reconocimiento de Contenido y Firma de Documento Privado, le otorga pleno valor probatorio, por tanto QUEDÓ PROBADO que la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada por una parte y por la otra los ciudadanos: JOSÉ GERARDO RAMÍREZ CARRERO, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO y SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO,, identificados, suscribieron un (01) documento privado de fecha cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2021), instrumento fundamental de la demanda, prueba vertida a las actuaciones de conformidad al artículo 340 Ordinal 6 del Código de Procedimiento Civil. Prueba pertinente, relevante, idónea, conducente y lícita. ASÍ SE DECIDE.-

SEGUNDA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Certificado de Solvencias de Sucesiones expedido en la ciudad del Vigía en fecha 05 de marzo de 2010 por la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes; Registro N° 09/76; Expediente N° 08/0173, folios del siete (07) al folio once (11), ambos inclusive con sus respectivos vueltos. Los documentos públicos que cumplen con las formalidades que establece la Ley y son otorgados ante el funcionario competente, en este caso, frente a un Funcionario Público facultado para ello, constituyen plena prueba, en consecuencia resulta probado y evidente que la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, es la legitima propietaria de los derechos y acciones que le corresponden equivalentes al 55,55% del valor total de unos inmuebles constituido por varios lotes de terreno y tres casas para habitación a que se contrae el documento privado cabeza de las actuaciones. En consecuencia y en virtud de no haber sido impugnada por ninguna de las partes en la oportunidad legal, quien aquí decide da pleno valor probatorio y validez jurídica a la presente prueba de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Prueba pertinente, relevante, idónea, conducente y lícita. ASI SE DECIDE.-

TERCERA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Copia simple del documento público que acredita la propiedad del bien inmueble a quien en vida fuera el esposo de la parte demandada, la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, debidamente registrado ante la Oficina de Registro Público del Municipio Tovar, en fecha 15 de septiembre de 1993, bajo el N° 15, Folios 35 al 36 del Protocolo Primero, Tomo 7°, inserto en el folio doce (12) y su vuelto. Los documentos públicos que cumplen con las formalidades que establece la Ley y son otorgados ante el funcionario competente, en este caso, frente a un Funcionario Público facultado para ello, constituyen plena prueba, en consecuencia resulta probado y evidente que la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, es la legitima propietaria del bien inmueble objeto de dación en el documento privado cabeza de las actuaciones, en cuanto a los derechos y acciones que le corresponden. En consecuencia y en virtud de no haber sido impugnada por ninguna de las partes solicitantes en la oportunidad legal, quien aquí decide da pleno valor probatorio y validez jurídica a la presente prueba de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Prueba pertinente, relevante, idónea, conducente y lícita. ASI SE DECIDE.-

CUARTA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Copia simple de Notificación de Enajenación de Inmueble, expedida por el entonces Ministerio de Hacienda, Dirección General Sectorial de Rentas, Impuesto sobre la Renta, de fecha 30 de agosto de 1993, folio trece (13). Los documentos públicos que cumplen con las formalidades que establece la Ley y son otorgados ante el funcionario competente, en este caso, frente a un Funcionario Público facultado para ello, constituyen plena prueba, en consecuencia resulta probado y evidente de la documental vertida al expediente, que el bien inmueble a que refiere la notificación de enajenación de inmueble, está libre de gravamen y/o medida alguna. En consecuencia y en virtud de no haber sido impugnada por ninguna de las partes solicitantes en la oportunidad legal, quien aquí decide da pleno valor probatorio y validez jurídica a la presente prueba de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Prueba pertinente, relevante, idónea, conducente y lícita. ASI SE DECIDE.-

QUINTA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Copia simple del documento público que acredita la propiedad del bien inmueble a quien en vida fuera el esposo de la parte demandada, la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, debidamente registrado ante la Oficina de Registro Público del Distrito Rivas Dávila del Estado Mérida, en fecha once (11) de junio de mil novecientos setenta y seis (1976), bajo el N° 81, folios del 161 vuelto al 163 del Protocolo Primero, Trimestre Segundo del corriente año, folios del catorce (14) al folio diecisiete (17). Los documentos públicos que cumplen con las formalidades que establece la Ley y son otorgados ante el funcionario competente, en este caso, frente a un Funcionario Público facultado para ello, constituyen plena prueba, en consecuencia resulta probado y evidente que la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, es la legitima propietaria del bien inmueble objeto de dación en el documento privado cabeza de las actuaciones, en cuanto a los derechos y acciones que le corresponden. En consecuencia y en virtud de no haber sido impugnada por ninguna de las partes solicitantes en la oportunidad legal, quien aquí decide da pleno valor probatorio y validez jurídica a la presente prueba de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Prueba pertinente, relevante, idónea, conducente y lícita. ASI SE DECIDE.-

SEXTA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Copia simple del documento público que acredita la propiedad del bien inmueble a quien en vida fuera el esposo de la parte demandada, la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, debidamente registrado ante la Oficina de Registro Público del Distrito Rivas Dávila del Estado Mérida, en fecha siete (07) de marzo de mil novecientos sesenta y siete (1967), bajo el N° 78, folios del 173 vuelto al 176 del Protocolo Primero, Trimestre Primero del corriente año, folios del dieciocho (18) al folio veintidós (22). Los documentos públicos que cumplen con las formalidades que establece la Ley y son otorgados ante el funcionario competente, en este caso, frente a un Funcionario Público facultado para ello, constituyen plena prueba, en consecuencia resulta probado y evidente que la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, es la legitima propietaria del bien inmueble objeto de dación en el documento privado cabeza de las actuaciones, en cuanto a los derechos y acciones que le corresponden. En consecuencia y en virtud de no haber sido impugnada por ninguna de las partes solicitantes en la oportunidad legal, quien aquí decide da pleno valor probatorio y validez jurídica a la presente prueba de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Prueba pertinente, relevante, idónea, conducente y lícita. ASI SE DECIDE.-

SÉPTIMA: DOCUMENTAL (DOCUMENTO PÚBLICO ADMINISTRATIVO): Valor y merito probatorio de Copia simple del documento privado de fecha veintitrés (23) de enero de mil novecientos ochenta y nueve (1989) celebrado entre el ciudadano Nelson Enrique Hernández, en su carácter de Síndico Procurador Municipal de Rivas Dávila y el ciudadano quien en vida respondía al nombre de JESÚS MANUEL RAMÍREZ, y quien era esposo de la demandada ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, de un bien inmueble ubicado en el Cementerio Municipal, folio veintitrés (23) y su vuelto. Si bien es cierto, el documento privado a que se hace mención, no fue suscripto con las solemnidades que contempla la ley, en este caso, frente a un funcionario público facultado para ello de conformidad a la norma sustantiva; no es menos cierto que aún cuando fue otorgado de forma privada por ante el Concejo Municipal del Distrito Rivas Dávila y la parte interesada, posee fecha cierta y sello del funcionario competente, en consecuencia; posee la condición de documento público administrativo. Los documentos públicos que cumplen con las formalidades que establece la Ley y son otorgados ante el funcionario competente, en este caso, frente a un funcionario facultado para ello, surten plena prueba (Art. 1.357 Código Civil), en ese sentido constituye plena prueba la existencia de un documento administrativo celebrado entre el Concejo Municipal del Distrito Rivas Dávila y el ciudadano que en vida respondía al nombre de: JESÚS MANUEL RAMIREZ, correspondiente a la sucesión del mismo nombre: JESÚS MANUEL RAMIREZ, identificado, sobre un bien inmueble ubicado en el cementerio de la poblacón de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida.-

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, según Sentencia Nº 773 de fecha nueve (09) de diciembre de dos mil veintiuno (2.021), al referirse a este tipo de documentos públicos administrativos y su valor probatorio, preciso, “Del análisis de la jurisprudencia previamente citada, esta Sala concluye que en la legislación venezolana surgió una tercera categoría dentro de la clasificación de pruebas instrumental, en la que se reconoce la especialidad de los documentos administrativos, y se les confiere la misma autenticidad que deviene de los documentos públicos, por ello gozan de una presunción de veracidad, por emanar de un funcionario público autorizado, en el ejercicio de sus funciones, dentro de lo cual encuadran perfectamente las solvencias de servicios públicos emanados de los entes que manejan los servicios públicos en el país, entendiéndose Corpoelec Hidrocapital o afines como Hidrofalcón- por tratase de organismos del Estado. En cuanto a la forma de valoración que el juez debe darle a los documentos administrativos prima facie, deben tenerse como legítimos, auténticos y ciertos, hasta tanto la contraparte a quien se opone, no refute el mismo, a través de algún medio de impugnación idóneo”, (Negritas, Cursivas y Subrayado del Tribunal). En ese sentido no cabe duda para este sentenciador, que el instrumento probatorio presentados, posee pleno valor probatorio, por ser emanado de un ente Público del Estado venezolano (Concejo Municipal), acogiéndose al criterio de la sala, a sabiendas que fue presentado en la etapa procesal correspondiente dándole eficacia como documentos públicos administrativos, ratificado tácitamente por el adversario por cuanto no fue impugnado, gozando de una presunción de veracidad por emanar de un funcionario competente.-

En ese sentido CONSTITUYE PLENA PRUEBA la existencia de un (01) documento público administrativo que prueba la ubicación del bien inmueble. Los documentos públicos que cumplen con las formalidades que establece la Ley y son otorgados ante el funcionario competente, en este caso, frente a un funcionario facultado para ello, surten plena prueba (Art. 1.357 Código Civil), en ese sentido constituye plena prueba la adquisición del bien inmueble por el ciudadano que en vida respondía al nombre de: JESÚS MANUEL RAMIREZ, identificado. En ese sentido no cabe duda para este sentenciador, que el instrumento probatorio presentado, posee pleno valor probatorio, por ser emanado de un ente Público del Estado venezolano (Concejo Municipal), acogiéndose al criterio de la sala, a sabiendas que fue presentado en la etapa procesal correspondiente dándole eficacia como documento público administrativo, ratificado tácitamente por el adversario por cuanto no fue impugnado por la parte contraria en la oportunidad legal (Art. 429 CPC), quien aquí decide da valor probatorio y validez jurídica a la presente prueba de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a lo expuesto con anterioridad, por tanto QUEDÓ PROBADO que el ciudadano que en vida respondía al nombre de: JESÚS MANUEL RAMIREZ, identificado, adquirió dicho terreno, hoy propiedad de la: Sucesión JESÚS MANUEL RAMIREZ, identificado. Prueba pertinente, relevante, idónea, conducente y lícita. ASÍ SE DECIDE.-

OCTAVA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Copia simple de documento debidamente reconocido por ante el Juzgado del Distrito Sucre del Estado Aragua, en fecha catorce (14) de agosto de mil novecientos ochenta, celebrado entre el entonces Instituto Nacional de la Vivienda y la ciudadana ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, folios veinticuatro (24) y veinticinco (25). Los documentos públicos que cumplen con las formalidades que establece la Ley y son otorgados ante el funcionario competente, en este caso, frente a un Funcionario Público facultado para ello, constituyen plena prueba, en consecuencia resulta probado y evidente que la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, es la legitima propietaria del bien inmueble objeto de dación en el documento privado cabeza de las actuaciones. En consecuencia y en virtud de no haber sido impugnada por ninguna de las partes solicitantes en la oportunidad legal, quien aquí decide da pleno valor probatorio y validez jurídica a la presente prueba de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Prueba pertinente, relevante, idónea, conducente y lícita. ASI SE DECIDE.-

NOVENA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Planos topográficos y arquitectónicos de los bienes inmuebles objeto de la negociación en el referido instrumento privado, inserto a los folios veintiséis (26), veintisiete (27) y veintiocho (28). Versa la prueba sobre tres (03) plano topográfico que se constituyen cómo prueba instrumental privada por no tener las solemnidades con las que se otorgan los documentos públicos que cumplen con las formalidades que establece la Ley y son otorgados ante el funcionario competente, en este caso, frente a un funcionario facultado para ello (Art. 1.357 Código Civil). Estos instrumentos es donde consta por escrito una expresión del pensamiento o la relación de un hecho y pueden ser fotografías, inscripciones, documentos, planos, etc; siendo una prueba preconstituida a favor de quien la presenta y contra quien se actúa, derivado de un acto emanado de la parte.-

El documento, en términos generales y en opinión de Emilio Calvo Baca: “Procedimiento Civil Ordinario Venezolano”, año 2.013, Págs. 428, 431, es: “…todo objeto corporal capaz de reproducir hechos en forma impresa y, por ende, constituye uno de los medios utilizados para trasladar al proceso y demostrar la existencia histórica de aquellos.” (Negritas y Cursivas del Tribunal). Continúa el autor señalando que los documentos destacan por su subclasificación de acuerdo a la manifestación de voluntad del pensamiento humano y de acuerdo a su categoría. A. Rengel Romberg, “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Volumen IV, El Procedimiento Ordinario, Las Pruebas en Particular, Año 2003, Pág. 159, define los instrumentos o documentos privados como: “…todos los actos o escritos que emanan de las partes, sin intervención del Registrador, del Juez o de otro funcionario competente, que se refieren a hechos jurídicos a los cuales pueden servir de prueba.” (Negritas y Cursivas del Tribunal). De igual manera Emilio Calvo Baca en el texto citado, hace mención al reconocimiento de documentos privados, Pág. 431: “…es el acto volitivo, expreso o tácito, en el cual una persona admite la autoría de un documento mediante el reconocimiento de su firma. Este reconocimiento señala que el documento que se le opone a la parte proviene ciertamente de él.” (Negritas y Cursivas del Tribunal). A manera ilustrativa es preciso destacar lo dicho por Humberto E. T. Bello Tabares, en su obra “Tratado de Derecho Probatorio”, Tomo II, 2007, Pág. 893: “…que la eficacia probatoria del instrumento privado no se obtiene desde su nacimiento sino como consecuencia de un acto posterior, como lo es el reconocimiento, por lo que si hacemos in símil, podríamos decir que el reconocimiento en el instrumento privado equivale a la intervención del funcionario público en el instrumento auténtico.” (Negritas y Cursivas del Tribunal). De allí que el documento privado es un documento autógrafo, cuya característica es la coincidencia entre el autor del mismo y del hecho documentado, para cuyo caso ha sido suficientemente analizado y valorado por éste sentenciador. Por tanto este sentenciador aprecia y valora los planos topográficos anexos, por cuanto se colige que fue levantado con las formalidades de ley, es decir, está firmado y visado por un profesional en la materia. Prueba pertinente, relevante, idónea, conducente y lícita. ASI SE DECIDE.-

DÉCIMA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Copia simples de las cedulas de identidad de los ciudadanos: CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, JOSÉ GERARDO RAMÍREZ CARRERO, ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO, SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO, identificadas; las cuales fueron confrontadas con sus originales en la etapa procesal correspondiente, insertas en al folio veintinueve (29). Resulta evidente entonces, la presentación de las copias simples de las cedulas de identidad de la demandada y la demandante; las cuales fueron confrontadas con sus respectivas originales en la oportunidad procesal correspondiente, prueba atributiva de la identidad de las mismas y la relación que guardan como sujeto activo y pasivo de la acción. En consecuencia se le da pleno valor probatorio a la misma, por cuanto es demostrativa de su identidad. Prueba pertinente, relevante, idónea, conducente y lícita. ASÍ SE DECIDE.-

DECIMA PRIMERA: DOCUMENTAL: Valor y merito probatorio de Oficios remitidos a las Oficinas de Registro Público con Funciones Notariales de los Municipios Rivas Dávila y Guaraque; y de Los Municipios Tovar y Zea del Estado Bolivariano de Mérida, signados con los Nº 123-2023 y N° 124-2023 del cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2.023), solicitando información sobre la existencia o no de medidas sobre los bienes inmuebles señalados en el aludido instrumento privado. Consta a las actuaciones respuesta de las indicadas Oficinas Registrales según Oficios del dieciséis (16) de octubre de dos mil veintitrés (2.023), Nº 376-2023-049, y del veintitrés (23) de octubre de dos mil veintitrés (2023), N° 378-17, insertos en los folios treinta y tres (33), treinta y cinco (35), treinta y seis (36) y treinta y siete (37), donde hace del conocimiento ante esta instancia judicial que el bien inmueble a que se contrae el documento privado NO posee medidas de prohibición de enajenar y gravar y/o otros, en consecuencia el oficio recibido se erige como instrumento público, en tal sentido constituyen plena prueba. Los documentos públicos que cumplen con las formalidades que establece la Ley y son otorgados ante el funcionario competente, en este caso, frente a un Funcionario Público facultado para ello, constituyen plena prueba, en consecuencia resulta probado y evidente que la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, es el legítima propietaria de los bienes inmuebles y las mejoras en ellos fomentadas a que se contrae el documento privado cabeza de las actuaciones y que los bienes inmuebles NO posee medidas de prohibición de enajenar y gravar y/o otros. En consecuencia y en virtud de no haber sido impugnada por ninguna de las partes solicitantes en la oportunidad legal, quien aquí decide da pleno valor probatorio y validez jurídica a la presente prueba de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Prueba pertinente, relevante, idónea, conducente y lícita. ASI SE DECIDE.-

CAPITULO TERCERO
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO

Finalizadas todas las etapas del proceso y realizado como fue el respectivo análisis de las pruebas, revisadas como fueron exhaustivamente las actuaciones pasa el Tribunal a pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a consideración, con los fundamentos y argumentos fácticos y jurídicos que a continuación se señalan, específicamente lo que refiere al RECONOCIMIENTO JUDICIAL TANTO DEL CONTENIDO COMO DE LA FIRMA QUE APARECE ESTAMPADA EN EL INSTRUMENTO PRIVADO O DOCUMENTO PRINCIPAL, cabeza de las actuaciones e instrumento fundamental, encontrándose dentro del lapso procesal a que refiere el artículo 887 del Código de Procedimiento Civil; acordado como lo fue en el auto de admisión que riela al folio treinta (30) vto, y, en tal sentido, como fue determinado dentro de los limites de la controversia y de lo preceptuado en los artículo 1.364 y 1.367 del Código Civil, dicho conocimiento esta encaminado a determinar la procedencia o no del Reconocimiento Judicial del aludido instrumento privado. Parte actora, la ciudadana: YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, asistida por el abogado en ejercicio, el ciudadano: JOSÉ ÁNGEL MOLINA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 159.410, en contra de la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, asistida por el abogado en ejercicio, el ciudadano: LUIS MANUEL MÁRQUEZ VIVAS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 115.332, citados con las formalidades de ley por la Alguacil del Tribunal, donde declara la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, venezolana, mayor de edad, provista de la cedula de identidad Nº V-2.984.702, que actuando en sus plenas facultades mentales, por medio del presente documento da en dación de pago y a título gratuito a sus legítimos hijos los ciudadanos JOSE GERARDO RAMÍREZ CARRERO, venezolano, mayor de edad, soltero, Militar, provisto de la Cédula de Identidad Nº V-8.084.392, domiciliado, en la Población de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, casada, Licenciada, provista de la Cédula de Identidad Nº V-6.422.018, domiciliada en la Aldea de Bodoque del Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, venezolano, soltero, abogado en ejercicio, mayor de edad, provisto de la Cédula de Identidad Nº V-8.706.422, domiciliado en el Sector de los Barbechos Casa 3-17 de la Población de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, Licenciada, casada, provista de la Cédula de Identidad Nº V-10.897.182, domiciliada en la Aldea de San Pablo del Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, casada, comerciante, provista de la Cédula de Identidad Nº V-10.897.938, domiciliada en la Aldea las Tapias, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO, venezolano, mayor de edad, casado, Abogado, provisto de la Cédula de Identidad Nº V-10.904.456, domiciliado en el Vigía Municipio Alberto Adriani del Estado Bolivariano de Mérida, SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, soltera, Licenciada, provista de la Cédula de Identidad Nº V-13.013.595, domiciliada en la Población de Tovar, Municipio Tovar del Estado Bolivariano de Mérida, todos civilmente hábiles, todos los derechos y acciones, por tanto la plena propiedad, posesión y dominio de unos inmuebles consistentes en el cincuenta y cinco por ciento (55%) de los derechos y acciones en los siguientes bienes inmuebles: PRIMERO: Un lote de terreno con una casa de dos plantas; ubicado en el Barrio El Rosal, Parroquia El Llano del Municipio Tovar, del Estado Bolivariano de Mérida; SEGUNDO: Un pequeño lote de terreno de labor, ubicado en el sitio denominado Los Barbechos, Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida; TERCERO: Un inmueble integrado por un pequeño lote de terreno y dos (02) casas sobre el construidas, ubicado en el sitio denominado Los Barbechos, Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida; CUARTO: Un lote de terreno ubicado en el cementerio de la población de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida; siendo lo señalado en el instrumento privado cabeza de las actuaciones y objeto fundamental de la acción.-

El principio legal y por ende procesal de la verdad esta contemplado en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 12 que tipifica “los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la Ley, de la verdad y de la buena fe.” (Negritas y Cursivas del Tribunal). La norma ut supra señala que los jueces tendrán por norte la verdad en el desempeño de sus funciones, lo que implica no desvincular a las partes en el ejercicio pleno de sus derechos, para cuyo caso la función jurisdiccional y por ende la del Juez, constituye forma activa en el proceso en aras de la consecución de la verdad verdadera de conformidad a la situaciones planteadas en el proceso y a la naturaleza especial de los derechos objeto de tutela. El Juez puede incluso, otorgar derechos a las partes que les favorezcan distintos a los requeridos, cuando se compruebe que los debatidos son inferiores o superiores a los solicitados, bajo el principio de la presunción de que el Juez conoce del Derecho (Iura Novit Curia), donde este no debe limitarse al conocimiento de la causa bajo los fundamentos que el solicitante o los solicitantes proponen, ya que si la partes en la solicitud proponen o invocan normas o disposiciones, en detrimento de sus derechos o derechos de terceros el Juez como conocedor del derecho y en aras de una tutela judicial efectiva aplicará la norma que le corresponde a la situación jurídica planteada.-

El Juez de conformidad a la norma adjetiva transcrita no puede sustentar o motivar el fallo en hechos que las partes no hayan alegado y probado, debiendo atenerse a las normas de derecho, sin sacar elementos de convicción fuera de éstos, menos aun suplir excepciones o argumentos de hecho no probados. El Juez NO puede suplir argumentos de las partes que NO hayan sido alegados, promovidos, ni evacuados en el expediente, salvo la excepción tipificada en la disposición 11 y 17 ejusdem, máxima ésta que encuentra su ubicación en el aforismo romano “judex Secundum alligata et probata a partibus debet; quod non est in Actis, non est in hoc mundo”, lo que quiere decir, que el juez debe juzgar según lo alegado y probado por las partes, pues lo que no consta en el proceso no existe en el mundo jurídico, aún así el artículo 19 ejusdem instituye la obligatoriedad para los jueces de decidir las causas cuyo conocimiento le corresponda, es decir no puede dejar de decidir la causa por falta de promoción de pruebas por las partes.-

El Procesalista Ricardo Henríquez La Roche en su Libro Comentarios al Código de Procedimiento Civil 2009, Tomo 1, Pág. 70 refiriéndose a los principios procesales expone: “…el de la veracidad, según el cual el juez debe procurar conocer la verdad; que la verdad formal de las actas coincida con la verdad real. Acercar la justicia a la realidad, es decir que la verdad procesal sea real.” (Negritas y Cursivas del Tribunal). Esta disposición legal esta directamente vinculada a la probidad que las partes, sus apoderados y abogados asistentes deben mostrar en el proceso (Art. 170 ejusdem). El artículo refiere además a otros principios fundamentales como lo son el de legalidad, congruencia, presentación entre otros, donde el Juez debe atenerse a las normas de derecho salvo que la Ley lo faculta para obrar conforme a la equidad, que la decisión guarde absoluta congruencia entre lo pretendido y otorgado para con ello no incurrir en ultra petita o mini petita. Desde el mismo momento que una de las partes o las partes presenten ante el Juez natural que conoce de la causa y/o solicitud una actuación y una vez conste en autos la misma, ese acto, pasa a formar parte del proceso, donde el sentenciador debe garantizar la igualdad de las partes o litigantes y la correcta conducción del mismo.-

El mencionado articulo 12 ejusdem estipula en su único aparte, la interpretación que debe realizar el Juez sobre los contratos y actuaciones que forman parte de las actas procesales y para ello debe prestar especial atención si los mismos resultan oscuros, ambiguos o deficientes; debiendo verificarse el elemento subjetivo de las partes en cuanto a su voluntad y el objetivo determinado por las exigencias de la Ley, la verdad y buena la fe. Ambos elementos (subjetivo y objetivo) no pueden estar desvinculados el uno del otro.-

En este mismo orden de ideas el articulo 13 de la referida Ley contempla: “El juez decidirá el fondo de la causa con arreglo a la equidad, cuando las partes, de común acuerdo así lo soliciten y la controversia se refiera a derechos disponibles.” (Negritas y Cursivas del Tribunal). Puede interpretarse en está disposición que la equidad exime al juez de atenerse al principio de legalidad contemplado en el articulo 12 ejusdem, en realidad lo que se pretende con ella es crear el medio idóneo que aporte significado a la conducta de las partes en el proceso y dentro del marco de la norma, bajo un aspecto de equidad absoluta, racionalidad y sentido objetivo de justicia que no implica que el juez actúe bajo su capricho o arbitrariamente. Esta disposición permite a las partes en conflicto, acudir de común acuerdo ante el órgano jurisdiccional con el fin de que éste decida el fondo de lo planteado con arreglo a la equidad. La equidad es realmente consustancial al oficio jurisdiccional en función a la libertad en la búsqueda de la justicia. El juez posee entonces la facultad de interpretación amplia o restrictiva de la voluntad de las partes, dentro de la legalidad, estableciendo un criterio razonable y de sentido común para darle viabilidad a la situación planteada.-

El artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tipifica: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas y de obtener oportuna y adecuada respuesta.” (Cursivas y Negritas del Tribunal). En este contexto, el mencionado artículo consagra el derecho constitucional que posee todo ciudadano y ciudadana, a solicitar de los órganos de la administración pública cualquiera sea su naturaleza, los requerimientos que a bien tenga considerar de acuerdo a las competencias que estos posean, en ese orden el Articulo 26 ejusdem contempla: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.” (Cursivas y Negritas del Tribunal). Quiere decir, que se garantiza a todo ciudadano y ciudadana el acceso a los órganos administrativos como judiciales, más aun; cuando dichas garantías se erigen como derechos fundamentales de obligatorio cumplimiento para los órganos de la administración que conforman el Estado, sea cual fuere su naturaleza.-

Importante destacar el criterio que ha mantenido el tribunal en cuanto a los reconocimientos de contenido y firma.-

PRIMERO: El reconocimiento de documentos privados puede solicitarse por distintas vías: la PRIMERA de ellas a través de la Vía principal u Acción Principal (Procedimiento Ordinario y/o Procedimiento Breve de acuerdo a la cuantía); la SEGUNDA por Vía Incidental o forzosa dentro del juicio; la TERCERA referida a la Jurisdicción Voluntaria (Libro Cuarto, Parte Segunda, Titulo I, Jurisdicción Voluntaria del Código de Procedimiento Civil); y CUARTA otro forma no voluntario es el previsto en el artículo 631 del Código de Procedimiento Civil a los fines de tramitar o de ejercer la vía ejecutiva. El reconocimiento es la declaración o confesión que hace el emplazado de alguna obligación a favor de otro, o de algún instrumento privado que otorgó y tiene por objeto hacer que los instrumentos tengan plena validez en el juicio a promoverse, o en el promovido si se pide dentro del juicio como incidencia. Cuando se actúa por vía principal o mediante una demanda principal, la acción debe gestionarse en observancia a los trámites previstos para el procedimiento ordinario (Artículo 450 del Código de Procedimiento Civil) y las reglas establecidas de los artículos 444 al 448 del Código de Procedimiento Civil.-

SEGUNDO: Para ilustrar mejor la presente decisión, es menester destacar que la parte que intente dar por reconocido ante un Tribunal un documento privado, que no lo fue ante la autoridad competente, lo puede hacer a través de la Vía Principal u Acción Principal (Como fue expresado anteriormente), o por la Vía Incidental o dentro del juicio; para ello, al momento de suscribirse, deberá seguir las reglas contenidas en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil que tipifica: “La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquél en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento.” (Negritas, Cursivas y Subrayado del Tribunal). Lo cual significa que presentado el documento privado incidentalmente o instaurada la demanda de reconocimiento por vía principal, el demandado deberá reconocerlo o negarlo formalmente, y en el caso que una vez citado no comparezca a hacerlo, el documento se tendrá igualmente por reconocido, en cuanto a su contenido y firma conforme al artículo 1.364 del Código Civil. En el caso de reconocimiento, la parte otorgante del documento privado, estaría conviniendo en la firma del documento, y en consecuencia, deberá declararse terminado el procedimiento. En atención a los razonamientos realizados, se entiende entonces que la firma reconocida revela que el documento privado ha nacido, o no, de quien ha sido llamado a reconocerla y por ende estampado, y como tal es la prueba fundamental del consentimiento de quien ha suscrito y ha reconocido la firma como suya de manera expresa o tácita.-

En corolario, una vez interpuesta la acción principal de reconocimiento de documento privado, es llamada la persona a quien se le pide el reconocimiento, lo cual se hará a través de citación librada por el Tribunal, cumplida como haya sido la misma, y quedando constancia de ello en el expediente, la parte contra quien se interpuso el reconocimiento del instrumento privado deberá presentarse en el lapso respectivo a dar contestación a la demanda, en donde manifestará formalmente si reconoce o niega dicho documento. De no presentarse, entonces habrá confesión ficta, y el Tribunal en todo caso declarará reconocido el documento privado que ha sido presentado. No obstante ello, de presentarse la parte contra quien se produjo el documento, y la misma desconoce el documento o niega que haya firmado el mismo, debe entonces la parte que produjo tal instrumento probar que dicho documento es auténtico, lo cual se realizará a través de la prueba de cotejo, o la de testigos de no ser posible hacer el cotejo. Si se logra probar la autenticidad del instrumento, se le tendrá como reconocido y se le impondrán las costas a la parte que lo haya negado, de conformidad con lo establecido en el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil.-

Los procedimientos para el Reconocimiento de Contenido y Firma de Documento Privado mencionados, tienen un tratamiento distinto de acuerdo a la naturaleza del instrumento privado sometido a reconocimiento judicial, para el caso que ocupa las presentes actuaciones este juzgador luego de su lectura, determinó que el procedimiento por el cual se regirían las actuaciones, lo era el Reconocimiento de Contenido y firma de Documento Privado por vía principal y/o procedimiento ordinario (Juicio Breve, peticionado además por la parte actora de acuerdo a la cuantía dada a la demanda), puesto que no comporta en sí mismo, ni para el momento de la demanda, una obligación de plazo vencido, deuda o acreencia exigible, pago de cantidad liquida u obligación del demandado a pagar cierta cantidad de dinero, por tanto se tiene como una acción por vía principal. Así las cosas, y como se desprende de los hechos narrados en el escrito liberar cabeza de autos, no se enmarcan en el presupuesto legal de la Vía Ejecutiva y por tanto mal podría tramitarse a través de esta porque se produciría un error o mal uso del Procedimiento Ejecutivo, toda vez que para accionar esta especialísima Vía, es requisito sine qua non que el instrumento en el que se fundamenta contenga una obligación de pago de alguna cantidad líquida de plazo cumplido, vale decir, que no puede hacerse uso de la Vía Ejecutiva en los casos cuya naturaleza no se deriva obligación de pago alguno.-

La doctrina patria al referirse a las clases de documentos privados destaca entre ellos los instrumentos privados simples y los instrumentos privados autenticados, estos últimos referidos a aquellos que luego de suscritos por las partes son llevados ante el funcionario público competente para su autenticidad, llamados posteriormente a su formalidad documentos autenticados. Gabriel Alfredo Cabrera Ibarra, en el libro titulado “Derecho Probatorio Compelido”, 2da. Edición, año 2014, Pág. 513 en mención a los documentos privados simples señala: “…los instrumentos privados simples son aquellos que no han sido reconocidos en ninguna forma por la parte frente a la cual quiere hacerse valer.” (Negritas y Cursivas del Tribunal). Dicho lo anterior, estamos en presencia de un documento o instrumento privado simple, por cuanto no se ha cumplido con las formalidades de Ley para su autenticidad o publicidad, que es precisamente por argumento en contrario la definición de instrumento público, además observa este sentenciador que se trata de un documento impreso, es decir, no levantado a mano. De igual forma posee fecha, aún cuando a diferencia de los instrumentos públicos, los privados en principio no tienen fecha cierta, ya que puede colocarse fecha distinta al momento de su suscripción que bien puede ser con anterioridad, la fecha misma de su firma o incluso con posterioridad. Cabe reiterar nuevamente que los instrumentos privados en sí no tienen la fuerza o el valor probatorio por sí solos y es solamente cuando son reconocidos por la parte a quien se exige, o dados por reconocidos luego de un procedimiento judicial, que adquieren fuerza probatoria y surte los efectos jurídicos, es decir, en principio necesariamente implica la aceptación y certeza del documento en cuanto a su origen y paternidad por la parte que lo suscribió y contra la cual se quiere que surta efectos.-

En ese mismo orden de ideas, el Dr. Humberto Enrique Bello Tabares, expresó lo siguiente (Tratado de Derecho Probatorio. Ediciones Paredes. Tomo II pagina 894. 2007): “En cuanto al reconocimiento judicial, el artículo 1.364 del Código Civil, señala que aquél contra quien se produzca o a quien se le exija el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente y si no lo hiciere, se tendrá por reconocido, reconocimiento que igualmente pueden hacer los herederos o causahabientes, quienes también pueden limitarse a señalar que no reconocen la firma de su causante”. (Negritas y Cursivas del Tribunal). De lo citado se puede deducir que la eficacia probatoria de un documento privado es adquirida cuando se produce su reconocimiento judicial, el cual recae sobre la firma de las partes y luego de reconocido el instrumento privado adquiere eficacia probatoria.-

El documento privado es aquel redactado por las partes sin que intervenga funcionario autorizado y/o facultado para ello, lo contrario al documento público, que es aquel el cual se celebra frente a los funcionarios o autoridades que tipifica la ley sustantiva, en este caso, el juez, notario, registrador o cualquier otro funcionario revestido de autoridad para dar fe pública. El documento privado debe estar suscrito por los interesados, tener fecha cierta ya que ella indica el dónde y el cuándo de su formación. En resumen, el documento privado representa hechos o declaraciones, negóciales o no, de las partes; indica el autor o autores, la fecha y lugar de la documentación, y lleva la suscripción de sus autores; requisitos todos éstos cumplidos en el instrumento privado cabeza de la actuaciones, contentivos de la eficacia documental de la escritura privada suscrita, sin que en ella haya intervenido ningún funcionario o autoridad con facultad de darle fe pública y su eficacia está condicionada tanto por la ley sustantiva (Art. 1363 C.C), como por la ley adjetiva (Art 444 C.P.C).-

Señala el artículo 1.363 del Código Civil, “El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones”, (Negritas y Cursivas del Tribunal). Ello así y como ya se indicó, la parte contra quien se produzca, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o niega, todo de conformidad al artículo 444 del Código de Procedimiento Civil. La doctrina trata básicamente el reconocimiento de la firma, entendida esta como la manifestación formulada por el autor que esa firma es de su autoria, sin embargo la jurisprudencia amplia el concepto y entiende el reconocimiento de la firma, como el reconocimiento del documento, es decir se basta por si sola.-

De manera ilustrativa, pero no menos importante destaca el Código de Procedimiento Civil en su artículo 631, citado por el demandante en su escrito de demanda: “Para preparar la vía ejecutiva puede pedir el acreedor, ante cualquier Juez del domicilio del deudor o del lugar donde se encuentre éste, el reconocimiento de su firma extendida en un documento privado, y el Juez ordenará que declare sobre la petición.” (Negritas y Cursivas del Tribunal). El artículo citado está directamente vinculado con las disposiciones contempladas en los artículos 1.364 y 1.365 del Código Civil, y en análisis del mismo, el procesalista patrio Ricardo Henríquez La Roche en sus “Comentarios al Código de Procedimiento Civil”, Tomo 5, año 2009, Pág. 70 y 71 dice “La preparación de la vía ejecutiva constituye una forma de obtención previa de la prueba-en éste caso prueba fundamental –a los fines de tener certeza sobre la existencia de los presupuestos materiales de la sentencia favorable y hacer expedita la vía ejecutiva del crédito coetánea al proceso cognoscitivo.” (Negritas y Cursivas del Tribunal). En interpretación de lo expuesto anteriormente por Ricardo Henríquez La Roche, se trata entonces de la eficacia probatoria que debe darse al documento privado, para lo cual debe tenerse en cuenta o tener presente varias cuestiones ligadas al derecho positivo y a la función de la fe pública, tanto en el campo procesal como sustancial, donde su eficacia al darle fe pública constituye un tema de derecho positivo. Para el caso de marras no se trata del reconocimiento de un documento privado y con ello la preparación de la vía ejecutiva, por cuanto de la lectura del aludido instrumento privado se evidencia que no existe deuda ni acreencias exigible, donde se denota que la negociación ya se materializo.-

Importante destacar el criterio actual de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia numerada 000098 del veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2.023), ponente Magistrada: Carmen Eneida Alves Navas, donde haciendo referencia a los documentos privados contentivos de compraventa de inmuebles establece: “…La compraventa de un inmueble no protocolizada, si es oponible a terceros que no posean derechos registrados sobre el mismo. El derecho de propiedad no se adquiere por la protocolización o registro del contrato de venta, sino por el consentimiento legítimamente manifestado entre las partes… ” (Negritas y Cursivas del Tribunal). El contrato se perfecciona con el acuerdo entre las partes no requiriendo siquiera estar plasmado en un papel para su validez y perfeccionamiento, su perfeccionamiento se sustenta en el acuerdo legitimo celebrado entre las partes, previó el cumplimiento de los requisitos de ley (Artículos 1.133, 1.137, 1.141, 1.159, 1.160, 1.161 del Código Civil). En ese contexto, el documento privado cobra fuerza como mecanismo de reproducción y por ende de prueba, jurídicamente la negociación que reproduzca es válida, y cambian sus efectos según las formalidades cumplidas; teniendo fuerza tanto entre las partes como frente a terceros. En aquellos actos traslativos de propiedad de inmuebles en los que se omita o no se cumpla con las formalidades registrales, igualmente opera si se cumplen los siguientes supuestos: 1) El perfeccionamiento de la convención; 2) La transmisión de la propiedad del inmueble y; 3) La posibilidad de que el adquirente invoque y haga valer la titularidad de su derecho frente a terceros; quedando limitados únicamente frente a aquellos terceros que, por cualquier titulo, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble. De allí que la Sala sabiamente dejo sentado que en tales supuestos, el derecho de propiedad no se adquiere por la protocolización o registro del contrato de venta, sino por el consentimiento legítimamente manifestado entre las partes, pues, el incumplimiento de dicha formalidad, se insiste, no impide el ejercicio de la propiedad frente a terceros, excepto los terceros (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/323577-000098-21323-2023-22-091.HTML).-

Expuesto lo anterior e indiscutiblemente por Ley, se tiene que el reconocimiento judicial de un instrumento privado conlleva un proceso de naturaleza judicial, para lo cual se debe apreciar y en consecuencia distinguir cuando se trata de un reconocimiento por vía principal, incidental y/o jurisdicción voluntaria. El procedimiento que corresponde a las actuaciones se tramitó por vía principal (Procedimiento Breve) de conformidad con el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil en delante, de acuerdo al criterio plasmado en el auto de admisión de la demanda por este juzgador y peticionado por la parte actora, que contempla: “Se sustanciarán y sentenciarán por el procedimiento breve las demandas cuyo valor principal no exceda de quince mil bolívares, así como también la desocupación de inmuebles en los casos a que se refiere el artículo 1.615 del Código Civil, a menos que su aplicación quede excluida por ley especial. Se tramitarán también por el procedimiento breve aquellas demandas que se indiquen en leyes especiales.” (Negritas y Cursiva del Tribunal). De allí que con el pasar de los años y ante el retardo en la reforma de la ley adjetiva y sustantiva, el Tribunal Supremo de Justicia en aplicación de los principios constitucionales de conformidad a la Resolución Nº 2018-0013, del veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciocho (2.018), resolvió ajustar y por ende modificar las competencias a nivel nacional de los juzgados para conocer en asuntos de materia Civil, Mercantil y Tránsito, dentro de los cuales se incluye a los juzgados de Municipio destacando dentro de otros aspectos de importancia, la modificación de la cuantía, en ese sentido de conformidad al Artículo 2 de la aludida Resolución contempla que se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de siete mil quinientas unidades tributarias (7.500 U.T), de conformidad a la Resolución del 24 de mayo de 2023-0001 citada. Ahora bien, la Resolución mencionada fue derogada por la Resolución Nº 2023-0001, del veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2.023), donde resuelve modificar las competencias de los juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo, según corresponda, indicando en el artículo 2, que se tramitarán por el procedimiento breve, las causas a que refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, cuya cuantía no exceda de mil quinientas veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, requisitos estos cumplidos por la accionante.-

De allí que de acuerdo al criterio judicial propio del tribunal, el procedimiento que rige las presentes actuaciones debe enmarcarse como en efecto se tramita, además peticionado por las parte accionante, por las disposiciones adjetivas que rigen EL PROCEDIMIENTO BREVE, lo cual no resulta contrario a la Ley y es criterio de este Tribunal según consta en juicios que por Reconocimiento de Contenido y Firma. 1) DEMANDANTE: CONSUELO RONDÓN. DEMANDADAS: CARMEN ELENA RONDÓN, GLORIA JOSEFINA RONDÓN, ELI MERCEDES CARRERO y AYMARA CARRERO RAMÍREZ, Expediente Nº C-2021-008; Sentencia Nº S-014-2021 del veinticinco (25) días del mes de noviembre de Dos Mil Veintiuno s (2.021); 2) DEMANDANTE: HÉCTOR ALFREDO RAMÍREZ RAMÍREZ. DEMANDADA: VALENTINA PARADA HERNÁNDEZ, Expediente Nº C-2021-009; Sentencia Nº S-012-2022 del veintinueve (29) días del mes de marzo de Dos Mil Veintidós (2.022); 3) DEMANDANTE: JOSÉ GREGORIO MARCANO MANZULLI; DEMANDADA: MARÍA VIRGINIA ARELLANO MORA, Expediente Nª C-2022-004; Sentencia Nº S-016-2022, del doce (12) de mayo de Dos Mil Veintidós (2.022); RATIFICADA mediante Sentencia proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, Expediente Nº 7029, de fecha once (11) de octubre de Dos Mil Veintidós (2.022); 4) DEMANDANTE: ROSAIDA RAMÍREZ MOLINA; DEMANDADO: FABIO ENRRIQUE PARRA RAMÍREZ, Expediente Nª C-2022-010; Sentencia Nº S-041-2022, del primero (01) de noviembre de Dos Mil Veintidós (2.022); 5) DEMANDANTE: JOSÉ GREGORIO MARCANO MANZULLI; DEMANDADOS: SHEYLA MARILIN PARRA PARRA Y CHISTOFER JAVIER ARELLANO PARRA, Expediente Nª C-2022-017; Sentencia Nº S-001-2023, del dieciséis (16) de enero de Dos Mil Veintitrés (2.023); RATIFICADA mediante Sentencia proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, Expediente Nº 7135, del veintidós (22) de mayo de Dos Mil Veintitrés (2.023); entre otras de reciente data, así cómo criterios de otros tribunales, entre ellos; el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Rivas Dávila y Padre Noguera de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Tovar, Zea, Guaraque y Arzobispo Chacón de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, siendo además criterio de procesalitas patrios, entre ellos el Dr. Abdón Sánchez Noguera, en su obra “Manual de Procedimientos Especiales Contenciosos”, 3ra Edición, Año 2.012, Pág. 190, donde expresa las varias formas de reconocimiento los instrumentos privados: “1. Por vía de acción principal, cuando se intente la demanda por los trámites del JUICIO ORDINARIO O DEL BREVE según la cuantía.” (Negritas, Cursivas y Mayúsculas del Tribunal). De allí que el procedimiento breve para este tipo de acción, debe entenderse como la manera expedita ajustada a los más altos principios constitucionales atinentes al acceso a la justicia gratuita, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, pero sobre todo una JUSTICIA BREVE, lo contrario NO ES JUSTICIA (Art. 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el encabezado del artículo 10 del Código de Procedimiento Civil “La justicia se administrara lo más brevemente posible”). La justicia debe entonces ser entendida, cómo el más alto principio para la aplicación del correcto proceder en derecho. Bien lo dijo el filósofo Romano Séneca cuando expresó: “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, frase que evolucionó y sigue evolucionando en al actualidad como “Justicia que tarda no es Justicia”.-

El procesalista patrio Ricardo Henríquez La Roche, “Comentarios al Código de Procedimiento Civil”, año 2009, Pág. 496, al hacer mención al procedimiento breve, expresa: “El procedimiento breve es el mismo procedimiento ordinario simplificado en sus formas y abreviado en los lapsos. Tienen, sin embargo; la misma estructura: demanda, cuestiones previas de saneamiento del proceso o inadmisibilidad de la pretensión, contestación al fondo; reconvención o inadmisibilidad de la pretensión, contestación al fondo; reconvención, lapso probatorio abreviado y sentencia.” (Negritas, Cursivas y Subrayado del Tribunal). El procedimiento breve se tiene en comparación al ordinario como un procedimiento residual, donde se reconducen todas las pretensiones que no tengan asignado un procedimiento especial. De allí que la distinción que marca inicialmente el procedimiento teniéndose ambos como principales, es la cuantía dada a la acción. El citado autor, Abdón Sánchez Noguera, “Manual De Procedimientos Especiales Contenciosos”, 3ra Edición Actualizada y Ampliada, Año 2.013, Pág 669, al hacer mención al Procedimiento Breve, expone: “El procedimiento breve es un procedimiento de cognición plena, aunque caracterizado por la brevedad de sus lapsos y la simplificación de sus formas, con la estructura típica del procedimiento ordinario” (Negritas, Cursivas y Subrayado del Tribunal). A decir del procesalista puede el demandado contestar al demanda, oponer cuestiones previas, defensas de fondo; las cuales serán decididas en la sentencia definitiva. Se trata entonces, de un verdadero juicio que pone en manos de los litigantes un procedimiento menos complicado que el juicio ordinario y por ende la obtención de la justicia con mayor prontitud (Artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), es en consecuencia un procedimiento ordinario abreviado con todos los recursos que puedan originarse con un procedimiento ordinario, aplicando solamente las modificaciones inherentes a la brevedad.-

Este procedimiento comienza por demanda que debe llenar los requisitos contemplados en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, donde junto al libelo o pretensión debe agregarse el instrumento objeto de reconocimiento y admitida la acción se procede a la citación de la parte demandada, para cuyo efecto deben agotarse todas las formas legales establecidas en la Ley adjetiva para lograr su citación, y en la contestación a la demanda la parte emplazada se limita a reconocer o desconocer el instrumento por ser el único objeto del procedimiento y como se desprende de las actuaciones SE LOGRÓ LA CITACIÓN PERSONAL DE LA REQUERIDA.-

Indica el Código de Procedimiento Civil en el artículo 444 tal como fue señalado al inicio del presente capitulo, que: “La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquél en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento.” (Negritas, Cursivas y Subrayado del Tribunal). Nos encontramos frente al primer supuesto que indica la norma, es decir; aquel que establece que la parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, es decir, el instrumento privado fue el objeto principal de la acción y se produjo con el libelo de demanda, no fue traído al procedimiento como causa accesoria o incidental a un juicio distinto, tal cual lo determina el segundo supuesto del articulo. El desconocimiento es un medio de ataque dirigido a la prueba instrumental y no al negocio jurídico al cual se refiere dicha prueba.-

TERCERO: Observa quien aquí decide, que la ciudadana a quien se le solicitó el reconocimiento del contenido y la firma del documento privado: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, hábil civilmente, citada efectivamente como fue tal cual consta a las actuaciones, compareció en la sede de este Tribunal en el lapso de dos (02) días de despacho otorgados, es decir, SE PRESENTÓ, en el lapso respectivo a dar contestación y manifestar formalmente reconocer el contenido y firma del documento privado, en consecuencia, como quedó previamente determinado en el auto de admisión de la demanda y vista la comparecencia del requerido, lo ajustado a derecho es decidir lo concerniente de conformidad al artículo 890 del Código de Procedimiento Civil, lo cual de acuerdo al postulado que contempla el artículo 1.364 del Código Civil, se tendrá como reconocido.-

De la revisión de las actuaciones se colige que la misma no es contraria a derecho, siendo lo ajustado a derecho de conformidad a lo tipificado en el Artículo 1.364 del Código Civil en concordancia con el ultimo aparte del artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, DECLARAR COMO RECONOCIDO TANTO EN SU CONTENIDO COMO FIRMA EL DOCUMENTO PRIVADO a que se contraen las presentes actuaciones, donde la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, que actuando en sus plenas facultades mentales, por medio del presente documento da en dación de pago y a título gratuito a sus legítimos hijos los ciudadanos JOSE GERARDO RAMÍREZ CARRERO, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO, SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO, todos plenamente identificados y civilmente hábiles, todos los derechos y acciones y por ende la plena propiedad, posesión y dominio de unos inmuebles consistentes en el cincuenta y cinco por ciento (55%) de los derechos y acciones en los siguientes bienes inmuebles: PRIMERO: Un lote de terreno con una casa de dos plantas; ubicado en el Barrio El Rosal, Parroquia El Llano del Municipio Tovar, del Estado Bolivariano de Mérida; SEGUNDO: Un pequeño lote de terreno de labor, ubicado en el sitio denominado Los Barbechos, Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida; TERCERO: Un inmueble integrado por un pequeño lote de terreno y dos (02) casas sobre el construidas, ubicado en el sitio denominado Los Barbechos, Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida; CUARTO: Un lote de terreno ubicado en el cementerio de la población de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida; siendo lo mismo a que se contrae el referido instrumento privado que consta agregado en autos y trascrito en el presente dispositivo sentencial. Por cuanto así lo indica las normas invocadas, y visto que no está prohibido y encontrándose llenos los extremos de Ley, en virtud de ello, resulta obligatorio para este Tribunal DECLARARLO COMO RECONOCIDO por encontrarse el mismo ajustado a derecho. ASI SE DECIDE.-

Por otra parte, no consta a las actuaciones oposición alguna de parte interesada o terceras personas, publicado como fue el único cartel de notificación en al cartelera del tribunal, a fin de que todo aquel que pudiera tener interés legítimo y directo en la presente demanda, manifestare lo que creyere conveniente de acuerdo al presente procedimiento, es decir no contradijeron en nada el proceso, en consecuencia lo ajustado a derecho es pasar a decidir las presentes actuaciones. ASÍ SE DECIDE.-

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos será saciados” “Más buscad primeramente el Reino de Dios y su Justicia, y todas estas cosas les serán añadidas” (Mateo 6:33, 5: 6 RVR-1960).-

CAPITULO CUARTO
DECISIÓN

INVOCANDO LA PROTECCIÓN DE DIOS TODOPODEROSO, POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2, 26, 49 Ord. 4º, 253 y 257 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1364 DEL CÓDIGO CIVIL, 444, 881 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS RIVAS DÁVILA Y PADRE NOGUERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA POR RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO (VÍA PRINCIPAL, PROCEDIMIENTO BREVE). En consecuencia.-

PRIMERO: Por los razonamientos de hecho y derecho esgrimidos DECLARA CON LUGAR la presente causa que por DEMANDA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO (VÍA PRINCIPAL, PROCEDIMIENTO BREVE), que fuera incoada por la ciudadana: YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, venezolana, mayor de edad, casada, Licenciada, provista de la cedula de identidad Nº V-6.422.018, domiciliada en la Aldea Bodoque del Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, hábil civilmente; asistida por el abogado en ejercicio, el ciudadano: JOSÉ ÁNGEL MOLINA, venezolano, mayor de edad, provisto de la cedula de identidad Nº V- 8.711.841, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 159.410, con domicilio procesal en el Centro Comercial Ana Marbel, Local N° 15, Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, hábil civil y jurídicamente, EN CONTRA de la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, venezolana, mayor de edad, viuda, provista de la cedula de identidad Nº V-2.984.702, domiciliada en la población de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, hábiles civilmente, asistida por el abogado en ejercicio, el ciudadano: LUIS MANUEL MÁRQUEZ VIVAS, venezolano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad Nº V- 15.235.242, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 115.332, con domicilio procesal en el Centro Comercial Don Alfredo Guerra, Local N° 8, Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, hábil civil y jurídicamente, donde declara la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, quien actuando en sus plenas facultades mentales, por medio del documento privado cede en calidad de dación de pago y a título gratuito a sus legítimos hijos los ciudadanos JOSE GERARDO RAMÍREZ CARRERO, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO y SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO, todos plenamente identificados y civilmente hábiles, el cincuenta y cinco por ciento (55%) de los derechos y acciones en los siguientes bienes inmuebles: PRIMERO: Un lote de terreno con una casa de dos plantas; ubicado en el Barrio El Rosal, Parroquia El Llano del Municipio Tovar, del Estado Bolivariano de Mérida; SEGUNDO: Un pequeño lote de terreno de labor, ubicado en el sitio denominado Los Barbechos, Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida; TERCERO: Un inmueble integrado por un pequeño lote de terreno y dos (02) casas sobre el construidas, ubicado en el sitio denominado Los Barbechos, Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida; CUARTO: Un lote de terreno ubicado en el cementerio de la población de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, cuyas característica particulares aparecen descritas en el referido instrumento privado cabeza de las actuaciones y objeto fundamental de la acción, de fecha cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2021). ASÍ SE DECIDE.-

SEGUNDO: Se DECLARA DEBIDAMENTE RECONOCIDO EL DOCUMENTO PRIVADO suscrito entre la ciudadana: ANA CORINDA CARRERO DE RAMÍREZ, identificada, por una parte y por la otra los ciudadanos JOSE GERARDO RAMÍREZ CARRERO, YOLEIBA COROMOTO RAMÍREZ CARRERO, CIRO ARMANDO RAMÍREZ CARRERO, REINA YAMILETH RAMÍREZ CARRERO, VIBIAN CECILIA RAMÍREZ CARRERO, JAVIER ADOLFO RAMÍREZ CARRERO Y SULI ONALIE RAMÍREZ CARRERO, todos plenamente identificados y civilmente hábiles, del cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2021), objeto principal de las actuaciones y anexo al expediente a los folios cinco (05) y seis (06) con sus respectivos vueltos, sin perjuicio de todos los derechos, mejores o iguales, que puedan tener terceras personas en dicho bien inmueble, en consecuencia quedan a salvo los derechos de terceros TÉNGASE POR RECONOCIDO. ASÍ SE DECIDE.-

TERCERO: Se ordena por secretaria publicar la presente sentencia definitiva y realizar el respectivo registro en el copiador de sentencias digital y físico. ASÍ SE DECIDE.-

CUARTO: Déjese trascurrir el lapso a que se contraen los artículos 298 y 891 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.-

QUINTO: Una vez haya trascurrido íntegramente el lapso a que se contraen los artículos 298 y 891 del Código de Procedimiento Civil, constando o no en autos actuación en la que terceros aleguen poseer un interés legítimo y directo en la presente causa, se ORDENA al Alguacil Titular del Juzgado el retiro del Cartel publicado en la cartelera de la sede de este tribunal el cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2.023) y agréguese al expediente. ASÍ SE DECIDE.-

SEXTO: Por la naturaleza de lo aquí decidido y visto que la parte demandada reconoció el contenido y firma del documento privado no se condena en costas. ASÍ SE DECIDE.-

SÉPTIMO: Se prescinde de la notificación a las partes por estar a derecho y ser dictada la presente dentro del lapso que refiere el artículo 890 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.-

OCTAVO: Se ordena la publicación de la presente decisión en el portal Web del Tribunal Supremo de Justicia. ASÍ SE DECIDE.

NOVENO: De oficio se ordena por Secretaría y de conformidad con el Articulo 112 del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente, certificar la cantidad de copias necesarias que soliciten las partes previo la realización de las reproducciones fotostáticas, para lo cual se autoriza a la Alguacil del Tribunal quien queda encargada de las mismas. ASI SE DECIDE.-

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA U ORIGINAL DE LA PRESENTE DECISIÓN, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y de los ordinales 3º y 9º del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-

DADA, FIRMADA, SELLADA Y REFRENDADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS RIVAS DÁVILA Y PADRE NOGUERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. En la ciudad de Bailadores, el veintidós (22) de Noviembre de Dos Mil Veintitrés (2.023). Años 213º de la Independencia y 164º de la Federación.-

EL JUEZ TITULAR.-
ABG. ÁLVARO ACEDO RONDÓN.-

LA SECRETARIA TITULAR.-
ABG. LUISANA ANDREINA MEDINA CARRERO.-

En la misma fecha se agrego y publicó la anterior sentencia definitiva en el expediente identificado con el Nº C-2023-049, siendo las tres y cero minutos de la tarde (3:00 pm), constante de trece (13) folios con sus respectivos vueltos. Se cumplió con lo ordenado.-

LA SECRETARIA TITULAR.-
ABG. LUISANA ANDREINA MEDINA CARRERO.-