TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO N° 05

Mérida, 23 de agosto de 2024.
214º y 165º

ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2024-000342
ASUNTO : LP01-P-2021-001352

Visto que en fecha 20-08-2024 fue recibido escrito suscrito por el Abogado ELEAZAR LEÓN MORÍN AGUILERA, con el carácter de Defensor de Confianza del ciudadano RAFAEL RAMÓN UZCÁTEGUI LAMUS (fallecido), en el cual solicita el levantamiento de la medida cautelar preventiva de prohibición de enajenar y gravar, y que sea sustituida por otra del mismo tenor, este Tribunal de Juicio procede a emitir pronunciamiento en los términos siguientes:
DE LA SOLICITUD

A los folios 17 y 18 corre agregado el primer escrito, suscrito por el Abogado ELEAZAR LEÓN MORÍN AGUILERA, cuyo texto se cita:

“(…) Quien suscribe, ELEAZAR LEON MORIN AGUILERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.359.217, abogado en ejercicio inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado (1.P.S.A), bajo el N.° 84.459, con domicilio procesal en la Avenida 4 (Bolívar), entre calles 18 y 19, Número 18-52, Centro Profesional FREDDIAL, Oficina Dos (2) del Núcleo seis (6), Parroquia El Sagrario del Municipio Libertador del estado Mérida, teléfono de contacto: 04147142727 y 0414-1764371; e-mail: morineleazar27@gmail.com, en representación del ciudadano RAFAEL RAMÓN UZCATEGUI LAMUS, (FALLECIDO) venezolano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad N.° V-660.183, con domicilio en la Avenida Ezzio Valeri, Casa N° 19, Parroquia Spinetti Dini, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, a quien este tribunal decreto el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, y de la sociedad mercantil “Inversiones Mon” Compañía Anónima (INVERMONCA), protocolizada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, en fecha 29 de julio de 2003, inscrita bajo el N.° 42, Tomo A-11, con domicilio en la Avenida Las Américas, Centro Comercial Mamayeya, Piso 8, Apartamento 41, Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, según consta en instrumento poder debidamente autenticado por ante la Notaria Pública Segunda del Estado Bolivariano de Mérida, N° 16, Tomo: 13, Folios 51 hasta 53 de fecha 30 de agosto de 2022, a fin de solicitarle EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, decretada por el Tribunal Quinto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida a cargo de la Jueza Abg. Milagros del Valle Briceño Márquez, de fecha 22 de febrero de 2022, SOLICITADA POR LOS ABOGADOS FERNANDO CERMEÑO Y FRANKI MARQUEZ, en el presente cuaderno separado por COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES, de conformidad con lo establecido el artículo 2, 26, 51 y 115 del texto constitucional venezolano y articulo 161 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ciudadana Juez, debo hacer de su conocimiento que ya no existe motivo pary mantener vigente la medida cautelar in comento, por cuanto la causa por intimación de Honorarios incoada por los profesionales del derecho FERNANDO GELASIO DE JESÚS CERMEÑO ZAMBRANO Y FRANKI SALVADOR MÁRQUEZ CONTRERAS, quedo extinguida y definitivamente firme mediante decisión emitida por La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 14 de abril de 2023 mediante sentencia N° 139, Expediente: C22-326, Ponente: Magistrado Maikel José Moreno, Recurso de Casación en el cual quedo plasmado en su dispositiva lo Siguiente:
“Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado contra la decisión emitida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida en fecha 4 de agosto de 2022.
SEGUNDO: Se CASA SIN REENVÍO la supra sentencia recurrida dictada por la referida Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida.
TERCERO: IMPROCEDENTE la estimación e intimación de honorarios profesionales solicitada en moneda extranjera, por los abogados Fernando Gelasio De Jesús Cermeño Zambrano y Franki Salvador Márquez Contreras, identificados con las cédulas de identidad números V-8 040 816 y V-11 467 852 inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 359877 y 105472 respectivamente, en su condición de parte intimante.
No hay especial condenatoria en costas del recurso, por la naturaleza del presente asunto.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente el tribunal de cognición, Tribunal Quinto de Primera instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida. Particípese de este remisión el órgano jurisdiccional superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de abril de dos mil veintitrés (2023). Años 212° de la Independencia y 164° de la Federación.”
En virtud de esta sentencia definitiva e inmutable en la última instancia de la jurisdicción penal en Venezuela es motivo suficiente para que usted decrete DE MERO DERECHO y sin más dilaciones el LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR decretada en su oportunidad en el presente cuaderno separado, por cuanto no existe materia sobre la cual decidir y el asunto objeto la controversia está cerrado de manera definitiva (…)”.

ANTECEDENTES

1.- En fecha 22-02-2022, el Tribunal Quinto de Primera Instancia Estadal en funciones de Control de esta sede judicial, emitió decisión, en la cual acordó y decretó “la Medida Cautelar Innominada de Prohibición de Enajenar y Gravar, solicitada por los demandantes Fernando Gelasio de Jesús Cermeño y Franki Salvador Márquez Contreras, en escrito de fecha 27 de octubre del año 2021, sobre bienes inmuebles propiedad de la sociedad mercantil Inversiones MON C.A. (INVERMONCA), inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, en fecha 29-07-2003, bajo el N° 42, tomo A-11, constituidos por dos (02) parcelas de terreno de las siguientes características y comprendidas dentro de los siguientes linderos: “PARCELA NÚMERO SEIS: con una superficie aproximada de UN MIL QUINIENTOS CUATRO METROS CON DIEZ DECÍMETROS CUADRADOS (1.504,10M2), correspondiéndole un porcentaje de condominio de 3.53%, con los siguientes linderos y medidas: NORTE: Con las residencias Rosa “E”, en una longitud aproximada de 33 metros lineales con 80 centímetros lineales (33.80ml), SUR: Con la avenida tres (3), en una longitud aproximada de 33 metros lineales con 80 centímetros lineales (33.80ml), ESTE: Con la parcela N° 7 en una longitud aproximada de 44 metros lineales con 50 centímetros lineales (44.50 ml), y OESTE: Con la avenida 2 con una longitud aproximada de 40 metros lineales con 75 metro lineales (40,75ml). “PARCELA NÚMERO SIETE: Con una superficie aproximada de UN MIL QUINIENTOS CUATRO METROS CUADRADOS CON DIEZ DECÍMETROS CUADRADOS (1.504,10 M2), correspondiéndole un porcentaje de condominio de 3.53%, con los siguientes linderos y medidas: NORTE: Con las residencias Rosa “E”, en una longitud aproximada de 33 metros lineales con 80 centímetros lineales (33.80ml), SUR: Con la avenida tres (3), en una longitud aproximada de 33 metros lineales con 80 centímetros lineales (33.80ml), ESTE: Con la prolongación de la avenida principal, en una longitud aproximada de 44 metros lineales con 50 centímetros lineales (44,50ml), y OESTE: Con la parcela N° 6 en una longitud aproximada de 44 metros lineales con 50 centímetros lineales (44.50ml), que integran la parcela denominada “H” (…)”. (Folios 29 al 32 del cuaderno N° LJ01-X-2021-000008).

2.- En fecha 22-03-2022, el Tribunal Quinto de Primera Instancia Estadal en funciones de Control de esta sede judicial, emitió decisión, en la cual acordó y decretó “la medida Cautelar Innominada de Prohibición de Enajenar y Gravar, solicitada por la Fiscalía Quinta del Ministerio Público, en escrito de fecha 19 de noviembre del año 2021, consignada ante este tribunal en fecha 06 de diciembre del año 2021 sobre bienes inmuebles propiedad de la sociedad mercantil Inversiones MON C.A. (INVERMONCA), inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, en fecha 29-07-2003, bajo el N° 42, tomo A-11, constituidos por dos (02) parcelas de terreno de las siguientes características y comprendidas dentro de los siguientes linderos: “PARCELA NÚMERO SEIS: con una superficie aproximada de UN MIL QUINIENTOS CUATRO METROS CON DIEZ DECÍMETROS CUADRADOS (1.504,10M2), correspondiéndole un porcentaje de condominio de 3.53%, con los siguientes linderos y medidas: NORTE: Con las residencias Rosa “E”, en una longitud aproximada de 33 metros lineales con 80 centímetros lineales (33.80ml), SUR: Con la avenida tres (3), en una longitud aproximada de 33 metros lineales con 80 centímetros lineales (33.80ml), ESTE: Con la parcela N° 7 en una longitud aproximada de 44 metros lineales con 50 centímetros lineales (44.50 ml), y OESTE: Con la avenida 2 con una longitud aproximada de 40 metros lineales con 75 metro lineales (40,75ml). “PARCELA NÚMERO SIETE: Con una superficie aproximada de UN MIL QUINIENTOS CUATRO METROS CUADRADOS CON DIEZ DECÍMETROS CUADRADOS (1.504,10 M2), correspondiéndole un porcentaje de condominio de 3.53%, con los siguientes linderos y medidas: NORTE: Con las residencias Rosa “E”, en una longitud aproximada de 33 metros lineales con 80 centímetros lineales (33.80ml), SUR: Con la avenida tres (3), en una longitud aproximada de 33 metros lineales con 80 centímetros lineales (33.80ml), ESTE: Con la prolongación de la avenida principal, en una longitud aproximada de 44 metros lineales con 50 centímetros lineales (44,50ml), y OESTE: Con la parcela N° 6 en una longitud aproximada de 44 metros lineales con 50 centímetros lineales (44.50ml), que integran la parcela denominada “H” (…)”, y acordó “oficiar a la oficina del Registro Público del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, a los fines de informarle que este Tribunal por medio de la presente decisión, dictó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre bienes inmuebles propiedad de la sociedad mercantil Inversiones MON C.A. (…) según se desprende de documento inscrito en el Registro Público del municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, en fecha 4 de marzo del año 2009, en razón del procedimiento de la solicitud que realiza la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de Medidas innominadas, en contra del ciudadano Rafael Ramón Uzcátegui Lamus, y la sociedad mercantil Inversiones MON C.A. (INVERMONCA), admitida en fecha 29 de septiembre del año 2021 (…)”. (Folios 1.167 al 1.170, pieza n° 06 del asunto principal N° LP01-P-2021-001352).

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

A los fines de dar respuesta fundada sobre la solicitud interpuesta por el Abogado ELEAZAR LEÓN MORÍN AGUILERA, con el carácter de Defensor de Confianza del ciudadano que en vida se llamaba RAFAEL RAMÓN UZCÁTEGUI LAMUS, este Tribunal debe señalar, primeramente, que la facultad otorgada a los Jueces con competencia Penal para dictar medidas cautelares de esta naturaleza, descansa ciertamente en el propósito de lograr el aseguramiento de los objetos activos o pasivos del delito, así como, en la finalidad de hacer cesar cualquier perturbación a un derecho legítimo de la víctima o víctimas dentro de un proceso penal y como es obvio, a esta finalidad quedan ligadas también las medidas cautelares que en forma innominada, dicten los Tribunales con competencia en materia penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil por aplicación de la norma de reenvío contenida en el artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal.

En efecto, el artículo 588, parágrafo primero del Código de Procedimiento Civil expresamente señala lo siguiente:

“Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión”.

Por su parte, el encabezamiento del artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal, reza textualmente lo siguiente: “Las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la aplicación de las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, serán aplicables en materia procesal penal.”

El artículo 588 del Código de Procedimiento Civil consagra el denominado poder cautelar del Juez, pues permite al juzgador acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, siempre cuando concurran los requisitos materiales y cautelares exigidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, presunción de buen derecho y peligro de ilusoriedad del fallo, y además, la presunción de peligro de daño a una de las partes, debiendo el juez aplicar un criterio de razonabilidad en el cual debe discernir y juzgar la necesidad de su dictado, así como su adecuación al caso de autos.

Habida cuenta de ello, es importante señalar que las medidas reales de coerción o medidas asegurativas reales en el proceso penal venezolano han de recaer sobre los bienes e intereses del imputado o tercero vinculado por la investigación, ya que a diferencia de las medidas de coerción personal, las reales recaen sobre intereses patrimoniales con la finalidad de asegurar la correcta y eficaz ejecución de la sentencia que en definitiva resuelva el conflicto sometido a la apreciación jurisdiccional, en estos casos la limitación incide sobre la libertad de disposición de un determinado bien, sea mueble o inmueble.

En el caso particular, al hacer un análisis de la solicitud presentada por ante este tribunal, así como de las actuaciones, se advierte que efectivamente en fecha 22-03-2022 el Tribunal Quinto de Primera Instancia Estadal en funciones de Control de esta Circunscripción Judicial, dictó decisión en la cual acordó y decretó la medida cautelar innominada de prohibición de enajenar y gravar, que fuese solicitada por los abogados Fernando Gelasio De Jesús Cermeño Zambrano y Franki Salvador Márquez Contreras, sobre los bienes inmuebles propiedad de la sociedad mercantil Inversiones MON C.A. (INVERMONCA), decisión ésta que cursa en el presente cuaderno signado con el número LJ01-X-2021-000008, oficiando al Registro Público del municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida; pero, además, el mismo Juzgado acordó en fecha 22-03-2022 y decretó medida cautelar innominada de prohibición de enajenar y gravar, que fuese solicitada por la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, sobre bienes inmuebles propiedad de la sociedad mercantil Inversiones MON C.A. (INVERMONCA), decisión que consta agregada en el asunto principal N° LP01-P-2021-001352, a los folios 1.167 al 1.170, pieza n° 06, acordando oficiar al Registro Público del municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, y cuya respuesta por parte de dicho ente cursa al folio 1.197 informando que fue estampada la correspondiente nota marginal.

En tal sentido, en criterio de esta Juzgadora, si bien la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró CON LUGAR el recurso extraordinario de casación y declaró “IMPROCEDENTE la estimación e intimación de honorarios profesionales solicitada en moneda extranjera, por los abogados Fernando Gelasio De Jesús Cermeño Zambrano y Franki Salvador Márquez Contreras, con lo cual se entiende, se extingue la medida cautelar innominada con respecto a la solicitud que habían efectuado los abogados Fernando Gelasio De Jesús Cermeño y Franki Salvador Márquez Contreras, no menos cierto es que, aún está vigente dicha medida cautelar innominada con respecto a la solicitud que realizó el Ministerio Público y que fue acordada en fecha 22-03-2022, la cual aún debe mantenerse, hasta tanto la Fiscalía del Ministerio Público realice lo conducente, conforme a las facultades conferidas en la Ley, a fin de determinar si hay alguna responsabilidad penal o no en las otras personas que se encuentran investigadas.

Considera este Tribunal que el presente proceso se sigue por un delito de acción pública, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita y en el cual existen fundados y suficientes elementos de convicción que pudieran comprometer la responsabilidad penal de alguna de las personas contra las cuales se querellaron, dado que el ciudadano Rafael Ramón Uzcátegui Lamus ya falleció. Además de ello, de las actuaciones se evidencia la existencia de una presunción de peligro de daño en perjuicio de las múltiples víctimas señaladas por la Fiscalía en su escritorio acusatorio, siendo tal presunción de daño exigida en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil para dictar y mantener una medida cautelar innominada, -lo que fue advertido por el Tribunal Quinto de Control Estadal-, con cuya medida se pretende evitar que se sigan causando daños graves, irreparables e irreversibles a las víctimas que presuntamente sufrieron la comisión de un hecho punible, protección ésta que constituye el objetivo del proceso penal durante el desarrollo del mismo hasta su total culminación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 30 Constitucional, más aun cuando se observa que la sustitución a la cual se refiere dicho Defensor es menor con relación a las parcelas sobre las cuales recae la medida innominada.

Así las cosas, considera este Tribunal que lo ajustado es declarar sin lugar la solicitud de levantamiento de medidas que fuese presentada por el Abg. Eleazar Morín, ello por cuanto dicha medida innominada es necesaria para las resultas del proceso y así evitar causar graves daños, irreparables e irreversibles a las víctimas, todo ello en franco resguardo de las garantías de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así como, del derecho de petición, consagrados en los artículos 26, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se decide.

DECISIÓN

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en funciones de Juicio N° 05 del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR la solicitud realizada por el Abogado ELEAZAR LEÓN MORÍN AGUILERA, con el carácter de Defensor de Confianza del ciudadano que en vida se llamaba RAFAEL RAMÓN UZCÁTEGUI LAMUS, de levantar la medida cautelar preventiva de prohibición de enajenar y gravar, sobre bienes inmuebles propiedad de la sociedad mercantil Inversiones MON C.A. (INVERMONCA), inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, en fecha 29-07-2003, bajo el N° 42, tomo A-11, constituidos por dos (02) parcelas de terreno de las siguientes características y comprendidas dentro de los siguientes linderos: “PARCELA NÚMERO SEIS: con una superficie aproximada de UN MIL QUINIENTOS CUATRO METROS CON DIEZ DECÍMETROS CUADRADOS (1.504,10M2), correspondiéndole un porcentaje de condominio de 3.53%, con los siguientes linderos y medidas: NORTE: Con las residencias Rosa “E”, en una longitud aproximada de 33 metros lineales con 80 centímetros lineales (33.80ml), SUR: Con la avenida tres (3), en una longitud aproximada de 33 metros lineales con 80 centímetros lineales (33.80ml), ESTE: Con la parcela N° 7 en una longitud aproximada de 44 metros lineales con 50 centímetros lineales (44.50 ml), y OESTE: Con la avenida 2 con una longitud aproximada de 40 metros lineales con 75 metro lineales (40,75ml). “PARCELA NÚMERO SIETE: Con una superficie aproximada de UN MIL QUINIENTOS CUATRO METROS CUADRADOS CON DIEZ DECÍMETROS CUADRADOS (1.504,10 M2), correspondiéndole un porcentaje de condominio de 3.53%, con los siguientes linderos y medidas: NORTE: Con las residencias Rosa “E”, en una longitud aproximada de 33 metros lineales con 80 centímetros lineales (33.80ml), SUR: Con la avenida tres (3), en una longitud aproximada de 33 metros lineales con 80 centímetros lineales (33.80ml), ESTE: Con la prolongación de la avenida principal, en una longitud aproximada de 44 metros lineales con 50 centímetros lineales (44,50ml), y OESTE: Con la parcela N° 6 en una longitud aproximada de 44 metros lineales con 50 centímetros lineales (44.50ml), que integran la parcela denominada “H”, ello por cuanto dicha medida innominada es necesaria para las resultas del proceso, para así evitar causar graves daños, irreparables e irreversibles a la víctima, todo ello en franco resguardo de las garantías de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así como, del derecho de petición, consagrados en los artículos 26, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de la solicitud efectuada por la Fiscalía Quinta del Ministerio Público.

Decisión que se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 264 y 518 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 26, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 585 y 588, parágrafo primero del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese a las partes sobre la presente decisión. Cúmplase.

JUEZ EN FUNCIONES DE JUICIO Nº 05,

ABG. LUCY DEL CARMEN TERÁN CAMACHO.
LA SECRETARIA,

ABG. YAMILETH KAROLINA TORRES PERNÍA.

En fecha ________ se libró boleta de notificación Nº ______________________________________.
Conste, Sría.